POLITICA
Paro docente: el Gobierno dijo que los gremios deben garantizar el 75% de actividad por la reforma laboral
El próximo lunes 3 de agosto, las escuelas de todo el país enfrentarán un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de un nuevo conflicto entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional. La protesta fue definida por el congreso de CTERA como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente, estancando el sueldo mínimo en 500 mil pesos durante el último año y profundizando un escenario de tensión que se había atenuado durante la tregua impuesta por el Mundial de Fútbol.
En paralelo, los gremios educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT) iniciarán ese mismo lunes un plan de lucha que no incluirá huelgas, sino medidas como trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa para los alumnos, y una movilización final ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación. Las acciones de la CGT serán detalladas oficialmente en una conferencia de prensa el lunes a las 14 en la sede de Azopardo 802.
El Gobierno exige el cumplimiento del 75% de la actividad escolar
Ante la convocatoria al paro, el Ministerio de Capital Humano, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, que declara a la educación como servicio esencial. Según el artículo 101 de la norma, durante medidas de acción directa como huelgas, los gremios tienen la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio.
En un comunicado oficial, la cartera encabezada por Capital Humano subrayó que la normativa asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y los porcentajes de operatividad, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando “el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”. El texto advierte que el incumplimiento de esta obligación por parte de las entidades sindicales será sancionado “por los medios legales aplicables”.
La Ley 27.802, que forma parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso, fue mencionada como argumento central por el Gobierno para exigir que los sindicatos garanticen la continuidad del servicio educativo, aun durante las medidas de fuerza. Esta exigencia se fundamenta en el objetivo de proteger la educación como un derecho esencial para los estudiantes.
Reclamos de los sindicatos docentes y contexto del conflicto
La decisión de CTERA de realizar un paro nacional de 24 horas surge de la denuncia de un “ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional”, según comunicó el sindicato. Entre los principales reclamos se encuentran la convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y pago inmediato del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y una nueva ley de financiamiento educativo. Además, la entidad rechaza una posible reforma jubilatoria y el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno, y exige mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
El conflicto sindical docente no es reciente, pero se intensificó tras la negativa oficial a reabrir la discusión salarial que, según CTERA, es el “ámbito previsto por la legislación vigente para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”. La organización también denuncia el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo y el incumplimiento en la restitución de fondos nacionales destinados a la educación, como el FONID.
Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, encabezada por Sergio Romero (Unión Docentes Argentinos, UDA), optó por un plan de lucha sin paros, evaluando que el actual marco legal representa un riesgo para los docentes que adhieran a una huelga total. Entre las acciones previstas se encuentran “semaforazos” en esquinas, volanteadas en distintos puntos del país y una movilización de cierre. Las razones de la protesta serán expuestas el lunes por Romero en conferencia de prensa.
Debate judicial sobre la esencialidad del servicio educativo
Aunque la disposición que obliga a mantener el 75% de las actividades mínimas fue objetada judicialmente por los sindicatos, una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendió temporalmente la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita la demanda sindical. Sin embargo, tras la apelación del Gobierno, el límite a la extensión del derecho de huelga se mantiene vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En este contexto, los sindicatos agrupados en la CGT evaluaron que desobedecer la norma podría exponer a los docentes a “duras sanciones” por parte de las autoridades. La vigencia de la Ley 27.802 fue uno de los motivos por los que la CGT optó por protestas alternativas al paro.
Perspectivas y acciones previstas para agosto
Durante agosto, el plan de lucha de los sindicatos docentes incluirá una serie de medidas que buscan visibilizar el reclamo salarial y la defensa de la educación pública. Además del paro nacional de CTERA del lunes 3 de agosto, se prevén jornadas de trabajo a reglamento, clases informativas, actividades en la vía pública y una movilización central frente a las autoridades nacionales.
Entre los objetivos sindicales se destacan la recuperación del salario docente, la restitución de fondos nacionales y la defensa de derechos laborales, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios. El Ministerio de Capital Humano reiteró su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación vigente, promoviendo que se pueda acceder a la educación aun durante las medidas de fuerza.
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POLITICA
Hotesur y Los Sauces: el TOF 5 habilitó la revisión en Casación, pero mantuvo las fechas de los juicios
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) concedió los recursos de casación contra el desdoblamiento de los debates de Hotesur y Los Sauces y mantuvo vigentes las fechas fijadas para el inicio de los juicios: Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026 y Hotesur, el 19 de marzo de 2027.
La decisión habilita la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, pero no modifica el cronograma establecido para ambos tramos del proceso.
Los jueces José Antonio Michilini, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Adriana Paliotti coincidieron en conceder las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El tribunal sostuvo que el desdoblamiento no dejó sin efecto la unificación procesal, sino que modificó la secuencia de las audiencias, ya que Los Sauces completó las medidas de instrucción suplementaria, mientras que en Hotesur todavía quedan diligencias pendientes.
Finalmente, rechazó por mayoría el recurso de reposición presentado por el defensor público coadyuvante Gerardo Miño, quien había pedido que los debates comenzaran de manera simultánea y que se incorporara otra causa vinculada con Ernesto Clarens.
En ambos expedientes se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.
Entre los principales imputados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y el excontador Víctor Manzanares.
En Los Sauces se analiza si la inmobiliaria fue utilizada para canalizar dinero mediante contratos de alquiler de propiedades por más de $25 millones entre 2009 y 2016. La acusación sostiene que empresas de los grupos Báez e Indalo realizaron pagos que podrían haber constituido retornos por beneficios, contratos, concesiones, licencias o ventajas impositivas.
En Hotesur se evalúa si la empresa hotelera recibió dinero de firmas vinculadas a Báez -en particular, mediante el gerenciamiento de Valle Mitre y el alquiler de habitaciones- para blanquear fondos que, según la hipótesis acusatoria, provenían de la obra pública vial en Santa Cruz.
Los fundamentos
El TOF 5 sostuvo que se trata de un único juicio y que la organización temporal de sus etapas puede adecuarse para que el tramo que ya está preparado avance mientras continúan las medidas pendientes en la otra parte del expediente.
Consideró que postergar el inicio hasta marzo mantendría paralizada una porción de la causa que ya se encuentra en condiciones de ser juzgada.
También cuestionó al fiscal general Diego Velasco al señalar que, pese a haber reclamado reiteradamente la fijación de una fecha de debate, presentó luego planteos que -según los magistrados- dificultaron la organización del juicio y demoraron su preparación.
La discusión llegará ahora a Casación, que deberá determinar si la modalidad dispuesta por el TOF 5 respeta la unidad del proceso y las garantías de las partes.
El presidente del tribunal, José Michilini, afirmó que la decisión cuestionada tiene carácter organizativo y no equivale a una sentencia definitiva. Al explicar por qué admitió los recursos pese a esa conclusión, señaló que impedir su revisión en esta etapa podía generar nuevas incidencias y mayores demoras antes de los debates ya programados.
El magistrado precisó que la apelación fue concedida para evitar que la discusión sobre su admisibilidad se convirtiera en un nuevo obstáculo procesal: “La concesión del recurso no supone reconocer carácter definitivo a la resolución impugnada ni implica modificar el criterio anteriormente expuesto acerca de la ausencia, en esta etapa, de un gravamen actual de imposible reparación ulterior”.
Además, distinguió los objetos de las acusaciones. Indicó que Hotesur se concentra principalmente en la explotación hotelera y la intervención de Valle Mitre, mientras que Los Sauces incluye operaciones inmobiliarias y hoteleras, contratos de locación y transferencias de empresas vinculadas tanto con el Grupo Báez como con el Grupo Indalo.
Por su parte, el juez Machado Pelloni consideró que ni la Fiscalía ni la UIF refutaron de manera concluyente que aún resta producir prueba para realizar un juicio conjunto.
No obstante, votó por conceder sus recursos de casación para que el tribunal revisor defina si la separación de Los Sauces y Hotesur afecta la valoración integral de la prueba, la estrategia de las acusaciones y las garantías de las partes.
En esa línea, reconoció que el desdoblamiento podría incidir en la valoración de pruebas comunes y en la posibilidad de profundizar los interrogatorios de testigos sobre hechos vinculados al otro expediente, pero remarcó que la organización del debate también debe resguardar el debido proceso y las garantías de las defensas.
Adriana Paliotti coincidió con la concesión de los recursos, aunque se apartó de los fundamentos expuestos por sus colegas. La jueza recordó que Los Sauces ingresó al tribunal en octubre de 2018 y Hotesur en mayo de 2019, y que la acumulación fue dispuesta el 13 de junio de ese año con el consentimiento de las partes.
Señaló que los recursos de la Fiscalía y la UIF describen afectaciones al ejercicio de sus funciones acusatorias que podrían resultar de reparación imposible o insuficiente.
Los planteos de la Fiscalía y la UIF
El fiscal Velasco planteó que el desdoblamiento posterga el juzgamiento de Hotesur y altera la estructura de causas que habían sido acumuladas. También cuestionó que el tribunal hubiera resuelto la separación sin una discusión previa entre las partes durante la audiencia preliminar del 4 de septiembre de 2026.
Por su parte, la UIF pidió que se restableciera un único debate oral y público. La querella planteó que la realización de dos juicios separados podría limitar el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, duplicar actos procesales y derivar en valoraciones parciales de la documentación contable, bancaria, societaria y contractual.
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La Cancillería argentina celebró este viernes el anuncio de la petrolera Halliburton Company de no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas ni sus alrededores.
“La decisión, producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería, constituye un nuevo resultado de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, destacó la Oficina del Presidente en un comunicado.
Halliburton anunció este viernes que comunicó a las autoridades argentinas su decisión de no trabajar en el proyecto petrolero marítimo Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas.
El proveedor de servicios petroleros añadió que las autoridades argentinas habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente en relación con las actividades en el territorio británico en disputa, consignó la agencia Reuters.
“El Gobierno continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país y procurará que ninguna actividad económica contribuya a consolidar una situación contraria a la posición argentina”, expresó el Poder Ejecutivo.
Y reafirmó que “continuará ejerciendo y defendiendo sus derechos mediante todos los instrumentos previstos por el derecho nacional e internacional”.
El anuncio de Halliburton se conoció después de que Milei intensificara el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.
En septiembre, Milei presentó un proyecto de ley para tomar medidas drásticas contra las empresas que operan en las islas, lo que podría agravar la tensión con el Reino Unido.
Se estima que el yacimiento petrolero Sea Lion, situado a unas 225 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, alberga 1.700 millones de barriles de petróleo.
La Argentina se opuso al proyecto desde su descubrimiento en 2010, cuando declaró ilegal la perforación en el yacimiento.
Rechazo de los isleños a los ciudadanos argentinos
En otra arista del conflicto diplomático, un grupo de isleños de las Malvinas solicitó este viernes la prohibición del ingreso de argentinos al archipiélago. Los residentes denunciaron un aumento de esas visitas que, al arribar al territorio, ondean banderas argentinas y carteles donde reclaman que las islas no son británicas.
El reclamo tiene lugar en un momento de alta tensión luego de que la Argentina recrudeciera las sanciones sobre las empresas involucradas en actividades de explotación petrolera en las islas Malvinas.
Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, mencionó los pedidos que realizaron los residentes contra las visitas de argentinos en diálogo con Falkland Islands Television.
“Dentro de la comunidad, hay quienes han expresado abiertamente su deseo de impedir la llegada de visitantes argentinos a las islas. Si bien no me opongo a ello, debemos ser realistas respecto al marco legal vigente, por lo que no podemos simplemente prohibir la entrada de personas en este momento”, explicó.
Y señaló que uno de los motivos de la “gran indignación y hostilidad” son las publicaciones de personas corriendo por la calle principal de una de las islas con la bandera argentina o con réplicas de la famosa insignia improvisada que desplegaron los jugadores de la selección argentina tras su triunfo contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, y que decía “Las Malvinas son argentinas”.
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La subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, se fue del Gobierno este viernes. La ahora exfuncionaria oficializó su salida a través de una carta en la que plasmó su “renuncia indeclinable”.
La exnúmero dos de Julio Cordero en la secretaría que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se desempeñó en una tarea similar en el gobierno porteño. En el mundo privado, trabajó en Ternium. Ocupaba el cargo en la gestión libertaria desde 2024.
Mariano Sartoris, un abogado de confianza de Pettovello, será su reemplazante, según pudo saber . Sartoris hasta ahora se desempeñaba como subsecretario Legal de Capital Humano; y antes había sido subsecretario administrativo en la Secretaría de Trabajo.
Sartoris llegó al gobierno de la mano de Pettovello, apenas arrancó la gestión. Es decir, que hace más tiempo que integra esta administración que Cordero, que entró en marzo de 2024.
“El cambio es por una reestructuración del ministerio. Testa cumplió una etapa. Sartoris es un abogado de confianza de Sandra, que llegó con ella desde el día uno”, refirieron fuentes oficiales.
Por su parte, Testa tenía buena llegada con sindicalistas y empresarios. Desde ambos sectores lamentaron su salida. “Era la única solvente en esa área”, dijo un jerárquico de la CGT tras conocer su dimisión.
Sartoris será el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023. Antes de Testa estuvieron en ese puesto Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue echado en octubre de 2024. Previo a él pasaron por Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, todos ex Pro y vinculados al exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca.
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