POLITICA
Qué establece el decreto de Milei para expulsar extranjeros y cuáles son las dudas sobre su aplicación
El presidente Javier Milei firmó un decreto que autoriza la expulsión de extranjeros que agraven a la Argentina o a sus ciudadanos. La publicación en el Boletín Oficial generó debate sobre la legalidad y el procedimiento para aplicar la medida. El decreto establece que las autoridades podrán retirar del país a quienes expresen mensajes de odio o inciten a la violencia contra la población argentina. La decisión involucra a personas que, mediante manifestaciones orales o escritas, resulten ofensivas para el país o para ciudadanos argentinos.
“Nadie puede estar en contra de la medida desde el punto de vista de su contenido, porque los extranjeros pueden estar en Argentina. Nosotros tenemos mucha generosidad en ese punto”, dijo en Infobae en Vivo Félix Lonigro, abogado constitucionalista.
Lonigro explicó que, aunque existe la posibilidad de deportar extranjeros, la Constitución Nacional requiere que este tipo de restricciones se legislen a través del Congreso. “Esto debe ajustarse al principio de legalidad y, por lo tanto, debe ser el Congreso de la Nación el que avance y legisle sobre este tema”, sostuvo el constitucionalista.
Proceso de aprobación del decreto y límites legales
El especialista detalló que los presidentes pueden dictar decretos de necesidad y urgencia solo en circunstancias excepcionales. “Para que el presidente pueda hacerlo, necesita que haya circunstancias excepcionales que le impidan esperar al Congreso”, afirmó Lonigro. Además, indicó que todos los ministros deben firmar la medida y que el Congreso debe aprobarla para que tenga validez definitiva.
El procedimiento exige que el jefe de gabinete remita el decreto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, la cual dispone de diez días hábiles para dictaminar sobre la validez del texto. Lonigro precisó: “La comisión bicameral, según la Constitución, tiene un plazo de diez días para emitir un dictamen, pero ese dictamen no es suficiente. Después de emitido el dictamen, tiene que pasar a las cámaras del Congreso”.
El decreto entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, aunque su continuidad depende del aval de al menos una de las cámaras legislativas. Lonigro subrayó: “Por el momento, el decreto está en vigencia porque según esta ley reglamentaria, el decreto rige desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial. Pero, este, queda supeditado, digamos, a la aprobación de al menos una de las dos cámaras legislativas”.
Alcance de la expulsión y rol del Poder Judicial
El texto del decreto establece que la norma alcanza a extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio, de manera oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o algún ciudadano argentino, motivados en la nacionalidad de este último.
Lonigro advirtió sobre la posible discrecionalidad en la aplicación de la medida: “Uno lo que debería discutir allí es en el decreto de necesidad y urgencia quién está habilitado para deportar a un extranjero. Porque hasta ahora los extranjeros pueden ser deportados, pero la deportación tiene que iniciarla o plantearla la Dirección Nacional de Migraciones, pero la tiene que decidir un juez”.
El constitucionalista remarcó la importancia de que una autoridad judicial tome la decisión final sobre la expulsión, ya que “el juez analiza todo esto que vos estás diciendo. Un presidente de pronto emite un decreto porque no le gustó lo que dijo Rosalía y de pronto la echa”.
Lonigro también llamó a prestar atención a la reglamentación final, en especial sobre cuál será el organismo encargado de ejecutar la expulsión o prohibición de ingreso. “Si queda exclusivamente en manos de un presidente, de decidir él se queda y él no se queda, es como cuando Chávez iba por Caracas en Venezuela señalando con el dedo a cualquier inmueble”, comparó Lonigro.
Dudas sobre el impacto en redes sociales y la aplicación práctica
La discusión sobre la aplicación del decreto se centró en casos de mensajes en redes sociales que puedan considerarse agravios. Lonigro subrayó que, en la práctica, la identificación y sanción de usuarios en plataformas digitales resulta compleja. El constitucionalista sostuvo que las decisiones de expulsión deben basarse en un análisis judicial y no en la discrecionalidad de una sola autoridad administrativa o política.
También destacó que el Estado de derecho exige que decisiones de tal magnitud no dependan de la voluntad individual de un funcionario. “El Estado de derecho y el límite al ejercicio del poder y el sistema republicano han pretendido que decisiones tan importantes, o las decisiones en general, no queden en manos de una sola persona, sino que se trate de un cuerpo colegiado, una ley que determine todo esto. Y en última instancia, que quien tome la decisión sea un juez”, concluyó.
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POLITICA
La Libertad Avanza acelera las negociaciones con la oposición dialoguista para destrabar la reforma de la Ley de Tierras
La Libertad Avanza busca asegurarse los votos para avanzar con los cambios a la Ley de Tierras y ya activó una ronda de reuniones con legisladores propios y aliados de cara al nuevo intento por debatir el proyecto en el Senado, previsto para el próximo 6 de agosto.
Aunque el oficialismo ajustó el texto tras sucesivas negociaciones con el Ministerio de Desregulación, en el Gobierno reconocen que todavía no hay certezas sobre las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa.
La senadora Patricia Bullrich ya diagramó encuentros para la semana próxima con integrantes de su bloque y con sectores dialoguistas para definir el nivel de respaldo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que además incluye desalojos exprés y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, llega al recinto con una decimoquinta versión, fruto de las conversaciones que mantuvo la legisladora con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El punto de mayor conflicto sigue siendo la reforma de la Ley de Tierras, especialmente el régimen para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Desde el oficialismo defienden los cambios con el argumento de que favorecerán la producción y las inversiones. “La ley es favorable a la producción y va a generar fuentes de trabajo. La tierra va a estar relacionada con la producción, donde no se pierde ninguna soberanía, se van a permitir inversiones y generación de empleos”, sostuvo el senador libertario Bartolomé Abdala en declaraciones a TN.
Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencias incluso entre sectores habitualmente cercanos al Gobierno. Uno de los focos de incertidumbre está en Misiones, donde el Frente Renovador de la Concordia atraviesa una fuerte crisis política entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder provincial Carlos Rovira.
Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut todavía no anticiparon cómo votarán. No obstante, el diputado nacional y exgobernador Oscar Herrera Ahuad expresó públicamente su rechazo a la iniciativa y advirtió que su aprobación representaría un riesgo para la producción, el ambiente y la soberanía provincial.
“Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”, afirmó Herrera Ahuad, en una definición que podría anticipar la postura de los representantes misioneros en la Cámara alta.
La construcción de las mayorías
En la búsqueda de consensos, el oficialismo también toma nota de una particularidad institucional: la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión debido a un nuevo viaje del presidente Javier Milei, esta vez a Colombia. La conducción del debate quedará en manos de Bartolomé Abdala.
Villarruel ya manifestó su rechazo a la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. En un intercambio por redes sociales con la diputada Lilia Lemoine reiteró su postura al señalar: “Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.
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Para el oficialismo, la ausencia de la vicepresidenta elimina la posibilidad de un eventual desempate negativo como el protagonizado por el exvicepresidente Julio Cobos durante la votación por las retenciones móviles en 2008.
Otro de los sectores que volvió a cuestionar el proyecto fue la Iglesia Católica. En una carta enviada a todos los senadores nacionales, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas pidieron que “quienes debatan esta iniciativa guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares”.
El rol de la UCR
En la Unión Cívica Radical la posición predominante es acompañar la iniciativa del Gobierno. El espacio que conduce el correntino Eduardo Vischi considera que la redacción final del proyecto convence, en principio, a siete de los diez integrantes del bloque.
Los rechazos confirmados corresponden a Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, mientras que Flavio Fama todavía no definió su voto.
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En paralelo, la conducción nacional de la UCR difundió un comunicado firmado por Leonel Chiarella en el que cuestionó la propuesta oficial. Allí advirtió que “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional”.
El documento recordó que la ley vigente, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y fija un límite de 1000 hectáreas en la zona núcleo.
La estrategia libertaria
Bullrich convocó a los senadores de La Libertad Avanza para el miércoles previo a la reanudación de la sesión. También mantendrá una reunión con legisladores dialoguistas en las oficinas radicales del segundo piso del Palacio Legislativo.
El objetivo será determinar con precisión cuántos votos tiene asegurados el oficialismo y definir la redacción definitiva que llegará al recinto.
La senadora espera contar con los 21 integrantes del bloque libertario, además de los tres representantes del PRO que conduce Martín Goerling Lara, con el regreso de Andrea Cristina tras su licencia por maternidad. También aspira a sumar a Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Julieta Corroza.
La Libertad Avanza también intentará captar algún respaldo surgido de la interna política misionera, especialmente por la cercanía política de Carlos Arce con Carlos Rovira. Además, buscará el acompañamiento del bloque Convicción Federal, encabezado por Carolina Moisés e integrado también por Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, representantes de Tucumán y Catamarca, provincias cuyos gobernadores, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, mantienen una relación de cercanía con la Casa Rosada.
La negociación con las provincias
Antes del intento anterior por debatir el proyecto se alcanzó una redacción de consenso que incorporó participación de las provincias en las decisiones vinculadas con la venta de tierras rurales.
Ese esquema no convencía inicialmente a Federico Sturzenegger, quien envió al Senado al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y además se comunicó con varios legisladores para advertir que, si esa versión era aprobada, el Poder Ejecutivo la vetaría.
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La posición cambió tras la reunión que el ministro mantuvo con Bullrich el jueves pasado, donde finalmente aceptó la nueva redacción.
De todos modos, el objetivo central de la Casa Rosada se mantiene sin cambios: eliminar los límites para la venta de tierras rurales a extranjeros, con la única excepción de las zonas de frontera, cuya autorización quedaría sujeta a una doble aprobación por parte de la Nación y de las provincias.
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POLITICA
A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei por los cambios del Banco Central hoy, jueves 30 de julio
El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional este jueves por la noche, esta vez para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un proyecto que el Gobierno considera clave para consolidar su programa económico. El mensaje, que será grabado previamente, se emitirá a las 20.
La cadena nacional fue anticipada por el vocero Adrián Ravier este martes en su conferencia de prensa semanal, en la que explicó que el mensaje estará destinado a detallar los principales cambios que impulsa el Poder Ejecutivo antes de enviar la iniciativa al Congreso.
“El presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el próximo jueves a las 20 para explicar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es un tema fundamental para este gobierno porque el principal mandato tiene que ver con bajar la inflación. Y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, informó Ravier.
El Presidente explicará los pormenores del proyecto y propondrá endurecer los requisitos para cambiar a las autoridades del organismo. “Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco”, sostuvo Milei al referirse al tema.
Desde la Casa Rosada consideraron que se trata de una de las reformas económicas más importantes del semestre y esperan avanzar con su discusión parlamentaria en las próximas semanas.
Reforma de la Carta Orgánica
El Gobierno ya había explicado que la reforma buscará redefinir el rol del Banco Central y restablecer como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda. Entre los principales cambios previstos también se encuentran la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y un fortalecimiento de la independencia de la autoridad monetaria.
En los últimos días, el jefe de Estado anticipó que la iniciativa incluirá sanciones para quienes no respeten ese principio. Además, el oficialismo analiza endurecer los requisitos para modificar la conducción del organismo, con el objetivo de darle mayor estabilidad institucional al Banco Central.
Según informaron fuentes del Gobierno, el mensaje será grabado tras el regreso del jefe de Estado de su visita a Perú para la asunción de la presidenta electa, Keiko Fujimori.
La reforma del BCRA será girada al Congreso, donde el oficialismo espera que ingrese formalmente en los primeros días de agosto, si bien todavía no se confirmó por qué cámara iniciará su discusión. “Lo va a anunciar el propio Presidente en la cadena”, sostuvo un referente comunicacional de la Casa Rosada a .
A lo largo de su gestión, el presidente Milei recurrió a la cadena nacional en contadas ocasiones para comunicar decisiones consideradas de “alta trascendencia institucional”. La primera fue en diciembre de 2023, cuando anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Posteriormente, la utilizó para informar el superávit fiscal del primer trimestre de 2024 y, más adelante, para realizar el balance de su primer año de gobierno y presentar el proyecto de Presupuesto.
El uso de esta herramienta está contemplado en el artículo 75 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que el Poder Ejecutivo puede disponer de la cadena nacional en “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.
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El presidente Javier Milei hablará este jueves a las 20 por cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más importantes que impulsa el Gobierno. Durante el mensaje, el mandatario explicará los principales lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso con el objetivo de modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y redefinir su rol dentro del esquema institucional.
La decisión de utilizar la cadena nacional busca darle centralidad política a una reforma que la Casa Rosada considera uno de los pilares de su programa económico. Según anticipó el Gobierno, la iniciativa apunta a fortalecer la independencia del Banco Central, establecer límites permanentes al financiamiento del Tesoro y fijar como misión principal de la entidad la preservación del valor de la moneda.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostuvo que “la estabilidad monetaria constituye un requisito indispensable para el crecimiento económico sostenido y la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos”. También señaló que “la experiencia argentina demuestra que la utilización del Banco Central para financiar déficits fiscales generó inflación, pérdida del valor de la moneda y reiteradas crisis económicas”.
El texto propone modificar la normativa vigente para impedir que el Banco Central pueda asistir de manera directa o indirecta al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. De esa manera, el Gobierno busca incorporar restricciones de carácter permanente sobre una de las herramientas que, según su diagnóstico, contribuyó a los procesos inflacionarios registrados durante las últimas décadas.
Otro de los cambios previstos redefine los objetivos de la autoridad monetaria. La iniciativa establece que la preservación del valor de la moneda será la función prioritaria del organismo, por encima de otros fines contemplados en la legislación actual. De acuerdo con la explicación oficial, esa modificación busca consolidar un marco institucional orientado a garantizar la estabilidad monetaria.
El proyecto también incorpora cambios vinculados con el gobierno del Banco Central. Entre ellos figuran nuevas condiciones para la designación y permanencia de sus autoridades, además de criterios específicos para una eventual remoción. La intención del Ejecutivo es reforzar la autonomía de la entidad respecto del Poder Ejecutivo y establecer mecanismos que limiten la posibilidad de modificar su conducción por razones ajenas a las previstas en la ley.
La presentación de Milei se producirá luego de varios días en los que distintos funcionarios adelantaron el contenido de la iniciativa. Desde el Gobierno remarcaron que la reforma forma parte de un conjunto de cambios destinados a consolidar el programa económico y otorgar previsibilidad al funcionamiento de la política monetaria.
En ese marco, el Presidente explicará por qué el Ejecutivo considera necesaria una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y cuáles son los principales cambios que propone incorporar. El mensaje también servirá para exponer los argumentos oficiales antes del inicio del debate parlamentario.
Una vez presentado formalmente, el proyecto comenzará su recorrido legislativo en el Congreso, donde deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de su tratamiento en los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado.
Entre los aspectos que incluye la iniciativa aparecen las limitaciones al financiamiento del sector público, la redefinición del mandato de la autoridad monetaria y las modificaciones relacionadas con el funcionamiento interno del organismo. El Gobierno sostiene que esos cambios permitirán consolidar un esquema institucional que preserve la independencia del Banco Central y reduzca la posibilidad de utilizar la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.
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