POLITICA
Julián Domínguez, exministro de Agricultura: “La reforma de la Ley de Tierras pone en riesgo la soberanía nacional”

El Partido Justicialista comenzará en las próximas semanas una campaña para intentar frenar la reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno. La estrategia incluirá una cumbre en Buenos Aires, actividades en distintas provincias y, si la iniciativa avanza en el Congreso, una eventual presentación ante la Justicia. Así lo anticipó Julián Domínguez durante una entrevista con Infobae al Regreso, donde sostuvo que la modificación de la norma “pone en riesgo la soberanía nacional” y advirtió que el debate excede cualquier diferencia partidaria. “Por el bien de los argentinos, ojalá que este proyecto no salga. No es un tema del peronismo; es un tema de la Argentina, del sentimiento del pueblo argentino”, afirmó.
El exministro de Agricultura, que volvió a asumir la Secretaría de Asuntos Agrarios del PJ, explicó que el partido ya trabaja en una convocatoria nacional para reunir a dirigentes, especialistas y referentes del sector con el objetivo de defender la legislación vigente. Además, confirmó que, si el proyecto se convierte en ley, buscarán impedir su aplicación por la vía judicial.
Para Domínguez, el principal cambio que introduce la iniciativa es conceptual, porque “convierte la tierra en un activo financiero”. En ese sentido, sostuvo que el territorio “es constitutivo de la identidad de la Nación y de los pueblos” y que la política de ordenamiento territorial “hace al diseño de la planificación del propio destino y futuro”, por lo que consideró que eliminar los límites actuales implica mucho más que una modificación sobre la propiedad de la tierra.
Al explicar el origen de la ley sancionada en 2011, recordó el escenario que dejó la crisis financiera internacional de 2008 y el creciente interés de grandes fondos de inversión por adquirir enormes extensiones de territorio. “Me pidieron comprar un millón de hectáreas en un país y 700 mil hectáreas en la Argentina para un fondo de inversión”, relató, al señalar que esa experiencia fue uno de los factores que impulsaron la creación de una norma para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros y preservar el control sobre recursos estratégicos.
Durante la entrevista también vinculó el debate con la competencia global por la energía y el desarrollo de la inteligencia artificial. Según planteó, las recientes advertencias de Elon Musk sobre un posible déficit energético muestran que la tierra volverá a adquirir un valor geopolítico cada vez mayor. “Lo que se visualiza es la compra de grandes territorios de tierra sin norma, con legislación propia”, aseguró.

Como ejemplo mencionó el caso de Próspera, el desarrollo impulsado en Honduras con participación del empresario Peter Thiel, donde, según explicó, se buscó crear un enclave con reglas propias. A su entender, esos antecedentes obligan a discutir cuál debe ser el papel del Estado frente al creciente interés internacional por territorios con recursos naturales y potencial energético, como la Patagonia. En esa línea, recordó que la legislación vigente todavía establece límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. “Todavía queda un 10% más de tierras por comprar y la limitación son mil hectáreas en la zona núcleo. Después cada provincia hace la adaptación en su territorio”, precisó.
Consultado por la actualidad del peronismo, Domínguez defendió a Cristina Fernández de Kirchner al afirmar que está “convencido” de que “no tiene nada que ver con lo que se la acusa” y que “se violaron todas las garantías constitucionales en un juicio que no fue justo”. Sin embargo, aclaró que nunca formó parte del núcleo político del kirchnerismo. “Fui ministro de Cristina y presidente de la Cámara. Tengo gratitud por ella, pero no provengo del riñón del kirchnerismo”, diferenció.
También se refirió al futuro del PJ y planteó la necesidad de reconstruir una fuerza política con mayor capacidad de representación. “Me gusta un peronismo que sea pueblo, que interprete al pueblo y represente a su comunidad”, sostuvo, antes de señalar que el liderazgo de cara a 2027 debería surgir de una competencia interna entre quienes aspiren a conducir el espacio.

Al analizar el gobierno de Javier Milei, reconoció que la estabilidad económica continúa siendo una demanda central de la sociedad, aunque cuestionó el costo social del ajuste. “La sociedad argentina valora muchísimo la estabilidad. Quien gobierna tiene que garantizar estabilidad, no por lo que hizo Milei, sino por la Argentina”, señaló. Sin embargo, advirtió que “hoy bajaste la inflación dejando afuera un montón de sectores” y aseguró que “el 21% de las familias está endeudada para comer”.
Antes de terminar la entrevista, el ex ministro dejó una autocrítica sobre la dirigencia política en general. “Creo que los políticos dejaron de hacer política. Nos hablamos a nosotros mismos y no tratamos de convencer de las razones que nos asisten. Ese es el desafío que está vacante en la Argentina”, concluyó.
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POLITICA
Milei cerró la Argentina Week con un cóctel en un exclusivo salón de la Torre Eiffel

En un exclusivo salón ubicado en el primer piso de la mítica Torre Eiffel, el presidente Javier Milei cerró este viernes la Argentina Week de París con un cóctel rodeado por empresarios, gobernadores y funcionarios. El acto incluyó música, comida y un breve discurso del mandatario, quien aseguró que fueron “jornadas espectaculares”.
En su último día en Francia, y luego de haber recibido una distinción del Foro Económico de París, Milei se acercó a la histórica torre situada frente al Río Sena para darle un cierre al evento que inició el miércoles y que, según el Gobierno, contó con los anuncios de inversión en la Argentina por parte de empresas por un monto de US$27.000 millones.
“Quiero agradecer a los participantes y organizadores del Argentina Week París. También quiero agradecer a las autoridades francesas y al presidente [Emmanuel] Macron por la hospitalidad que nos brindaron”, expresó Milei.
El cóctel inició a las 19 hora local (16 de Argentina), duró cerca de tres horas y contó con un bandejeo austero, con comida y vino y jugo de naranja como bebidas. Además, una orquesta lírica -que trabajó ad honorem- llenó de música el ambiente y tocó el himno.
En su llegada, el mandatario fue recibido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y buena parte de su Gabinete, entre ellos, el canciller, Pablo Quirno, y los ministros de Economía y Desregulación y Transformación del Estado, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, respectivamente, que estaban esperándolo.
También estuvieron el secretario de Prensa, Fabián Fernández, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Luego, saludó al resto de los invitados, uno por uno. Entre los gobernadores estuvieron Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy).
Del lado empresario, en tanto, participaron Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía; Francisco de Narváez, presidente del Grupo de Narvaéz; Federico Ovejero, vocero de Roche; Marisa Brisher, CEO de Biglobal; Diego Sucalesta, presidente de PromArgentina y Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
“Fueron unas jornadas espectaculares donde pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país. Creemos que Argentina se encuentra frente un cambio de página respecto de sus 100 años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte. Argentina se dirige a paso a firme hacia el futuro”, manifestó Milei.
Y añadió: “No vamos a mirar atrás y por eso esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos. Porque queremos atraer inversiones, potenciar el talento argentino, conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida todos nuestros ciudadanos”, cerró el Presidente, no sin antes lanzar, como es habitual, su arenga “¡Viva la libertad carajo!“.
Tras el evento, la comitiva se marchó y ya emprendió su regreso a Buenos Aires. El arribo a la Aeroestación Militar de Aeroparque está estipulado para este sábado a las 10.
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POLITICA
La fiscalía pidió nuevas medidas para comprobar si Adorni concretó las operaciones con las criptomonedas

La fiscalía que investiga el patrimonio de Manuel Adorni pidió nuevas medidas de prueba para establecer si las operaciones con Bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justifica casi US$600.000 en efectivo fueron realmente suyas. Le encargó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe que responda 29 preguntas sobre quién controló esas cuentas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, según supo TN de fuentes judiciales.
El pedido llega un día después de una primera verificación. Ayer, en la sede de la Fiscalía Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita, se comprobó que las ocho direcciones de Bitcoin que aportó la defensa existen y que sus movimientos coinciden con los que informó Adorni. También certificó que sus abogados tienen hoy las claves de acceso a esas cuentas.
Cada dirección de Bitcoin funciona como una cuenta y solo puede operarla quien tiene la clave privada. Quien tiene hoy esa clave puede demostrarlo, pero eso no prueba que la haya tenido siempre: las claves se pueden transferir y una persona puede obtener cuentas con operaciones ya registradas. Las nuevas preguntas de la fiscalía apuntan a despejar esa posibilidad.
La fiscalía les preguntó a los especialistas si existe alguna herramienta técnica para establecer desde cuándo alguien tiene las claves, o para comprobar si quien las tiene hoy es la misma persona que manejó las direcciones entre 2014 y 2018. También consultó si las firmas digitales de ayer acreditan un control exclusivo o compartido de las claves, y si es posible producir una firma válida sin tenerlas.
En la verificación de ayer, los abogados de Adorni firmaron en cada dirección un “mensaje de desafío” generado por la fiscalía. El método permite demostrar que alguien tiene la clave de una cuenta sin revelarla. Los defensores usaron las claves privadas que Adorni había entregado antes ante escribano, en un sobre cerrado, y técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA confirmaron que todas las firmas eran válidas. Todo quedó filmado y registrado en un acta, y las claves se volvieron a guardar en un sobre lacrado sin que nadie las viera.
En su respuesta al requerimiento de justificación patrimonial que le hizo la fiscalía en agosto, Adorni sostuvo que obtuvo US$591.544 con operaciones de Bitcoin. Según su presentación, hizo una primera inversión en 2014 y otra cercana a US$200.000 en 2017, compró las criptomonedas en encuentros presenciales con vendedores y las vendió en efectivo, por fuera de plataformas reguladas. Dijo además que guardó el dinero en su domicilio hasta diciembre de 2023.
En paralelo, Pollicita pidió a principios de esta semana reconstruir los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que fueron mayores de edad, levantar el secreto fiscal y relevar compras de moneda extranjera entre 2011 y 2015, entre otras medidas. La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.
Las nuevas pruebas que pide la fiscalía
Uno de los puntos del pedido resume el estado de la investigación. La fiscalía señala que las direcciones se quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y el 11 de septiembre de 2018. También dice que los movimientos registrados coinciden con los que informó la defensa y que la verificación criptográfica dio resultado positivo. Con esos elementos, les pregunta a los técnicos si es “técnicamente compatible” que el imputado haya controlado las direcciones mientras funcionaron. Y, en contrapartida, si existe alguna medida que permita afirmar con certeza que en ese período las manejaba otra persona.

El informe también tiene que analizar los 41 movimientos registrados en las ocho direcciones: si los pudo haber hecho una sola persona, si necesariamente intervino un tercero y si el registro público de Bitcoin, la llamada “blockchain”, tiene algún dato que identifique a quien controlaba las cuentas en ese momento. La fiscalía pregunta en particular si hay alguna forma de identificar quién depositó fondos en 2014 en cinco de las ocho direcciones. Según el pedido, en esas operaciones no aparecen conexiones con plataformas de intercambio.
Otra parte del cuestionario apunta a cómo se generaron y se guardaron las claves. Los investigadores también quieren saber si todavía se pueden rastrear las conexiones a internet desde las que se hicieron las operaciones.
Ante los empresarios de IDEA, Luis Caputo prometió una reforma tributaria para 2031
El pedido incluye preguntas sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas y consulta qué tan confiables son las herramientas comerciales que vinculan direcciones de Bitcoin con plataformas y si sus resultados son auditables por terceros.
Por último, pidió precisiones sobre el marco legal de la época. Pregunta qué normas regían en la Argentina para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018, qué alcance tenía la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF), desde cuándo existe el registro de proveedores de servicios de activos virtuales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuándo incorporó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estándares específicos para estos proveedores.
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Murió el juez Augusto Belluscio, el último de los integrantes de la Corte del regreso a la democracia

A los 96 años, murió Augusto Belluscio, el último sobreviviente de la Corte Suprema de Justicia que refundó Raúl Alfonsín en 1993 con el regreso de la democracia. Se trata del último de los jueces que dejaron firme la histórica sentencia contra los excomandantes que lideraron el terrorismo de Estado en la Argentina.
Lo propuso para la Corte Suprema de Justicia el ministro de Justicia de Alfonsín, Carlos Alconada Aramburu, quien lo había conocido cuando ejercía como abogado ante su juzgado federal.
Puntilloso, de origen radical y obsesivo en la corrección de la sintaxis de sus votos, en la Corte, aun quienes discreparon ideológicamente con él, le tenían gran respeto como jurista.
Civilista de prestigio y autoridad indiscutida en derecho de familia, Belluscio fue juez de la Corte durante casi 22 años, entre diciembre de 1983 y septiembre de 2005.
Atravesó tres Cortes distintas, cuatro presidencias y algunos de los fallos más decisivos de la democracia recuperada.
Votó contra el divorcio vincular y a favor de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Convalidó la obediencia debida, pero rechazó los indultos de Carlos Menem.
Enfrentó a Domingo Cavallo en el apogeo del superministro y respaldó la pesificación cuando los ahorristas golpeaban las puertas de Tribunales.
Había nacido en Buenos Aires el 10 de junio de 1930. Se recibió de abogado en la UBA en 1955 y se doctoró en 1960. Fue a la misma escuela primaria que Enrique Petracchi, con quien compartiría después dos décadas de Corte, aunque nunca coincidieron en las aulas: le llevaba cinco años.
Entró a Tribunales en 1957 como secretario de un juzgado civil. En 1965 fue designado juez nacional en lo civil y comercial federal y en 1974 ascendió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Dejó ese cargo durante la dictadura. Años más tarde explicaría que se fue porque la situación se había vuelto peligrosa.
Fue profesor de Derecho Civil V en la UBA desde 1962 y titular de la cátedra entre 1973 y 1996. Su Manual de Derecho de Familia es un clásico con nueve ediciones y dirigió el Código Civil comentado, anotado y concordado, de nueve tomos que le llevó un cuarto de siglo.
Alfonsín lo propuso el 13 de diciembre de 1983, al tercer día de su gobierno, por sugerencia de su ministro de Justicia, Alconada Aramburu. El Senado le dio acuerdo por unanimidad el 21 de diciembre.
Conformó el alto tribunal renovado por completo junto con Genaro Carrió, José Severo Caballero, Carlos Fayt y Enrique Petracchi: un radical, un radical cordobés, un socialista, un peronista y un jurista sin filiación, según los escribió él mismo en una entrevista con estudiantes de una revista universitaria en 2017.
Irónico, decía que Alfonsín había cometido el error de aceptar la propuesta, y que lo único que lo sorprendió en 1983 fue que el entonces presidente ganara esas elecciones.
Era el último de los jueces vivo que el 30 de diciembre de 1986 confirmó la sentencia del Juicio a las Juntas. Tuvo, sin embargo, un voto donde redujo las penas de Viola y Agosti y, con Caballero, argumentó en un voto por separado sobre el grado de responsabilidad de los excomandantes.
Meses después, tras la crisis de Semana Santa, convalidó con la mayoría la ley de obediencia debida en el caso Camps. En esos años firmó el fallo Bazterrica que declaró inconstitucional castigar la tenencia de drogas para consumo personal, en nombre de la esfera privada que protege el artículo 19 de la Constitución.
Y ese año votó contra el divorcio vincular al sostener que esa decisión le correspondía al Congreso, no a los jueces. Treinta años después contó que Alfonsín les había pedido en una reunión que declararan inconstitucional la vieja ley de matrimonio civil, y que él votó en contra igual.
“Por más que me presionen, no me sale jugo”, declaró. Una lección de independencia que trasciende las décadas.
En 1990, Carlos Menem amplió la Corte de cinco a nueve miembros y formó la “mayoría automática”. Belluscio fue la minoría de esa mayoría automática, junto con Petracchi y Fayt.
En 1990 la corte menemista volvió a penalizar la tenencia para consumo, pero Belluscio y Petracchi mantuvieron la disidencia. Cuando Menem indultó a los comandantes condenados, Belluscio votó en minoría por la inconstitucionalidad de esa medida presidencial.
En 1993, con Petracchi denunciaron el robo de una sentencia de la Corte del libro de protocolo. Ese fallo obligaba al Banco Central a pagar honorarios millonarios. Todos miraban a otro juez de la Corte en realidad.
Domingo Cavallo, en cambio, dijo que la habrían robado ellos mismos, y los jueces lo querellaron. Cavallo terminó pidiéndoles disculpas en público.
El episodio que más lo persiguió ocurrió en París, cuando en 1989, la abogada Mirta Schwartzman, de 40 años, murió al caer desde un cuarto piso en una habitación donde se encontraba con Belluscio. La policía francesa concluyó que se había tratado de un suicidio. Belluscio admitió ante los investigadores la relación sentimental que los unía.
El caso desató un escándalo político y su esposa le pidió el divorcio.
En la crisis de 2001 respaldó la pesificación y soportó la furia de los ahorristas que protestaban frente al Palacio de Justicia.
En 2003, Elisa Carrió pidió su juicio político por su actuación en sanciones a jueces inferiores. El pedido no avanzó, y en enero de 2004 Belluscio asumió la vicepresidencia del tribunal, junto a Petracchi como presidente.
En la reapertura de los juicios por la represión firmó con Fayt y Adolfo Vázquez una disidencia que consideraba prescripto el delito y rechazaba aplicar en forma retroactiva la convención de imprescriptibilidad.
Un fallo inspirado por sus ideas puede impactar aún hoy en la causa por la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, que recurrió a tribunales internacionales para revocarla.
Se trata del caso Bullascio de 2004, por la muerte de Walter Bullascio en 1991 en una comisaría tras un recital en Obras de los Redonditos de Ricota.
Allí aceptó reabrir la causa. Petracchi y Eugenio Zaffaroni sostenían que la Corte debía subordinarse a la Corte Interamericana. Belluscio y Juan Carlos Maqueda, en cambio, admitieron que los fallos del tribunal internacional eran obligatorios, pero basaron la reapertura en que la sentencia que declaró prescripto el delito era arbitraria y había que dictar una nueva.
En 2017 mantuvo su idea y dijo que la Corte Interamericana no podía revocar un fallo de la Corte Suprema, salvo para liberar a un condenado.
El 7 de junio de 2005, a días de cumplir 75 años, entregó su renuncia al ministro de Justicia, Horacio Rosatti, hy presidente de la Corte. Estaba por cumplir la edad límite que fijó la Constitución para seguir siendo juez.
Belluscio dijo que no quería beneficiarse de un fallo que él mismo había firmado cuando extendió en el caso de Fayt la posibilidad de seguir más allá de ese límite legal. Quedarse, escribió, sería una incompatibilidad ética que no estaba dispuesto a aceptar.
Sus pares lo despidieron con un brindis y aplausos, a diferencia de lo que ocurrió cuando la mayoría automática menemista dejó la Corte.
En la profesión seguía ejerciendo en el estudio fundado por el civilista y procesalista Santiago Fassi, cuyo retrato exhibía en su despacho. Tenía una idea austera, casi monacal, del oficio. A los futuros jueces les recomendaba pegar el traste al asiento.
Se definía como un liberal clásico, convencido de que cuanto menos se metiera el Estado en la vida de las personas, mejor. Estaba contra el matrimonio igualitario y el divorcio sin causa, pero dijo que lo había vencido el modernismo.
La Corte lo recordará con una acordada y la colocación de su nombre en la placa que recibe a los visitantes en el cuarto piso del edificio de los tribunales.
Con su muerte, desaparece el último integrante del máximo tribunal de cinco miembros que en 1983 le devolvió una idea republicana a la Corte de la democracia.
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