POLITICA
Reforma electoral: la Casa Rosada enfrenta diferencias por la estrategia de negociación con los gobernadores
El Gobierno enfrenta diferencias internas por la estrategia para tratar la reforma electoral, una de las prioridades de Javier Milei para ordenar el camino hacia 2027. Mientras un sector del Ejecutivo cree que el proyecto puede salir en agosto, otro espacio de la Casa Rosada lo pone en duda y advierte que la iniciativa está “súper verde”.
La discusión no pasa solo por la letra del proyecto, sino por el orden político de la negociación. En Balcarce 50 conviven dos estrategias: cerrar acuerdos electorales con gobernadores antes del tratamiento de la reforma o votar primero la modificación del sistema electoral y recién después definir los entendimientos distrito por distrito.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, ya planteó puertas adentro su postura a favor de cerrar un acuerdo con mandatarios provinciales antes de avanzar con la reforma. La senadora considera que ese esquema permitiría blindar los votos y reducir el margen de incertidumbre en una discusión que todavía genera resistencia entre aliados.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también se inclina por acordar con los gobernadores antes del tratamiento legislativo. Este martes vuelve a reunirse la mesa política en su despacho, con la reforma electoral como uno de los ejes centrales de la agenda posterior al Mundial y al receso legislativo.
El asesor presidencial Santiago Caputo se ubica en la misma línea. En su entorno creen que el Gobierno necesita alcanzar acuerdos previos con los mandatarios para blindar la reforma y también la gestión. La lectura es que el vínculo con las provincias no puede quedar librado solo a la promesa de una negociación posterior.
Karina Milei, en cambio, opta por dilatar las definiciones electorales hasta después de la votación. La secretaria general de la Presidencia, que tiene la lapicera del armado nacional de La Libertad Avanza, prefiere no cerrar antes acuerdos que puedan condicionar las candidaturas provinciales o limitar el margen de decisión del sello libertario.
La misma postura sostienen Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. “Primero la reforma, después los acuerdos”, expresan en esas filas. En el karinismo creen que los gobernadores necesitan el paraguas presidencial de Milei y que el oficialismo no debe ceder posiciones antes de tener sancionadas las nuevas reglas de juego.
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En ese esquema se ubica la negociación por las colectoras. La Casa Rosada busca habilitar una herramienta para que candidatos a diputados de gobernadores sin candidato presidencial puedan ir dentro de la boleta de Milei. En Nación lo presentan como una concesión acotada para ampliar el volumen electoral del Presidente sin entregar el armado territorial de La Libertad Avanza.
En un sector del Gobierno creen que a los mandatarios provinciales “no les queda otra que agarrar”. La lectura es que muchos gobernadores no tienen una figura presidencial competitiva y que la boleta de Milei será el activo electoral más fuerte para ordenar sus listas nacionales. “Que se animen a la PASO sino”, expresan.
En otros despachos oficiales, en cambio, reconocen que “hay mucha desconfianza” entre los mandatarios. El temor es que se repita el escenario de 2025, cuando La Libertad Avanza terminó compitiendo con candidatos propios en la mayoría de los distritos, incluso en provincias donde había canales de diálogo con los oficialismos locales.
La Casa Rosada intenta separar ambos planos. En Nación remarcan que los acuerdos vía colectoras no implican que La Libertad Avanza renuncie a presentar candidatos propios a las gobernaciones. La idea es habilitar entendimientos para la boleta nacional de Milei, pero preservar la competencia provincial cuando el oficialismo crea que le conviene construir poder propio.
La reforma ya tuvo idas y vueltas sobre el borrador inicial y en el Gobierno prevén introducir cambios. En la mesa política admiten que todavía falta ordenar la redacción final, despejar resistencias de bloques aliados y definir hasta dónde se puede avanzar con la eliminación, suspensión o modificación de las PASO.
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El traspié con la ley de Propiedad Privada en el Senado aumentó las dudas sobre la capacidad del oficialismo para reunir mayorías. La Casa Rosada tuvo que postergar la votación del paquete hasta agosto por falta de votos y luego quedó expuesto un cruce entre Bullrich y Federico Sturzenegger por la versión final del texto.
En Balcarce 50 leen ese antecedente como una advertencia. El Gobierno no quiere repetir con la reforma electoral una negociación con múltiples borradores, diferencias técnicas y aliados que lleguen al recinto sin un acuerdo cerrado. Por eso, el debate interno sobre si pactar antes o después de la votación se volvió central.
El Ejecutivo sabe que la reforma electoral necesita un volumen político más amplio que otros proyectos. En Nación aseguran que Milei está dispuesto a “dejar todos los recursos” para que salga, porque considera que la eliminación o suspensión de las PASO y el esquema de colectoras pueden ser decisivos para ordenar la elección presidencial de 2027.
Gobierno, reforma electoral, Gobernadores
POLITICA
Crece la presión para que Kicillof defina las vacantes en la Corte bonaerense y aparecen nuevos nombres
A los reclamos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, para que el gobernador Axel Kicillof empiece a definir y resolver la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal de Justicia, se le sumó en las últimas horas el pedido del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Col.Pro.BA). La Corte hoy funciona con tres de sus siete miembros originales y la expectativa en el sistema político y judicial bonaerense es que el mandatario habilite la negociación antes de que termine su mandato.
El Colegio de Abogados emitió un duro documento en el que les reclama tanto al Ejecutivo bonaerense como al Nacional la necesidad de completar los tribunales máximos de Justicia. En el mismo se plantea que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona actualmente con tres de sus cinco miembros y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo hace con apenas tres de sus siete integrantes, en una desintegración sin precedentes en su historia, que compromete seriamente el servicio de Justicia”. Además, remarcan que “lo que debería ser una emergencia institucional atendida sin dilación, se ha instalado, en cambio, como un estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado”. Para el Colegio, la situación, es un “debilitamiento deliberado y sostenido de los órganos que encabezan el Poder Judicial, con impacto directo sobre la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en la Justicia”.
El Colegio tiene nueva conducción desde junio de este año y está presidido por Rafael Gentili, titular del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. En la Vicepresidencia aparece Victoria Lorence, del Colegio de Lomas de Zamora. Cercana a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.
En la actualidad, la Corte bonaerense está integrada por Sergio Torres en carácter de presidente, Daniel Soria como vicepresidente e Hilda Kogan como ministra. Además del Procurador General, Julio Conte Grand. Hay cuatro lugares vacantes que estarán atados a la negociación política. Desde el Col.Pro.BA esperan que esa instancia se dé con base en la cuestión jurídica. “Es imprescindible que el proceso de selección incluya a juristas de reconocida trayectoria ética y profesional, teniendo especialmente en consideración la especialización de los aspirantes, la diversidad de género y la representación federal”, refleja el comunicado, que también hace hincapié en las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy funciona con tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En lo que respecta a las vacantes bonaerenses, la cobertura está atada a una negociación política e incluso atravesada por la interna del peronismo. Los distintos sectores políticos advierten que Kicillof podría usar esa situación para una negociación macro. “Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, había dicho el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuando se le consultó sobre cuándo se iba a definir esa instancia.
Un esquema posible de reparto sería que de las cuatro vacantes, tres sean para el peronismo —uno para el kirchnerismo, otro para el Frente Renovador de Sergio Massa y un tercer escaño para el sector de Kicillof- y la restante para la oposición. Marisa Herrera es una abogada referenciada en el kirchnerismo, egresada con diploma de honor y especialista en Derecho de Familia. Podría ser uno de los nombres que entren en la negociación. El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, es otra alternativa. Mantiene relación activa con los integrantes de la Corte e intervino en la celeridad para elevar y aprobar para cargos judiciales al Senado. El Frente Renovador tiene para promover al diputado nacional, Ramiro Gutiérrez. Un leal a Sergio Massa; mientras que cercano a Kicillof es el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Semanas atrás, Teruel fue designado como representante del Ejecutivo para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Pero los intendentes que forman parte del MDF también miran con apetencias propias una silla en ese ámbito.
Otro nombre que se baraja es el de la decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, María Fernández Vázquez, que tiene recorrido en distintos estamentos judiciales. Además de ser la decana de Derecho en la UNLZ, también forma parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, representando a los abogados.
En lo que respecta a la oposición, hay, primero, una disputa sectorial: habría lugar para tres sectores. El PRO, la Libertad Avanza y la UCR también quieren estar en la mesa de negociación por la Corte. Los libertarios corren con cierta ventaja. Quedó evidenciado cuando, semanas atrás, se quedaron con los dos lugares que le correspondían a la oposición como representantes del Consejo de la Magistratura bonaerense por el Poder Legislativo, que salieron del Senado bonaerense.
Ahora, desde LLA, lo que sigue —admiten— es avanzar con la negociación por las vacantes en el máximo tribunal de justicia bonaerense. Para ello tienen un nombre: el del Camarista, Sergio Pilarche de Pilar. Mientras que hasta hace un tiempo por la Unión Cívica Radical, el nombre se repetía: el de la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero; quien fuera concejal por el distrito de General Pueyrredón y representante del Consejo de la Magistratura de la Nación entre 2018 y 2022.
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POLITICA
Cómo fue la maniobra para desviar los fondos de la AFA que está en la mira de la justicia de Estados Unidos
En diciembre de 2021, Claudio “Chiqui” Tapia logró el apoyo de todos los integrantes del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para designar a una empresa desconocida como agente comercial de la entidad en el exterior. TourProdEnter LLC se había creado apenas cuatro meses antes en Florida, Estados Unidos. Al frente aparecía Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Tapia. Durante los siguientes cuatro años, manejaron una fortuna. reveló en diciembre pasado que esa sociedad acumuló cerca de US$ 300 millones en al menos cinco bancos de Estados Unidos. Sólo una parte de esa fortuna se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina.
De acuerdo a los registros que obtuvo el empresario Guillermo Tofoni en Estados Unidos, de ese total recaudado se desviaron casi US$57 millones a través de diez sociedades constituidas en Miami.
Hoy, tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial, la Justicia de Estados Unidos avanzó con la investigación contra dirigentes de la AFA por los desvíos de fondos, a partir del contrato comercial con TourProdEnter LLC. Según confirmaron fuentes al tanto del caso, se dispusieron citaciones ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio próximo de dirigentes cercanos a Tapia.
Manejos irregulares
La historia de las 10 empresas “pantalla” incluye a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche y, que luego de la primera revelación de , no regresó a su empleo; una mujer que trabajaba en un local de decoración, a solo 200 metros; dos empresas “gemelas”; y hasta beneficiarios de asignaciones sociales.
Otro caso revelado por este medio tiene como protagonista a una jubilada de 70 años, con domicilio en el barrio de Palermo, que figura detrás de Tronador Import Export LLC. TourProdEnter le transfirió US$2,4 millones desde sus cuentas en el Bank of America y PNC Bank. Son catorce transferencias. Las más significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese año le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El último envío ocurrió el 29 de septiembre del año pasado.
El caso de Tronador muestra un patrón en común con otras sociedades “fantasma” como Velpasalt LLC, cuyo responsable era Roberto Salice (declarado en quiebra en 2019). Esa compañía recibió US$14,9 millones desde TourProdEnter.
Tronador Import & Export LLC tiene otro punto en común con las empresas sospechosas. Su dirección, la suite 228 del edificio en la calle 1031 Ives Dairy Road,ya había aparecido desde el primer día de la investigación. Ahí también registraron domicilio Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC, tres compañías que recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras se disolvieron apenas dos días después de la primera revelación de , según consta en documentos comerciales presentados en Estados Unidos.
En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette, figura como su mánager y autoriza la mayoría de las transferencias, pero su marido tuvo un rol central: puso su firma para abrir cuentas, también autorizó pagos millonarios, y hasta derivó fondos hacia otras sociedades que utilizó para comprar un club de fútbol en Italia.
Faroni hizo una carrera como productor teatral hasta que saltó a la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández. Cuatro meses antes de terminar su mandato, en agosto de 2021, decidió crear TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese año. El 8 de ese mes, según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte, Gillette mandó por correo electrónico una propuesta comercial a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas después por el comité ejecutivo de la entidad.
La investigación determinó que el dinero se desvió a través de esas sociedades y luego fue enviado a Buenos Aires, donde se retiraba en efectivo desde una serie de cuevas financieras de la City porteña.
Los protagonistas centrales de la operatoria fueron el tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, Juan Pablo Toviggino, y el otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la entidad, Juan Pablo Beacon. Ambos impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron incluso a confeccionar algunas de las facturas apócrifas cuyas copias obtuvo .
Basado en registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, y documentos judiciales y comerciales en la Argentina, constató que otros US$109,9 millones de la AFA se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay que recurrió a un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para custodiar los fondos, en tanto que decenas de millones de dólares se destinaron a gastos de lujo alrededor del mundo: aviones privados, equitación, yates, peluquería, autos, residencias veraniegas y entradas de teatro VIP, entre otros consumos y actividades suntuarias.
El epicentro de la operatoria bajo la lupa es TourProdEnter LLC, una firma constituida en agosto de 2021 en Florida que apenas cuatro meses después se convirtió en “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA. ¿Quién figura como administradora de la empresa? Erica Gillette, quien se presenta en redes sociales como “dedicada a la familia full time” y es pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal del “Chiqui” Tapia.
En pleno cepo cambiario, cuando las personas y empresas argentinas penaban por acceder a un dólar, el contrato con TourProdEnter LLC —aprobado por el Comité Ejecutivo de la AFA y publicado en el boletín 6031— le otorgó la llave de la representación comercial global. Quedó a cargo de cobrar los ingresos para la AFA en el exterior, emitir los pagos para cancelar sus obligaciones fuera de la Argentina y, tras el cobro de una comisión, remitir los excedentes a la entidad que preside el “Chiqui” Tapia.
Así, al cabo de cuatro años, la empresa de Gillette y Faroni acumuló casi US$300 millones. Los fondos se repartieron en cuatro bancos: más de US$146 millones en el Bank of America, otros US$72,4 millones en el Synovus, US$41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan. Luego apareció una quinta cuenta en PNC Bank.
Los ingresos bancarios de TourProdEnter LLC provinieron de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos. Así, por ejemplo, los mayores aportantes a la cuenta del Bank of America fueron Adidas (US$78,6 millones), Argentina Football Distribution, una empresa que opera el servicio de streaming conocido como AFA Play (US$18,7 millones), y Reporter Broadcasting Company (US$9 millones), uno de los patrocinadores del partido amistoso que se iba a jugar en India en el mes de noviembre de este año.
Dos de esas empresas también lideraron los números en la cuenta de TourProdEnter LLC en el Citibank: Adidas, con US$15,1 millones, y Argentina Football Distribution, con US$5,1 millones, seguidas por Quest Holdings, de un grupo de empresas que adquirió el patrocinio de la selección para los partidos amistosos que jugaría en Asia, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, según surge de un documento disponible en la Comisión de Valores (SEC, en inglés) de Estados Unidos. Esa firma transfirió US$7,5 millones.
Uno de los destinos más recurrentes del dinero transferido desde TourProDenter traza una ruta hacia Adcap Uruguay Agente de Valores. Recibió US$109,9 millones, según la documentación analizada por . La cuenta del Bank of America fue la más utilizada para estos movimientos. De allí salieron US$76,6 millones, de los cuales US$8,7 millones llevan el concepto de “Pop pago para proveedores AFA”.
El 15 de octubre del año pasado, justo antes del comienzo del escándalo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, extendió la relación contractual con la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, hasta 2030 para que siga administrando los fondos de la entidad en el exterior. Lo hizo más de un año antes de la finalización del primer contrato, que vencía en diciembre de este año. ¿Por qué? La Justicia sostuvo que el nuevo acuerdo amplió las facultades de la firma TourProdEnter, con sede en Miami, que pasó de actuar como “agente comercial y de cobro”, a administrar los pagos de la AFA.
El documento lo firmaron Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, respectivamente, apenas un día después de que la esposa de Faroni presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
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El peronismo buscará introducir cambios a la Ley de Inocencia Fiscal y se anticipa un largo debate en el Congreso
Con proyectos presentados por el senador Fernando Salino y el diputado Eduardo Valdés, el peronismo en el Congreso busca introducir cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. La discusión promete abrir un fuerte debate en las comisiones de ambas cámaras en agosto.
Desde el Senado, Fernando Salino, del bloque Justicia Social Federal e integrante del interbloque Justicialista que conduce José Mayans, adelantó que presentó dos iniciativas para limitar el alcance del régimen.
“Presenté dos proyectos de ley para impedir que las personas políticamente expuestas podamos entrar en la Inocencia Fiscal, o en cualquier tipo de blanqueo”, sostuvo Salino.
El senador por San Luis vinculó el impulso de estas propuestas con la situación del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien junto a su esposa, Bettina Angeletti, se adhirió al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, mientras enfrenta denuncias judiciales por presuntos hechos de corrupción.
El primero de los proyectos de Salino excluye a funcionarios y personas vinculadas a la actividad política del Régimen Simplificado de Ganancias y mantiene para ellos la obligación de presentar declaraciones juradas bajo el régimen general. La restricción también alcanza a cónyuges, convivientes y familiares directos, y se extendería hasta dos años después de haber dejado el cargo.
La segunda iniciativa propone impedir que funcionarios y exfuncionarios de los últimos diez años ingresen a cualquier régimen de blanqueo o exteriorización de activos. La medida abarca a los principales cargos de los tres poderes del Estado y de los organismos de control.
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Además, incluye a familiares directos de las personas alcanzadas y excluye a condenados por determinados delitos, contratistas del Estado y otros sujetos contemplados en la legislación vigente.
En paralelo, desde la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria Eduardo Valdés también presentó una propuesta para reforzar los estándares de integridad pública y evitar que mecanismos excepcionales de regularización patrimonial beneficien a quienes ejercen funciones de alta responsabilidad institucional.
“Permitirlo contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial. Quienes administran recursos del Estado deben estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse con mecanismos de regularización que reducen las exigencias de rendición de cuentas”, argumentó Valdés.
Su iniciativa plantea excluir de estos beneficios a funcionarios de los tres poderes del Estado, personas políticamente expuestas y sus familiares directos. Según el diputado, la propuesta busca mantener la coherencia con las obligaciones establecidas por la Ley de Ética Pública y con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención de la corrupción y lavado de activos.
La postura del Gobierno
Este martes, durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió los cambios impulsados por el Gobierno en la Ley de Inocencia Fiscal.
“Esto marca un antes y un después en la relación entre el Estado y el pagador de impuestos. Se trata de un hecho de justicia para todos los argentinos que fueron víctimas del sistema persecutorio que los trataba como delincuentes de manera preventiva y exigía que demuestren su inocencia”, afirmó.
El funcionario agregó: “Las personas no tienen por qué ser tratados como criminales por querer ahorrar el fruto de su trabajo. Frente a preocupaciones del área se van a incluir algunas modificaciones que van más allá en el sendero de la ley”.
Los cambios que impulsa el oficialismo
La iniciativa, elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca fortalecer el régimen fiscal, ampliar su alcance y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que quieran incorporar fondos al circuito formal de la economía.
Durante una conferencia de prensa, Caputo sostuvo que los argentinos mantienen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema formal.
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Entre las modificaciones previstas figura la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para ampliar el universo de adherentes; cambios en el criterio de “discrepancia significativa”; nuevas instancias de rectificación antes de perder beneficios; límites al uso de presunciones por parte de ARCA; y reglas de bancarización para determinadas operaciones.
El objetivo técnico de la propuesta es reducir el temor de los contribuyentes a quedar expuestos a fiscalizaciones amplias sobre períodos anteriores por errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores una vez que ingresen al régimen.
La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. Quienes adhieran y cumplan determinadas condiciones podrán acceder a condonaciones o mecanismos especiales de regularización.
A diferencia del esquema vigente, la nueva propuesta fija como plazo el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos. Hasta esa fecha, se podrá declarar dinero no registrado sin costo por el pasado y sin que esa exteriorización pueda utilizarse como prueba en contra del contribuyente. De esta manera, el régimen dejaría de funcionar como un blanqueo permanente.
Proyecto de ley, Luis Caputo, PJ
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