POLITICA
Un informe detectó inconsistencias en el patrimonio de Manuel Adorni y el fiscal le pedirá explicaciones tras la feria judicial
La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito dio un paso más este viernes. El fiscal que revisa los números del exjefe de Gabinete, Gerardo Pollicita, recibió a primera hora un informe que reafirma con rigor técnico las inconsistencias detectadas por los investigadores en los movimientos de la familia Adorni.
El trabajo era esperado en la fiscalía porque es considerado una pieza clave para avanzar hacia el requerimiento de justificación de bienes del exfuncionario de Javier Milei. Esa instancia es propia del delito de enriquecimiento ilícito, que alcanza solo a funcionarios, y es la antesala de un eventual llamado a indagatoria.
El informe que llegó a la fiscalía de Pollicita es un extenso análisis técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario. Fue realizado por un organismo especializado del Ministerio Público, la DAFI, y ajustado según la fiscalía.
Fuentes al tanto de su contenido indicaron que el núcleo duro está constituido por una revisión año a año de las declaraciones juradas del exfuncionario que señala los agujeros explicativos en los números de Adorni y su mujer, Betina Angeletti, responsable de algunos de los gastos familiares y alcanzada también por la pesquisa.
Durante la feria judicial de invierno, que se extenderá a lo largo de las próximas dos semanas, los investigadores de la fiscalía estarán abocados a revisar el trabajo de la DAFI para darle un encuadre jurídico, dijeron en Comodoro Py.
Luego, cuando la actividad se reanude, en los primeros días de agosto, Adorni podría ser citado a dar las primeras explicaciones sobre sus cuentas.
Se trata de una intimación formal mediante la cual se le comunica a un funcionario o exfuncionario que se detectó un incremento injustificado de su patrimonio y se le otorga la oportunidad de explicar el origen de esos fondos.
Será la primera vez que el exfuncionario deba ofrecer una explicación judicial sobre sus movimientos. Hasta ahora, su defensa en la causa, en manos de Matías Ledesma, participó de todas las declaraciones e instancias del expediente, pero no ofreció ningún tipo de documentación.
Si la explicación del requerimiento es considerada insuficiente por los investigadores, muy probablemente el funcionario sea citado a indagatoria.
El pedido de indagatoria puede hacerlo el fiscal, pero la decisión de llamarlo o no la debe tomar el juez del caso, Ariel Lijo.
Qué deberá explicar
Un importante caudal de prueba incorporado a la causa da cuenta de, a priori, un presunto desbalance entre los ingresos y los egresos de Adorni.
Declaraciones de distintos testigos, registros de operaciones inmobiliarias, facturas y documentación aportada por agencias de viajes revelaron salidas que, para los investigadores, no se condicen con los ingresos conocidos del exfuncionario.
De esas fuentes surgió que, desde que hizo su ingreso a la función pública, Adorni movió alrededor de US$743.000, de acuerdo a la conversión que hizo de los movimientos, según la fecha en que se hicieron.
De ese total, alrededor de US$408.000 se corresponden a gastos y US$335.000, a presuntas deudas que el exfuncionario contrajo con cinco personas distintas.
Además, Adorni y su esposa registraron consumos con tarjetas de crédito por $85 millones durante 2025, tal como reveló .
En el centro de esos movimientos figuran dos operaciones inmobiliarias: el departamento de la calle Miró, en Caballito, que Adorni compró el año pasado y en el que vive junto con su familia, y la adquisición de una casa en el country Indio Cuá.
Esas operaciones quedaron registradas y podrían explicarse a partir de las llamativas deudas que Adorni contrajo con dos policías y dos jubiladas.
Por eso, el punto de inflexión en la causa se produjo con la declaración de Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de la remodelación que hizo Adorni de su casa en el country.
Tabar sostuvo en sede judicial que por aquel trabajo el ahora exfuncionario le pagó en efectivo un total de 245 mil dólares, una cifra que, por su magnitud y por haber quedado por fuera de los registros formales, implicó un vuelco en el expediente y aceleró nuevas medidas de prueba.
Otro capítulo de la causa giró en torno a los viajes. El fiscal reconstruyó estadías en el Caribe, Bariloche, Gualeguaychú y España. Muchos de los gastos fueron en dólares y en efectivo.
También se revisaron las cuentas de dinero digital del exfuncionario y, según fuentes al tanto del expediente, se detectaron movimientos por aproximadamente 100 mil dólares.
Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Tras las críticas en el acto, la Justicia apuró la integración del tribunal que debe decidir sobre el juicio en ausencia por la AMIA
Pocas horas después del acto en conmemoración a los 32 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que hubo reclamos por la lentitud de la justicia, la Sala de Casación que tiene uno de los tramos del caso, avanzó con el sorteo para designar al magistrado que faltaba y fijó fecha de audiencia.
“Exigimos a la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva de manera urgente y definitiva la validez del proceso de juicio en ausencia”, dijo este viernes Osvaldo Armoza, titular de la AMIA.
Esa sala debe definir sobre el juicio en ausencia de los acusados por el atentado.
“No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles. Exhortamos a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a que se aboquen con la mayor celeridad posible a resolver el caso y permitan que el juicio en ausencia se convierta en una realidad», completó.
En ese momento se escucharon algunos gritos y reclamos de familiares de las víctimas. “¡Justicia, 32 años ya!”, resonó entre el público, entre otras expresiones.
Barroetaveña, uno de los mencionados por el titular de la AMIA, se encontraba en las primeras filas de asistentes al acto.
Después de la mención, el juez de la Cámara de Casación, que debe definir sobre la constitucionalidad de la ley de juicio en ausencia, tomó su teléfono celular.
Según pudo reconstruir entonces , el funcionario judicial, que ya tiene listo su voto en el caso, se comunicó vía chat con Ángela Ledesma con la intención de acelerar los tiempos para fijar una audiencia.
Tenían pendiente resolver qué juez reemplazaría a Carbajo, dado que su subrogancia en esa Sala de la Cámara de Casación ya se venció.
Tras el diálogo vía chat desde el mismo acto, Ledesma, presidente de la Sala, le pidió a Barroetaveña que sorteara el reemplazo de Carbajo.
De ese sorteo salió el nombre de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
También se puso fecha para la audiencia, el próximo 10 de septiembre. La fecha era vista en tribunales con un sentido “simbólico”, porque será en víspera del año nuevo judío.
La decisión final se espera para apenas unos días después de la audiencia.
“Es un tema muy sensible”, reconocían este viernes en los tribunales en referencia a la causa AMIA.
Al mismo tiempo, los protagonistas rechazaban las acusaciones de dilación que sobrevolaron las horas posteriores al acto sobre la calle Pasteur, frente a la sede de la mutual.
Hubo voces que destacaron el trabajo de Barroetaveña, su “compromiso” con la causa. Aludían también a que fue también Barroetaveña, junto con Ledesma y Mahiques, quienes ya revisaron la sentencia histórica del primer juicio por la causa AMIA.
En esa decisión, tomada en 2024, dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado contra la sede de la AMIA de 1994, lo calificaron como un delito de lesa humanidad y allí pidieron reformas legales para poder juzgar a los prófugos por el atentado “en ausencia”.
Otras menciones en el acto
El atentado a la AMIA acumula 32 años de impunidad y sobre eso se hizo alusión en el acto en conmemoración de la fecha.
En su discurso, Arzmosa, no solo hizo referencia a los miembros de la Casación Federal. También pidió que: “el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo”.
A nivel judicial agregó: “debemos señalar la inexplicable demora del juez Daniel Rafecas, quien se encuentra a cargo del caso y debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando».
Y recordó que “el Juzgado Federal N°6, donde tramita la causa AMIA, hace seis años que no cuenta con un juez definitivo designado».
reclamos por la lentitud de la justicia,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Tras meses de tensión, el PRO y La Libertad Avanza volvieron a reunirse para coordinar la estrategia parlamentaria
La relación entre el PRO y La Libertad Avanza tuvo altibajos en los últimos dos años y medio, propios de las idas y vueltas entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri. Alcanzó su pico máximo de tensión con el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, pero con la llegada de Diego Santilli en su lugar el vínculo parece haber retomado cierta normalidad.
En este sentido, en las últimas horas hubo un encuentro en Casa Rosada entre Santilli y los dos legisladores clave del PRO en el Congreso: el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el titular de la bancada en el Senado, Martín Goerling. También participó el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
Durante el encuentro analizaron la agenda parlamentaria que el Gobierno nacional impulsa en el Congreso y distintas iniciativas de gestión para la provincia de Misiones.
En tanto, los presentes destacaron la importancia del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Al respecto, sostuvieron que se trata de una herramienta clave para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico.
Leé también: En el Gobierno apuntan contra Bullrich por el traspié en el Senado y evalúan cambios en la estrategia legislativa
“En el PRO tenemos una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina”, señaló Ritondo en sus redes sociales al término de la reunión.
“Seguimos trabajando con responsabilidad para impulsar las reformas que consoliden el orden económico y construyan un país con más desarrollo, inversión y oportunidades”, agregó el jefe de la bancada PRO en la Cámara baja.
Semanas atrás, el partido fundado por Mauricio Macri anunció los proyectos a los que le dará prioridad en el Congreso en los próximos meses. En Diputados, impulsarán Ficha Limpia y la reforma del Código Penal como principales iniciativas.
En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.
Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.
En el Senado, en tanto, el PRO pretende que durante julio se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.
A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.
Diego Santilli, Cristian Ritondo, Congreso
POLITICA
Jorge Macri eliminó 359 puestos gerenciales y CABA tiene la planta administrativa más baja de los últimos 10 años
La Ciudad de Buenos Aires registra la planta administrativa más baja de la última década. El gobierno porteño anunció la eliminación de 359 cargos gerenciales, lo que representa más del 20% del total de esa estructura jerárquica. La medida se inscribe en un proceso de reforma del Estado que, desde que Jorge Macri asumió como jefe de Gobierno, acumula la supresión de 8.954 puestos, una reducción del 15% de la dotación total.
El recorte de la estructura gerencial responde, según el Ejecutivo porteño, a la digitalización y modernización de trámites que tornó necesario rediseñar la organización interna del Estado. La automatización de procesos que antes requerían supervisión presencial y capas de gestión intermedias dejó sin sustento funcional a buena parte de esos puestos. No se trató, entonces, de una reducción arbitraria, sino del resultado de un cambio en la forma en que el gobierno presta servicios a los vecinos.
«Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden“, afirmó Macri al anunciar la medida.
El impacto de esta política se refleja en el presupuesto. En 2023, el gasto en remuneraciones al personal representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad; ese porcentaje bajó al 41% en la actualidad. La planta alcanzó así el mínimo histórico registrado en 2015, un nivel que no se había vuelto a tocar en los años siguientes.
Esta última reducción no llegó de forma aislada. La gestión de Macri aplicó una serie de medidas escalonadas que prepararon el terreno: congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, optimización de dotaciones y una nueva evaluación de desempeño para el personal. Cada una de esas acciones contribuyó a la baja sostenida del número de empleados públicos en el distrito.
En paralelo, el gobierno porteño avanzó en la modernización del control de asistencia. Se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas para registrar la presencia del personal docente a través de huella digital, un sistema que también se extendió a todos los establecimientos administrativos del Estado. Para los agentes que cumplen funciones en la vía pública, se puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica, una herramienta que permite registrar la asistencia desde el teléfono celular.
El control de las licencias médicas fue otra área de intervención. A principios de 2025, el gobierno implementó un nuevo procedimiento para todos los empleados de la administración pública porteña. El resultado fue una caída del 28% en la cantidad de días solicitados por este concepto respecto del año anterior, una variación que el Ejecutivo atribuye directamente al nuevo esquema de fiscalización.
La reforma también incluyó una apuesta por la formación del personal. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, más de 15.000 agentes en calle —policías, agentes de tránsito, de prevención e inspectores— recibieron capacitación con herramientas orientadas a mejorar la atención al vecino en el espacio público. El objetivo declarado fue dotar a quienes tienen contacto directo con la ciudadanía de recursos concretos para resolver situaciones cotidianas.
Con un enfoque distinto pero complementario, el gobierno lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), orientado a jerarquizar a los empleados públicos con formación técnica o universitaria. Al momento del anuncio, 1.326 agentes participaban del programa, que busca retener y potenciar perfiles profesionales dentro de la administración estatal.
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