Como sucedió con la ley de financiamiento universitario o temporalmente con el corazón de la reforma laboral, el Gobierno encontró en la Justicia un freno a iniciativas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23), oficializado cuando Javier Milei llevaba apenas diez días en el poder. En ese megadecreto, denominado por el Presidente como “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, se habilitó la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Sin embargo, la normativa se encuentra hoy suspendida a la espera de una definición de la Corte Suprema sobre su constitucionalidad tras el revés en instancias judiciales inferiores.

En plena fiebre mundialista, en por lo menos un despacho oficial se apila un borrador con 12 puntos para reimpulsar las SAD mediante un proyecto de ley, aunque se busca que esta vez se limite exclusivamente a los clubes de fútbol. Al nuevo bosquejo, que por ahora tiene destino de cajón, lo acercó el empresario Guillermo Tofoni, de aceitados nexos con la FIFA y el macrismo.

Tofoni estuvo recientemente en los Estados Unidos por el Mundial y fue testigo privilegiado del imponente show desplegado por la FIFA en el país de Trump. Aprovechó el contexto para participar de un foro organizado en Miami por el Instituto Interamericano para la Democracia, cuyo título fue “Fútbol, corrupción y justicia”. El empresario expuso allí ante periodistas y políticos su enfrentamiento judicial con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a quienes acusa de haberlo estafado por haber interrumpido un supuesto contrato por la organización de los partidos del seleccionado que lidera Lionel Messi. El empresario apuntó directamente a Claudio “Chiqui” Tapia, quien, al igual que el histórico Julio Humberto Grondona, logró alinear casi de manera unánime a todos los presidentes de los clubes en una postura de resistencia frente al eventual avance de las SAD.

Tofoni se acercó a la gestión de La Libertad Avanza a partir de sus vínculos con Mauricio Macri, pero lo que verdaderamente allanó el camino fue una serie de columnas que el empresario escribió en 2023 en El Cronista Comercial y que fueron replicadas por Milei en sus redes sociales. Los títulos de dos de esos textos fueron “Dolarización y fútbol: tierra prometida” o “Se abrió el Mar Rojo y ahora hay que cruzarlo”, cuyo eje era aprovechar el boom por el Mundial ganado en Qatar 2022 para fortalecer el negocio del fútbol en el país. Es decir, Tofoni buscó por entonces sembrar en la opinión pública el debate sobre las SAD ante la posibilidad real de que Milei podía desbancar al peronismo de la Casa Rosada. “Las SAD darían garantías jurídicas y seguridad para los inversores. El fútbol es un negocio que podría generar ingresos al país de entre 3000 y 4000 millones de dólares. Es una suerte de Vaca Muerta”, dice convencido el empresario, titular de la firma Word Eleven.

La diputada nacional Juliana Santillán había sido habilitada por Milei para liderar la cruzada libertaria a favor de las SAD, según dijo Tofoni a . Sin embargo, el proyecto de ley sobre las SAD en el fútbol todavía no se elaboró y no hay visos de que se vaya a cristalizar en el corto plazo. En el bloque libertario de Diputados, el tema está en los planes, pero no sería hoy una prioridad, según confiaron fuentes legislativas. Las prioridades son hoy la eliminación o suspensión de las elecciones primarias para 2027, reformar la carta orgánica del Banco Central y la ley de presupuesto para el año que viene.

El subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, se desentendió de la iniciativa. “De eso se encarga Daniel Scioli”, respondió, seco y tajante. Pero un asesor del subsecretario de Ambiente y Turismo también tomó distancia del asunto. Scioli, sin embargo, había sido uno de los primeros defensores de las SAD junto con Santillán y Federico Sturzenegger en una serie de encuentros que habían tenido con Tofoni y otros empresarios del fútbol entre 2024 y 2025. Scioli y Santillán habrían decidido correrse de la maniobra por las SAD tras haber apoyado al empresario estadounidense Foster Gillett, quien desembarcó con inversiones en los clubes argentinos y afronta denuncias por presuntas estafas de Estudiantes, River y Vélez. La apuesta libertaria por Foster no solo dejó mal parados a Santillán, Scioli y Sturzenegger, sino que agudizó el enfrentamiento entre la Casa Rosada y la AFA.

El reverdecer del debate por las SAD amenaza con romper la unidad nacional que se logró en las calles con la clasificación del seleccionado a la final del Mundial. No es casualidad que los jugadores, el técnico Lionel Scaloni, Tapia y hasta buena parte de los comunicadores deportivos hayan reforzado tras la victoria frente a Inglaterra la importancia del rol social y deportivo de los clubes como semillero de esos ídolos que jugarán mañana la final con España en Nueva Jersey. Es una discusión deportiva, pero también política. La pasión no se vende. ¿Surge un nuevo eslogan para la oposición a Milei?

Lo cierto es que en el Gobierno no estarían ahora decididos a impulsar las SAD en el corto plazo, a pesar de que para Milei fue un tema de “necesidad y urgencia”, según su primer megadecreto. En la Casa Rosada saben que no es el momento oportuno para rivalizar con Chiqui Tapia, según tres fuentes oficiales consultadas por . “Veremos si el año que viene el Gobierno se anima a presentar un proyecto de ley para las SAD exclusivo para el fútbol. Es cuestión de tiempo”, no se resigna Tofoni, que conserva sus lazos con el oficialismo.

En sus últimas apariciones públicas, Tapia volvió a ponerse al frente de la resistencia contra las SAD. Es parte de su pulseada con el Gobierno, que lo denunció en la Justicia a él y a otros dirigentes de la AFA por presunta evasión impositiva de $19.000 millones. En esta causa, Tapia y Pablo Toviggino están procesados, aunque la verdadera preocupación, sobre todo la del tesorero, es saber qué pasará con el expediente que investiga si los dueños de una lujosa quinta de Pilar oficiaron de testaferros de la AFA. En ese expediente, que se volvió un insólito pasamanos judicial, intervinieron 13 magistrados en siete meses y no hubo aún ningún indagado. Estas dilaciones reactivaron las sospechas sobre los vínculos de la Justicia, entre ellos el del ministro Juan Bautista Mahiques, con las autoridades del fútbol.

A pesar de estar por primera vez amenazado por la justicia, Tapia calcula que el éxito del seleccionado le puede servir de atajo para salir indemne de los tribunales. Lo escenifica con publicaciones risueñas y desafiantes en redes sociales, pero también lo comenta seriamente entre familiares y dirigentes del fútbol y la política.

Su influencia cruzó las fronteras del deporte: sumó a jueces federales a organismos de la AFA y su nombre en el peronismo comenzó a ser barajado para una eventual candidatura a gobernador de Buenos Aires, según reconstruyó de conversaciones de intendentes y sindicalistas. Su vínculo con Axel Kicillof es muy bueno y quedó en evidencia con la maniobra para mudar la sede de la AFA a la provincia para evitar una posible intervención de la Inspección General de Justicia.

Tapia nació en San Juan y eso le pesa: deslizaron en su entorno que si alguna vez decide jugar en política, tal vez lo haga allí. Sin embargo, otras fuentes de trato más cotidiano lo ven compitiendo en Buenos Aires, con el apoyo de los caciques del conurbano. A por lo menos 45 de ellos los conoce por su rol de presidente en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana del Estado (Ceamse), el basural controlado más grande de Buenos Aires, una terminal más de su poder. Llegó a ese sillón de la mano de Hugo Moyano y Diego Santilli, cuando el hoy jefe de Gabinete de Milei era ministro porteño de Macri y negoció los contratos de recolección de basura en la Ciudad con el Sindicato de Camioneros.

Sin dudas, un hombre determinante en la vida de Tapia fue Moyano. Era delegado gremial de la rama de recolección de basura del Sindicato de Camioneros cuando conoció a Paola Moyano, una de las hijas del jefe sindical, con la que tuvo dos hijos y recorrió el mundo. Una vez que forjó su pareja, se incorporó al clan y escaló hasta secretario de Organización del gremio. Pero una pelea con Pablo Moyano, con quien hoy recompuso su vínculo, lo empujó a irse del sindicato. Fue así como recaló en el Ceamse, donde convive con intendentes del conurbano, el jefe de gobierno porteño y un sindicato propio de casi 1000 personas.

Sindicalista, yerno de Moyano, gestor deportivo, empleado público y privado y próspero empresario. Todo eso es Chiqui Tapia, un dirigente de un club de barrio que en 2022, tras la consagración en Qatar, se sintió más poderoso que el propio Gobierno. Compartirá mañana en Nueva Jersey el palco central con Donald Trump y el lunes regresará a Buenos Aires, tal vez con la guardia en alto y aire desafiante, como su último mensaje en redes: “Me secan la nuca”.

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño impuso este viernes nuevas restricciones al régimen de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro que frenaron los planes del presidente argentino, Javier Milei, de visitar al expresidente brasileño la semana próxima en su residencia de Brasilia.

En una decisión firmada este viernes, el juez Alexandre de Moraes suspendió por 30 días todos los derechos de visita de Bolsonaro —quien cumple prisión domiciliaria humanitaria tras ser condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022— e impuso un veto estricto a cualquier encuentro de carácter “político-electoral” hasta que concluyan las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para octubre.

La resolución judicial no responde de manera directa a la petición formal que la defensa del exmandatario brasileño había presentado este mismo viernes para autorizar el ingreso de Milei y su comitiva -que incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno-, la tarde del próximo sábado 25 de julio. Los abogados argumentaron ante el STF que se trataba de una “visita oficial” de un jefe de Estado extranjero, coordinada previamente con la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

El propio Milei había dicho en declaraciones radiales que pretendía realizar un “paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”.

Sin embargo, al dictar un endurecimiento general de las condiciones de detención, el fallo de Moraes se prepara para sepultar de antemano cualquier posibilidad de que la solicitud específica sobre el mandatario argentino prospere, dado que el nuevo marco legal prohíbe taxativamente las reuniones políticas.

La postura del magistrado apaga así el foco más caliente del viaje de Milei a Brasil, concebido para dar un fuerte respaldo político a la campaña de Flávio Bolsonaro, senador e hijo del exmandatario, coincidiendo con la convención partidaria del Partido Liberal (PL) en San Pablo que pretende oficializarlo como candidato al Planalto.

Las nuevas restricciones no se originaron como una reacción a la agenda de la comitiva argentina, sino como castigo a una violación de las medidas cautelares por parte del líder de la derecha brasileña.

La semana pasada, Bolsonaro utilizó a su hijo Flávio como “vocero” para difundir en redes sociales una “Carta a los brasileños”. En el texto, el exmandatario llamaba abiertamente a apoyar la precandidatura presidencial del senador, desafiando la prohibición expresa de utilizar las plataformas digitales por sí o a través de terceros.

Moraes calificó de “contradictoria” y “no plausible” la defensa de Bolsonaro, que alegaba desconocer que la carta sería publicada. “El texto comprueba claramente que pretendía comunicarse con sus seguidores”, señaló el juez en su fallo, recordando que el exjefe de Estado tiene sus derechos políticos suspendidos.

Para desarmar los reclamos de la defensa sobre una supuesta “incomunicación”, el magistrado incluyó una radiografía del día a día en la residencia. Precisó que, desde que accedió al beneficio de la prisión domiciliaria en marzo pasado por razones de salud, Bolsonaro recibió 185 visitas, entre ellas 31 de sus hijos (18 de las cuales correspondieron al propio Flávio).

Moraes remarcó que la situación del líder de derecha, pese a la gravedad de los delitos cometidos contra el Estado democrático de derecho, es “incomparablemente más benéfica” que la de las más de 705.000 personas recluidas en las cárceles físicas de Brasil.

“Los beneficios de su prisión domiciliaria humanitaria no pueden acarrear privilegios contrarios a la legislación”, sentenció el juez del STF.

Milei se involucra en la campaña

Según confiaron a fuentes de la presidencia argentina, la agenda de Milei se concentrará ahora exclusivamente en el motor económico del país. El presidente pretende llegar a San Pablo el viernes 24 para participar, el sábado 25, en el evento donde el PL oficializará la postulación presidencial del hijo del exmandatario.

En suelo paulista, Milei también busca un encuentro de alto contenido político con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, exministro de Infraestructura de Bolsonaro y una de las principales figuras de la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De Freitas es el amplio favorito para reelegirse como gobernador paulista en los comicios regionales de octubre.

Con las puertas de la residencia bolsonarista cerradas por orden judicial en Brasilia, el presidente argentino se quedará sin la foto principal de su itinerario, en un escenario donde la justicia brasileña dejó en claro que no tolerará la importación de actos de campaña extranjeros en el cumplimiento de la condena penal.

Martín Irurzun juega sus últimas fichas antes de cumplir 75 años. El juez de la Sala II de la Cámara Federal, una de las figuras más influyentes de Comodoro Py durante las últimas tres décadas, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que trabaje el fin de semana y durante la feria judicial de invierno para que lo habilite a seguir en el cargo más allá de los 75 años, contrariamente a lo que dice la Constitución Nacional.

En la Corte, el pedido del juez fue recibido por un secretario que transmitió que el recurso estaba en el tribunal. Una respuesta formal. Pero en la Corte nada se va a mover en estas vacaciones, con lo que el magistrado está más cerca de la jubilación que de permanecer en el cargo.

De todos modos, el juez presentó una demanda de fondo en la justicia contencioso administrativo federal contra el Estado Nacional para que declare la nulidad del párrafo tercero del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, la cláusula incorporada por la reforma de 1994 que exige a los jueces un nuevo nombramiento, con acuerdo del Senado, para permanecer en sus cargos una vez cumplidos los 75 años.

La presentación, con el patrocinio de los abogados Alberto Antonio Spota y Federico Dal Maso, se suma a la medida cautelar ya rechazada en primera instancia y en Cámara con la cual el camarista pugna por permanecer en el cargo.

El camarista cumple 75 años el 18 de julio y la Justicia está en plena feria de invierno. Por eso pidió la habilitación de días y horas inhábiles para que la Corte resuelva este fin de semana y de la propia feria judicial para que la cautelar se resuelva antes del vencimiento del plazo.

Mientras tanto, analiza solicitar una licencia cuando termine el receso invernal, un recurso para ganar tiempo sin resignar el cargo. Pero en su propio entorno reconocen que la suerte está echada: salvo una decisión judicial de último momento, el domingo a las 0 horas Irurzun dejará de ser camarista federal.

La demanda reedita la discusión entre los precedentes Fayt y Schiffrin de la Corte.

El planteo central es que la ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional de 1994, no habilitó a la Convención Constituyente a fijar un límite etario para los jueces, y solo le permitió avanzar sobre los mecanismos de designación y remoción de magistrados.

Al incorporar la cláusula de los 75 años, sostiene la presentación, la Convención se excedió de sus competencias y cometió un acto “nulo, de nulidad absoluta”, en los términos del artículo 6° de la propia ley declarativa.

Argumenta Irurzun que agrede la garantía de inamovilidad y el carácter vitalicio del cargo, y “deviene atentatorio de la independencia del Poder Judicial”.

El escrito no ignora que la Corte Suprema ya convalidó la cláusula en el caso Schiffrin, cuando revirtió la doctrina del caso Fayt.

Pero sostiene que ese estándar “se ha extinguido” porque los jueces hoy no son los mismos, pues la salida de Juan Carlos Maqueda cambió las mayorías.

Irurzun se reserva el derecho de recusar, con expresión de causa, a todo ministro de la Corte que haya intervenido como convencional constituyente en 1994 y aprobado el precepto impugnado.

Alude al presidente de la Corte Horacio Rosatti, convencional en Santa Fe hace 32 años y autor de uno de los votos de la mayoría en Schiffrin.

Con una Corte de tres miembros, un eventual apartamiento de Rosatti dejaría el caso en manos de Ricardo Lorenzetti, que votó por la validez de la cláusula en 2017 y de Carlos Rosenkrantz, el único disidente del caso Schiffrin.

Entonces el máximo tribunal debería llamar a conjueces para resolver. Toda una arquitectura judicial que difícilmente se puede poner en marcha en horas, y mucho menos en la feria judicial.

Irurzun llegó a la Cámara Federal en 1994, presidió la Sala II y su jubilación abre una vacante sensible en el tribunal de apelaciones que revisa todas las causas de corrupción, un espacio que el Gobierno ansía ocupar con un candidato afín.