La Justicia rebajó a tres años de prisión en suspenso, como máximo, las condenas impuestas a cinco integrantes de la Prefectura Naval por el crimen de Rafael Nahuel en Bariloche 9 años atrás, cuando reprimieron en un operativo de desalojo a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en inmediaciones de Bariloche.

Nahuel fue muerto de un tiro por la espalda efectuado el 25 de noviembre de 2017. Patricia Bullrich era entonces ministra de Seguridad y organismos de derechos humanos criticaron su rol y responsabilidad política al haber respaldado la versión del enfrentamiento armado y justificado el accionar de las fuerzas federales.

El fallo fue dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los camaristas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci. Los jueces revisaron las condenas e hicieron lugar al recurso de las defensas, con lo que además les quitaron la inhabilitación especial como integrantes de las fuerzas de seguridad.

Por eso dejaron sin efecto las penas impuestas por el tribunal de juicio y fijaron nuevas sanciones de ejecución condicional. Los beneficiados son Sergio Guillermo Cavia, que recibió tres años en suspenso; se aplicaron dos años y seis meses para Juan Ramón Obregón; dos años y tres meses para Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa; y dos años para Sergio Damián García.

La causa se originó en el operativo del 25 de noviembre de 2017 en un predio de Parques Nacionales, en cercanías de la Ruta Nacional 40, cuando el Grupo Albatros ingresó para desalojar a los mapuches y algunos fueron detenidos, y otros huyeron hacia las montañas. Allí, los prefectos efectuaron disparos y Rafael Nahuel Salvo murió a raíz de un impacto de arma de fuego.

Los cinco agentes habían sido condenados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa: Cavia como autor y Pintos, Obregón, Sosa y García como partícipes necesarios. La revisión de la Casación se limitó exclusivamente a los cuestionamientos formulados por las defensas respecto de la determinación de las penas.

Cavia había recibido 5 años de prisión; Pintos, Obregón, Sosa y García recibieron entonces 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años al ser considerados partícipes necesarios del mismo delito. Ahora, con estas nuevas penas, ninguno irá preso. El fallo puede aún debe ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. Los hombres de Prefectura están en libertad.

En la resolución de la Casación se consideró que la decisión recurrida no había ponderado adecuadamente las circunstancias atenuantes ni individualizado la intervención de cada condenado. El tribunal graduó las sanciones, el arma empleada, la cantidad de disparos y las circunstancias personales de cada condenado. A Cavia le impuso la pena mayor por ser autor del disparo mortal.

Por el crimen ocurrido en Parques Nacionales en Villa Mascardi, es la segunda vez que Casación interviene sobre las penas. En junio de 2025, la misma sala, con otra integración, confirmó la responsabilidad de los cinco y la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa.

Atenuantes

Pero había anulado los montos de las penas y ordenó al Tribunal Oral Federal de General Roca que los volviera a fijar, ponderando “en su justa dimensión” los atenuantes. En febrero pasado, el tribunal rionegrino repitió exactamente las mismas condenas. Admitió que no encontraba “buenas razones” para apartarse de ellas.

Ahora la Cámara Federal de Casación no devolvió el expediente, sino que fijó las penas, por su cuenta, después de escuchar a los cinco acusados en una audiencia de conocimiento personal el 10 de junio. En el voto que lideró el acuerdo, Borinsky sostuvo que el tribunal de juicio enumeró los atenuantes y hasta afirmó que “indudablemente” mitigaban el reproche, pero no los reflejó en las penas.

Esos atenuantes eran la falta de antecedentes penales y de sanciones administrativas, la inexperiencia en enfrentamientos armados y las condiciones personales y familiares de los acusados. También cuestionó que el tribunal evaluara en bloque a los cinco partícipes, aunque había elementos para distinguir la conducta de cada uno, como el arma que usó y la cantidad de disparos que hizo.

Como agravante común, Borinsky ponderó la gravedad del hecho y la muerte de Nahuel. Pero recordó que, según la sentencia de condena, la reacción de los prefectos fue inicialmente defensiva y luego excesiva, y que estaban en el lugar cumpliendo una orden judicial. Yacobucci adhirió a ese voto: remarcó que si Casación había dado la razón a las defensas en su primera intervención, esa decisión “ha de producir alguna consecuencia efectiva” en el resultado final.

El prefecto Pintos, al enfrentarse con los mapuches que atacaron con piedras, usó primero un arma no letal y luego los cinco dispararon con sus pistolas Beretta 9 milímetros y un subfusil MP5. Un disparo de la pistola de Cavia ingresó en el cuerpo de Nahuel por la parte posterior de la cadera izquierda y le provocó la muerte por hemorragia interna.

El criterio general fue graduar según el rol de cada uno, el arma usada y la cantidad de municiones faltantes, sobre una escala de un año y cuatro meses a seis años y ocho meses. Las condenas condicionales se justificaron en la inconveniencia de las penas cortas de prisión para quienes delinquen por única vez. Los tres jueces de Casación votaron las mismas penas, todas en suspenso y sin inhabilitación.

Rodolfo Aguiar tiene 55 años y era un sindicalista poco conocido hasta noviembre de 2023, cuando reemplazó a Hugo Godoy al frente de la conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos sindicatos más poderosos del sector público, con representación en todas las provincias y 342.000 afiliados. Aguiar es hoy uno de los rostros más combativos contra la gestión de Javier Milei.

Aguiar fue denunciado hoy en la Justicia por tomar durante dos horas la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), la prestadora médica de los militares que está en crisis y podría despedir en los próximos días a 600 personas.

No es el primer cruce que tiene Aguiar con la gestión libertaria. Hace dos años, un tuit fue casi como una declaración de guerra. “En el 2025 le vamos a robar la motosierra al Gobierno y les vamos a cortar la cabeza a ellos. No vamos a tolerar nuevos despidos en el Estado. El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los 57.513 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la ‘reprecarización’ laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año”, escribió.

Así, dio un paso más en su ofensiva por llevar a la Justicia “los miles de despidos” a su juicio “arbitrarios” que dispuso el gobierno libertario.

Contratado a sueldo desde hace 24 años en la Unidad de Atención Integral del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) de General Roca, Aguiar construyó su carrera sindical en Río Negro, siempre en la administración pública. A los tres años de haber ingresado al PAMI se convirtió en delegado gremial de ATE. Escaló hasta la Secretaría General de la seccional provincial, en la que estuvo durante dos mandatos. Se interesó por subir el perfil cuando aceptó secundar a “Cachorro” Godoy en la conducción nacional y ser su adjunto. El 7 de noviembre de 2023 lo reemplazó al frente de ATE en una elección en la que venció sin inconvenientes a Carlos Quintriqueo, referente estatal en Neuquén, y a Alejandro Lipcovich, dirigente del Hospital Garrahan. Mantuvo así la hegemonía de la Lista Verde.

Aguiar es militante de Unidad Popular, la fuerza política del economista Claudio Lozano, que integró el Frente de Todos y se alió al kirchnerismo. Pesaron sobre él 55 causas judiciales, aunque en ninguna de ellas se le llegó a imputar la comisión de delito, según averiguó . Una de esas causas fue por encabezar una protesta contra Mauricio Macri, en Viedma, cuando Cambiemos gobernaba el país. Además, Aguiar es un impulsor de los reclamos en la Patagonia por la compra de tierras por parte del empresario inglés Joe Lewis, un antecedente que según él, contribuye a la “extranjerización” de los territorios en el sur.

También tuvo sus choques con el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien ordenó detenerlo después de haber encabezado una protesta para oponerse a un proyecto oficial sobre endeudamiento. “Me declaro preso político de la alianza del gobierno nacional de Macri y del provincial de Weretilneck”, desafió al entregarse a la Justicia en General Roca. Estuvo detenido 10 días por coacción agravada. En 2019 fue sobreseído. Los caminos con Weretilneck se volvieron a cruzar recientemente. Aguiar asistió a la inauguración del año legislativo y apoyó a Weretilneck en su pelea con la Casa Rosada por la coparticipación y otros fondos.

Aguiar es considerado un duro, pero también un reformista en lo relativo al tablero sindical. Impulsó en ATE una reforma estatutaria que estableció a partir de 2022 la paridad de género en los cargos y limitó las reelecciones a dos mandatos. En Río Negro rompió el molde cuando entregó de manera voluntaria su declaración jurada de bienes mientras estuvo al frente de la seccional de ATE. Pidió que la publicación de estos datos sea obligatoria para el resto de sus pares sindicales. No tuvo eco.

Por el momento, ATE, que es uno de los gremios fuertes de la CTA, avanza en soledad en su estrategia de confrontación con la gestión de Milei. La UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional y que integra el sector dialoguista de la CGT (representado por su histórico jefe, Andrés Rodríguez). Aguiar y Rodríguez se enfrentaron públicamente hace un mes, cuando chocaron por un nuevo acuerdo salarial por debajo de la inflación con el Gobierno, que actuó en su rol de empleador. “Quien ataca e intenta dividir a los trabajadores y a sus representantes, con una lógica de fake news, no comprende el valor de mantener vigentes los convenios colectivos de trabajo, la negociación salarial y la preservación de los puestos de trabajo”, lo acusó Rodríguez, en un comunicado.

Orígenes

Aguiar nació el 2 de mayo de 1971 en Ingeniero Huergo, un municipio del departamento rionegrino de General Roca. Su padre (de familia peronista) murió en un accidente de auto cuando él tenía 3 años, mientras que su mamá (de familia radical) fue docente y militante de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER).

Terminó el secundario con uno de los mejores promedios y asumió un cargo como preceptor en el Colegio CEM N° 9 de Roca. Aunque no se recibió, después estudió Derecho en la Universidad Nacional del Comahue. En su entorno, dijeron a que le restan entre 10 y 15 materias para recibirse.

Trabajó para Coca-Cola y en 2002 comenzó a trabajar en el Estado, en la sede roquense del PAMI. Allí estuvo como delegado durante 6 años, mientras que fue dos veces secretario general de ATE Río Negro y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro.

Además, se posicionó en los últimos años como referente provincial del partido político Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP). “En lugar de estar tocando el bombo afuera de la Legislatura tenemos que estar adentro con una banca, discutiendo y aportando proyectos. El sindicato tiene un límite. Cortar la calle puede ser superado por tener un representante adentro. Unión Popular no es un partido de los trabajadores del Estado, es un partido político que convoca a todos”, marcó su postura.

Su hijo Romeo es actualmente Secretario Gremial del Consejo Directivo Provincial de ATE Río Negro.