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POLITICA

El enemigo imaginario que justifica un DNU absurdo

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El reciente Decreto 681/26, que modifica la ley de migraciones para impedir el ingreso o revocar la residencia de extranjeros que hubieran emitido mensajes de odio contra el pueblo argentino, es un excelente ejemplo para ilustrar, por el absurdo, lo que un decreto de necesidad y urgencia no debe ser. Su inconstitucionalidad es flagrante por el contenido, pero lo es más por la vía elegida.

Quienes lo rechazan (una categoría que incluye también a personas que habitualmente apoyan las políticas del gobierno nacional) se han detenido por lo general en el primer aspecto. No les falta razón. Los mensajes de odio a los que se refiere el decreto se vinculan a lo que se ha denominado la “campaña antiargentina”. Los considerandos del decreto no emplean esa expresión, pero la idea está expuesta con claridad: “Que han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. Ese supuesto fundamento se expone en términos dogmáticos, como una verdad que no necesita ser demostrada. Aunque no se lo aclara, es obvio que los “mensajes de odio” son las críticas que despertó en las redes sociales el desempeño de la selección argentina de fútbol y algunas expresiones de personalidades conocidas internacionalmente, como el actor estadounidense Samuel L. Jackson, que acusaron a los argentinos de racistas. Cada tanto surgen ciertas estupideces de este tipo. Hace unos años, el diario The Washington Post señalaba, como si se tratara de un acto de discriminación, que en la selección argentina no había negros.

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El presidente Javier MileiCaptura

De todas formas, por injustas y reprobables que nos parezcan, estas voces no son parte de ninguna campaña, si por tal se entiende una acción planificada. Tampoco se podría hablar de una campaña argentina contra los extranjeros o algunas clases de extranjeros cuando se recuerdan afirmaciones de altos funcionarios del gobierno nacional o importantes dirigentes del oficialismo que emiten mensajes del más crudo racismo. Son manifestaciones individuales, aunque alguien podría sospechar en una fuerza política tan verticalista si son alentadas o por lo menos admitidas por la fraternidad gobernante. Llama la atención, en todo caso, que se mencione como uno de los fundamentos de la medida el Pacto de San José de Costa Rica en cuanto prescribe que se debe prohibir por ley “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional” si se tiene en cuenta que el presidente de la Nación expresa reiteradamente que “no odiamos suficiente a los periodistas”. Acaso haya odios buenos y odios malos.

¿Quién determinará si un extranjero que ingresa en nuestro territorio odia al pueblo argentino? Un empleado administrativo de migraciones. ¿Sobre qué base? ¿Se pasará horas y horas navegando por las redes sociales a la pesca de algún mensaje que lo haga aparecer como un odiador? ¿O algún organismo del Estado argentino practicará por él ese patrullaje? Por no hablar de la vaguedad de la tipificación de los discursos de odio, que evoca la manipulación de este concepto por parte del kirchnerismo. ¿Asistiremos a la creación de un NODIO libertario?

En cualquier caso, ese es un debate que eventualmente debería dar el Congreso, que así como sancionó, puede modificar la ley de migraciones. ¿Lo puede hacer también el Presidente? Solo mediante un decreto de necesidad y urgencia “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” (art, 99, inc. 3, CN). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que esas circunstancias se configuran en dos hipótesis: 1) si materialmente el Congreso no se puede reunir, por ejemplo, en caso de una catástrofe natural; 2) si la necesidad de dictar cierta medida es tan urgente y apremiante que no se pueden esperar los plazos que, aun imprimiéndoles un trámite acelerado, demanda el proceso de formación y sanción de las leyes.

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Como actualmente no existe ninguna circunstancia que impida la reunión del Congreso, solo cabría dictar un decreto de necesidad y urgencia en la segunda hipótesis. ¿Cuál es, entonces, la urgencia? Los considerandos del decreto ni siquiera intentan identificarla. Como suele suceder en estos casos, se conforman con la mecánica cita del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, sin justificar el motivo por el cual en este caso concreto hay esa urgencia. Les basta decir: “Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.

¿Pero qué ha ocurrido? ¿Hay una súbita oleada de odiadores intentando ingresar a la Argentina? ¿Las imágenes de Ezeiza como una Ceuta sudamericana nos están siendo ocultadas? La fundamentación de este decreto groseramente inconstitucional es tan absurda que no merece mayor comentario. ¿Nos tranquiliza o más bien nos debe preocupar que el Poder Ejecutivo sabe que además es impracticable, que solo intenta sacar rédito del nacionalismo mundialista y que pronto los algoritmos serán el caldo de cultivo de otra medida populista contra un nuevo enemigo imaginario?



Osvaldo Pérez Sammartino,LA NACION,Política

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POLITICA

Milei abre la puerta a un acuerdo con aliados para definir su compañero de fórmula en las elecciones de 2027

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El presidente de Argentina, Javier Milei, sale al balcón de la Casa Rosada para saludar a simpatizantes, en una fotografía de archivo (EFE/Luciano Gonzalez)

“La política es dinámica, pueden ocurrir acuerdos y en función de eso se puede tomar una opción u otra”, admitió el presidente Javier Milei, el día después de haber revelado que había definido el nombre de su compañero de fórmula para 2027. Aunque el mandatario sostuvo que tenía un nombre elegido, esta mañana admitió que existen alternativas en carpeta y no le cerró la puerta a definir el candidato a Vicepresidente en función de un eventual acuerdo electoral.

Lanzado el operativo por la reelección del libertario, en Casa Rosada garantizan que una de las condiciones para definir al candidato es que responda políticamente al Poder Ejecutivo. En La Libertad Avanza aspiran a evitar un desenlace similar al generado con Victoria Villarruel, de nula relación con el Presidente, por lo que intentarán designar a una persona del entorno del libertario. “Después de lo que pasamos con Villarruel, no vamos a permitir que el Vice no responda a Casa Rosada”, plantearon desde el oficialismo ante este medio.

A diferencia de la estrategia adoptada en 2025, en Balcarce 50 se muestran receptivos a nuevos entendimientos electorales con mandatarios provinciales y con partidos aliados como el PRO y la UCR. En los dos últimos casos, la negociación es aún más compleja, en particular con el partido que lidera Mauricio Macri, donde la discusión sobre la Ciudad de Buenos Aires oficia de parteaguas.

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Asimismo, algunos interlocutores violeta ven con buenos ojos contemplar la posibilidad de tener un Vicepresidente que provenga del interior del país, en la búsqueda por otros cuatro años de gestión de Milei, pero aseguran que todavía no hay definiciones al respecto.

Luego de contar que tiene resuelto quién será la persona que lo acompañará en la disputa por un nuevo mandato, Milei planteó que cuenta con un “conjunto de personas” que califican para el cargo, pero evitó dar mayores precisiones debido a que considera que “la política es dinámica”. “Tengo alternativas y tengo orden de preferencia, pero la política es dinámica y pueden ocurrir acuerdos”, precisó el Presidente en declaraciones a Radio Mitre.

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Como contó este medio, entre los nombres que evalúa la administración libertaria aparecen la jefa de la bancada violeta en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, quien admitió sus intenciones por competir en 2027, y figuras alineadas con el libertario como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Si bien este medio consultó con esta última, no obtuvo respuesta.

Pese a que desde su entorno lo negaron, el nombre del actual titular de la Cámara de Diputados –Martín Menem- es otro de los mencionados en las filas oficialistas por su cercanía con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por su alineamiento con el Presidente. También el de la menor de los Milei en lo que configuraría una fórmula estrictamente pura de “Milei-Milei”.

La discusión sobre el futuro compañero de fórmula cobra especial relevancia en medio del deterioro definitivo de la relación entre Milei y Villarruel, quien ya no oculta sus diferencias con el Poder Ejecutivo e incluso acusó al mandatario de tener “persecuciones imaginarias”. Esto llevó a que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le sugiriera dar un paso al costado.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli (Jaime Olivos)

Por su parte, el mandatario se hizo eco de las declaraciones de la Vice y evitó confrontar con la que supo ser su compañera de fórmula en 2023. “Cada vez que alguien cambió la realidad lo tildaron de loco. Entiendo que los enamorados del status quo, al que quiere cambiar las cosas, lo traten de loco”, sentenció.

Pese a ello, le facturó a Villarruel el intercambio con los gobernadores peronistas de Formosa, Gildo Insfrán, y de La Rioja, Ricardo Quintela, y el homenaje en el Senado a la expresidenta María Estela Martínez de Perón.

“No es tan importante Victoria Villarruel”, arremetieron por los pasillos de Casa Rosada para desmentir que el anticipo del mandatario respondiera a los chispazos ocasionados en los últimos días. A poco más de dos años de gestión, el vínculo entre el Presidente y la Vice está completamente roto.

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ceremonia de investidura – jura de cargo / toma de posesión de javier milei como presidente de argentina – bastón de mando / bastón presidencial,políticos

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POLITICA

Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno cede para conseguir la Ley de Tierras y busca acuerdos para 2027

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El reciente Decreto 681/26, que modifica la ley de migraciones para impedir el ingreso o revocar la residencia de extranjeros que hubieran emitido mensajes de odio contra el pueblo argentino, es un excelente ejemplo para ilustrar, por el absurdo, lo que un decreto de necesidad y urgencia no debe ser. Su inconstitucionalidad es flagrante por el contenido, pero lo es más por la vía elegida.

Quienes lo rechazan (una categoría que incluye también a personas que habitualmente apoyan las políticas del gobierno nacional) se han detenido por lo general en el primer aspecto. No les falta razón. Los mensajes de odio a los que se refiere el decreto se vinculan a lo que se ha denominado la “campaña antiargentina”. Los considerandos del decreto no emplean esa expresión, pero la idea está expuesta con claridad: “Que han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. Ese supuesto fundamento se expone en términos dogmáticos, como una verdad que no necesita ser demostrada. Aunque no se lo aclara, es obvio que los “mensajes de odio” son las críticas que despertó en las redes sociales el desempeño de la selección argentina de fútbol y algunas expresiones de personalidades conocidas internacionalmente, como el actor estadounidense Samuel L. Jackson, que acusaron a los argentinos de racistas. Cada tanto surgen ciertas estupideces de este tipo. Hace unos años, el diario The Washington Post señalaba, como si se tratara de un acto de discriminación, que en la selección argentina no había negros.

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La frontera Paso de los Libres-Uruguayana



política, bandera, ley de tierras

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El abogado de Cristina Kirchner afirmó que la Argentina deberá cumplir lo que resuelva la ONU: “Es vinculante”

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El abogado brasileño Rafael Vadim, integrante del equipo internacional de Cristina Kirchner, sostuvo en Solo una vuelta más por TN que el Estado argentino estará obligado a implementar cualquier decisión que adopte el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la presentación realizada por la expresidenta. Aclaró, sin embargo, que una eventual resolución no sería aplicada automáticamente por los tribunales locales, sino que requeriría medidas internas.

Vadim, quien participó en la estrategia jurídica internacional de Luiz Inácio Lula da Silva, trabaja en el caso junto con el abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Conducimos la etapa internacional de la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner”, señaló.

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Rafael Vadim aseguró que la decisión de la ONU será vinculante

Podemos afirmar sin ninguna duda que lo que decida el Comité de Derechos Humanos de la ONU es vinculante”, afirmó el abogado.

Según explicó, existe “una obligación del Estado argentino” de cumplir las decisiones del organismo internacional, aunque remarcó que eso no significa que el Poder Judicial deba aplicarlas de manera automática.

“El Poder Judicial argentino recibirá esa decisión del comité y tendrá que implementarla”, sostuvo Vadim al describir el procedimiento que, según la postura de la defensa, debería seguirse en el plano interno.

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El pedido para suspender la inhabilitación política de Cristina Kirchner

La defensa de la expresidenta solicitó que, mientras se analiza la cuestión de fondo, el organismo internacional dicte una medida provisional para suspender su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Podemos poner como ejemplo el pedido para que se suspenda la inhabilitación política de Cristina hasta la decisión de fondo. Si el comité dicta una cautelar en ese sentido, el Estado argentino tiene que tomar las decisiones para que en el plano interno sea implementada esa decisión”, afirmó Vadim.

“No se trata de una injerencia; fue el pueblo argentino, en su Constitución, en la reforma del ‘94, que dio esa apertura a los tratados internacionales de derechos humanos, incluso les dio rango constitucional. No se trata de una injerencia ni de una cuarta instancia. El comité no va a hacer un nuevo juicio, va a examinar si el caso cumplió con los deberes que están contemplados en la noción de debido proceso legal”, aseguró el jurista.

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Y agregó: “La inhabilitación perpetua está en clara contradicción con antecedentes de derechos humanos de Naciones Unidas, hay antecedentes que no permiten esta inhabilitación perpetua o inhabilitaciones largas. O sea que esta decisión de la Corte argentina está vulnerando un antecedente del comité y, por lo tanto, es legítimo que una ciudadana argentina pueda cuestionar esta decisión”.

Sobre la condena, consideró que fue ilegítima. “Lo vamos a poner bajo el escrutinio del comité. Examiné todo el expediente de la causa Vialidad y puedo afirmar que Cristina es inocente; no hay elementos para condenarla”, afirmó.

Cristina Kirchner fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

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Leé también: El escenario judicial que podría habilitar a Cristina Kirchner a competir en las elecciones de 2027

El Tribunal Oral Federal N.º 2 consideró probado que, durante sus presidencias, intervino en una maniobra destinada a favorecer a empresas controladas por Lázaro Báez mediante 51 licitaciones de obras viales en Santa Cruz, con irregularidades en la adjudicación, ejecución y pago de los contratos que provocaron un perjuicio a la administración pública.

La condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por su defensa.

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