MENDOZA.- La «obra del siglo» tambalea. Portezuelo del Viento, un proyecto hidroeléctrico faraónico que Mendoza pelea desde hace 50 años, corre riesgo de nunca empezar. Cuando faltan diez días para la fecha de inicio de la licitación internacional, una guerra por el agua pone en jaque al proyecto.

El enemigo central de Portezuelo del Viento es La Pampa. La represa está proyectada sobre el río Grande, principal afluente del Colorado, que según el gobierno pampeano registra los caudales más bajos de los últimos 100 años. La Pampa se niega a darle el control del grifo a Mendoza. Pero esta vieja pelea ahora trascendió los límites interprovinciales. El mes próximo, el Gobierno nacional debe desembolsar 18 millones de dólares, que se sumarían a los 37 ya recibidos por Mendoza (de un total de 1.023 millones comprometidos). «No voy a financiar una obra cuestionada por cuatro de las cinco provincias», advirtió el presidente Alberto Fernández hace dos semanas. A la resistencia de La Pampa se sumaron objeciones de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, las otras integrantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

El viernes próximo, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, será el anfitrión de una reunión con los cinco gobernadores. «Se convocó porque lo pidieron por escrito cuatro provincias», informaron en la Casa Rosada. «Si no hay acuerdo, cualquiera de las provincias puede pedir un laudo, pero el Gobierno no va a definir nada sin acuerdo de los demás gobernadores», ratificaron a cerca de De Pedro, que ayer recibió al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. En el gobierno nacional se presentan como «prescindentes» y dicen que buscan «garantizar el ámbito de discusión».

Cuando La Pampa se opuso al avance del proyecto, en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, un laudo presidencial favoreció a Mendoza. Hoy no solo cambió el presidente (y Fernández adelantó que no habrá laudo). También cambiaron los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires -y sus alineamientos políticos-. Ahora son cuatro provincias las que advierten sobre el impacto ambiental del proyecto.

En materia de impacto, nada superará a lo que pase en Las Loicas, una pequeña localidad de 150 familias, a unos pocos kilómetros de Chile, que va a quedar «tapada por el agua» cuando se levante la represa. El proyecto prevé la relocalización de todos sus pobladores.

«Hace muchos años que hablan de esta obra ¿Para qué hacer eso? Es un daño muy grande, quedar bajo el agua. Tienen que pensar un poquito», dijo Ángela Guajardo. Con 101 años, Ángela, la habitante más longeva de la zona, conoce desde su génesis el proyecto que amenaza con llevarse puesto a su pueblo.

Está sentada al lado de la chimenea, junto a su hija de 68 años, mientras afuera el frío y la nieve no dan tregua. «Este pueblo se pierde. Cuántos millones van a gastar con las comodidades que ya tenemos. Argentina no está tan sobrada de millones -se lamenta-. Acá tenemos todo.»

Sin energía eléctrica, Las Loicas se alimenta de un grupo electrógeno que les da luz hasta seis horas diarias. En el gobierno provincial dicen que sus habitantes serán mudados a la costa sur del lago, donde se levantará una villa con 80 casas, polideportivo, centro de salud y dos edificios, que serán en principio para hospedaje de obreros, pero después se convertirán en hoteles. «También habrá un camping», dijeron fuentes oficiales.

La promesa del turismo entusiasma a algunos pobladores más jóvenes de Las Loicas, donde la mayoría son parientes. Ángela no comparte las expectativas de los jóvenes. «Si lo único que saben hacer es criar chivos», rezonga. Los más grandes, que ya hicieron historia en este lejano distrito del sur mendocino, se resisten a irse, pero sienten que es una carrera contra el tiempo, a pesar de que hayan pasado décadas sin definiciones.

De acuerdo con el proyecto, Las Loicas desaparecerá, como soplada por el viento, porque a 15 kilómetros del pueblo se asentará el paredón del megadique Portezuelo. Todos deberán ser reubicados en una zona más alta.

«Nosotros no queremos que se haga el dique, porque se va a perder la ganadería, que es el patrimonio más querido que tenemos. Nos dicen tantas cosas… no sabemos qué va a pasar. Es una vida escuchando de Portezuelo», dice Angélica Hernández, otra pobladora. A lo largo de los años, los pobladores del lugar se han cansado de las reuniones informativas que hasta ahora no se convirtieron en nada concreto. Desde que tienen uso de razón se habla del proyecto.

Viviana Ávila es una de las que creen que el desarrollo de la zona representa una alternativa. «Cuesta dejar este lugar pensando que quedará todo bajo el agua. Lo positivo son las fuentes de trabajo que se crearán con el turismo», contó la mujer, que ya ayuda a su hijo en un emprendimiento de cabañas para rentar.

«Si te contesto con mi corazón, no quiero que llegue agua a Las Loicas, pero va a llegar», se resigna Gabriel Flores, dueño del hospedaje.

En el gobierno mendocino dijeron a que el futuro del pueblo ya fue consensuado con los pobladores: «Se hicieron todos los estudios sociales para reubicar a la gente, quienes eligieron el lugar donde asentarse. Las Loicas va a quedar bajo el agua».

La obra de Portezuelo del Viento, prevista para comenzar a fin de año, le dará trabajo a 10.000 personas, según estiman en el gobierno de Mendoza. Se realizará con fondos nacionales porque es parte del acuerdo al que llegó la Nación con la provincia por los perjuicios sufridos, décadas atrás, por la promoción industrial.

La obra fue aprobada en 2016 por las provincias del Coirco, con la sola oposición de La Pampa, lo que llevó a Mendoza a pedir el laudo de Macri. Tiene un plazo de ejecución de cinco años y apuesta a lograr una potencia instalada de 210 MW, capaz de abastecer de energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos, que es hoy el más grande de Mendoza.

Alrededor de la represa se proyectan una serie de obras relacionadas. No solo la relocalización de Las Loicas; también, las extensiones de la ruta nacional 145 y de la ruta provincial 226, la construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con el sistema interconectado nacional.

Las novedades nacionales, que ponen en jaque al proyecto, hicieron que, a la par del Ejecutivo mendocino, las comunas afectadas, los legisladores, los sindicatos y sobre todo las empresas, empezaran a presionar para que el proyecto no se detenga. El viernes pasado estaba previsto un abrazo simbólico a la vera del río Grande. Se suspendió por la amenaza del coronavirus. Mendoza tuvo a 125 casos de Covid-19 detectados y 9 fallecidos.

En La Pampa, mientras tanto, sostienen que la obra los pondrá en peligro. «Habrá un impacto real sobre la flora, la fauna y diversos pueblos productivos. Los caudales del río son los más bajos en 100 años. Esta presa tenía sentido a mitad del siglo pasado, no ahora», dijo el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Pedro Lastiri.

Según Lastiri, la corriente del río Colorado, conformado en un 65% por el Grande y en un 35% por el Barrancas, pasó de 147 metros cúbicos por segundo hace 10 años a menos de 80 m3/s en las últimas mediciones. «Peleamos desde hace mucho tiempo por quién manejará el agua de la cuenca. Ya sufrimos con el río Atuel ¿Quién asegura que se regulará el caudal? Una vez que lo tengan, ya no serán conscientes de que hay más poblaciones en las demás provincias», insitió Lastiri.

Uno de los ejes de la pelea es el alcance que tienen los estudios de impacto ambiental realizados. La Pampa no solo pretende que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca, sino que espera que se realice «con aprobación del Congreso, como lo estipula la Ley de Obras Hidráulicas, y como se hizo con las represas en Santa Cruz», explicó Lastiri.

El gobernador Suárez advierte, en cambio, que las normas de manejo del agua no son de Mendoza sino del Comité. «Ya está estipulado que el agua la maneja el Coirco mientras se construye la represa, y también para el llenado», indicó el gobernador. Según Suárez, «ya se hizo el estudio ambiental sobre toda la cuenca» y «tanto el estudio integral que hicieron universidades de La Plata y del Litoral, como el de la Universidad Nacional de Cuyo fueron votados favorablemente». Suárez sostuvo que los informes fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo del Coirco, que es el cuerpo autorizado para avalar este tipo de estudios. No pasó por el Consejo de Gobierno, que reúne a los gobernadores.

En el Gobierno dicen hoy que su posición es «equidistante», pero las declaraciones públicas de Alberto Fernández preocuparon a Mendoza. «Pido que los gobernadores vean la manera de que, en caso de hacerse la obra, haya una administración conjunta de las provincias. Pido que se pongan de acuerdo porque el impacto ambiental se ha hecho solo en Mendoza y nadie tuvo en cuenta el impacto en las otras provincias», dijo, en contra de lo sostenido por Mendoza.

Con este escenario, Suarez está en gestiones para mejorar la posición de su provincia y destrabar el proyecto. Ayer se reunió con De Pedro y le adelantó la propuesta que el viernes presentará a los demás gobernadores. Suárez propone crear un «fondo de garantías», para que haya severas sanciones ante un eventual incumplimiento de Mendoza. «Les voy a dar las garantías de cumplimiento, con la creación de un fondo de garantías, para que hayan estrictas sanciones», adelantó Suárez a , y agregó: «Es más, proponemos que las sanciones las determinen cada una de las provincias, y que se cobren automáticamente».

Mientras tanto, los empresarios interesados en la «obra del siglo» no descansan. Se habían entusiasmado cuando el gobierno de Fernández cumplió con los primeros desembolsos para la obra, pero ahora el temor crece. «Hay mucha incertidumbre. Estamos muy preocupados, pero a la vez expectantes de que se llegue a buen puerto», indicaron a en una de las compañías que apuestan a ganar el proceso. Entre las empresas interesadas hay grandes firmas nacionales e internacionales, como Impsa, Techint y Cartellone, además de gigantes chinas, como Power China Limited, Synohydro Corporation Limited y China Gezhouba Group Company Limited.

Pero hasta ahora casi ninguna de las 40 firmas que habían demostrado interés en el proyecto, compraron los pliegos, dijeron fuentes oficiales. Tienen tiempo hasta la noche del 2 de julio y pueden presentarse con el formato de una Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Como si todo esto fuera poco, el proyecto también tuvo conflictos en su tramitación interna. Daniel Chicahuala, funcionario mendocino que trabajaba en el armado de los pliegos, fue despedido, según informaron fuentes oficiales. Su salida fue consecuencia de una advertencia que llegó desde La Pampa, dijeron fuentes de esa provincia, pero tuvo que ver con un conflicto de intereses: mientras trabajaba para la provincia, en paralelo, montó una consultora que asesora a firmas para obra pública y privada; entre ellas, algunas grandes compañías interesadas en el proceso, que recurrieron a sus servicios apostando a que algún día la obra se hará realidad.

El de esta tarde fue el octavo anuncio del presidente Alberto Fernández para detallar cómo será la siguiente fase de la cuarentena en el país. Se dio justo cuando se cumplen 100 días desde aquel 19 de marzo, en el que anunció que desde la medianoche regiría el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país.

En ese momento, aún no se tenía mucho detalle de cómo evolucionaría la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país, ni la importancia del distanciamiento social.

Con cada nuevo anuncio, la separación entre las personas que acompañaron al Presidente durante la conferencia se fue agrandando. Incluso, de cinco personas en el estrado se pasó a tres.