POLITICA
El Gobierno analiza los datos del paro docente y define si abre un sumario contra CTERA

El Gobierno termina de consolidar los relevamientos realizados durante el paro nacional docente y definirá sobre esa base si abre un sumario contra CTERA por un eventual incumplimiento del servicio mínimo en las escuelas. La Secretaría de Trabajo todavía no tomó una decisión y mantiene bajo evaluación los informes enviados desde las provincias.
El documento final deberá establecer si la medida de fuerza afectó la cobertura mínima del 75% que exige la Ley de Modernización Laboral para la educación inicial, primaria, secundaria y especial. La eventual apertura de un expediente dependerá de que los inspectores hayan reunido elementos suficientes para atribuirle una infracción concreta a la organización sindical.
“No se definió nada. Es una posibilidad”, expresaron en Nación. Ante una nueva consulta, fuentes oficiales indicaron que las agencias territoriales todavía están analizando y procesando la información recopilada durante la jornada del lunes.
La fiscalización fue coordinada por la cartera que conduce Sandra Pettovello y consistió en una inspección muestral de establecimientos educativos. Los agentes verificaron el funcionamiento de las escuelas, solicitaron información a sus autoridades y remitieron las actuaciones a la administración central de Trabajo.
En Balcarce 50 destacan que la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe habrían superado el piso exigido, mientras que Entre Ríos, Chubut y San Juan registraron una baja adhesión a la protesta. El principal conflicto se produjo en la provincia de Buenos Aires, donde Nación denunció obstáculos para acceder a los datos y realizar controles.
La base jurídica del operativo es el artículo 101 de la Ley 27.802, que modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación obligatoria. La norma dispone que durante una medida de fuerza no puede acordarse ni imponerse una cobertura inferior al 75% de la prestación habitual.
Ese porcentaje no equivale necesariamente a la asistencia de tres de cada cuatro docentes ni a la apertura de exactamente el 75% de los establecimientos. La ley utiliza como parámetro la “prestación normal del servicio”, por lo que Trabajo deberá precisar si mide escuelas abiertas, cursos con clases, horas dictadas, personal disponible o una combinación de esas variables.
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El régimen también establece un procedimiento previo a la huelga. La entidad que convoca debe notificar la medida con cinco días de anticipación y las partes tienen que acordar ante la autoridad laboral la cantidad de trabajadores, los horarios, las funciones y la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas. Si no existe acuerdo, Trabajo puede fijar esas condiciones en consulta con la Comisión de Garantías.
La Casa Rosada aclaró que una sanción no puede derivarse únicamente del nivel general de adhesión. La administración deberá identificar qué obligación fue incumplida, determinar la responsabilidad de CTERA, incorporar las pruebas reunidas por los inspectores y garantizarle al gremio la posibilidad de presentar un descargo antes de dictar una resolución.
En Nación sostienen que la primera consecuencia posible sería una multa, bajo un esquema similar al que se aplica cuando una organización sindical incumple una conciliación obligatoria. El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212, aunque el monto dependerá de la infracción finalmente atribuida y de la resolución del expediente.

El Ejecutivo descarta que una eventual penalidad alcance de manera directa a todos los docentes que adhirieron a la huelga. La actuación administrativa estaría dirigida contra las entidades responsables de garantizar el servicio mínimo. Una suspensión o cancelación de la personería constituye una instancia excepcional que no puede resolverse de manera automática y requiere intervención judicial.
El reparto de competencias será uno de los puntos centrales de una eventual disputa. Las provincias y la Ciudad son las empleadoras de los maestros y ejercen el poder de policía sobre sus establecimientos, mientras que la Secretaría de Trabajo sostiene que puede intervenir sobre una protesta nacional convocada por una confederación sindical con representación en todo el país.
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La administración bonaerense rechazó el operativo y argumentó que un organismo nacional no puede fiscalizar empleo público provincial. En la Casa Rosada responden que la inspección estuvo dirigida a verificar el cumplimiento de una norma federal sobre conflictos colectivos y no a sancionar individualmente a trabajadores dependientes de las jurisdicciones.
CTERA aseguró que la medida tuvo un alto acatamiento y reclamó la reapertura de la negociación salarial nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y un aumento del financiamiento educativo. En el oficialismo replican que las paritarias corresponden a las provincias, aunque el Estado nacional conserva atribuciones sobre el salario mínimo y otros acuerdos federales del sector.
Capital Humano resolverá cómo continúa la actuación cuando complete el cruce de los relevamientos provinciales. El informe podrá cerrar el procedimiento sin consecuencias, dar lugar a una intimación o servir de fundamento para iniciar el sumario. Hasta que termine ese proceso, la aplicación de sanciones contra CTERA continúa siendo una posibilidad y no una decisión adoptada.
Gobierno, paro docente
POLITICA
La Corte revocó la absolución de Milani por la desaparición en 1976 del conscripto Ledo en Tucumán

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó hoy la absolución de César Santos del Corazón de Jesús Milani, exjefe del Ejército durante el kirchnerismo, que fue acusado de haber encubierto la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, en 1976, en Tucumán.
La decisión no condena a Milani ni lo declara responsable: devuelve el expediente al punto anterior a 2021. La Cámara de Casación deberá dictar un nuevo pronunciamiento; tendrá que revisar otra vez, con otra integración, si el militar encubrió lo que ocurrió la madrugada del 17 de junio de 1976.
Por mayoría y con la convocatoria de conjueces, el máximo tribunal hizo lugar a los argumentos de la Procuración General, que sostuvo que no estaba justificada la absolución por el beneficio de la duda.
La decisión de la Corte fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y por el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci (camarista federal de Mendoza), quienes compartieron e hicieron suyos “en lo pertinente” los fundamentos y las conclusiones del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.
Para el procurador, el tribunal y la Cámara Federal de Casación Penal omitieron valorar “exhaustivamente aquellas circunstancias comprobadas de la causa al afirmar que Milani no sabía, ni tenía ningún motivo para pensar que Ledo no había desertado, sino que había sido víctima de un acto criminal por parte de efectivos de las fuerzas armadas”.
Tampoco consideraron que habría mentido cuando consignó que el soldado desaparecido se había llevado sus cosas.
“La única forma de sostener razonablemente que (…) Milani no tenía ningún motivo para pensar que Ledo no se había fugado, sino que había sido víctima de un acto ejecutivo del plan aludido, sería admitir, ingenuamente, que el entonces joven subteniente ignoraba tanto cuál era el objetivo primordial del Ejército en la zona en la que se desempeñaba, como aquellas circunstancias sobre la personalidad de Ledo y el hallazgo de sus pertenencias, que eran conocidas para el resto de los miembros de la comisión”, sostuvo el dictamen.
En un voto concurrente, el conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas (camarista federal de Salta) coincidió en dejar sin efecto la absolución de Milani, al sostener que los tribunales inferiores hicieron un análisis “en abstracto” del papel de Milani, al considerar la deserción como “un mero trámite burocrático”, olvidando que la víctima ya había sido identificada como “marxista” y teniendo en cuenta la condena que en el mismo juicio se dictó contra Esteban Sanguinetti, oficial superior de Milani cuando ocurrieron los hechos.
La disidencia de Rosenkrantz
En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz también hizo un extenso análisis en el que cuestionó el recurso de la Procuración; hizo hincapié en lo que la fiscalía “no adujo ni explicó” y concluyó que correspondía confirmar la sentencia absolutoria.
“El horrible crimen contra Ledo ocurrió en el marco de la represión ilegal, pero no todo lo ocurrido entonces es el producto del obrar de todos los hombres de armas. La concreta participación de cada imputado debe ser demostrada en cada causa más allá de toda duda razonable”, señaló.
Rosenkrantz sostuvo que la fiscalía no contempló que “Milani, tal como lo afirmó el Tribunal Oral en su decisión, si bien era oficial del Ejército, ostentaba el cargo más bajo -subteniente-, tenía 21 años de edad al momento de los hechos y se había incorporado a la unidad solamente dos meses antes de la desaparición de Ledo, además de que no consta que haya participado de actividades de inteligencia, por lo que no se podía concluir -sin pruebas- que compartía con un capitán del Ejército la información sobre la comisión de delitos ordenados por los altos mandos militares”. El juez afirmó que la fiscalía tampoco explicó “por qué sería arbitraria la afirmación de los jueces inferiores en cuanto a que la elaboración del acta era una mera ‘operación de trámite”.
Según Rosenkrantz, “la circunstancia de que Ledo y Milani no hubiesen tenido relación entre sí en atención a que no pertenecían ni a la misma sección ni unidad (cuestión consentida por el fiscal) y la escasa jerarquía y edad del acusado, constituyen serios indicios de la razonabilidad de la duda sobre el desconocimiento de las circunstancias delictivas de su desaparición”.
Agapito Ledo era un estudiante de historia que tenía trabajo social junto al obispo de La Rioja Enrique Angelelli y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Hacía el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 del Ejército Argentino, con asiento en la provincia de La Rioja, cuando en la noche del 17 de junio de 1976 fue sacado por la fuerza de su cama. Nada se supo de él. Según testimonios, fue visto por última vez en diciembre de ese año, como detenido, en el Arsenal Miguel Azcuénaga de San Miguel de Tucumán.
El caso fue llevado a juicio, con el excapitán Esteban Sanguinetti imputado como autor material de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio del soldado Ledo; y Milani, señalado como encubridor y autor de falsedad ideológica.
Según el expediente, Sanguinetti ordenó labrar actuaciones en las que Ledo figuraba como desertor, diciendo que se había fugado con su equipo de campaña. El acta fue labrada por Milani, subteniente del Ejército.
En el juicio, la fiscalía y la querella de la familia Ledo solicitaron para Sanguinetti una condena a prisión perpetua y para Milani, seis años de cárcel, la pena máxima prevista para el delito del que estaba acusado.
En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó la absolución de Milani por el beneficio de la duda y condenó a Sanguinetti a 14 años de prisión como partícipe secundario del delito de privación ilegítima de la libertad, en concurso con homicidio calificado con alevosía, concurso premeditado de dos o más personas, criminis causa; delitos considerados de lesa humanidad.
La sentencia fue apelada por la fiscalía, la familia del soldado y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allí se cuestionó la absolución a Milani y la pena y el rol atribuido a Sanguinetti.
En diciembre de 2021, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, confirmó la absolución del extitular del Ejército del kirchnerismo y se abrió el recurso solicitado por los acusadores sobre Sanguinetti.
Tanto la Procuración como las querellas apelaron la absolución de Milani.
El expediente estuvo cuatro años y medio en la Corte, que este martes decidió hacer suyo “en lo pertinente” el recurso fiscal. Según fuentes judiciales, la causa volverá ahora a la Cámara Federal de Casación Penal.
Milani tiene 71 años y, en caso de ser condenado, podría pedir cumplir su pena en arresto domiciliario.
Es la segunda vez que el máximo tribunal interviene contra Milani. En abril de 2024, desestimó un planteo suyo en la causa por enriquecimiento ilícito, abierta por la compra de una casa en La Horqueta, San Isidro, en 2010, por 1.500.000 pesos que no pudo justificar con sus ingresos.
En ese caso, el Tribunal Oral Federal 7 lo había absuelto en septiembre de 2022 y la Cámara de Casación anuló esa absolución en agosto de 2023, con los votos de Petrone y Barroetaveña y la disidencia de Figueroa, por entender que el tribunal había valorado la prueba de manera parcial.
Además, en agosto de 2019, Milani fue absuelto en La Rioja en la causa por los secuestros y torturas de Pedro y Ramón Olivera, cometidos en marzo de 1977, cuando era subteniente del Batallón 141.
acusado,Hernán Cappiello,César Milani,Conforme a
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Caso Chocolate Rigau: el descargo de los diputados bonaerenses tras la denuncia de un juez que los acusó de “ocultamiento”

La Cámara de Diputados bonaerense salió al cruce de la denuncia presentada por el juez de Garantías Guillermo Atencio, quien pidió investigar un posible encubrimiento en el marco de la causa por Julio “Chocolate” Rigau. La Legislatura sostuvo que actuó “ajustada a derecho” y que en ningún momento buscó impedir el avance de la investigación.
Según el descargo difundido por la Cámara, el archivo de las actuaciones fue aprobado el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes de que ingresara el requerimiento judicial, el 19 de agosto. Además, remarcaron que la decisión fue pública, se votó en una sesión transmitida en vivo y quedó registrada en los archivos del cuerpo.
Uno de los principales argumentos de Diputados apunta a diferenciar las actuaciones que fueron archivadas de la causa que investiga a Rigau. La Cámara sostuvo que, según la documentación analizada, los requerimientos y decisiones administrativas cuestionados correspondían a la causa Rodríguez, vinculada a una investigación por hurto, y no directamente al expediente de Rigau.
En ese sentido, la Legislatura aseguró que sí respondió a los pedidos de información realizados por la Justicia en la causa de “Chocolate” y destacó que esa investigación avanzó hasta la etapa de juicio, con personas que permanecen detenidas.
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César Milani hoy: de emblema militar del kirchnerismo a una voz aislada que intenta reposicionarse con críticas a Milei

Sin vínculos de ningún tipo con la plana mayor de las Fuerzas Armadas, el teniente general retirado César Milani, que fue el hombre fuerte del Ejército y de la inteligencia militar en los años del kirchnerismo, reapareció recientemente con fuertes críticas a la política de defensa del gobierno de Javier Milei. Cuestionó, en particular, su ofensiva contra el Reino Unido por la Cuestión Malvinas y declaró que “el giro del Presidente es un oportunismo político, demagógico y berreta”. Recordó, en ese sentido, que el líder libertario había defendido el derecho a la autodeterminación de los pobladores de las islas y expresado su admiración por Margaret Thatcher.
Milani, a quien la Corte acaba de reabrirle una causa por el presunto encubrimiento del crimen del conscripto Alberto Ledo en Tucumán, en 1976, tiene hoy 71 años. Acompañó históricamente las expresiones de los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas identificados con la causa Malvinas, en contraposición con el “sector liberal”. Pero en el nuevo escenario evita transitar las mismas posiciones que el gobierno libertario. Minimizó las sanciones contra empresas que participan de exploraciones petroleras en Malvinas, anunciadas por el gobierno de Milei, al recordar que ya en agosto de 2013 la entonces presidenta Cristina Kirchner recurrió a esa estrategia.
En el plano judicial, reivindica entre quienes lo acompañan la absolución que inicialmente le había dado la Justicia en las causas por la desaparición del Ledo, revocada ahora por la Corte, y el secuestro y torturas contra Pedro y Ramón Olivera, en La Rioja, que sigue vigente. Milani, cuando se encontraba en lo más alto de las Fuerzas Armadas durante el período kirchnerista, acercó posiciones con las Madres de Plaza de Mayo y en diciembre de 2013 tuvo una recordada entrevista con Hebe de Bonafini, con amplia difusión en la revista de la organización.
Más allá de las causas judiciales, en el último tramo de la presidencia de Cristina Kirchner, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que había avalado las postulaciones para sus ascensos en la carrera militar, cuestionó su designación como jefe de la fuerza mientras no hubieran concluido las investigaciones sobre su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos durante el proceso militar.
La Cuestión Malvinas
El exjefe del Ejército entiende que la Argentina no tiene capacidad militar para pensar en recuperar las islas por la fuerza y declaró que proponer una teoría en tal sentido reflejaría “una demencia importante”.
En términos políticos, el exjefe de Inteligencia del Ejército procura hacer pie en el PJ, aunque no tiene participación en la Comisión de Defensa de ese partido, que encabeza el exministro Agustín Rossi. En forma categórica, una fuente partidaria aseguró a que “Milani no participa de la Comisión de Defensa del PJ”.
Tampoco tuvo acercamientos con el Ministerio de Defensa en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, cuando la política militar fue conducida sucesivamente por Rossi y por Jorge Taiana. Apuesta a una renovación en el peronismo y promueve la formación de un frente nacional con vistas a las próximas elecciones.
Milani intenta posicionarse con fuertes críticas a la gestión libertaria por los bajos ingresos del personal militar y la caótica situación de la obra social y argumenta que un alto porcentaje de los integrantes de las Fuerzas Armadas se encuentra por debajo de la línea de pobreza. “El relato es uno y los hechos son otros”, advirtió en una emisora radial, al cuestionar las políticas de los últimos tres años con términos que quedaron familiarizados con la gestión kirchnerista.
Frente al anuncio de la reactivación de las obras para construir la Base Naval Integrada en Ushuaia, un punto estratégico en el que tanto China como Estados Unidos han puesto su mirada, el exjefe militar kirchnerista advirtió que el gobierno de Milei redujo los recursos del Fondo de Financiamiento de la Defensa (Fondef) y planchó el proyecto”. En sus fuertes cuestionamientos, Milani no apareció acompañado por otras voces del peronismo.
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