El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, aseguró que las empresas tecnológicas chinas recopilan datos para el Partido Comunista. Así lo aseguró el diplomático en una carta que hoy envió a las autoridades de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), a la que accedió Infobae.

La misiva es una respuesta a una nota formal de la compañía encargada de la distribución de energía en la provincia patagónica a raíz de la advertencia de Washington por un contrato con la compañía Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica, con la puesta en análisis de la revocación de las visas a las autoridades argentinas.

“Como embajador, mi obligación y prioridad es proteger la seguridad nacional y promover la inversión estadounidense, la cual está entrelazada con el crecimiento y la seguridad económica de la propia Argentina; es en el espíritu de buena voluntad e interés mutuo que hemos planteado este asunto a su cooperativa”, planteó Lamelas en el escrito.

Según informó Sur Política, el 12 de julio, un gerente de CALF comenzó a recibir mensajes por WhatsApp en los que un funcionario de la representación estadounidense preguntaba si existía la posibilidad de cancelar la iniciativa y preguntaba si se habían “traspasado los límites”.

El gerente informó de inmediato lo ocurrido a la presidencia de la cooperativa y, por su intermedio, al Consejo de Administración. La entidad optó por responder de forma institucional: el 29 de julio, remitió una nota formal a Lamelas con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que solicitó que la embajada confirmara, rectificara o precisara si esas comunicaciones reflejaban una posición oficial, qué instrumento legal las respaldaba y si existían objeciones técnicas concretas sobre sus proyectos.

La embajada, primero, respondió públicamente sin desmentir la existencia ni el contenido de los mensajes. “No hacemos comentarios sobre gestiones diplomáticas privadas. Sin embargo, como ha enfatizado el secretario (Marco) Rubio, el ingreso a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, dijo un vocero de la representación ante la consulta de este medio.

“El Gobierno de Estados Unidos defiende activamente sus intereses de seguridad nacional y revisa continuamente los requisitos para la elegibilidad de visas”, añadió, y completó que “las personas y entidades cuyas acciones socaven la seguridad de Estados Unidos no gozarán del privilegio de viajar a Estados Unidos”. En base a este último punto, otras compañías consideradas estratégicas podrían recibir la misma advertencia o sanción.

Este jueves, Lamelas respondió a CALF de manera oficial, y solicitó una reunión con las autoridades de la cooperativa. “Las empresas sujetas a leyes de seguridad e inteligencia chinas están obligadas a entregar los datos que recopilan, en cualquier parte del mundo, al Partido Comunista Chino”, indicó el diplomático en la misiva.

“Dada la importancia de Vaca Muerta en la economía local y el papel principal de CALF, consideramos que proteger estos datos es una responsabilidad compartida: una cuestión de ciberseguridad y de la lógica competitiva y a largo plazo de la provincia, no solo intereses nacionales de los Estados Unidos”, agregó, y completó: “Nuestro papel, como Embajada, es promover tecnologías seguras y fiables, y agradeceríamos la oportunidad de conversar sobre sus planes tecnológicos, así como ofrecer asistencia técnica”.

Washington contra Beijing

El episodio se inscribe en la disputa de largo alcance entre Washington y Beijing por el control de infraestructuras críticas. Para EEUU, Huawei representa una amenaza a la seguridad nacional: aunque la compañía tiene una configuración privada, sostiene que el Partido Comunista Chino y el Ejército Popular de Liberación operan detrás de ella y que su infraestructura puede emplearse como herramienta de espionaje.

Esta posición sobre la compañía tecnológica tiene antecedentes recientes en Europa. En agosto de 2025, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China advirtió sobre los riesgos que implicaba el contrato de 12,3 millones de euros que el gobierno de España adjudicó a la empresa para almacenar datos de escuchas legales.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, y su par en el Senado, Tom Cotton, solicitaron a la Dirección Nacional de Inteligencia que revisara la política de intercambio de información con Madrid, ante el temor de que datos de aliados europeos pudieran quedar expuestos en servidores de la compañía china.

Randy Scheunemann, vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, en una entrevista con Infobae realizada en abril de este año, resumió la preocupación de Estados Unidos sobre la influencia de Beijing en la región. “Si Huawei controla la red de 5G en un país, el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque esencialmente son lo mismo”, indicó.

A su vez, el Congreso de EEUU difundió el pasado mes de abril un informe donde alertó sobre la metodología del régimen asiático para recopilar información de inteligencia y aumentar su capacidad bélica con infraestructura espacial china de uso civil-militar en Argentina, con una mención a la presencia estratégica china en Neuquén.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó este miércoles su proyecto de presupuesto para el 2027 por un total de $495.049.855.166 y le reclamó al gobierno los remanentes de ejercicios anteriores y de los aportes previstos en la Ley 23.853, al considerar insuficientes los techos presupuestarios fijados por el Ministerio de Economía.

A través de la Acordada 18/2026, la Corte remitió el presupuesto al Poder Ejecutivo para su envío al Congreso.

El proyecto, firmado por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, destina la mayor parte de los recursos a gastos en personal: $401.735 millones. Le siguen $45.205 millones para bienes de uso, $40.527 millones para servicios no personales y $7.581 millones para bienes de consumo.

En cuanto a la planta permanente, se fijaron 4.732 cargos, de los cuales 4.091 se financian con recursos propios del Poder Judicial y 641 con fondos del Tesoro Nacional, destinados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).

La Corte subrayó que el presupuesto fue elaborado de manera “prudente y moderada”, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal y priorizar únicamente los requerimientos considerados impostergables para garantizar el funcionamiento del servicio de justicia. Sin embargo, sostuvo que los límites informados por la Subsecretaría de Presupuesto resultan insuficientes para atender esas necesidades mínimas.

Por esa razón, insistió en que los remanentes y los aportes adicionales de la Ley 23.853 son indispensables para preservar la autarquía financiera del Poder Judicial y el cumplimiento de su función constitucional.

El proyecto incluye además un Plan de Obras que contempla la adecuación del edificio ubicado en Rivadavia 763/771, con una inversión estimada en $5.125 millones, la restauración de fachadas y núcleos de escaleras del Palacio de Justicia, la actualización de instalaciones eléctricas y sanitarias, la instalación de un nuevo sistema central de aire acondicionado, y refacciones en la sede de DAJUDECO, que abarcan sanitarios, instalaciones de gas, remodelación de oficinas y sistemas eléctricos.

Estas obras buscan preservar el Palacio de Justicia como monumento histórico nacional y mejorar la infraestructura necesaria para el trabajo judicial, explicaron los jueces.

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La Acordada aclaró que, por el momento, solo se presentaron las previsiones de la Corte Suprema, ya que el Consejo de la Magistratura aún no aprobó las suyas.

Una vez que el Poder Ejecutivo incorpore el proyecto al mensaje de presupuesto y lo envíe al Congreso, las cámaras deberán debatir y sancionar la ley correspondiente.

Corte Suprema de Justicia, PRESUPUESTO, Gobierno