INTERNACIONAL
ICE aumenta los arrestos en los aeropuertos de EE.UU. y abre otro frente en las deportaciones
El gobierno de Donald Trump ha comenzado a arrestar en los aeropuertos a ciudadanos extranjeros que viajan con visas a Estados Unidos vencidas, entre ellos cónyuges de estadounidenses, según documentos obtenidos por The New York Times y entrevistas con abogados de migración, una táctica que plantea un nuevo y amplio grupo de personas susceptibles de deportación.
Agentes de inmigración vestidos de civil se han llevado rápidamente a sus objetivos en los mostradores de registro y puertas de llegada, con medidas de control migratorio realizadas en al menos 15 aeropuertos en las últimas semanas. Algunos de los arrestos han ocurrido de manera discreta, mientras que otros han sucedido en tanto que pasajeros molestos grababan los encuentros.
Los recientes arrestos parecen ser una expansión de un acuerdo entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). El Times reportó en diciembre que los agentes del ICE estaban arrestando en los aeropuertos a personas con órdenes de deportación gracias a información proporcionada por las aerolíneas a la TSA.
Ahora, a través de una revisión de documentos del Departamento de Seguridad Nacional y entrevistas con abogados de más de 25 personas de más de una decena de países que han sido detenidas recientemente en aeropuertos, el Times ha descubierto que al parecer el programa ahora incluye a personas con visas vencidas, un grupo mucho más numeroso.
Cientos de miles de migrantes y visitantes se quedan en el país después del vencimiento de sus visas cada año. Muchos con visas vencidas se encuentran en una zona legal gris, ya que están a la espera de extensiones de visa o tarjetas de residencia y se les han otorgado permisos de trabajo. En el pasado, no se daba prioridad a estas personas para la deportación a menos que hubieran cometido delitos, y rara vez se les detenía cuando estaban a la espera de extensiones de visa o tarjetas de residencia. Pero eso ha cambiado bajo el mandato del presidente Trump, cuyo gobierno ha emprendido una campaña de deportación masiva y considera ilegales todas las estadías con visas vencidas.
“Este gobierno está trabajando de manera diligente para garantizar que los extranjeros que se encuentran de forma ilegal en nuestro país ya no puedan volar a menos que sea para autodeportarse fuera del país”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) en un comunicado. La agencia no confirmó la expansión del programa.
El departamento, que supervisa al ICE, no ha revelado cuántas personas han sido detenidas en los aeropuertos por sobrepasar el plazo de su visa bajo la nueva iniciativa. Los arrestos ocurren durante un periodo en el que la Casa Blanca ha presionado al ICE para que realice más detenciones en todo el país, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha prometido “aumentar la presión en las calles”. Con ese fin, el gobierno ha fijado una meta de 2000 arrestos migratorios al día, aproximadamente el doble del ritmo de principios de este año.
Las entrevistas con más de una decena de abogados de migración, organizaciones de defensa y un empleado de una aerolínea revelan una amplia muestra de objetivos: un ingeniero que espera una extensión de su visa de trabajo, varios recién casados con ciudadanos estadounidenses y una persona que anteriormente se desempeñó como au pair.
Las grabaciones de encuentros entre viajeros y agentes del ICE han inundado las redes sociales. En un video que ha sido muy difundido, Chantal Morales Rojas, una ecuatoriana de 27 años, fue detenida por agentes vestidos de civil cuando abordaba un vuelo de Southwest Airlines de Denver con destino a Oakland, California, el 20 de julio. Había pasado el fin de semana con la familia para la que había trabajado como au pair, según la familia.
Cuando Morales Rojas escaneó su pase de abordar, sonó una alarma y el agente de la puerta de embarque le pidió que esperara. Momentos después, dos oficiales vestidos de civil la interceptaron en el puente de abordaje.
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“Dijeron que iban a ser respetuosos, que iban a ser amables”, dijo al Times en una entrevista Alicia Dantzker, una amiga de la familia que iba en el mismo vuelo y grabó parte del encuentro. El video capta a los hombres rodeando a Morales Rojas, para luego guiarla por una puerta lateral y bajarla por unas escaleras hacia la pista, mientras Dantzker grita pidiendo ayuda.
También entre los detenidos había una mujer ugandesa en silla de ruedas que padece anemia de células falciformes y tiene una solicitud de asilo en curso, según su abogado.
En otro caso, el ICE intentó arrestar en el aeropuerto de Las Vegas a un ciudadano australiano que se había quedado en el país después del vencimiento de su visa, según el Departamento de Seguridad Nacional. La escena fue grabada por un testigo, cuyo video del encuentro atrajo mucha atención. Los funcionarios lo dejaron ir “para reducir la tensión de la situación y por la seguridad de los agentes”, pero el ICE lo detuvo un día después cuando intentó abordar un vuelo en Los Ángeles, dijo el departamento en un comunicado.
“En 38 años de ejercer el derecho migratorio, nunca había visto esto”, dijo Charles Kuck, quien tiene su sede en Atlanta y representa a un ingeniero indio que fue detenido mientras esperaba una extensión de su permiso de trabajo. “Y sé que le está pasando a mucha gente”.
Shannon Shepherd, una abogada de migración y vicepresidenta del capítulo de Chicago de la Asociación Estadounidense de Abogados de Migración, dijo que ella y otros abogados estaban actualizando los consejos que por mucho tiempo habían dado sobre los viajes aéreos nacionales.
“Antes, yo decía: ‘Siempre y cuando tengas una identificación, puedes viajar dentro del país’”, dijo Shepherd. “Ahora me retracto y digo: ‘Si estás en proceso de cambiar de estatus, evita cualquier viaje’”.
La colaboración inicial entre la TSA y el ICE comenzó en mayo de 2025, cuando la agencia de seguridad aeroportuaria empezó a compartir información con la agencia de inmigración con fines de aplicación de la ley, según un documento obtenido a través de la Ley de Libertad de Información por el grupo de transparencia gubernamental American Oversight, y compartido con el Times.
El ICE compartió nombres de personas con órdenes de deportación con la agencia aeroportuaria, la cual los buscaría en sus bases de datos e informaría de cualquier coincidencia al ICE para un posible arresto. Fue un cambio notable respecto a las prácticas del pasado, cuando el gobierno federal evitaba involucrar a la TSA en la aplicación de las leyes de inmigración por temor a perturbar los viajes nacionales.
Ahora, “la red que están tendiendo para las personas que quieren detener es mucho más amplia”, dijo Ghassan Shamieh, un abogado de migración en San Francisco.
“No se trata de personas con antecedentes penales” a las que se está apuntando, dijo Shamieh. “Hablamos de personas con solicitudes legítimas pendientes”.
Shamieh tiene cuatro clientes que fueron detenidos en aeropuertos en los últimos 10 días, entre ellos dos mujeres que se casaron hace poco con estadounidenses y están en el trámite para obtener la residencia permanente a través de sus esposos. Uno de ellos estaba con su esposa cuando ella fue puesta bajo custodia después de aterrizar en Burbank, California.
El martes por la mañana, un juez de migración le concedió la libertad bajo una fianza de 35.000 dólares. Pero los abogados del DHS se reservaron el derecho a apelar en un plazo de 30 días, y es probable que ella quede detenida hasta que tomen una decisión.
Morales Rojas, la au pair, ingresó a Estados Unidos legalmente en enero de 2023 como visitante de intercambio J-1, un estatus legal que le permitió trabajar durante dos años, según su abogada. Su visa venció el 4 de enero de 2025, según el DHS. Antes de que terminara el programa de intercambio, Morales Rojas presentó una solicitud ante las autoridades de inmigración para quedarse en el país, dijo la abogada, Laura Lichter.
“Durante los últimos tres años y medio, Morales Rojas vivió abiertamente en Estados Unidos con el conocimiento por parte del gobierno de su caso pendiente, pasó repetidas verificaciones de antecedentes y recibió autorización de trabajo del DHS mientras esperaba que se revisara su solicitud”, dijo Lichter. “El proceso que está siguiendo es completamente legal”.
Pero los funcionarios de seguridad nacional dijeron en un comunicado que, “en violación de las leyes de nuestra nación, se quedó más tiempo del permitido por su visa”. El martes por la tarde, un juez le concedió la libertad bajo una fianza de 3000 dólares, y es probable que salga de detención a más tardar el miércoles.
Lichter ha presentado una demanda impugnando la decisión del gobierno de arrestar y detener a Morales Rojas sin una orden de arresto adecuada y sin una determinación individualizada de que la detención era necesaria.
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Lauren y Scott Cahr, sus antiguos empleadores, dijeron que habían contratado a Morales Rojas cuando su primer hijo, Silas, tenía 6 meses de edad. Los Cahr dijeron en una entrevista que habían llevado en avión a Morales Rojas a Denver durante un torneo de Ultimate Frisbee al que asistieron, y que ella había ayudado a cuidar a Silas y a su hermanito.
La familia formó un vínculo profundo, y los Cahr crearon un álbum de fotos personalizado titulado “Las aventuras de Chanty y Gordo“, los apodos con los que Morales Rojas y el hijo de la pareja se llamaban mutuamente, como regalo de despedida.
“Es una joven increíble y tuvimos mucha suerte de que estuviera en nuestras vidas”, dijo Cahr. “Hemos tratado de mantener una relación constante con ella”.
Cahr ha visitado a Morales Rojas en el centro de detención, mientras que los miembros de la comunidad de Ultimate Frisbee de los Cahr han lanzado una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos legales.
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Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias.
Miriam Jordan reporta sobre personas migrantes y su impacto en la demografía, la sociedad y la economía de Estados Unidos desde la perspectiva de base.
The New York Times, data-cc, data-cc-nyt
INTERNACIONAL
Ecuador: Fiscalía investiga si tres jueces recibieron dinero de una empresa china a cambio de un fallo favorable
Una de las condenas económicas más elevadas impuestas al Estado ecuatoriano por un litigio contractual pasó de los tribunales a una investigación penal. La Fiscalía General del Estado indaga si la sentencia que obligó al país a pagar USD 59,3 millones a la empresa china China Railway No. 9 Engineering Group fue el resultado de un esquema de corrupción que habría alcanzado a tres jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes ahora son investigados por el presunto delito de cohecho.
La pesquisa se hizo pública el 30 de julio, cuando fiscales y agentes de la Policía Nacional allanaron inmuebles vinculados con los magistrados Milton V., Patricio S. e Iván L., integrantes del tribunal de casación que emitió el fallo cuestionado. Durante las diligencias fueron incautados teléfonos celulares, computadoras y documentos que serán sometidos a pericias para determinar si existieron pagos indebidos relacionados con la decisión judicial.
El origen del conflicto se remonta a 2015, cuando el Ministerio de Educación adjudicó a China Railway No. 9 Engineering Group un contrato cercano a los USD 196 millones para levantar 200 unidades educativas prefabricadas en distintas provincias del país. El proyecto formaba parte del plan de modernización de la infraestructura escolar impulsado por el gobierno de Rafael Correa y buscaba reemplazar establecimientos considerados obsoletos mediante un sistema de construcción industrializada.
Sin embargo, la ejecución del contrato comenzó a acumular retrasos, observaciones técnicas y controversias sobre el cumplimiento de los plazos. En 2018, el Ministerio de Educación resolvió terminar unilateralmente el contrato al concluir que la empresa había incumplido sus obligaciones. La decisión abrió un prolongado litigio en el que la constructora reclamó una indemnización por los perjuicios que, según sostuvo, le ocasionó la terminación anticipada del convenio.
El proceso atravesó distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Nacional de Justicia mediante un recurso de casación. Allí, el tribunal integrado por los tres jueces ahora investigados dejó en firme una sentencia que condenó al Estado ecuatoriano a pagar USD 59.334.103,17 a favor de la compañía china. Ese fallo se convirtió en uno de los más costosos para las finanzas públicas derivados de una controversia contractual.
La decisión judicial permaneció firme hasta que una investigación completamente distinta abrió una nueva línea de sospechas. La Fiscalía informó que la causa por presunto cohecho nació a partir del testimonio anticipado rendido por Michael Ismael H., uno de los sentenciados dentro del caso Plaga, la investigación que desarticuló una presunta red de corrupción integrada por jueces, abogados, funcionarios judiciales, policías y otros operadores que, según el Ministerio Público, obtenían resoluciones favorables mediante pagos ilícitos.
De acuerdo con la versión entregada por ese colaborador, durante un encuentro realizado en Guayaquil conoció información según la cual los tres magistrados habrían gestionado la emisión de la sentencia favorable a China Railway a cambio de dinero. Algunas publicaciones periodísticas señalan que el testimonio menciona un supuesto pago de USD 30.000, aunque ese dato forma parte de la declaración del colaborador y constituye una hipótesis investigativa que aún no ha sido probada en un proceso judicial.
Con base en esos antecedentes, la Fiscalía abrió una investigación previa por cohecho para establecer si la resolución de casación estuvo influenciada por beneficios económicos indebidos. Por ahora no existen personas procesadas ni se han formulado cargos. Las autoridades buscan determinar si los elementos incautados durante los allanamientos permiten corroborar o descartar la versión que dio origen a la investigación.
Hasta el momento, la Fiscalía tampoco ha informado si representantes de China Railway o terceros relacionados con la empresa forman parte de la indagación. La investigación se concentra, por ahora, en establecer si existió una contraprestación económica destinada a influir en la actuación de los magistrados que conocieron el recurso de casación.
El caso amplía el alcance de las investigaciones derivadas del expediente Plaga, que inicialmente se centró en decisiones judiciales vinculadas con personas privadas de libertad y presuntas organizaciones criminales. Ahora, las pesquisas alcanzan una sentencia con importantes consecuencias económicas para el Estado y sitúan bajo escrutinio a magistrados de la máxima instancia de la justicia ordinaria ecuatoriana.
corresponsal:Desde Quito
INTERNACIONAL
Can Fauci hide behind the Fifth? Game-changing Biden pardon may not provide complete cover, experts say
Fauci invokes Fifth Amendment 111 times
Chief congressional correspondent Chad Pergram has the latest on Dr. Anthony Fauci invoking the Fifth Amendment 111 times during his Senate testimony, breaking down key moments from the contentious hearing and lawmakers’ reactions on ‘America Reports.’
NEWYou can now listen to Fox News articles!
Dr. Anthony Fauci’s refusal to answer more than 100 questions during Wednesday’s fiery Senate hearing has sparked a legal showdown over whether a witness granted a sweeping presidential pardon can still invoke the Fifth Amendment.
Sen. Rand Paul, R-Ky., who chairs the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee, announced after the hearing that he plans to pursue contempt proceedings against Fauci following the repeated invocations of the Fof whetherth Amendment and his refusal to answer lawmakers’ questions.
«We’re going to have a vote next week on contempt,» Paul said. «I think there’s another legal question that the courts may have to decide upon, and that is whether or not a presidential pardon offers you complete immunity.»
RAND PAUL SEEKS CONTEMPT CHARGES AFTER FAUCI INVOKES FIFTH AMENDMENT MORE THAN 100 TIMES
Anthony Fauci declined to testify in a Senate committee hearing on his role in the US response to Covid-19, invoking his 5th Amendment rights. (Left (Alex WROBLEWSKI / AFP via Getty Images), Right (Al Drago/Bloomberg via Getty Images))
Former President Joe Biden issued Fauci, who served as the chief architect for the government’s COVID-19 guidelines, a full and unconditional pardon for all actions taken between Jan. 1, 2014, and Jan. 19, 2025. Biden’s broad pardon protected Fauci from prosecution for the actions being investigated by the committee, leaving only the possibility of charges if he lied under oath.
Abhishek Kambli, a former Justice Department official who now represents former Trump advisor Peter Navarro in his contempt of Congress case, told Fox News Digital that the issue presents a novel legal question about whether Fauci can invoke the Fifth Amendment at all.
«Obviously, if he tells the truth, then he would be protected by that blanket pardon, since the past conduct that he reveals he’s fully immunized from,» Kambli told Fox News Digital.
Kambli questioned whether the Fifth Amendment privilege properly applies if truthful testimony could no longer expose Fauci to prosecution for the underlying conduct.
«His theory is that it’s a witch hunt and that they’re looking for perjury traps to charge him with, so that’s why he needs to invoke the Fifth Amendment,» Kambli said.
But Kambli said the argument becomes more difficult to sustain if lawmakers are asking straightforward factual questions.
«I think it gets a little problematic,» Kambli said of Fauci invoking the Fifth Amendment for common knowledge questions like what day of the week it is.
FAUCI PLEADS FIFTH WITH ‘ZERO LEGAL JUSTIFICATION’ AS CRITICS ERUPT AND DEMAND CONTEMPT CHARGES
The attorney for former NIH Director Anthony Fauci (R), David Schertler (L), is removed from the hearing room at the direction of committee chairman Sen. Rand Paul (R-KY) during a hearing before the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee July 29, 2026 in Washington, DC. Fauci declined to answer questions from the oommittee asserting his fifth amendment right during the hearing. (Kevin Dietsch/Getty Images)
«If it’s just factual questions that he should know the answer on, it’s hard to see how he would walk into a perjury trap if he’s just telling the truth, because perjury also requires that you knowingly made a false statement,» Kambli said. «If he had an incorrect recollection, that was an innocent mistake that typically wouldn’t lead to a perjury charge.»
Kambli said federal law distinguishes between witnesses who ignore a congressional subpoena and those who appear before Congress but refuse to answer questions. In the latter case, he said, prosecutors generally do not have to prove the witness intentionally violated the law. Instead, the central question is whether the witness had a valid legal basis for refusing to answer, such as a legitimate claim under the Fifth Amendment.
«The issue is [the witness] is already protected if he tells the truth, and it’s only if he knowingly lies about something material that he can be charged,» Kambli said. «So the issue becomes whether the Senate can make a referral to DOJ based on that.»
George Washington University law professor Jonathan Turley said the legal issues surrounding Fauci’s testimony are more complicated than either side suggests.
«The only risk that he faced would come from any false statements that he made in the hearing in dealing with these questions,» Turley told Fox News Digital. «That would likely be viewed as sufficient, particularly since some questions could extend to statements and conduct from after the pardon grant.»
Turley also pointed to Fauci’s decision to deliver an opening statement before invoking the Fifth Amendment, suggesting it could raise additional legal questions.
«There are also questions about the questions limited to the period of his pardon as well as his decision to give an opening statement before invocation. Those are possible grounds for contempt. It would raise novel issues, though there is precedent from the Lois Lerner matter,» Turley said.
TOP 5 MOMENTS FROM FAUCI’S HEARING: PAUL BOOTS LAWYER, MORENO ERUPTS AS CONTEMPT VOTE LOOMS
Former NIH Director Anthony Fauci testifies before the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee in Washington, D.C., on July 29, 2026. Fauci was expected to be questioned about his diary entries during his handling of the COVID-19 pandemic. (Getty Images)
Turley was referring to former IRS official Lois Lerner, who declared her innocence in a voluntary opening statement before invoking the Fifth Amendment during a 2013 congressional hearing. House Republicans argued Lerner waived her right to invoke the Fifth Amendment when she made statements about the very subject under investigation. Although the House held Lerner in contempt, the Justice Department later declined to pursue criminal contempt charges.
But Hans von Spakovsky, a senior legal fellow at Advancing American Freedom, argued Paul’s position is stronger than Fauci’s.
«He can’t be prosecuted by the federal government for any actions he took during the period the pardon covers,» von Spakovsky said. «However, if he lies while under oath at his hearing today about any of those prior actions, he could be prosecuted for perjury.»
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While von Spakovsky acknowledged that Biden’s pardon of Fauci covers only federal charges, it does not shield Fauci from facing state charges. But he noted no state has accused Fauci of violating state law, at least not yet. Florida Attorney General James Uthmeier on Wednesday announced a state investigation into Fauci, following his testimony on Capitol Hill.
«The possibility of a state prosecution is almost nonexistent because states generally cannot prosecute federal officials acting within the scope of their duties and Fauci would argue that everything he did over COVID was carried out in his official slot as head of NIAID,» von Spakovsky told Fox News Digital.
«The only reason for him to take the Fifth is because he doesn’t want to admit, based on his personal diaries, that he lied repeatedly to the public and Congress when he was head of the NIAID,» von Spakovsky said.
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If Paul’s contempt resolution clears the committee, it would move to the full Senate, but it will need to beat the 60-vote filibuster in order to pass.
Fox News Digital reached out to Fauci’s attorney, David Schertler, for comment.
anthony fauci, rand paul, senate, hearings, law
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