POLITICA
“70% cocinado”: en busca de la reelección, el Gobierno acelera la rosca para suspender las PASO

Como si lo hubiera ayudado a olvidar las vicisitudes de la rosca política y a renovar el oxígeno en la sangre, Javier Milei encontró en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central el entusiasmo necesario para distraerse de los desafíos de su gestión. Trabajó durante meses, en ocasiones hasta altas horas de la madrugada, en los detalles técnicos que apuntan a impedir que el Tesoro pueda financiar a los gobiernos de turno. Concertó decenas de reuniones presenciales y llamados telefónicos con Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili. Y él mismo escribió el discurso que quiso pronunciar en cadena nacional, un recurso que utilizó apenas once veces desde que es presidente. “Estuvo como un nene con juguete nuevo durante todo el proceso. Tenía toda su concentración puesta ahí. Una vez fui a plantearle un asunto urgente y, antes de llegar al punto relevante, lo escuchamos media hora hablar sobre la importancia de preservar el valor de la moneda”, cuenta, risueño, uno de los funcionarios que más visita la Quinta de Olivos.
El hombre, que considera “fundamental” la iniciativa para terminar con “el péndulo monetario de las distintas administraciones”, elige atajarse solo y no esquivar la polémica que circula tras bambalinas: “¿Si modificar el BCRA es un asunto popular para la gente de a pie? Por supuesto que no, pero es necesario. Quizás en algún momento tengamos que hacer anuncios vinculados a la actividad económica o el bolsillo de la población más apretada, una cuestión que obviamente aparece entre las principales demandas sociales en cualquier sondeo serio».
Con el envío del texto al Congreso para su debate en Diputados, las pretensiones de Milei pasarán a engrosar la lista de temas pendientes de legislar: el Super RIGI, la Inocencia Fiscal II, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el régimen de Zona Fría o el complejo paquete que se viene puliendo desde el área de Desregulación y Transformación del Estado, entre otros. Y todo eso va a ocurrir mientras La Libertad Avanza está obsesionada con un objetivo prioritario: conseguir la reelección. Y no de cualquier manera: lo quiere lograr en primera vuelta. ¿Por qué? La idea de un balotaje suena, al menos en la actualidad, como una aventura con final demasiado abierto porque depende de cómo se acomode el oscilante metro cuadrado de la economía cotidiana.
La necesidad de alcanzar el 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo, o de juntar más del 45% del total, es una meta exigente. Y es ahí precisamente donde entra la otra clave del futuro inmediato: la Reforma Electoral y la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, movimiento que complicaría los armados de una oposición que sufre su fragmentación y fortalecería, siempre según la lectura oficial, las chances de éxito de los violetas.

“Están desesperados por garantizarse un triunfo el 24 de octubre y no depender de lo que pueda pasar el 21 de noviembre de 2027. Obviamente, van a hacer todo lo que tengan al alcance de la mano y nosotros ahí tenemos que aprovechar para rosquear condiciones favorables”, se sincera uno de los gobernadores que los libertarios consideran “aliado”. “Extirpar para siempre las PASO del régimen de votación argentino se le va a hacer imposible a Javier y Karina. Además, en el futuro no tener esa herramienta se nos puede volver en contra”, completa otro primer mandatario, en este caso rotulado como “dialoguista”.
Conscientes de esos reparos que se extienden, con matices, en los 24 distritos del país, la Mesa Política de la Rosada empezó a ofrecer otra solución: no borrar, como propone formalmente el proyecto presentado el 23 de abril en el palacio legislativo, sino suspender las primarias como ya sucedió en las legislativas de 2025. “Eso cambió todo y aflojó la tensión de las negociaciones -cuenta uno de los integrantes de ese órgano informal-. Con esa opción en el menú, el acuerdo está 70% cocinado”. Poco importa que tanto en 2015 como en 2023 las PASO hayan sido usadas por dos de las tres fuerzas más votadas: LLA se encamina a obtener, “idealmente en septiembre, pero seguro antes del 31 de diciembre”, una nueva pausa en ese sistema.
En Balcarce 50, para evitar ser obvios, repiten los mismos argumentos del libreto preestablecido: que pocas veces fueron realmente competitivas, que son una encuesta cara, que la ciudadanía tiene que ir a sufragar demasiadas veces y que, encima, generan volatilidad en los mercados. Además, dicen reivindicar lo que siente la mayoría de la sociedad: un estudio de Isasi/Burdman Consultores determinó que el 63% está de acuerdo con que cada partido defina libremente el método para elegir a sus candidatos.
Los garantes de que todo marche acorde al plan conforman una suerte de nuevo Triángulo de Hierro: con la supervisión ineludible de Karina Milei, el ministro coordinador Diego “El Colo” Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem son los encargados de enhebrar los acuerdos a nivel nacional. A ellos se suelen sumar el ascendente vicejefe de Gabinete Ignacio “Nacho” Devitt y el viceministro del Interior Gustavo Coria. “Esa es la verdadera mesa de decisiones. La otra sirve solo para la foto”, admiten quienes conocen el detrás de escena.

Después de demasiados meses de gestión paralizada por el escándalo alrededor de Manuel Adorni y de guerras intestinas a cielo abierto con el sector de Santiago Caputo, la orden que bajó “El Jefe” es concentrarse en que haya cuatro años más de poder para su hermano. Un apunte sobre “El Mago del Kremlin”: pese a que quienes lo cruzan seguido lo ven con menos intenciones de escalar batallas, desde sus oficinas inflan pecho al recordar que siempre sostuvieron que había que buscar acuerdos políticos, entregar todas las jurisdicciones posibles a los gobernadores más cercanos y enfocarse en ganar a nivel nacional. “¿De qué nos sirve tener gobernadores propios si no podemos reelegir?”, se preguntan sus laderos. Cuando llegan a sus oídos esos susurros, la menor de los Milei deja trascender que “no va a regalar nada” y que va a analizar la situación “provincia por provincia” antes de rubricar algún acuerdo. Y conceden, con más pragmatismo que resignación: “No vamos a poder pintar el país de violeta en 2027. Con un poco de viento a favor, quizás terminemos teniendo nuestra primera provincia pura”.
Desde ya, nada es gratis. Y menos en política. Buena parte de los mandatarios federales está en una negociación constante por recursos con la Casa Rosada y las pretensiones electorales libertarias les vienen como anillo al dedo. La lista de pedidos incluye fondos frescos, autorizaciones para la toma de créditos, acuerdos por concesiones de rutas y hasta pliegos de jueces. En paralelo aparecen los reclamos propios de cada rincón de Argentina: por ejemplo, los tres gobernadores de la Región Centro que esta semana inauguraron la sede central del bloque regional en Córdoba ponen sobre la mesa la eliminación total de las retenciones al campo, una participación activa en la mesa de decisiones de la hidrovía y una ley federal de biocombustibles. Los Milei tendrán que tomar nota, ya que lo piden verdaderos pesos pesados: los territorios que comandan Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio son considerados en su conjunto el principal bloque productivo del país, reúnen una población de 8,4 millones de habitantes, generan el 25% del PBI argentino y aglutinan el 38% de las exportaciones.
Más allá de estos ítems vinculados a lo que un cacique llama irónicamente “el vil metal”, detrás de las negociaciones se esconde un esquema cien por ciento transaccional: a cambio de los votos en el Congreso para la suspensión de las PASO, La Libertad Avanza no competiría para ganar en las contiendas locales. De esa manera, el gobernador se queda con el poder territorial y aumenta sus chances de tener mayoría en las legislaturas. Es, si nada falla, un “win-win”: el partido de Milei conseguiría a su vez el acompañamiento de ese mandatario en la disputa nacional.
Hay un factor que no pierde de vista ninguno de los actores involucrados en la rosca: muchas provincias van a desdoblar los comicios. “Se viene un verdadero Desdoblapalooza: un festival de elecciones que no van a estar atadas a la fecha de las presidenciales”, analiza un funcionario central de la gestión violeta. De hecho, el tucumano Osvaldo Jaldo ya se convirtió en el primero en fijar fecha anticipada para el 9 de mayo de 2027. Podrían seguirlo lugares como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Misiones, Salta y Jujuy. “Por todo eso, habrá un componente de confianza mutua que no podemos manejar del todo. Es que en una primera instancia se van a confeccionar las listas provinciales que van a aparecer en los cuartos oscuros; ahí los libertarios tendrán que cumplir los pactos preestablecidos, y no cagarnos. Recién más adelante hay que inscribir las boletas únicas de papel de las nacionales y nosotros tendremos que apoyar al oficialismo y devolver las gentilezas”, describe un operador del interior.

En el ida y vuelta entre la Mesa Política y los aliados hay varias jugadas posibles: desde competir juntos, sin trampas, con la intención de ganar, hasta presentar listas libertarias para dividir a propósito a la oposición o directamente no presentar listas para no robarle sufragios al gobernador amigo.
¿Y las colectoras? Efectivamente, figuran entre las opciones, por más que para el paladar mileísta sean un recurso que suene a casta y que está prohibido desde 2019 por un decreto de Mauricio Macri que en sus considerandos dejó escrita una delicia: que ese sistema de votación “genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral”. Problemas éticos para el PRO en el caso de que avance esa treta a la que LLA llama, acaso para sentirse menos culposos, simplemente “adhesiones”: la posibilidad de que la candidatura de Javier Milei sume el apoyo de la lista de legisladores de otro color político y que después las bancas se distribuyan por el sistema de reparto proporcional D’Hondt.
Una última complejidad que surge de un detalle endiablado de la Reforma Electoral: ¿cómo se resolvería el diseño de la Boleta Única si se agrega un casillero para votar lista completa? “Algún cráneo lo va a resolver”, dicen, misteriosos y sin respuesta precisa, en Casa Rosada.
En el primer piso del edificio gubernamental se abrazan a la idea de conseguir el apoyo de una docena de provincias. Según planifica el Gobierno, ya están avanzadas las gestiones con Chaco (Leandro Zdero, mandatario que va a recibir la visita de la dupla Karina/Santilli en los próximos días), Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Mendoza (Alfredo Cornejo), San Juan (Marcelo Orrego), Neuquén (Rolando Figueroa), Chubut (Ignacio Torres), San Luis (Claudio Poggi) y Jujuy (Carlos Sadir). Además, hay escenarios abiertos en las dos Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Corrientes y Misiones.
El AMBA merece un necesario doble click. Por un lado, la cúpula libertaria manifiesta su voluntad de diálogo con la ciudad porteña, donde los primos Macri no pasan su mejor momento humano, pero están convencidos de que un acuerdo con el espacio amarillo tiene que incluir al territorio bonaerense, donde “El Colo” es número puesto. Si bien Javier Milei no habla con el presidente del PRO hace meses y meses, en ambas terminales aseguran que más pronto que tarde se retomará el diálogo “para que no vuelvan los kukas”. Dicho sea de paso: ¿será verdad que Axel Kicillof está mirando con buenos ojos, a diferencia de lo que hizo en el pasado, la posibilidad de no hacer coincidir las fechas de la elección nacional y la provincial?
El mapa que pintan con distintos colores los responsables libertarios del operativo electoral marca que no hay espacio para pactos ni tratos con Córdoba, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En este contexto, está decidido que el Presidente, por ahora, no viaje a ninguna provincia. “No sirve de nada”, opinan a su lado. Eso pese a las quejas de los gobernadores porque no solo no los recibe, sino que tampoco tiene la deferencia de saludarlos en actos como el del 9 de julio por el Día de la Independencia. La contracara es evidente: cuando lo cree necesario, el oficialismo es capaz de exagerar la importancia de una foto; le pasó a Maximiliano Pullaro durante el traspaso de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe, evento para el cual estaba pactada una reunión con la secretaria general, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, pero para la instantánea terminaron apareciendo un total de 18 funcionarios. “Un mamarracho que dejó en evidencia que quería transmitir la idea de que había sintonía política de cara al futuro justo en un territorio en el que La Libertad Avanza puede salir tercera”.

El operativo reelección se enhebra mientras la economía real exhibe datos incómodos: la actividad volvió a dar una señal de estancamiento; el consumo masivo acumuló siete meses consecutivos en retroceso; y los ingresos, con más de diez millones de trabajadores que ganan menos de $1.500.000 mensuales, tampoco entregan alivio. El Instituto Argentina Grande calculó, además, que en los últimos doce meses desaparecieron 141.700 puestos de trabajo registrados en relación de dependencia. Desde el comienzo de la gestión libertaria, la pérdida supera los 329.000 empleos entre el sector público y el privado. El endeudamiento completa el círculo vicioso: créditos utilizados para gastos corrientes y cuotas que después se vuelven impagables; la mora con los bancos llegó en mayo al 7,6%, después de diecinueve meses consecutivos de crecimiento, y en las billeteras virtuales trepó al 29,6%. Y hay más: los jubilados no dejan de reclamar por lo que califican como haberes “miserables”; la mínima, con el bono de $70.000 incluido, quedó en $481.989,33.
A todos esos sectores en crisis probablemente les importen poco los futuros candados jurídicos del Banco Central. Tampoco que la agencia de calificación de riesgo Moody’s se sumara a Fitch y a Standard & Poor’s y le asignara al país un panorama “positivo”. Y menos que menos la visita y las postales turísticas que acumuló en estas jornadas la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
En la Argentina libertaria, la velocidad de destrucción en industria, comercio y construcción parece ir más rápido que la de creación de oportunidades en energía, minería, el campo y las finanzas. Ese desacople se viene reflejando en los estudios de opinión pública. Javier Milei conserva un piso competitivo y no aparece por ahora una figura opositora capaz de disputarle con claridad el centro del ring, pero tampoco le sobra demasiado: según un promedio de 121 encuestas ponderado por la organización no gubernamental Fundación Ciencias para Gobernar (CiGob), el 39,2% aprueba la gestión libertaria contra un 56,2% que la desaprueba. “Tras el rebote de junio, la mayoría de las encuestas marca lo mismo: la imagen del Gobierno vuelve a ceder. El corrimiento de Adorni mejoró el humor en algunos segmentos, pero el factor decisivo al evaluar la gestión fue, es y será la economía de metro cuadrado. Ahí se explican tanto las subas como las bajas”, analiza la consultora Mora Jozami.
El último trabajo de QSocial agrega una señal que inquieta particularmente en los pasillos del poder. Cuando se pregunta cómo está la situación actual del país, apenas el 16% responde “bien”, contra un 35% que la define como “regular” y un 48% que la considera “mala”. Las expectativas tampoco alcanzan para compensar ese presente: solo el 26% cree que la economía estará mejor el año próximo, frente a un 47% que espera un empeoramiento. Sin embargo, la alarma más fuerte aparece cuando los especialistas consultan cuánto tiempo más está dispuesta a esperar la población para que las políticas oficiales mejoren su situación personal. La mitad responde que ya no puede esperar más. Ese es el porcentaje que ningún acuerdo parlamentario puede dar por cocinado.
POLITICA
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA entrará por Diputados y el Gobierno buscará aprobarla en agosto

El presidente Javier Milei anunció formalmente este jueves a través de una cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor autonomía. El Presidente también anunció otra iniciativa, denominada “Grillete Fiscal”, que “apagará” (shutdown) parte del Estado si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses consecutivos, y adelantó reformas estructurales en el mercado de capitales y el régimen de seguros.
Según señalaron fuentes de La Libertad Avanza a Infobae, todas estas iniciativas ingresarán al Congreso por la Cámara de Diputados. El oficialismo ya planea una o dos sesiones durante el mes de agosto en las que se tratarán la ampliación de la Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que enfrenta un futuro incierto en el Senado por las dudas de bloques y gobernadores aliados a apoyar la ley que elimina los límites para la venta de tierras a extranjeros.
En tanto que el flamante proyecto de Grillete Fiscal y las reformas del mercado de capitales y los seguros quedarán para “más adelante”. “Estos proyectos tienen una secuencia, pero están todos interconectadas”, explicó Milei durante la cadena nacional.
“Pueden ser dos sesiones, el 19 y el 26 de agosto, o una mega sesión, pero todo va a depender de lo que pase la semana que viene en el Senado (el jueves se debatirá la Inviolabilidad de la Propiedad Privada)”, explicaron desde bloque oficialista en Diputados. De hecho, este martes el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se reunirá con jefes de bloques dialoguistas para negociar el cronograma legislativo y también para abrir el juego a que los aliados incluyan proyectos propios en las próximas sesiones.

“La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política. La inflación acumulada desde 1935, cuando se creó el BCRA, es una cifra de 20 dígitos. Más de 12 trillones por ciento de inflación”, dijo Milei para defender su proyecto.
En principio, la idea de dotar al Banco Central de una mayor autonomía goza de cierto consenso entre los bloques aliados, lo que facilitará la negociación para el Gobierno. Tanto el PRO, como la UCR y la Coalición Cívica han presentado proyectos en el pasado, durante gobiernos peronistas, para ponerle un límite a la financiación del Tesoro vía emisión monetaria (algunos todavía tienen estado parlamentario).
“Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad”, publicó el radical Lisandro Nieri, cercano al gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Sin embargo, todos los consultados por este medio aclararon que primero debían leer la letra chica del proyecto y hasta adelantaron algunas críticas en base al discurso de Milei. “Milei propone mayorías agravadas de dos tercios para la remoción de los miembros del directorio, pero no exige esa misma mayoría, u otra calificada, para su designación”, el diputado Maximiliano Ferraro, de la CC. Según explicó el propio Milei, se necesitarán dos tercios del Senado y de Diputados para el desplazamiento del presidente de la entidad y de los miembros del directorio, lo cual tornará extremadamente difícil su remoción tras un cambio de gobierno. No obstante, el Gobierno actual no tuvo que reunir ese amplio consenso político para designar a Santiago Bausili.
“Lo que quiere es dejar a sus funcionarios amigos más allá de su mandato, sin el mínimo intento de construir los consensos necesarios para eso”, argumentó el presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional. Por otro lado, propuso completar la reforma de Milei con otras iniciativas: “No alcanza solo con reformar la Carta Orgánica si no se le ponen límites a los DNU y se modifica la Ley 26.122. De lo contrario, cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque Provincias Unidas señalaron que es probable que la iniciativa del Gobierno tenga un apoyo mayoritario. Aunque en el ecléctico bloque donde pisan fuertes los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también aclararon que esperarán a conocer la letra chica del borrador.
Con esta base de apoyos, si el oficialismo logra sostener su alianza estratégica con los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Neuquén, o con al menos la mitad de ellos, tendrá el camino despejado para la media sanción en Diputados.
POLITICA
DNU para expulsar extranjeros por discursos de odio: constitucionalistas cuestionan su validez y advierten por la falta de precisiones

El Gobierno de Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país y habilitar la expulsión de extranjeros que promuevan “mensajes de odio” o inciten a la violencia contra la Argentina.
Rápidamente, la medida presentada como respuesta a una supuesta “campaña anti-Argentina” despertó cuestionamientos sobre su constitucionalidad y sobre la potestad del Presidente para modificar una ley a través de un DNU.
En dialogó con TN, Diego Armesto, abogado constitucionalista, aseguró que la medida es inconstitucional, ya que “el Decreto de Necesidad y Urgencia debe reunir los requisitos establecidos por la Corte Suprema, que son dos: que el Congreso no pueda reunirse y que la necesidad y urgencia sea tal que no pueda utilizarse el proceso de formación y sanción de la ley”.
“Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si estas circunstancias, ¿se dan en este caso? No“, agregó el profesional.
El debate por los “mensajes de odio”
Sobre el punto que habilita la expulsión o la restricción del acceso al país por un “mensaje de odio”, Armesto explicó la dificultad de determinar cuál sería un mensaje de este tipo: “Lo que pasa es que, al no existir un procedimiento establecido dentro del decreto para poder encuadrarlos; solo hay una palabra: odio. Es decir, a vos no te identifica la acción por la cual vos podés tachar que existe odio, entonces te desconfigura la acción y, principalmente, te desconfigura el verbo, porque el verbo es odiar. Entonces, yo tengo que aplicar el diccionario y tratar de encontrar qué quiere decir y qué es odio”.
“Entonces, ¿qué acción encuadra dentro de esa definición? ¿Quemar una camiseta de Messi, gritar en contra de Argentina? Bueno, ese es un problema grave que tiene y adolece el decreto”, reiteró Armesto.
En esa línea, el abogado constitucionalista Mariano Bär agregó que esa falta de definición choca con otras leyes: “Cuando está en juego la libertad de expresión, siempre se entra en tensión con otros derechos. Pero, por ejemplo, no es lo mismo el ejercicio de la libertad de expresión donde yo puedo decir cualquier cosa de la política pública o de temas de agenda pública, respecto de personas particulares donde el escrutinio es más estricto”.
En esa línea, el letrado agregó que “sí hay una diferencia en que uno pueda tender a decir barbaridades de, por ejemplo, los políticos, sin que eso traiga una sanción aparejada. Eso es lo que entra en tensión. Pero, igual, habría que ver qué sería discursos de odio contra el pueblo argentino”.
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Ambos expertos coincidieron en la falta de precisiones sobre cómo se cumpliría la norma. “No sé. Por ejemplo, no sé si será la persona que te recibe en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en migraciones, van a resolver un reglamento de migraciones. La verdad, la norma no termina de resolver cómo se va a aplicar esto del odio. Esto es un un signo de interrogación”, dijo Armesto.
“Es un tema delicado de cómo se va a determinar que es un discurso de odio. Y si, por supuesto que choca con el derecho a expresarse libremente que tenemos todos en en el país. ¿Y cómo garantizar el cumplimiento? No lo sé. A través de de migraciones, pero no hay especificaciones», añadió Bär al respecto.
El abogado constitucionalista Félix Lonigro cuestionó el instrumento elegido por el Gobierno para modificar la legislación migratoria.
“Lo que es muy cuestionable es el instrumento. El Presidente, para poder meter mano en esta materia, necesita que haya circunstancias excepcionales que le impidan enviar un proyecto de ley al Congreso y esperar su sanción. El Presidente no quiere esperar todo eso y entonces ejerce la facultad legislativa. Eso es inconstitucional por ausencia de circunstancias excepcionales“, afirmó en declaraciones a Clarín.
No obstante, Lonigro diferenció el mecanismo utilizado del contenido de la norma. A su entender, la incorporación de una causal para revocar la residencia de extranjeros que agredan al pueblo argentino o ultrajen los símbolos patrios resulta, en términos generales, “lógica” y “adecuada“.
Sin embargo, advirtió que la aplicación de esa sanción plantea otro problema constitucional, ya que la decisión queda en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo que depende del Poder Ejecutivo.
“Debería ser un juez quien evalúe si se produjo esa ofensa antiargentina o no“, sostuvo el constitucionalista. En ese sentido, consideró que una medida de esa naturaleza requiere control judicial para garantizar el debido proceso.
Javier Milei, Migraciones, Gobierno
POLITICA
Natalia De la Sota dio una nueva señal de acercamiento al PJ y quiere ser parte de la propuesta en el 2027

La cordobesa Natalia de la Sota se está moviendo en clave electoral y nacional. Sus apariciones, cada vez más frecuentes, con dirigentes de renombre de la oposición, están asociadas a su voluntad de acercarse a la estructura nacional del peronismo. Un armado que hoy se identifica con el sello de Fuerza Patria, aunque la marca, después de tantas internas, ya haya quedado un poco obsoleta.
Ayer a la mañana la legisladora nacional sumó un nuevo encuentro que visibiliza sus intenciones y su voluntad de cara al 2027. Se reunió con el intendente de La Plata y hombre importante en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Julio Alak. La conversación se dio en el municipio y sirvió para que ambos adviertan que el camino político que quieren seguir está emparentado. Un futuro juntos. Ese es el anhelo.
De la Sota quiere ser parte de un proyecto nacional del peronismo el año que viene. Por eso se lanzó a recorrer distintas provincias del país y trabaja para acercar posiciones con dirigentes del mismo campo político. La idea de jugar por la gobernación de Córdoba está latente, pero es un plan B dentro de su hoja de ruta. Trabaja para jugar en la liga mayor y en consonancia con la mayoría de las vertientes del peronismo.
Pocas semanas atrás se reunió en Córdoba con Juan Manuel Olmos, que forma parte de la mesa chica PJ Federal, y en la Ciudad de Buenos Aires con Leandro Santoro, que fue el último candidato de peronismo en territorio porteño y que está asociado al esquema del titular de la Auditoria General de la Nación (AGN) en el mismo lugar.

Alak está al lado de Axel Kicillof y promociona su candidatura a presidente. Y, además, es uno de los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un hombre con historia en el peronismo y con buena relación con las distintas terminales del espacio. Incluso con las que están enfrentadas, como es el caso del kicillofismo y el cristinismo.
La llegada de De la Sota a esos dirigentes tiene que ver con su voluntad de pensar en un 2027 en unidad con la mayor parte de las vertientes justicialistas. La legisladora entiende que debe haber una “nueva síntesis” en el espacio y que la dirigencia tiene que dar la discusión para modernizar las propuestas políticas, económicas y sociales del PJ. Ese es un trabajo que se va haciendo en el camino hasta la elección, motivo por el que los márgenes se acortan.
Además, considera que la interna bonaerense está limitando el accionar y el crecimiento del peronismo en todo el país. Es decir, que funciona como una suerte de dique para un armado federal. Los temas que impulsan dirigentes de las provincias como Sergio Uñac o los que integran el PJ Federal se chocan con una pared cuando la agenda nacional es invadida por la guerrilla del kirchnerismo en el conurbano.
Para los meses que vienen la diputada cordobesa tiene en agenda dos visitas. Una es al interior de Santa Fe y la otra es a una provincia de la Patagonia. Pueden incorporarse más paradas porque la vocación es subir el perfil, consolidar un discurso y mostrarse como una opción hacia adentro y hacia afuera del esquema justicialista. Tiene que ser una cara conocida para el votante.
La cordobesa va a todos lados va acompañada de dos laderos: el legislador provincial y pareja De la Sota, Bernardo Knipscheer y el ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez. Son los nombres que expanden las gestiones políticas y aceitan el trabajo de relaciones diario.

En el 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández era un hervidero y se definían las listas para la elección, Sergio Massa propuso que De la Sota sea su candidata a vicepresidenta. No tuvo consenso interno y su intención se diluyó cuando el entonces presidente pidió por Agustín Rossi, que ocupaba la Jefatura de Gabinete. A partir de ahí su nombre se asoció y se empezó a acercar a la estructura del peronismo nacional.
De la Sota va a poner sobre la mesa los casi nueve puntos que sacó en Córdoba en la elección legislativa del año pasado como un capital importante para la propuesta justicialista del 2027. La provincia que conduce Martín Llaryora ha sido esquiva para el peronismo nacional en los últimos comicios. Y cualquier opción que quiera ser competiviva el año que viene tiene que tener un anclaje legítimo y medianamente voluminoso en el segundo distitro electoral más importante del país.
El gobernador cordobés muy probablemente desdoble la elección provincial y ponga el foco exclusivamente en esos comicios. Llaryora busca su reelección y, por ahora, se muestra ajeno a cualquier armado nacional. Incluso, tiene diálogos abiertos con la Casa Rosada que le ponen un signo de interrogación a su jugada política electoral del año que viene.
En ese campo minado, De la Sota tiene capacidad de construir su perfil, con las limitaciones que le impone el poder del peronismo cordobés en una provincia donde ese espacio tiene una gran legitimidad. También tiene el margen de aglutinar una parte importante del voto kirchnerista, que siempre ronda los cinco puntos, y de absorber, por el costado ciego, a los desencantados de un proceso político que lleva más de dos décadas al frente a la provincia y casi el mismo tiempo distanciado del peronismo nacional.
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