POLITICA
Bausili defendió en Diputados la reforma del BCRA: “Ya existe en los países que combatieron la inflación”
La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a debatir formalmente el proyecto del oficialismo para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor independencia. La presentación de la iniciativa estuvo a cargo del presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, y su vice Vladimir Werning. “Lo que proponemos son elementos que existen en la gran mayoría de las cartas orgánicas de los bancos centrales de los países que ya fueron exitosos en combatir la inflación”, explicó Bausili.
Luego de esta primera reunión informativa, en la que los funcionarios contestaron preguntas de los bloques, el oficialismo apunta a realizar un nuevo plenario durante la semana que viene para firmar el dictamen y dejar listo el proyecto para debatirlo en el recinto el miércoles 19, junto con la ampliación de la Inocencia Fiscal.
A diferencia de lo que ocurre con el proyecto de Inocencia Fiscal II, que recibió críticas de los aliados respecto a la posibilidad de que funcionarios puedan adherir al régimen simplificado de Ganancias (como hizo Manuel Adorni en plena investigación por enriquecimiento ilícito), la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central cuenta con apoyo mayoritario entre los bloques aliados y dialoguistas.
Tal como explicaron los funcionarios, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.
La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Pero ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.
“Hoy la carta orgánica tiene más de un objetivo y nuestra propuesta es que tenga solo uno: preservar el valor de la moneda. El segundo elemento es eliminar el financiamiento al Tesoro. El artículo 20 establece cómo se distribuyen los adelantos transitorios. Es una herramienta que surgió como resultado de la crisis del 2001, pero resultó ser lo más permanente. El tercer elemento es la restricción de las utilidades. Se atacan dos frentes: primero para que solo puedan ser utilizadas para pagar deuda, y segundo que se distribuyan sólo utilidades líquidas y realizadas, que no sean solo asientos contables. El cuarto punto tiene que ver con la gobernanza: proponemos, en línea con lo que hay en la mayoría de las cartas orgánicas del mundo, una combinación para la remoción que incluya al Ejecutivo y al Congreso para preservar de las presiones políticas cuando exista un conflicto de interés”, sintetizó Bausili.
Los principales cuestionamientos de la oposición dialoguista giraron en torno a la mayoría agravada de dos tercios del Senado y la Cámara de Diputados para remover al presidente de la entidad y a los miembros del directorio.
Desde Unión por la Patria, que rechaza de plano el proyecto oficialista, insistieron en los problemas que podría generar un divergencia ideológica entre las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Economía. “Ustedes después de hacer durante dos años que el Banco Central sea un ministerio más del Gabinete, nos vienen a decir que hay que separar todo. ¿No ven el problema de tener una desconexión de la política del banco central y la política económica que define un gobierno?”, planteó Itai Hagman.
“La coordinación es muy valiosa. Pero cuando aparece la imposición de financiar al Tesoro eso limita la capacidad del Central de definir su política monetaria de manera independiente”, contestó el titular del BCRA.
Por su parte, la la diputada de UxP Victoria Tolosa Paz sostuvo que la modificación impulsada por el Gobierno responde a un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional y no a una necesidad de la economía argentina. En ese sentido, remarcó que la actual Carta Orgánica no impide llevar adelante la política monetaria del oficialismo y advirtió que eliminar objetivos vinculados al desarrollo económico, la producción y el empleo profundizará la recesión. “Un Banco Central no puede limitarse únicamente a la estabilidad monetaria cuando la Argentina atraviesa graves problemas de producción, crecimiento, industria y desigualdad”, señaló.
Finalmente, ante la pregunta del peronista Sergio Palazzo, dirigente de La Bancaria, sobre dónde está depositado el oro de las reservas, Bausili fue esquivo: “En los estados financieros de 2023, 2024 y 2025, que fueron auditados por tres niveles, consta que todo el oro está donde tiene que estar, que es en las reservas internacionales del BCRA. SI los lingotes físicos están en un sótano de la calle Reconquista o están depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) eso ya es una función de la gerencia de reservas del BCRA. Así como el BCRA no divulga las operaciones que hace, porque promueve que el mercado ‘tradee’ en contra del Central, tampoco se detalla dónde se reservan estas posiciones en oro”, señaló.
POLITICA
Gobernadores del norte presionan para que en noviembre esté operativo el subsidio eléctrico a zonas cálidas
Para aprobar la reducción de los subsidios al gas a las «zonas frías», el gobierno nacional consiguió los votos de legisladores del Norte Grande. A cambio, prometió fijar para esas provincias un criterio «zonas cálidas» en las tarifas eléctricas durante la temporada estival. El entendimiento se cerró en la 24° Asamblea del bloque que reúne a las 10 provincias del NEA y del NOA.
La decisión no se establecería por una ley, como pasó en el caso de la subvención al gas, sino por una resolución de la Secretaría de Energía. La normativa aún no salió y en el Gobierno nacional mantienen la reserva sobre cuándo se conocerá. Pese a esto, un grupo de gobernadores la dio como un hecho. Hasta pusieron fecha de inicio, noviembre, y parámetros de otorgamiento.
Entre ellos están los mandatarios de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero y de Misiones, Hugo Passalacqua. Los dos primeros hicieron especificaciones técnicas de la medida esperada y generaron expectativa en sus poblaciones. El tercero llegó a hacer públicos una plataforma para adherir al beneficio.
Anuncios y expectativas
Valdés fue el primero en agitar la bandera. El viernes 25 de septiembre, horas después de que se modificara «zonas frías», anticipó: “Se cumplió la parte de la ley. Ahora la semana que viene debería salir la resolución así los correntinos podemos tener tarifas diferenciadas en electricidad. Son cerca de 185.000 familias las que se van a ver beneficiadas”, evaluó.
El gobernador correntino precisó que la subvención alcanzará a los meses de mayor consumo. Contemplará hasta 500 kWh subsidiados entre noviembre y abril. Durante los otros seis meses, el límite sería de 300 kWh. Días después, dijo en un discurso que ahora la pelea pasará por convertir en ley la resolución.
“Todavía no hay nada”, fue la respuesta corta que emitió la Casa Rosada ante la consulta de Infobae sobre la medida.
Lo cierto es que «la semana que viene» se convirtió ahora en «la semana pasada» y la resolución no apareció. Valdés fue parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a París en esos días. La capital europea fue sede de una nueva edición de la Argentina Week.
El chaqueño Zdero también participó de esa misión comercial en busca de inversores. Desde la Ciudad Luz, el mandatario se expresó en el mismo sentido que Valdés: “El beneficio va a llegar a partir de noviembre. Se mantendrá en diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Van a estar cubiertos los meses más calurosos”, describió.
El diputado nacional chaqueño Guillermo Aguero (UCR) fue más allá. Llegó a detallar que el esquema contempla un bloque de hasta 550 kWh mensuales con un subsidio de 50% durante seis meses. Esto significa que los primeros 550 kWh del consumo mensual en el período noviembre/abril tendrán la bonificación. La energía que supere ese límite será abonada a tarifa plena.
Luego, puntualizó que el beneficio está destinado a hogares cuyos ingresos netos familiares totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del Indec. La CBT se ubicó en agosto en $1,6 millones. Es decir que el límite sería de $4,8 millones.
Operativo en marcha
Misiones anunció la entrada en vigencia del esquema y los topes a fines de la semana pasada. A través de la empresa estatal de electricidad, informó incluso las etapas que deben seguir los usuarios para acceder al beneficio.
El parte oficial detalló: “La incorporación de Misiones al esquema diferencial responde a las gestiones realizadas por la Provincia ante Nación”. El objetivo fue que se reconozcan “las condiciones climáticas y las necesidades particulares de consumo eléctrico del Norte argentino” dentro del régimen nacional de subsidios.
“El planteo fue sostenido por Passalacqua y ratificado en agosto durante la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en Posadas”, agregó.
Energía de Misiones indicó a sus usuarios cómo gestionar el beneficio. “El primer paso es revisar la factura de electricidad. Allí figura la situación del usuario frente al subsidio mediante las leyendas «CON SEF (subsidio energético focalizado)» o «SIN SEF»”.
En el primer caso, el hogar ya cuenta con la subvención nacional. Por lo tanto “queda comprendido en el nuevo esquema diferencial que comenzará a aplicarse en noviembre, de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen”. De lo contrario, el usuario deberá entrar a www.argentina.gob.ar/subsidios, donde podrá hacer el trámite correspondiente, agregó la empresa.
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POLITICA
La Cámara de Casación analiza si reabre la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por la toma del crédito con el FMI en 2018
La Cámara Federal de Casación Penal tiene a estudio la causa archivada donde se investigó al expresidente Mauricio Macri y al ahora ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros, por haber tomado un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 57.100 millones de dólares en 2018.
Ahora, quienes deben resolver si reabren el caso o dejan firme el archivo son los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
En ese expediente, que viene cerrado desde la primera instancia y con recursos de los fiscales para seguir investigando, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación es Raúl Pleé.
El funcionario solicitó hoy un plazo de cinco días para decidir si mantiene el recurso de queja contra el archivo, al igual que hicieron sus colegas de anteriores instancias, o si por el contrario, lo desiste.
Si lo mantiene, la Cámara Federal de Casación podría reabrir el análisis del caso, pero si lo desiste, la causa contra Caputo, Macri y Federico Sturzenegger, que en aquel entonces estaba en la Secretaría de Finanzas, quedaría cerrada.
Se trata de la investigación relacionada con el acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de USD 50.000 millones, luego ampliado a USD 57.100 millones.
La investigación comprendió a Macri y a distintos exfuncionarios de su gobierno y del Banco Central y procuró determinar, entre otras cuestiones, si el proceso de negociación, contratación y utilización de esos fondos podía configurar delitos contra la administración pública.
La investigación tuvo entre sus objetivos establecer si, a partir de la suscripción del acuerdo, se profundizó un proceso de endeudamiento externo destinado, según la hipótesis fiscal, a sostener la formación de activos externos y eventualmente beneficiar indebidamente a funcionarios o terceros.
También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones. En esta etapa, la Sala IV deberá decidir si corresponde habilitar la intervención de Casación para revisar el archivo de la causa.
Ese archivo fue dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Frente a esa decisión, el fiscal Franco Picardi primero recurrió, y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue declarado inadmisible, por lo que acudió directamente en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Por lo tanto, Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver la admisibilidad de la queja fiscal y definir si corresponde que Casación revise el archivo de la investigación.
La fiscalía viene objetando pasos administrativos en la concesión del crédito que, para la jueza Capuchetti, tras cinco años de investigación, no constituyen un delito culposo. Las objeciones coinciden con el dictamen de la mayoría de la Auditoría General de la Nación.
Pero la Cámara Federal dijo que no había delito doloso en esas cuestiones. Bertuzzi y Llorens consideraron que la investigación estaba agotada y ratificaron el cierre dispuesto por Capuchetti.
Para los camaristas, las irregularidades no implican necesariamente delitos. “El delito de abuso de autoridad exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes con dolo específico de violar la norma”, que exige un ejercicio “manifiestamente arbitrario o abusivo” de la función.
Eso es lo que analiza ahora el fiscal Pleé: si, como sostiene Agüero Iturbe, esas falencias prueban un delito intencional o si no hay delito y el caso debe permanecer archivado.
Hernán Cappiello,Mauricio Macri,FMI,Conforme a
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este lunes la próxima instalación en la Argentina de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. El área contará con US$7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad.
Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno estadounidense aprobó formalmente un fondo total de US$13,35 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De ese monto, US$7,5 millones se destinarán a proyectos de cooperación en la Argentina y otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para toda la región, en las que el país también participará.
Desde la cartera indicaron que los recursos permitirán profundizar los proyectos conjuntos y adquirir equipamiento para reforzar las capacidades operativas. “Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”, subrayó Monteoliva a través de un posteo en sus redes, donde celebró la llegada de la entidad dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La INL, la oficina especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá una nueva base en el país “multiplicando por diez la inversión en cooperación”, remarcó la funcionaria. Y agregó: “Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región. Ley y orden”.
Desde el Ministerio destacaron que la instalación de la unidad es un nuevo paso en el trabajo estratégico entre ambos países, frente a organizaciones criminales que operan con un alcance transnacional cada vez mayor. A su vez, explicaron que la Argentina y Estados Unidos profundizaron el vínculo con intercambio de información, inteligencia criminal, capacitación, asistencia técnica y operativos conjuntos, y que esa articulación permitió avanzar en la desarticulación de rutas usadas para el tráfico de drogas.
La presencia de la INL en el país no es una novedad. Según un posteo de la propia oficina de abril, las unidades antinarcóticos que apoya junto a la DEA en la Argentina secuestraron durante 2025 más de 1.260 kilos de cocaína y detuvieron a 35 narcotraficantes.
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