La condena contra Cristina Kirchner quedó firme en junio de 2025 y, agotadas las instancias judiciales argentinas, la defensa anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, ese organismo no puede anular la sentencia ni ordenar su libertad: su intervención se limita a evaluar si el Estado argentino vulneró garantías del debido proceso.

El fallo de la Corte Suprema agotó las vías judiciales internas, un requisito para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde la presentación apuntará a garantías procesales, aunque una eventual opinión favorable no suspenderá la pena.

En su resolución, el máximo tribunal descartó cuestionamientos por falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de las pruebas, al sostener que los planteos defensivos no desvirtuaban los fundamentos previos.

El trámite ante el Comité prevé que el organismo reciba los argumentos de la parte denunciante y luego solicite la respuesta del Estado argentino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras analizar ambas posiciones, el cuerpo emitirá una opinión.

El trámite ante el comité, de todos modos, no tendrá una definición cercana. Cualquier resolución definitiva del organismo demandará un proceso de análisis y tratamiento que insumirá varios años.

Función y alcance del Comité de la ONU

Tras la decisión de la Corte de dejar firme la condena contra CFK, los abogados de la expresidenta presentaron una “Comunicación Individual” ante la ONU, planteo que abrió una instancia internacional de revisión sobre estándares procesales, no una nueva discusión sobre los hechos del caso ni sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria.

El organismo está integrado por 18 expertos independientes y emite observaciones y recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, aunque suelen citarse como antecedentes en debates jurídicos e institucionales y pueden ganar relevancia política e internacional.

Según el alcance que tiene ese órgano, sus pronunciamientos son “observaciones” o “dictámenes”. No se trata de sentencias judiciales de cumplimiento obligatorio directo para revertir una condena penal, aunque sí pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico.

Por ende, el organismo no puede anular la sentencia penal dictada por la justicia argentina: su intervención se limita a evaluar si el Estado violó garantías del debido proceso, un examen cuya tramitación podría demorar varios años.

La función del comité se concentra en determinar si hubo afectación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esos puntos puede analizar la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Lo que no hace ese organismo es volver a juzgar el expediente. Tampoco reevalúa pruebas ni dicta un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona condenada. Las decisiones del Comité no son vinculantes como una sentencia nacional.

Si el comité concluyera que existió una violación de derechos humanos, podría recomendar al Estado argentino medidas de reparación, reformas legales o revisiones institucionales. Ese eventual dictamen, aun con ese alcance, no sustituye la decisión de los tribunales nacionales.

El antecedente de Lula y el caso de la OEA

La estrategia de la defensa busca apoyarse en un antecedente internacional ya utilizado en la región. El caso de Luiz Inácio Lula da Silva aparece como la referencia central del planteo.

En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la causa Lava Jato contra Lula había vulnerado sus derechos políticos y las garantías de un juicio imparcial. Ese antecedente es el que intentan replicar los abogados de la expresidenta, reforzados por juristas internacionales vinculados con aquel caso.

La diferencia, según surge de ese precedente, es que la anulación de las condenas de Lula no fue ordenada por el comité sino que la dispuso el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil por fallas de competencia jurisdiccional, mientras que el pronunciamiento de la ONU operó como un fuerte respaldo político y jurídico internacional.

Ese punto delimita la expectativa real del trámite iniciado por la defensa de Kirchner. Aun en el escenario de un dictamen favorable, la intervención del organismo internacional no equivaldría por sí sola a dejar sin efecto la sentencia argentina.

La presentación ante la ONU también condiciona otra vía posible en el plano internacional. Las normas del derecho internacional impiden litigar en simultáneo el mismo caso en múltiples foros multilaterales.

Al optar formalmente por la comunicación ante ese comité, la defensa debe desistir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del sistema regional de la OEA. Esa incompatibilidad entre vías obliga a elegir un único canal para el reclamo internacional.

La diferencia entre ambos sistemas no es menor. A diferencia del mecanismo de la ONU, el sistema interamericano cuenta con un tribunal judicial formal, la Corte IDH, cuyas sentencias suelen ser vinculantes y tienen mecanismos de revisión local dentro de la jurisprudencia argentina.

Con las heridas aún sin cicatrizar, y aunque aún reinan los reproches y la desconfianza mutua, el deshielo diplomático entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva da por estas horas sus primeros pasos.

Mientras el canciller Pablo Quirno descartó esta mañana un rompimiento de relaciones diplomáticas con el principal socio comercial de la Argentina y evitó nuevos ataques frontales, desde Itamaraty dejaron trascender a este diario que Julio Bitelli, embajador en Buenos Aires y llamado a consultas por el gobierno de Lula da Silva por las declaraciones de Milei del sábado, “volverá” al país, aunque no haya por el momento plazos concretos para ese regreso.

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El sábado, Milei encendió la mecha en San Pablo, al calificar sin nombrarlo a Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario” en medio de la convención del Partido Liberal que erigió a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para las elecciones del 4 de octubre.

Enojado, el canciller Mauro Vieira habló de una “provocación sin precedentes”, llamó a consultas a Bitelli y el domingo por la noche le entregó una carta de queja al embajador argentino Daniel Raimondi. Mientras, otros altos funcionarios elevaron la tensión: el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificó a Milei de “payaso” y el vicepresidente Gerardo Alckmin afirmó que sus dichos fueron “lamentables” y que esa “grosera actitud” es perjudicial para la Argentina.

El propio Lula da Silva prefirió la ironía cuando lo consultaron por los dichos de Milei. “¿Quién es ese tipo?”, bromeó, ante la requisitoria de la prensa en las puertas de Itamaraty.

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En tanto, el partido oficialista PT presentó una demanda judicial para averiguar el financiamiento del viaje de Milei, aunque desde la Casa Rosada contestaron que se trató de un viaje “oficial”, por la visita de la delegación nacional al gobernador del Estado de San Pablo, Tarcisio Freitas.

“Va a volver, el asunto es cuando”, contestaron desde Brasilia a , sin dar plazos ni fechas para el retorno del diplomático, pero con la intención de bajar el tono del conflicto. Conflicto que el Presidente volvió a atizar el domingo, al afirmar −sin mencionar fuentes− en un diálogo con Radio Mitre que el gobierno de Brasil era responsable “del 25 por ciento de la campaña antiargentina” desatada en las redes sociales en coincidencia con la actuación del seleccionado argentino en la Copa Mundial de los Estados Unidos.

Fuera de micrófono, altos funcionarios argentinos hablaban de una intención del oficialismo brasileño en “buscar un adversario para hacer ruido”, y reclamaban por “las veces que Lula y otros funcionarios insultaron al Presidente y no dijimos nada”.

Hoy por la mañana, el discurso de Quirno tuvo un tono diferente. “No hay ninguna chance de que de nuestro nuestro lado las relaciones se rompan”, dijo en la misma radio el canciller, quien anoche regresó junto al Presidente de Perú, donde asistieron a la jura de Keiko Fujimori como nueva presidenta de ese país. En esa entrevista, el jefe de la diplomacia nacional (que estuvo junto al Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la convención de San Pablo) planteó además que, a pesar de que Brasil llamó a consultas a su embajador, Argentina no hará lo mismo con el suyo (Daniel Raimondi). “No llevamos esto al plano institucional”, evaluó, pese a que Milei apuntó en San Pablo contra la cabeza del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Brasil.

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Quirno se mantuvo en línea con el Presidente, al afirmar que existen “diferencias ideológicas y políticas” entre ambos gobiernos, pero destacó que “ellos toman sus decisiones, nosotros tomamos nuestras decisiones”. Lejos de las acusaciones directas lanzadas por el Presidente contra Lula el sábado y domingo pasado.

“Tenemos la más alta estima por el embajador Bitelli, y de alguna manera esperamos que luego de estas consultas retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral que tenemos”, avanzó el canciller, tendiendo un puente con el representante diplomático de Brasil.

En Lima, Milei y Quirno estuvieron durante largo rato a metros del canciller de Brasil Mauro Vieira, quien llegó al Congreso del Perú en representación de Lula de Silva para la jura de Fujimori. Si bien saludó en la previa a algunos representantes argentinos, como el secretario general del gobierno porteño, Fulvio Pompeo, y el vicepresidente de la CAF, Cristian Asinelli, no hubo contacto público captado por las cámaras oficiales con Milei y su comitiva.

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Ayer, cuando lo consultó sobre eventuales contactos para aplacar los ánimos, el portavoz Adrián Ravier prefirió no contestar. “Una cosa es lo que Lula y Milei piensan sobre el otro, no hay afecto entre ellos, pero la agenda comercial se mantiene”, expresaron desde Balcarce 50, con el Presidente y su canciller dando sus primeros pasos en la capital peruana.

Relativizaron, además, el llamado a Raimondi y dijeron que se trató de una “carta de reclamo”, formal y usual en estos casos, a la espera de más gestos de distensión. Desde ambos bunkeres reconocen que, con Lula da Silva en campaña y Milei, cualquier chispazo puede volver a encender la hoguera.

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reproches,volvió,estuvieron durante largo rato,Jaime Rosemberg,Conforme a

La Comisión de Acuerdos del Senado, encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto, fijó para el 12 y 13 de agosto, a las 11, una treintena de audiencias públicas con el objetivo de avanzar en los nombramientos judiciales para distintos juzgados y cámaras de la Capital Federal.

La convocatoria ya fue publicada en el Boletín Oficial y, una vez finalizado el receso de invierno, formará parte de la agenda del Senado. Durante esas jornadas, los candidatos deberán exponer ante los legisladores. También habrá audiencias la semana próxima, el martes 4 y el miércoles 5 de agosto.

Entre las postulaciones de mayor relevancia que enviaron al Congreso el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encuentran las de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Se trata de cargos clave, ya que ese tribunal interviene en algunas de las principales causas de corrupción del país.

La Sala para la que fueron propuestos Bertuzzi y Yadarola tendrá a su cargo la revisión de la investigación por las denuncias vinculadas al caso de la criptomoneda $LIBRA, expediente que instruyen el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.

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También deberá revisar resoluciones de jueces federales de primera instancia en otras causas de alto impacto, entre ellas la que investiga presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde están bajo investigación el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La situación de Bertuzzi

El pliego de Bertuzzi continúa generando controversia por el traslado que dispuso por decreto el entonces presidente Mauricio Macri. La polémica se originó en 2018, cuando fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña, una decisión cuestionada por el kirchnerismo y que abrió una fuerte disputa política y judicial.

Se espera que el bloque Justicialista, encabezado por el formoseño José Mayans, vuelva a plantear objeciones cuando Bertuzzi se presente ante la Comisión de Acuerdos el próximo 12 de agosto.

El caso ya había sido motivo de debate en septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña.

Ambos magistrados habían intervenido en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos, una de las investigaciones por corrupción más importantes que involucró a exfuncionarios kirchneristas. Tras la decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

Cómo está integrada la Comisión de Acuerdos

La estratégica Comisión de Acuerdos está integrada por 17 senadores. El oficialismo y sus aliados cuentan con la mayoría.

Además de Pagotto, La Libertad Avanza tiene otros cuatro representantes: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Juan Cruz Godoy y Nadia Márquez.

A ellos se suman, por el PRO, Martín Goerling Lara; y por la UCR, Mariana Juri y Maximiliano Abad.

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Las fuerzas provinciales están representadas por Beatriz Ávila (bloque Independencia), Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones) y Carlos Espínola (Provincias Unidas).

Completan la integración Sandra Mendoza, de Convicción Federal; Fernando Rejal, de Justicia Social Federal; y dos bancas que todavía no fueron ocupadas por el kirchnerismo, que reclama una representación mayor en función de la cantidad de integrantes del bloque que conduce Mayans.

Para obtener dictamen favorable, los pliegos necesitan reunir al menos nueve firmas dentro de la comisión.

Los otros postulantes

Además de las vacantes en la Cámara Federal, el Poder Ejecutivo propuso a Valeria Alejandra Rico como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal.

También postuló a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, mientras que Sergio Buitrago fue propuesto para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26.

Para los cargos de defensores públicos adjuntos ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional fueron propuestos Nuria Saba Sardañons, Esteban Chervin y Germán Artola. En tanto, Hernán Figueroa fue nominado como defensor público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.

Entre los candidatos a juzgados nacionales figuran Lucila Califano (Civil N°9); Javier Pereyra (Criminal y Correccional N°3); Walter Cavassa (N°12); Vanesa Alfaro (N°16); Mariana Salduna (N°25); Evangelina Lasala (N°18); Pablo Cina (N°19); Miguel Asturias (N°27); Federico Battilana (N°30); Adolfo Piendibene (N°38); Diego Villanueva (N°42); Sergio Echegaray (N°44); Sebastián Ghersi (N°45) y Maximiliano Callizo (N°58).

Además, Natalia Crede fue propuesta como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico; Juan Manuel Cabral como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Valeria Pérez Casado como vocal de la Cámara de Apelaciones; Karina Rapkinas como jueza nacional de Primera Instancia en lo Civil; Juan Pablo Sala como juez nacional de Primera Instancia en lo Comercial; Juan Ylarri como juez nacional de Primera Instancia en lo Civil; y Daniel Cano, Juan Varela y Patricia Cisnero como fiscales ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

jueces, Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Mahiques