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ECONOMIA

El “Nuevo acuerdo de San Nicolás” que Argentina posterga

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La necesidad de un consenso suprapartidario que dote de estabilidad al sistema no es una utopía cívica, sino una urgencia institucional y económica de supervivencia como nación y democracia

La política argentina padece una patología crónica que va más allá del simple refundacionalismo: sufrimos un continuismo estructural disfrazado de cambio. Tras discursos ideológicos aparentemente opuestos, se esconde la práctica sistemática de realizar políticas similares, condimentadas con continuas roturas de los contratos vigentes y alteraciones en las reglas de juego dadas.

Este “modo de ser” fue descrito con precisión por Guillermo O’Donnell mediante su concepto de “democracia delegativa”: un modelo en el que quien gana las elecciones se siente autorizado a gobernar sin contrapesos institucionales ni necesidad de consensos.

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Advirtió también, en su famoso documento de trabajo de 1992 que lleva ese nombre, que esta concentración del poder debilita la rendición de cuentas y genera crisis de gobernabilidad sistémicas y cíclicas, un diagnóstico que sigue describiendo con alarmante vigencia nuestra realidad.

Esta oscilación pendular, aunque más no sea en apariencia, rinde -a veces- frutos electorales en el corto plazo, pero destruye el tejido social y productivo en el largo plazo, lo cual nos ha transformado en un país totalmente imprevisible. En este escenario, la necesidad de un consenso suprapartidario que dote de estabilidad al sistema no es una utopía cívica, sino una urgencia institucional y económica de supervivencia como nación y democracia.

En 1852 era imperioso fijar reglas de juego comunes y acatar una ley fundamental, por lo cual suscribieron el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyo

A tal efecto, resulta vital revisar el pasado nacional para encontrar momentos históricos similares. Así llegamos a 1852 cuando, tras décadas de cruentas guerras civiles, las diferentes fuerzas políticas de entonces entendieron que, para sentar las bases del desarrollo de la nación, era imperioso fijar reglas de juego comunes y acatar una ley fundamental, por lo cual suscribieron el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos.

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La propiedad privada, el respeto a la letra de la Constitución Nacional y la fijación de reglas macroeconómicas sanas no pueden ser variables sujetas al capricho de la administración de turno
La propiedad privada, el respeto a la letra de la Constitución Nacional y la fijación de reglas macroeconómicas sanas no pueden ser variables sujetas al capricho de la administración de turno

Es decir, la previsibilidad exige blindar las instituciones de los vaivenes de las urnas. La propiedad privada, el respeto a la letra de la Constitución Nacional y la fijación de reglas macroeconómicas sanas no pueden ser variables sujetas al capricho de la administración de turno y a cómo interprete la emergencia del momento, como ha sucedido hasta la fecha, avasallando siempre derechos y garantías consagradas en la Carta Magna e incrementando el poder del gobierno.

En este punto, las ideas de Juan Bautista Alberdi cobran una actualidad apabullante. En sus “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, el padre de nuestra Constitución sentó los cimientos de nuestra histórica prosperidad -que duró aproximadamente 50 años- al ligar indisolublemente la ley escrita con el progreso material.

Alberdi sostuvo que “la Constitución debe ser el instrumento de la riqueza y el bienestar de la Nación”, advirtiendo que los derechos de propiedad y las libertades económicas debían ser absolutos e inviolables -obviamente con lógicas limitaciones- si se pretendía atraer capitales y poblar el suelo argentino.

La Constitución debe ser el instrumento de la riqueza y el bienestar de la Nación (Alberdi)

Romper ese mandato constitucional ha quebrado el motor del desarrollo, lo cual ha tenido un altísimo precio para toda la sociedad. Al efecto, es bueno recordar que, como he sostenido en el pasado, para atraer inversiones competimos con el resto de los países del globo, y siendo actualmente el país una “oveja negra mundial” no resultamos para nada atractivos (ejemplos: nuestra calificación de mercado “standalone” y la escasa inversión extranjera directa así lo demuestran).

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En sintonía con esta mirada, Douglass North, Premio Nobel de Economía y pionero del institucionalismo, demostró de manera empírica que el éxito o el fracaso económico de las sociedades depende de sus “reglas del juego”.

Los economistas Daron Acemoglu (foto) y James A. Robinson, en su célebre obra “Por qué fracasan los países”, reforzaron la tesis que la seguridad jurídica es el único incentivo real para la inversión y la innovación tecnológica (Foto: Europa Press)
Los economistas Daron Acemoglu (foto) y James A. Robinson, en su célebre obra “Por qué fracasan los países”, reforzaron la tesis que la seguridad jurídica es el único incentivo real para la inversión y la innovación tecnológica (Foto: Europa Press)

North explicaba que las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre para dar estructura a la interacción humana, y que el crecimiento sostenido ocurre únicamente cuando estas reglas reducen la incertidumbre y bajan los costos de transacción.

Para North, si un país no cuenta con instituciones formales fuertes que aseguren que los contratos se cumplan y que el Estado no confiscará la renta de los particulares, el capital simplemente huye.

Del mismo modo opinaron los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, en su célebre obra “Por qué fracasan los países”, donde reforzaron esta tesis al demostrar que la seguridad jurídica es el único incentivo real para la inversión y la innovación tecnológica.

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El contrapuesto de ello lo encontramos en lo que Carlos Santiago Nino postulaba en su obra “Un país al margen de la ley”, donde resaltó que nuestra tendencia es a la anomia, esto es, el desprecio por las normas jurídicas y los acuerdos básicos, lo cual ha tenido, y continúa teniendo, un costo económico directo que pagamos con estancamiento y pobreza.

Nuestra tendencia es a la anomia, esto es, el desprecio por las normas jurídicas y los acuerdos básicos (Nino)

Sin un pacto político que garantice que las reglas del juego no cambiarán a mitad del partido, cualquier intento de reforma macroeconómica estará condenado a la transitoriedad.

Superar la grieta no significa uniformidad de pensamiento ni la eliminación del debate; significa delimitar un terreno de juego compartido donde la institucionalidad, la estabilidad fiscal, la independencia monetaria y el respeto a las libertades individuales sean innegociables, gobierne quien gobierne.

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La dirigencia política actual se enfrenta al mismo dilema que aquellos representantes de 1852: continuar la disputa facciosa hasta el agotamiento mutuo o sentar las bases de una gobernabilidad de largo plazo y del crecimiento.

El futuro de la vigencia del Estado de derecho, la producción, el empleo y una moneda sana dependen de la capacidad de firmar, de una vez por todas, un nuevo Acuerdo de San Nicolás para el siglo XXI.

El autor es Abogado constitucionalista y asesor de empresas

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ECONOMIA

Según un estudio privado, el año próximo el gobierno de Javier Milei podría reducir en casi 10% la deuda con el FMI

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FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. 24 de noviembre de 2024. REUTERS/Benoit Tessier/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. 24 de noviembre de 2024. REUTERS/Benoit Tessier/Archivo

El programa financiero presentado por el Ministerio de Economía, que buscó responder a las inquietudes de inversores y tenedores de bonos de la Argentina y allanar el camino para reducir el riesgo país, generó reacciones positivas en el mercado y entre analistas privados, pero también dejó aspectos sin resolver.

Al respecto, un informe de la consultora Quantum señaló que la hoja de ruta presentada por el ministro Luis Caputo presenta ciertas incógnitas para 2027. Por ejemplo, al contabilizar los vencimientos en divisas del año próximo, se omiten USD 5.300 millones en Bopreales, que si bien debe afrontar el Banco Central y no el Tesoro, afectan la ecuación de financiamiento conjunto. Otros aspectos no considerados son posibles contingencias por fallos judiciales adversos y la evolución de la base monetaria y la “esterilización” de los pesos que sea necesario emitir para adquirir los dólares requeridos.

Según el análisis de Quantum, el programa oficial implica que en 2027 el gobierno de Milei reducirá en cerca de 10% el pasivo con el FMI, el mayor acreedor del Estado argentino. La deuda con el FMI, según datos del organismo al 17 de julio, es de 42.252 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs), equivalentes a USD 59.153 millones. El informe anticipa que en 2027 Argentina recibirá un último desembolso de USD 1.700 millones del FMI, pero pagará USD 4.400 millones en concepto de capital y USD 3.100 millones en intereses. Por lo tanto, la diferencia de USD 5.700 millones reducirá en 9,8% el pasivo con el Fondo, del que Argentina es el principal deudor, con el 34% de la cartera.

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Con el resto de los organismos internacionales (principalmente Banco Mundial y BID), los vencimientos de capital e intereses suman USD 4.900 millones y la previsión es una reducción neta de USD 700 millones, aunque según Quantum existen mayores posibilidades de ampliar el crédito si la situación financiera lo requiere.

El informe se centra en vencimientos de USD 24.900 millones en divisas para 2027 (equivalentes al 3,5% del PBI), incluidos capital por USD 15.700 millones e intereses por USD 9.200 millones. El análisis excluye las necesidades en pesos, que se asume serán cubiertas con renovaciones en el mercado local. A fines de junio de este año, los vencimientos anuales en pesos ascienden al 12% del PBI.

Tres hombres en traje sentados en una mesa frente al emblema del Ministerio de Economía de Argentina. El hombre central habla, los otros observan
Caputo, entre Daza y Furiase, cuando presentaron el programa financiero 2026-27

Respecto a los vencimientos en divisas, Quantum destaca que los datos del programa no contemplan los USD 5.300 millones en Bopreales, responsabilidad del BCRA, que forman parte de las divisas necesarias para cubrir los pagos de 2027. Además, señala la importancia de considerar posibles pagos por sentencias judiciales y el manejo monetario relacionado con la adquisición de divisas.

Quantum destaca como relevante que el gobierno no prevé emitir deuda en el mercado internacional, aspecto que generó debate recientemente.

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El informe presenta cinco “consideraciones clave”:

  1. El Gobierno estima finalizar 2026 con un saldo de caja de USD 3.700 millones, apoyado en acuerdos con acreedores, renovación de repos con bancos por USD 6.000 millones y nuevos préstamos por USD 3.200 millones garantizados por el BID y el Banco Mundial.
  2. Se emitirían títulos de deuda en moneda extranjera en el mercado local por USD 5.000 millones en 2027 (y USD 6.000 millones en 2026), con la intención de renovar el 100% de los bonos con vencimiento en 2027.
  3. El Tesoro prevé comprar al BCRA USD 4.900 millones con pesos provenientes del superávit financiero, emisiones de deuda en pesos y transferencias de utilidades del BCRA.
  4. Respecto al FMI, se afrontarían vencimientos por USD 5.800 millones (USD 7.500 millones en pagos de capital e intereses, menos USD 1.700 millones de desembolsos), reduciendo la exposición al FMI, aunque en menor medida de la deseada.
  5. Se estiman ingresos por privatizaciones de USD 1.500 millones, a partir de la venta de activos de empresas públicas, principalmente del sector energético, ferroviario y de aguas.

En conclusión, Quantum considera que el programa financiero oficial representa un avance en términos de claridad y si bien persisten dudas estas “se irán resolviendo en la práctica” y el programa “luce factible”. Una de las claves, insiste, será articular el programa monetario y los roles del BCRA y el Tesoro “para garantizar el acceso a las fuentes de financiamiento y avanzar en la estabilización económica”.



North America

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ECONOMIA

Declaraciones juradas: prorrogan la presentación de Ganancias hasta fines de agosto, pero mantienen la fecha de pago

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ARCA extendió el período para la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias para personas humanas, pero mantuvo la fecha de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras mantener una nueva reunión con contadores, el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió postergar la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias a personas humanas correspondientes al período fiscal 2025 hasta el 27 de agosto. Sin embargo, no se modificó la fecha de pago, que continuará siendo el 27 de julio.

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmaron que “se extiende el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas 2025 del Impuesto a las Ganancias Personas Humanas”.

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“La nueva fecha límite será el 27 de agosto de 2026. El ingreso del saldo de la obligación (Pago) se mantiene el 27/07. La medida busca facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, explicaron desde el organismo recaudador.

Cabe destacar que es la segunda vez que ARCA opta por extender los plazos de presentación de los documentos correspondientes. A fines de mayo, había postergado el envío de los papeles vinculados tanto para Ganancias como para Bienes Personales e Impuesto Cedular.

ARCA afip
El pago de las declaraciones juradas de Ganancias para personas humanas quedó en la misma fecha que antes: 27 de julio.

Esa disposición estableció de manera extraordinaria que el plazo para cumplir con las obligaciones vence el 27 de julio de 2026, tanto para personas humanas como para sucesiones indivisas, abarcando a los inscriptos en el régimen general y a quienes optan por la Declaración Jurada Simplificada. Por otro lado, las declaraciones juradas informativas reguladas por las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán entregarse hasta el 31 de julio de 2026.

Según informó el organismo, la decisión respondió a pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas que solicitaron más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025.

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En el encuentro de esta semana, el tema central fue el proyecto de ley para modificar la Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno enviará a la Cámara de Diputados la semana que viene y el debate sobre el vencimiento de la declaración jurada de Ganancias para personas humanas.

La convocatoria a los contadores se formalizó el martes por la noche, después de que quienes participaron de la primera reunión con el titular del Palacio de Hacienda recibieron la invitación para un nuevo cara a cara. A diferencia de la vez anterior, varios profesionales del sector contable ya habían manifestado públicamente la necesidad de prorrogar el vencimiento del mencionado impuesto.

Caputo contadores
La primera reunión de Luis Caputo con contadores.

El funcionamiento de la Ley de Inocencia Fiscal resulta clave para los objetivos del ministro de Economía, algo que se evidenció durante la conferencia de prensa en la que anunció el programa financiero previsto hasta 2027.

“Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. Nos reunimos con un grupo de contadores que nos brindaron su perspectiva sobre las razones por las cuales la ley no funcionaba como esperábamos. Incorporamos esas correcciones, pero el mandato del Congreso está, ya que la ley original fue aprobada; no veo razones para que no aprueben una versión mejorada”, señaló Caputo.

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En paralelo, el titular de la cartera económica también profundizó sobre el objetivo de la iniciativa y la magnitud de los recursos involucrados, que serán claves para la remonetización de la economía.

“La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente, y al mismo tiempo el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería estar capitalizándose o transformándose en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían destinar esos fondos a financiar proyectos de infraestructura y pymes. Es una masa crítica muy importante, porque los números oficiales que maneja el Banco Central indican que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones”.



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ECONOMIA

El dólar subió por tercer día seguido y el blue volvió a tocar su nivel más alto de 2026

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Esta semana el BCRA aceleró la absorsión de divisas.

Con un monto operado en el segmento de contado de USD 542,8 millones, el dólar mayorista experimento un alza marginal de dos pesos o 0,1%, a $1.478, para hilvanar tres ruedas seguidas de suba.

No obstante, “en la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 10 pesos (+0,7%), por encima de la caída de solo 50 centavos registrada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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En julio el tipo de cambio oficial baja cuatro pesos (-0,3%), mientras que en el transcurso de 2026 asciende 23 pesos o 1,6%, lejos de la inflación de 16,8% acumulada en el primer semestre.

El Banco Central fijó un techo de $1.827,63 para su régimen de bandas cambiarias. El dólar mayorista quedó a 349,63 pesos o 23,7% de esa marca.

“Dentro de un contexto de debilidad entre las monedas emergentes, el dólar mayorista se desliza suavemente hasta $1.480 luego de haber aflojado recientemente. La combinación de fuertes compras del BCRA en las últimas ruedas, junto a un roll-over de la deuda en pesos superior al 100% permite mantener equilibrado el mercado de pesos, tal como reflejan las tasas más cortas», expresó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, para regresar otra vez a los $1.500 para la venta en el Banco Nación. En la semana el dólar minorista igualmente bajó diez pesos.

El dólar blue ganó cinco pesos, a $1.530, para regresar a sus precio más alto del año, nivel que ya había tocado en algunas ruedas en el último mes. El dólar informal ganó 20 pesos o 1,3% desde el viernes anterior.

“El BCRA mostró en la semana una importante aceleración en su racha compradora en el MULC, sumando al jueves unos USD 1.115 millones. Ahora, con un petróleo que subió y que mejora los términos del intercambio para Argentina, las cuentas externas podrían verse apuntaladas, aunque también habrá que tener un ojo sobre que tanto puede afectar la volatilidad internacional”, comentó Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS.

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Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) evaluó que “lo que hizo ‘cerrar’ al programa” financiero anunciado el 6 de julio por el equipo económico “son las compras de dólares al BCRA: durante 2026 representan USD 6.700 millones -de hecho, el Tesoro ya incumplió esto dado que con la última compra realizada alcanzó un total de USD 6.900 millones- y durante 2027 serían USD 4.900 millones. Por otra parte, el saldo en dólares del Tesoro de 2026 será positivo por USD 3.700 millones, es decir, debería comenzar 2027 con esa cuantía en sus depósitos”.

“Teniendo en cuenta lo que resta comprar y el retiro de esos depósitos, el Tesoro generará una presión en las reservas por USD 8.600 millones, entre lo que resta de 2026 y 2027. Si además tenemos en cuenta los vencimientos de Bopreal -dependiendo de cuánto se use para pagar impuestos- las reservas podrían caer por hasta USD 12.000 millones durante 2027. Este número tiene en cuenta que todas las demás fuentes se concretan, ya que en caso de que esto no suceda, el gobierno podría optar por aumentar la presión sobre los dólares del Banco Central para hacer frente a vencimientos”, advirtió CEPA.

Por otro lado, en la licitación del Tesoro de esta semana, el Gobierno convalidó tasas efectivas anuales (TEA) en pesos del 25,59% para Lecap (Letras Capitalizables) a noviembre, positiva en términos reales si se toma la proyección de inflación para los próximos doce meses de 22,3% del último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del BCRA.

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La tasa en pesos es un dato central para dirimir las apuestas de carry trade que contribuyen a mantener estabilizado al dólar, después de la suba de casi 5% en junio.

Un desafío para el Palacio de Hacienda es el de avanzar en la reducción de la inflación, para alivianar la carga sobre las tasas de interés del sistema, agilizar el crédito y, a la vez, desactivar las presiones devaluatorias, en un camino que en 2027 deberá sortear las eleciones presidenciales de octubre.

En este aspecto, El IFP (Índice de Financiamiento PyME) elaborado por VetaCap cedió en junio 0,82 punto porcentual respecto del mes anterior, para ubicarse en 24,5% TNA vencida, frente al 25,33% de mayo.

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“El movimiento implica que el costo de financiamiento bursátil para PyMEs continuó abaratándose, en línea con la dinámica general de baja de tasas en pesos. Para una PyME que descontó cheques durante el mes, esto se traduce en un ahorro directo respecto al mes anterior. En la comparación interanual contra junio 2025, cayó 14,46 puntos porcentuales, lo que refleja el cambio estructural de las condiciones de financiamiento entre ambos períodos», explicó el informe.



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