POLITICA
El DNU de Milei contra los “mensajes de odio”: una medida ideada por Santiago Caputo y que genera dudas sobre su implementación
No aparecen en el texto ni la cantante Rosalía, ni el actor Samuel L.Jackson, ni mucho menos las durísimas críticas hacia la bandera argentina que desplegaron los jugadores argentinos en el Mundial, con la consigna “Las Malvinas son argentinas”. Pero el decreto 681/26, firmado por el presidente Javier Milei y el gabinete en pleno, que modifica la ley de Migraciones y establece penas de prohibición de ingreso al país y eventual expulsión de extranjeros que “propaguen mensajes de odio”, es, según distintos funcionarios, la “respuesta necesaria” a la “campaña anti-argentina”, que desde el Presidente hacia abajo, viene denunciando la administración libertaria.
Una campaña que, según afirmó el Presidente y apoyaron otros ministros, provino de los gobiernos opositores de Brasil y México, más el Partido Demócrata de Estados Unidos.
Distintas fuentes oficiales centran el origen del decreto en la oficina que el asesor presidencial Santiago Caputo tiene en el primer piso de la Casa Rosada. “Se pasaron meses diciendo que no existían las campañas de desinformación extranjeras. Me alegro que se unan a la defensa de los intereses argentinos finalmente”, posteó el propio consultor la semana pasada, luego de distintas expresiones opositoras de condena a dichos de actores, cantantes y mensajes en redes sociales acusando a los argentinos de “racistas”, entre otras descalificaciones.
Caputo suscribió horas después un posteo del intelectual mileista Agustín Laje, para quien “la campaña anti-Argentina es la última manifestación ideológica de la agenda woke”. “Nunca se trató de fútbol, sino de una agresión cultural y política contra lo que hoy representa Argentina en el mundo. Y esa campaña tuvo su validación local en la izquierda y el progresismo”, escribió Laje, una semana antes de la publicación del decreto, que faculta incluso al Gobierno a cancelar la residencia de los extranjeros que incurran en conductas contra la Argentina, con la posibilidad de ordenarles abandonar el país o disponer su expulsión. Si la inspiración del decreto provino del caputismo y los “celestiales”, fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cercana a la secretaria general Karina Milei, la que se ocupó de llamar a distintos ministros para interiorizarlos del decreto y viabilizar su firma, según contaron cerca de los funcionarios que recibieron las llamadas.
Fuentes con acceso a la “cocina” del decreto explicaron a que la idea es fijar “un criterio más estricto y restrictivo en materia migratoria, incluido el otorgamiento de visas”. La letra del DNU hace mención a la propia Constitución nacional y fallos de la Corte Suprema, que comentan que “toda nación soberana tiene como poder inherente a su soberanía y esencial a su propia conservación la facultad de prohibir la entrada de extranjeros a su territorio”.
La dirección de Migraciones, hoy bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, es la encargada del pedido de visas, en su mayoría provenientes de países de Asia, Medio Oriente y África, que no tienen acuerdos bilaterales con la Argentina, trámite del que están exentos la mayoría de los países de América y Europa. Según fuentes oficiales, será Migraciones la encargada de aplicar este nuevo criterio, ya que –estimaron- “es lógico que antes de otorgar una visa se haga un análisis de información” que suministra el interesado. “Esto no tiene nada que ver con posturas políticas, salvo que seas un extremista”, se atajó la fuente oficial.
En relación a la “campaña anti-argentina”, y en medio de los fuertes roces diplomáticos con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Milei sostuvo el domingo pasado que Brasil, México y el Partido Demócrata de Estados Unidos eran los responsables de su financiación. El canciller Pablo Quirno coincidió en la existencia de la campaña y afirmó que el Gobierno “sabe” de dónde salieron los posteos hirientes, aunque evitó precisar el origen.
El portavoz presidencial, Adrián Ravier, avaló el martes la existencia de la campaña, pero la describió como una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario. “Todas aquellas personas que desde Hollywood, España y cualquier parte del mundo hablen de la Argentina como un país racista claramente desconocen nuestra historia”, sostuvo, aunque tampoco precisó qué participación tuvieron los gobiernos de Lula da Silva y el de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien incluso rechazó las acusaciones de manera pública.
El exasesor del Ministerio de Defensa, Nicolás Promanzio, cercano a las Fuerzas del Cielo, insistió en la existencia de una campaña “anti-argentina” de desinformación coordinada desde Brasil, el Reino Unido y Medio Oriente en las últimas semanas”, con el objetivo de dañar al gobierno de Milei, que “lidera la nueva ola política en la región”. Ese fue el espíritu que guio el decreto publicado hoy, que entrará en vigencia mañana.
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POLITICA
El Gobierno utilizará el sistema de alertas migratorias para impedir el ingreso de extranjeros que hayan difundido mensajes anti-Argentina
El Gobierno planea aplicar el DNU que habilita a impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos mediante el sistema de alertas que ya utiliza la Dirección Nacional de Migraciones. En el Ejecutivo aseguran que no está previsto crear una oficina específica ni modificar la arquitectura general de los controles fronterizos, sino incorporar la nueva conducta como una causal adicional de inadmisión y cancelación de residencia.
“El sistema es el mismo. Lo que se puede hacer es una alerta por la nueva causal prevista en el DNU”, expresan fuentes oficiales. La información podrá incorporarse a las bases que consulta Migraciones antes de autorizar el ingreso de un extranjero y durante los controles que se realizan en aeropuertos, puertos y pasos terrestres.
La operatoria vigente combina el análisis documental, el escaneo de pasaportes y documentos de viaje y el cruce con distintas bases de información. Las incidencias detectadas pueden derivar en la inadmisión de una persona en la frontera, de acuerdo con las causales establecidas por la Ley de Migraciones.
El cambio central será, por lo tanto, jurídico y no tecnológico. A las alertas que actualmente pueden originarse por antecedentes penales, pedidos de captura, prohibiciones judiciales, documentación irregular u otras restricciones se podrá sumar una advertencia vinculada con mensajes de odio, incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad o ultrajes a símbolos patrios.
En la Casa Rosada no precisan todavía quién deberá producir la información inicial, cuál será el procedimiento para validarla ni qué elementos tendrán que acompañar una alerta. Tampoco aclaran si alcanzará con publicaciones públicas en redes sociales, informes consulares, denuncias particulares, reportes periodísticos o comunicaciones de organismos de seguridad extranjeros.
La distinción operativa que realiza el Gobierno depende de la ubicación de la persona. Cuando el extranjero se encuentre fuera del país y pretenda ingresar, Migraciones deberá evaluar la causal en el puesto de control. Cuando la conducta se produzca dentro del territorio argentino, el monitoreo y la detección quedarán bajo la competencia de las fuerzas federales.
“Lo que pase en la Argentina relacionado con eso es competencia de las fuerzas federales”, sostienen en Nación. Ese punto es relevante porque el Ejecutivo reformó durante 2025 los marcos de actuación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con una ampliación de sus capacidades de prevención, análisis criminal y actuación en espacios digitales.
La nueva regulación de Gendarmería, por ejemplo, le asignó funciones específicas en materia de ciberdelito, ciberterrorismo e inteligencia criminal, además de su rol como policía auxiliar migratoria. También le reconoció capacidad para actuar en redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes de acceso abierto con fines preventivos frente a acciones criminales o terroristas.
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La reforma de la PSA fue más explícita respecto de la prevención en espacios públicos digitales sin autorización judicial. El alcance de esas facultades ya generó cuestionamientos por el riesgo de que el seguimiento de redes exceda la detección de delitos y avance sobre expresiones políticas, periodísticas o ciudadanas.
El Gobierno evita definir la futura aplicación como un sistema de vigilancia permanente de extranjeros. La explicación oficial es que las fuerzas federales detectarán conductas dentro de sus tareas habituales y comunicarán los antecedentes a Migraciones, que mantendrá la facultad administrativa de cancelar una residencia, intimar a la persona a abandonar el país o iniciar el procedimiento de expulsión.
El Decreto 681/2026 modificó los artículos 29, 62 y 63 de la Ley 25.871. La norma incluyó entre las causales migratorias los mensajes de odio formulados en forma oral o escrita, la incitación a la violencia contra el pueblo argentino o contra una persona por su nacionalidad y la participación o instigación de actos de ultraje contra los símbolos patrios.
El texto aclara que no deben quedar comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución. La reglamentación deberá establecer en la práctica dónde termina una manifestación crítica y dónde comienza una conducta que pueda activar una alerta, una inadmisión o la pérdida de la residencia.
En Balcarce 50 no dan detalles sobre el decreto reglamentario ni sobre los protocolos que deberán aplicar Migraciones y las fuerzas federales. Tampoco descartan que la medida sea judicializada por el instrumento utilizado, la amplitud de las nuevas causales y el margen de interpretación que deja la expresión “mensajes de odio”.
El Ejecutivo ya enfrentó un revés judicial por la reforma migratoria que impulsó mediante el DNU 366/2025. La Cámara Nacional Electoral anuló el capítulo que transfería a Migraciones la facultad de resolver pedidos de ciudadanía al entender que el Gobierno había avanzado mediante un DNU sobre una materia vinculada con derechos políticos y reservada al Congreso.
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El decreto de 2025 había sido más amplio: modificó reglas sobre ingreso, residencia, expulsión, ciudadanía y acceso a servicios públicos. El texto endureció los impedimentos migratorios y mantuvo un procedimiento administrativo con recursos de reconsideración, jerárquico y de alzada, además de la posibilidad de acudir a la Justicia.
El Gobierno había anunciado una transformación de la Dirección Nacional de Migraciones inspirada en el modelo estadounidense. Patricia Bullrich promovió antes de dejar el Ministerio de Seguridad la creación de una estructura con mayor capacidad operativa, mientras que el diseño posterior contempló una Agencia Federal de Migraciones con áreas de Control Migratorio y Política Migratoria.
La reforma nunca terminó de instrumentarse. El esquema se trabó por diferencias sobre la estructura, los recursos, la convivencia con la PSA y las facultades que tendría Diego Valenzuela al frente del organismo. La idea de contar con una policía migratoria propia quedó postergada y, por eso, el nuevo DNU se aplicará inicialmente con Migraciones como autoridad administrativa y las fuerzas federales como brazo de detección y actuación territorial.
La Casa Rosada ubica la medida dentro de una secuencia política que comenzó después de la final del Mundial. En la lectura oficial, las críticas contra la Argentina y sus hinchas derivaron luego en cuestionamientos a símbolos nacionales, entre ellos la bandera argentina con la referencia a las Islas Malvinas, y reactivaron la discusión sobre los beneficios que reciben los extranjeros en universidades y hospitales públicos.
Gobierno, Migraciones, DNU
POLITICA
Lula le respondió a Milei y calificó su presencia en el acto de Bolsonaro como un “disparate”
SAN PABLO (AFP).- En medio de la tensión y los cuestionamientos cruzados, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le contestó el miércoles por la noche a su par argentino, Javier Milei, al calificar su asistencia a la convención de su rival electoral de derecha, Flávio Bolsonaro (hijo del exmandatario), como una “payasada”.
“Ustedes vieron el disparate (pacotada es la palabra que utilizó en portugués) que vino a hacer el presidente de la Argentina. Pero yo amo la Argentina y no va a cambiar eso por culpa de esa cosa. Mientras yo sea presidente nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas”, sentenció el mandatario en una convención en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en la que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.
La tensión
En San Pablo, Milei llamó “ladrón” y “presidiario”, sin nombrarlo, al izquierdista Lula y “basura calva” al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que le negó al libertario visitar en prisión domiciliaria al expresidente de derecha Jair Bolsonaro, padre de Flávio. El mandatario argentino también advirtió en el acto sobre “el riesgo Lula” y llamó al pueblo a salir del “sometimiento al zurdo”.
Brasil, en ese marco, llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Daniel Raimondi. Tras ello, Milei redobló la apuesta y volvió a referirse el domingo a este socio estratégico de la Argentina. “¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó en diálogo con radio Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales al país durante el Mundial 2026.
Aseguró además que la “campaña” fue “financiada” por otras “cabezas progresistas” de México y el Partido Demócrata estadounidense.
“Y después me vienen a hablar de interferencia”, dijo Milei y sostuvo que “un grupo de brasileños que mandó Lula jugó activamente” en su contra durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023.
En respuesta, la Cancillería brasileña convocó al embajador de la Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre “ofensas” de Milei contra Lula.
Una fuente diplomática dijo que Milei “ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas”, durante la oficialización el sábado de la candidatura de Bolsonaro.
Lula dijo también el domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando “sin injerencia de nadie” porque “en Brasil no se acepta que nadie meta la nariz donde no es llamado”.
En tanto el lunes el mandatario brasileño fue consultado por periodistas sobre cómo recibió los dichos de su par argentino y contestó con otra pregunta. “¿Quién es ese tipo?“, dijo con ironía.
El presidente brasileño sostiene desde 2025 una tensión con el gobierno estadounidense de Donald Trump, aliado de Bolsonaro y Milei, que impuso aranceles y sanciones a la potencia sudamericana leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente.
“Referencia irrespetuosa”
Sin nombrar al juez Moraes, Milei dijo el sábado en San Pablo que “la basura calva” le impidió visitar a su “amigo injustamente encarcelado” Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.
Milei también cosechó el rechazo del presidente de la corte brasileña, Edson Fachin, quien criticó en una nota su “referencia irrespetuosa” a Moraes y deploró sus “manifestaciones incompatibles con el civismo que debe caracterizar las relaciones entre Estados”.
El presidente del gobernante Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, dijo por su parte que el argentino mostró “no estar a la altura del cargo que ocupa”. Además, el vicepresidente de Lula, Gerardo Alckmin, calificó los dichos como “lamentables” y sostuvo que esa “grosera actitud” es perjudicial para la Argentina.
“Es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“, manifestó ante la prensa brasilera durante un evento en San Pablo.
Lula tiene una fría relación con Milei. Aunque se cruzaron en citas multilaterales, nunca mantuvieron una reunión bilateral. En su último viaje a Argentina en 2025, Lula visitó en cambio a la expresidenta Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción.
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Un testigo en la causa AFA negocia inmunidad con la Justicia de EEUU a cambio de revelar información clave
(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Un testigo convocado por el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad con la Justicia de Estados Unidos a cambio de aportar información considerada clave para la investigación que busca determinar si autoridades de la AFA y socios comerciales cometieron actos de corrupción en ese país.
La declaración estaba prevista para las 9 de la mañana (hora del este), pero finalmente no se concretó debido a las negociaciones que mantiene el testigo con la Justicia de Estados Unidos para obtener inmunidad antes de brindar su testimonio.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo del Gran Jurado es determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una acusación vinculada con presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.
La convocatoria a los testigos había quedado explicitada en una subpoena emitida a pedido de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia.
De manera textual, la citación obligatoria establecía:
—“Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”.
La orden rquería que los testigos entregasen toda la documentación que vincule a las principales autoridades de la AFA con TourProdEnter y con su propietario, Javier Faroni.
Los fiscales Michael Berger, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, buscan determinar si Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni incurrieron en presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.
La investigación está centrada en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y a su esposa, Erica Gillette.
Según la pesquisa, desde 2021 esa empresa habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos y de vínculos comerciales con compañías como Adidas y Warner. La Fiscalía y el Departamento de Justicia intentan reconstruir la ruta de esos fondos.
En ese contexto, la investigación preliminar sostiene que Faroni y Gillette operaron a través de cuentas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
Por ese motivo, tampoco se descarta que responsables de esas entidades bancarias sean convocados por el Gran Jurado para aportar información sobre los movimientos financieros bajo análisis.
La estrategia de los investigadores consiste en reunir todas las pruebas relacionadas con la distribución de fondos vinculados a la AFA en Estados Unidos, incluyendo a personas que trabajan o trabajaron en bancos estadounidenses, en la Asociación del Fútbol Argentino o en empresas que mantuvieron vínculos comerciales con la Selección.
La Fiscalía y el Departamento de Justicia también buscan determinar los montos involucrados, las cuentas utilizadas y los destinatarios finales de las operaciones investigadas.
La pesquisa incluye además una investigación preliminar sobre diez empresas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas desde TourProdEnter para mover cerca de 300 millones de dólares.
En ese marco, el régimen de colaboración e inmunidad previsto por la legislación estadounidense adquiere un papel central. La negociación que mantiene el testigo convocado por el Gran Jurado forma parte de ese proceso y, por ese motivo, la audiencia prevista para este jueves no llegó a concretarse.
El Gran Jurado delibera a puertas cerradas y no tiene un plazo determinado para resolver si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación contra Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.
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