La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó hoy su “profunda preocupación y rechazo” ante la sentencia del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Formosa, que condenó a cinco días de arresto (sustituibles por una multa de $282.550 para cada uno) a cuatro integrantes del equipo periodístico de “Hambre de Futuro”, de LN+, por haber realizado entrevistas y filmaciones en la Comunidad San José.

La sentencia consideró a los periodistas Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa exigible y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo.

“ADEPA considera especialmente preocupante e inadmisible que una controversia vinculada con el ingreso y la realización de actividades periodísticas en una comunidad haya derivado en una sanción de naturaleza penal o contravencional contra quienes desarrollaban una tarea informativa”, dice la declaración dada a conocer hoy. “La libertad de prensa protege el derecho de los periodistas a investigar, entrevistar, registrar y difundir información de interés público, y cualquier restricción a ese ejercicio debe ser compatible con las garantías constitucionales y convencionales que protegen la actividad periodística”, sostiene.

El documento de ADEPA advierte que en la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista, investigar, formular preguntas o difundir información. Recuerda asimismo que “la libertad de buscar, recibir y comunicar informaciones está reconocida por la Constitución Nacional a todas las personas” y que “no puede quedar condicionada al otorgamiento de una credencial por parte del Estado ni por organismo alguno”.

ADEPA destaca que la sentencia contradice lo garantizado por la propia Constitución Nacional cuando el juez formoseño sostiene que, sin esa acreditación, “cualquier persona podría arrogarse la condición de periodista”.

“Resulta especialmente grave que, en 2026, una sentencia emanada del Poder Judicial de una provincia argentina desconozca principios elementales de nuestra Constitución, la doctrina constitucional consolidada en materia de libertad de prensa y los estándares del sistema interamericano de derechos humanos”, observa ADEPA, que recuerda que hace más de 40 años, mediante la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte Interamericana estableció que el ejercicio del periodismo no puede quedar sujeto a colegiaciones, matrículas o habilitaciones obligatorias.

Además, ADEPA subraya que “el propio fallo reconoce que los periodistas fueron inicialmente autorizados a ingresar y a realizar entrevistas, y que se retiraron cuando se les pidió hacerlo”.

La declaración de ADEPA dice que “resulta cuestionable que la decisión judicial se funde exclusivamente en la declaración o denuncia del cacique Guillermo López”, quien dio una versión que contradice lo expresado por los periodistas en las audiencias y que “resulta desmentida por los registros audiovisuales de las notas periodísticas”, que dan cuenta de su disposición respetuosa y de la autorización otorgada.

“No se describe ingreso violento o clandestino, permanencia contra la voluntad de los miembros de la comunidad, agresión física ni una intromisión concreta en la intimidad de persona alguna”, advierte el documento.

“ADEPA considera indispensable que este criterio sea revisado -dice-. Convertir una credencial profesional en condición para ejercer el periodismo implica instalar un mecanismo de habilitación previa incompatible con nuestra sociedad democrática, con lo que ha sido una práctica habitual desde 1983 hasta la fecha y con una amplia jurisprudencia nacional en la materia.”

La Asociación de Entidades Periodísticas insiste en que “la exigencia de autorizaciones estatales para realizar tareas periodísticas no puede transformarse en un mecanismo que permita impedir, seleccionar o condicionar previamente qué periodistas pueden investigar determinados asuntos o acceder a información de interés público” y que “un precedente de estas características debe ser categóricamente rechazado, por sus implicancias para la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a recibir información”.

Con 600 puestos de trabajo en riesgo, cortes de prestaciones en todo el país y una deuda que sigue creciendo y llega hoy a $200.000 millones, el administrador de la obra social de los militares, el coronel retirado Ariel Guzmán, renunció a su cargo, un día después de reunirse con el ministro de Defensa, Carlos Presti.

A raíz de un complejo diseño administrativo fijado por la actual gestión de Presti, Guzmán tenía a su cargo la administración de la liquidación del antiguo Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), mientras avanza –aún en una etapa incipiente– la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Mientras la nueva estructura –OSFA– recibe los aportes de los afiliados, la antigua Iosfa mantiene una deuda de $213.000 millones con prestadores de todo el país.

En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza una protesta frente a la sede de la obra social, en Paso 551, cuyas puertas amanecieron hoy cerradas por temor a un posible intento de toma del edificio. Con su jefe Rodolfo Aguiar a la cabeza, los militantes de ATE tomaron la sede de la obra social después de violentar la persiana. Los gremialistas definirán en una asamblea si mantendrán la toma de la sede o levantan la protesta, según informaron a fuentes sindicales.

El gremio denunció un proceso de vaciamiento que pone en riesgo unos 600 puestos de trabajo, mientras los cortes de prestaciones se extienden fuera del área metropolitana, lo que repercute fuertemente en el interior.

Aguiar tiene 55 años y era un sindicalista poco conocido hasta noviembre de 2023, cuando reemplazó a Hugo Godoy al frente de la conducción nacional de la ATE, uno de los dos sindicatos más poderosos del sector público, con representación en todas las provincias y 342.000 afiliados. Aguiar es hoy uno de los rostros más combativos contra la gestión de Javier Milei.

En el Liceo Aeronáutico Militar de Funes, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el personal civil lleva adelante un plan de lucha por los descuentos que les aplican en sus salarios, cuando tienen cortadas las prestaciones de la obra social.

La renuncia del administrador

“La gestión de Presti montó un diseño complejo para superar la crisis. Creó por decreto la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y mantuvo una estructura residual del antiguo Iosfa para hacer frente al pago de la deuda, con el compromiso de que el Ministerio de Economía aportaría los fondos para cancelar el pasivo”, señaló una fuente cercana al organismo.

Según pudo saber , Presti citó al coronel Guzmán a una reunión porque no estaba satisfecho con los tiempos en que estaba avanzando la liquidación del Iosfa, lo que el ministro considera un “paso fundamental para abordar la deuda pasada y la actualización del modelo de gestión”.

En una comunicación previa, el coronel Guzmán, como administrador de la estructura residual de Iosfa, le había planteado al ministro su preocupación porque el presidente del Directorio de OSFA, el general de brigada Pablo Guillermo Plaza, pidió que la entidad residual siguiera brindando la atención médica de los afiliados, a través de su red prestacional, más allá de la fecha establecida, cuyo plazo vence el 30 de este mes.

En la conducción de la obra social explicaron que el Iosfa y la OSFA son dos organizaciones diferentes, con persona jurídica distinta y modelos de gestión disímiles. “Hasta ahora no se habían podido implementar algunos cambios que -ahora sí- comenzarán a verse y le llegarán al afiliado”, prometen fuentes con acceso a la gestión de Plaza.

La protesta de ATE, que hace algunas semanas se movilizó al Ministerio de Defensa, reaviva el conflicto. La dirigencia gremial advirtió que la interrupción de las prestaciones lleva tres meses y que hay trabajadores y familias que quedaron sin cobertura.

A ello se suma la preocupación por el posible cierre de las 33 farmacias pertenecientes a la obra social, así como 11 centros médicos que funcionan en Quilmes, Morón, Olivos, Bahía Blanca y Mendoza, entre otras sedes. Además, se analiza la cesión de 18 centros turísticos a las propias Fuerzas Armadas, pero sin que ello implique el traspaso del personal.