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La Libertad Avanza resignó el capítulo de tierras, pero salvó el resto del proyecto sobre la propiedad privada y confía en lograr la media sanción

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Este miércoles, el Gobierno decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, luego de comprobar que no reunía los votos necesarios para aprobarlo en el Senado.

La marcha atrás buscó desactivar las resistencias de gobernadores y bloques dialoguistas, que cuestionaban los cambios propuestos sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.

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Con esa concesión, La Libertad Avanza logró preservar el resto de la iniciativa, que incluye reformas al régimen de expropiaciones, desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. En el oficialismo aseguran que, tras el acuerdo alcanzado con sus aliados parlamentarios, cuentan con las mayorías para avanzar hoy con la media sanción del proyecto, mientras el debate sobre la Ley de Tierras quedó postergado hasta alcanzar un mayor consenso.

La oposición de los gobernadores y la marcha contra el capítulo de tierras

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, alejó la posibilidad de ayudar al oficialismo a construir mayorías en el Senado. “He conversado con las dos senadoras nacionales, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, señaló el mandatario.

Pese a que La Libertad Avanza había asegurado que contaba con los votos necesarios, a la oposición de Tucumán se sumó la de la representante de Salta, Flavia Royón.

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, planteó: “Así como enviamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén. No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”.

El proyecto que modificaba la Ley de Tierras trascendió el Congreso y también generó rechazo en distintos sectores de la sociedad que convocaron a una movilización frente al Senado para hoy.

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Por unanimidad, los integrantes del bloque de LLA decidieron retirar el capítulo vinculado a la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de continuar trabajándolo y alcanzar un mayor nivel de consenso. “La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”, dijeron desde la presidencia libertaria.

En la reunión de este miércoles, de la que participaron La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, también se acordó avanzar con el tratamiento del resto de la propuesta que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que integran el espacio.

De esa manera tendrían las mayorías, dicen los sectores libertarios, para sancionar el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza. Foto: prensa LLA

Los cambios en la Ley de Tierras Rurales

La última versión del proyecto estableció un límite del 25% por provincia para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Además, dispuso que las operaciones deberán contar con la autorización del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno de la provincia donde se encuentre el inmueble.

Actualmente, la Ley de Tierras Rurales permite que hasta el 15% de la superficie rural de cada jurisdicción quede en manos extranjeras. También establece que una persona física o jurídica de otra nacionalidad no puede poseer más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país.

Se incorporó una serie de restricciones. El texto prohíbe la compra de tierras rurales por parte de personas jurídicas, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y otras formas asociativas que tengan participación estatal extranjera directa o indirecta.

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La prohibición podrá exceptuarse cuando exista una autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.

El capítulo tercero también establecía “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del 25% en el territorio de cada provincia”.

Además, señalaba que “toda adquisición deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”.

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Otro de los reclamos planteados por los senadores de provincias fronterizas fue la incorporación de una doble autorización para la compra de tierras rurales. Según el nuevo esquema, deberán intervenir tanto el Gobierno nacional como la administración provincial correspondiente.

El Poder Ejecutivo Nacional tendrá competencia para evaluar cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, los objetivos estratégicos y la defensa nacional.

Este debate quedó postergado hasta la búsqueda de mayores consensos.

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Cristina López, senadora nacional bloque Justicialista. Foto: Senado nacional.
Cristina López, senadora nacional bloque Justicialista. Foto: Senado nacional.

Rechazo del peronismo

Desde el peronismo anticiparon 25 votos en contra del proyecto. El bloque Justicialista, conducido por José Mayans, tiene entre sus integrantes a la senadora Anabel Fernández Sagasti no estará presente debido al avanzado estado de su embarazo y fue autorizada a votar de manera remota desde su provincia de Mendoza.

La legisladora mendocina le envió una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel para solicitar autorización para participar de manera remota, como ocurrió durante la pandemia. En su presentación, se amparó en jurisprudencia de la Corte Suprema y argumentó que su ausencia dejaría a Mendoza sin representación federal en un debate que considera trascendental por los cambios propuestos en la Ley de Tierras Rurales.

El pedido, autorizado por Villarruel, será puesto a consideración del cuerpo al comienzo de la sesión.

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“No estoy solicitando una dispensa para dejar de trabajar ni procurando anticipar una licencia por maternidad. Es exactamente lo contrario: quiero sesionar y cumplir plenamente con el mandato que me confiaron los mendocinos. El único impedimento que tengo es físico y de distancia: recorrer más de 1.000 kilómetros”, explicó Fernández Sagasti en la nota enviada a Villarruel.

El radical Flavio Fama, recientemente sometido a una intervención quirúrgica, solicitó la misma excepción.

Por su parte, la senadora fueguina Cristina López, del bloque Justicialista, rechazó el proyecto. “No nos vengan a vender que esto es una mejora. Es la misma entrega. Con (Javier) Milei todo es un negociado: la soberanía, el territorio, el agua. Lo único que cambiaron es el porcentaje que están dispuestos a rematar. Los libertarios quieren vender nuestro país”, cuestionó.

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El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros: qué obligaciones adicionales se incluyeron en el acuerdo

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El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó este martes la paritaria firmada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.

Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.

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La mejora, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero

La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.

En la homologación, la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero advierte a las partes sobre dos obligaciones específicas que se desprenden del texto legal. La primera refiere al carácter de ciertas sumas pactadas: se recuerda lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que delimita qué conceptos integran el salario y cuáles no.

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La segunda obligación concierne a las contribuciones empresarias contenidas en el acuerdo. El texto ordena que esos fondos sean administrados de forma separada respecto del patrimonio sindical general, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. La medida apunta a garantizar transparencia en el manejo de esos recursos.

Hugo Moyano y su hijo Pablo, quien volvió a negociar las paritarias luego de una ausencia de 5 años

La homologación fija además un paso posterior para las partes: deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio colectivo aplicable. Ese cálculo deberá ser examinado por la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, en cumplimiento del artículo 245 de la Ley N° 20.744, que establece el mecanismo para determinar el salario base de las indemnizaciones por despido sin causa.

El convenio firmado por Camioneros también fijó condiciones particulares para distintas ramas de la actividad. En Caudales se fijó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% en septiembre y enero de 2027.

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Los trabajadores de Caudales recibirán además un premio por presentismo y puntualidad con el mismo monto y alcance que el vigente para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal. La rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales tendrá un incentivo de presentismo equivalente.

Los camioneros recibirán un aumento del 9,9% para el período septiembre 2026-febrero 2027

Para los peones especializados de esa última actividad, se acordó un adicional del 8% del sueldo básico de la categoría cuando cumplan tareas de acompañante de chofer. Las condiciones específicas deberán ser definidas entre la cámara empresarial del sector y el gremio.

El pedido de un premio por presentismo y una mejora porcentual para la rama de Expresos y Mudanzas quedó fuera del acuerdo por el rechazo de las empresas.

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Una semana antes, el sindicato de Moyano había reclamado una “instancia integral de negociación” para discutir una recomposición de los salarios desde el 1° de septiembre y revisar lo firmado en marzo: argumentó que buscaba “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.

El acuerdo se ajusta a la política del Ministerio de Economía, que promueve incrementos inferiores al 2% mensual y convenios de mayor duración.

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca mantener las paritarias por debajo de la inflación (Foto: EFE/Lenin Nolly)

El antecedente inmediato fue la paritaria firmada el 11 de septiembre de 2025, presentado como un modelo para el resto de las paritarias. Aquella negociación estableció un aumento del 3,3% con vigencia semestral, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.

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En 2025, el Ministerio de Capital Humano difundió aquel acuerdo mediante un comunicado de prensa en el que sostuvo que los porcentajes “reflejaban el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.

En este caso, la reunión con las cámaras empresariales marcó la primera participación de Pablo Moyano en una paritaria del gremio en los últimos 5 años. El dirigente había sido apartado en 2021 de la Secretaría Adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, en medio de una fuerte disputa con su padre vinculada a la crisis financiera de la obra social.

Cristian Sanz, presidente de FADEEAC

Padre e hijo se reconciliaron en marzo. Desde entonces, Pablo Moyano retomó presencia en la vida cotidiana del sindicato después de haberse concentrado en su tarea como presidente del Club Deportivo Camioneros.

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Las paritarias son suscriptas habitualmente con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no participó de esta negociación porque el Ministerio de Justicia ordenó su intervención, desplazó a sus autoridades y fijó un plazo de 180 días hábiles para revisar su situación institucional, económica, financiera y patrimonial.

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Arrancó el juicio político contra el juez federal Gastón Salmain con una fuerte polémica entre la defensa y los acusadores

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El juicio político contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain arrancó este martes con cruces fuertes entre los acusadores y defensores del magistrado que está siendo juzgado en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en dos hechos: un supuesto cobro de 200.000 dólares de coima al financista Fernando Whpei, que admitió que pagó tras arrepentirse en una causa judicial; y otro caso donde se cuestiona al juez federal por no haber informado sobre una causa judicial en su contra hace más de 20 años que derivó en una cesantía en el Poder Judicial.

Fue en el segundo caso en el que Salmain trastabilló, cuando decidió declarar en el jury de enjuiciamiento. Cuando la acusación comenzó a formularle preguntas, Salmain dijo que no se acordaba por qué lo habían echado hace dos décadas del Poder Judicial, afirmó que no lo declaró en su currículum para concursar porque no le “sumaba puntos” e insistió en calificar de “arrepentido serial” al financista que declaró cómo pactó una coima de 200.000 dólares a cambio de un fallo.

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“Cortemos con la dulzura, Salmain tendría que estar preso”, disparó el senador Luis Juez, uno de los tres acusadores junto con los consejeros Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre. Sobre el juez suspendido pesa un procesamiento por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, con prisión preventiva dictada que no se hizo efectiva por contar con fueros. Si Salmain es destituido pasará a hacerse efectiva la prisión preventiva en su contra.

Salmain está acusado de autorizar a los tenedores del fideicomiso Attila, administrado por el financista rosarino Whpei, a adquirir los 10.000.000 de dólares al tipo de cambio oficial, pese a que el Banco Central se oponía, en momentos en que regía el cepo cambiario. Según la investigación penal, el favor tenía un precio: el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue, un pago que los fiscales calcularon en unos 200.000 dólares. Whpei es imputado colaborador en esa causa y, a la vez, está procesado en un expediente por extorsión en el que también está acusado el exjuez federal Marcelo Bailaque.

Salmain, entre sus defensores Castro Bianchi y UbeiraConsejo de la Magistratura de la Nación

El encargado de exponer la acusación por el caso Attila fue Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien sostuvo que Salmain actuó en connivencia con terceros para beneficiar al demandante a cambio de la promesa de un retorno económico. “Las evidencias permitirán desarrollar cómo fue el trámite, cómo fue la competencia y cuál fue la intervención del juez Salmain, qué hizo frente al planteo de rechazo del BCRA y qué hizo la Cámara Federal que revocó esa medida”, anticipó.

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La defensa, a cargo de Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, salió a negar cualquier vínculo entre el juez y el financista. “La acusación no va a poder probar nada. Va a quedar claro que Salmain no conoce a Whpei. Van a venir los secretarios a contar que esta persona ni siquiera entró al juzgado del doctor. Es imposible arreglar un sorteo en la Justicia Federal de Rosario que depende de la Cámara”, dijo Castro Bianchi. Y les pidió a los jurados que imaginaran a Salmain como alguien que estaba tomando un café en un lugar cualquiera y al que “después le hacen una cama”.

La segunda acusación se remonta a hace 24 años. Cuando Salmain era empleado de un juzgado de la seguridad social en Comodoro Py, y fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado N° 8, donde él trabajaba. Los nueve miembros de la Corte Suprema lo dejaron cesante por unanimidad, y la causa penal derivada terminó con una probation. El reproche es que nunca lo informó cuando concursó para ser juez. “Nadie en el Senado lo habría votado de saber ese antecedente”, había dicho el senador Luis Juez cuando el Consejo de la Magistratura resolvió, también por unanimidad, abrir el jury.

Castro Bianchi replicó que cuando llegó la cesantía su defendido ya había dejado el Poder Judicial. “Declararon cesante a alguien que ya había cesado”, dijo, y agregó que el sistema de inscripción a los concursos no permitía cargar ese tipo de antecedentes. Salmain fue en la misma línea, aunque con un lapsus que no pasó inadvertido: dijo que había dejado el cargo el 1° de febrero de 2002 “en virtud de la denuncia”, y enseguida se corrigió: “de la renuncia”. Con el vínculo laboral extinguido, planteó, la Corte ya no tenía potestad disciplinaria sobre él.

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Los integrantes del Jurado de EnjuiciamientoConsejo de la Magistratura de la Nación

El argumento promete discusión, porque en los archivos del máximo tribunal hay una acordada unánime que documenta que fue echado por su participación en un intento de soborno. Salmain admitió que no consignó su paso por la Justicia al concursar “porque no daba puntos”, pero recordó que ante una pregunta del consejero Rodolfo Tailhade dijo haber trabajado dos años en el cargo más bajo. Lo que no mencionó, y es lo que le reprocha la acusación, es por qué se fue. Para reforzar su defensa apuntó contra el recién designado camarista de la Seguridad Social Fernando Strasser, quien según él concursó sin declarar dos sanciones de hace más de diez años. “No uso estos ejemplos para que juzguen a un tercero, sino para demostrar que en el propio reglamento pusieron diez años” como límite, explicó.

Ubeira, uno de los abogados más conocidos de Cristina Fernández de Kirchner, llevó la discusión al terreno político. Cuestionó que se haya rechazado la declaración de Whpei como testigo y trazó un paralelo con la causa Cuadernos por lo que considera un uso espurio de los arrepentidos. “Si la propia acusación lo baja a Whpei es porque no lo quiere escuchar. Y no lo quiere escuchar porque si lo escuchan encontrarán a un girador. Un girador al cual lo han apretado de la peor forma por otros crímenes cometidos. Y el girador a cambio entregó un juez”, afirmó. Según el defensor, detrás del caso hay una disputa de poder entre los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que se pretende saldar “con la liquidación del doctor Salmain”.

El jurado está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.

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Germán de los Santos,Justicia Federal,Conforme a

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Cambios en el Gobierno: renunció el superintendente de Servicios de Salud tras poco más de un año en el cargo

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El Gobierno anunció este martes la renuncia de Claudio Stivelman al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo descentralizado que regula y controla a las Obras Sociales y a las empresas de medicina prepaga.

Lo reemplazará Horacio Guevara, un dirigente cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que hasta ahora ejercía como el gerente general de la Superintendencia. Según explicaron desde la cartera, Stivelman dio un paso al costado “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”.

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El ahora exfuncionario había asumido ese rol el 28 de junio del año pasado en lugar de Gabriel Oriolo. Antes de ese ascenso, Stivelman había sido director de Prestaciones Médicas en la empresa Modum Salud y gerente de Prestaciones en OSPEDYC (Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles).

“La Superintendencia de Servicios de Salud agradece a Claudio Stivelman por el trabajo realizado, su compromiso y la responsabilidad asumida. Durante su gestión se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”, enfatizaron desde el Ministerio.

Horacio Guevara, el nuevo superintendente de Servicios de Salud. (Foto: Ministerio de Salud)

Por su parte, Guevara fue promovido con la instrucción de “dar continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”, según explicaron.

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Noticia que está siendo actualizada.-

Gobierno, Superintendencia de Servicios de Salud

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