POLITICA
El Gobierno hace equilibrio en medio de la pelea comercial entre Estados Unidos y China
En medio de la feroz guerra comercial entre Estados Unidos y China, el gobierno de Javier Milei hace por estas horas equilibrio entre su principal aliado geopolítico y uno de sus mejores socios comerciales.
La denuncia de una cooperativa eléctrica neuquina contra la embajada de Estados Unidos en el país, a la que acusó de amenazar con quitar las visas de sus gerentes por promover un acuerdo con el gigante de comunicaciones chino Huawei, fue respaldada anoche por un duro comunicado de la representación de China en el país. En silencio por este tema, el Gobierno renovó el swap de monedas con China (a pesar de que desde la administración Trump le recomendaron que no lo hiciera) y prepara el viaje de Karina Milei a China, varias veces postergado y que fuentes diplomáticas proyectan para “antes” de noviembre.
La Cooperativa CALF, la mayor distribuidora de energía eléctrica del sur argentino, denunció días atrás haber recibido presiones y amenazas de revocamiento de sus visas para ingresar a Estados Unidos por estar en negociaciones con Huawei, según publicó el diario Clarín, quien también confirmó la iniciativa de los Estados Unidos de boca del embajador en Buenos Aires, Peter Lamelas.
La empresa envió, según el diario nequino La Mañana, una nota de protesta a la Cancillería argentina para que intervenga y establezca los alcances de la amenaza. Según la publicación, intervino en las conversaciones Andrew Dilts, agregado de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos. Desde Calf también se habrían comunicado con Lamelas para que precise si las conversaciones tuvieron carácter oficial.
“No hacemos comentarios sobre gestiones diplomáticas privadas. Sin embargo, como ha enfatizado el secretario (Marco) Rubio, el ingreso a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. El Gobierno de Estados Unidos defiende activamente sus intereses de seguridad nacional y revisa continuamente los requisitos para la elegibilidad de visas. Las personas y entidades cuyas acciones socaven la seguridad de Estados Unidos no gozarán del privilegio de viajar a Estados Unidos”, dijeron a voceros de la embajada de Estados Unidos, en línea con lo respondido por Lamelas. El gobierno de Trump atribuye a Huawei íntimos lazos con el gobierno de Xi Jinping y la considera una “amenaza a la seguridad nacional”.
Duro comunicado de China
“Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país”, expresó en el comunicado la embajada china en el país que lidera el embajador Wang Wei.
En un tono inusualmente duro, calificó el hecho de “arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos”, y calificó a su rival geopolítico de “arrogante” e “hipócrita”. Desde la empresa china evitaron dar declaraciones a , aunque allegados a la compañía deslizaron que las presiones de Lamelas “son una muestra de debilidad” de Estados Unidos, y que la respuesta de Wei “es inédita, y se dio porque la empresa neuquina habló”. Y agregaron: “En otras ocasiones, que también existieron, las empresas se quedaron calladas”.
Desde el Gobierno, en tanto, evitaron dar una postura sobre el entuerto, pero destacaron que los roces entre Wei y Lamelas “son parte del juego” entre las dos grandes potencias.
De todos modos, la gestión libertaria oscila entre el alineamiento total con Trump y algunos gestos recientes hacia China, como la renovación del swap de monedas (anunciado anteayer por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, por un total de US$ 19.000 millones) y la aprobación, por medio del Rigi, del proyecto de la minera Liex en Catamarca. Y hay más: desde el Gobierno aseguran que, aunque no está confirmado, se estudia la invitación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que concrete su postergado viaje a China. Serían, en principio, tres ciudades de ese país, “antes de noviembre”, según voces con conocimiento de las negociaciones. “Estamos todavía en conversaciones con ellos en diferentes aspectos, tanto comerciales como financieros, y esas definiciones son las que van a marcar el momento de nuestra visita”, dijo el canciller Pablo Quirno el miércoles, en conferencia de prensa.
Concretar el viaje de Karina Milei es visto por China como un gesto trascendente, dado que ni ella ni el Presidente –que también prometió visitar China- pisaron el gigante asiático durante la gestión libertaria. Milei pasó, eso sí, de decir que no haría “negocios con comunistas” durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada, a definir a China como un “socio confiable”.
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POLITICA
El embajador de Estados Unidos advirtió que las empresas tecnológicas chinas recopilan datos para el Partido Comunista
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, aseguró que las empresas tecnológicas chinas recopilan datos para el Partido Comunista. Así lo aseguró el diplomático en una carta que hoy envió a las autoridades de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), a la que accedió Infobae.
La misiva es una respuesta a una nota formal de la compañía encargada de la distribución de energía en la provincia patagónica a raíz de la advertencia de Washington por un contrato con la compañía Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica, con la puesta en análisis de la revocación de las visas a las autoridades argentinas.
“Como embajador, mi obligación y prioridad es proteger la seguridad nacional y promover la inversión estadounidense, la cual está entrelazada con el crecimiento y la seguridad económica de la propia Argentina; es en el espíritu de buena voluntad e interés mutuo que hemos planteado este asunto a su cooperativa”, planteó Lamelas en el escrito.
Según informó Sur Política, el 12 de julio, un gerente de CALF comenzó a recibir mensajes por WhatsApp en los que un funcionario de la representación estadounidense preguntaba si existía la posibilidad de cancelar la iniciativa y preguntaba si se habían “traspasado los límites”.
El gerente informó de inmediato lo ocurrido a la presidencia de la cooperativa y, por su intermedio, al Consejo de Administración. La entidad optó por responder de forma institucional: el 29 de julio, remitió una nota formal a Lamelas con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que solicitó que la embajada confirmara, rectificara o precisara si esas comunicaciones reflejaban una posición oficial, qué instrumento legal las respaldaba y si existían objeciones técnicas concretas sobre sus proyectos.
La embajada, primero, respondió públicamente sin desmentir la existencia ni el contenido de los mensajes. “No hacemos comentarios sobre gestiones diplomáticas privadas. Sin embargo, como ha enfatizado el secretario (Marco) Rubio, el ingreso a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, dijo un vocero de la representación ante la consulta de este medio.
“El Gobierno de Estados Unidos defiende activamente sus intereses de seguridad nacional y revisa continuamente los requisitos para la elegibilidad de visas”, añadió, y completó que “las personas y entidades cuyas acciones socaven la seguridad de Estados Unidos no gozarán del privilegio de viajar a Estados Unidos”. En base a este último punto, otras compañías consideradas estratégicas podrían recibir la misma advertencia o sanción.
Este jueves, Lamelas respondió a CALF de manera oficial, y solicitó una reunión con las autoridades de la cooperativa. “Las empresas sujetas a leyes de seguridad e inteligencia chinas están obligadas a entregar los datos que recopilan, en cualquier parte del mundo, al Partido Comunista Chino”, indicó el diplomático en la misiva.
“Dada la importancia de Vaca Muerta en la economía local y el papel principal de CALF, consideramos que proteger estos datos es una responsabilidad compartida: una cuestión de ciberseguridad y de la lógica competitiva y a largo plazo de la provincia, no solo intereses nacionales de los Estados Unidos”, agregó, y completó: “Nuestro papel, como Embajada, es promover tecnologías seguras y fiables, y agradeceríamos la oportunidad de conversar sobre sus planes tecnológicos, así como ofrecer asistencia técnica”.
Washington contra Beijing
El episodio se inscribe en la disputa de largo alcance entre Washington y Beijing por el control de infraestructuras críticas. Para EEUU, Huawei representa una amenaza a la seguridad nacional: aunque la compañía tiene una configuración privada, sostiene que el Partido Comunista Chino y el Ejército Popular de Liberación operan detrás de ella y que su infraestructura puede emplearse como herramienta de espionaje.
Esta posición sobre la compañía tecnológica tiene antecedentes recientes en Europa. En agosto de 2025, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China advirtió sobre los riesgos que implicaba el contrato de 12,3 millones de euros que el gobierno de España adjudicó a la empresa para almacenar datos de escuchas legales.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, y su par en el Senado, Tom Cotton, solicitaron a la Dirección Nacional de Inteligencia que revisara la política de intercambio de información con Madrid, ante el temor de que datos de aliados europeos pudieran quedar expuestos en servidores de la compañía china.
Randy Scheunemann, vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, en una entrevista con Infobae realizada en abril de este año, resumió la preocupación de Estados Unidos sobre la influencia de Beijing en la región. “Si Huawei controla la red de 5G en un país, el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque esencialmente son lo mismo”, indicó.
A su vez, el Congreso de EEUU difundió el pasado mes de abril un informe donde alertó sobre la metodología del régimen asiático para recopilar información de inteligencia y aumentar su capacidad bélica con infraestructura espacial china de uso civil-militar en Argentina, con una mención a la presencia estratégica china en Neuquén.
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POLITICA
El Senado reanudó la sesión en la que se discutirá el proyecto de propiedad privada, pero sin el capítulo de extranjerización de tierras
El Senado reanudó esta tarde la sesión que había pasado a cuarto intermedio el pasado 19 de julio y en la que está previsto que se discuta el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que llegará al recinto sin el polémico capítulo III que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros.
No obstante, antes de entrar en el tema central el Senado decidió, a mano alzada y sin controversia, girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para participar de manera remota en la discusión y poder votar.
La senadora ultrakirchnerista cuyana cursa un embarazo de 32 semanas y por prescripción médica no puede viajar largas distancias, mientras que el radical norteño fue operado de una rodilla y tampoco puede movilizarse.
A pesar de que ambos casos fueron autorizados a participar y votar por sendos decretos de Victoria Villarruel ad referendum del cuerpo, la propuesta de enviar el tema a comisión que formuló la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, fue aprobada sin debate y con la anuencia del kirchnerismo.
A pesar de que no contará con el capítulo de extranjerización de tierras, caído por la pérdida de apoyos en la oposición dialoguista como consecuencia de la presión política y social que suscitó el tema en las últimas dos semanas, el proyecto de inviolabilidad privada tiene otros temas que prometen un acalorado debate en el recinto.
Uno de ellos es el capítulo relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Se trata del capítulo II del proyecto establece que todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez interviniente debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.
Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.
El proyecto también modifica el régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.
Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.
Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.
Se incluye un capítulo de regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión por 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.
El proyecto también contempla modificaciones a la Ley del Manejo del Fuego sancionada por impulso del kirchnerismo en el gobierno de Mauricio Macri, eliminando las restricciones a la utilización y venta de pastizales y predios productivos afectados por incendios.
No obstante, se mantiene la prohibición de modificar el uso y destino en caso de incendio de bosques nativos y reservas forestales, tal cual está establecido en sus respectivas legislaciones.
sin el polémico capítulo III,los pedidos de los senadores,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó este miércoles su proyecto de presupuesto para el 2027 por un total de $495.049.855.166 y le reclamó al gobierno los remanentes de ejercicios anteriores y de los aportes previstos en la Ley 23.853, al considerar insuficientes los techos presupuestarios fijados por el Ministerio de Economía.
A través de la Acordada 18/2026, la Corte remitió el presupuesto al Poder Ejecutivo para su envío al Congreso.
El proyecto, firmado por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, destina la mayor parte de los recursos a gastos en personal: $401.735 millones. Le siguen $45.205 millones para bienes de uso, $40.527 millones para servicios no personales y $7.581 millones para bienes de consumo.
En cuanto a la planta permanente, se fijaron 4.732 cargos, de los cuales 4.091 se financian con recursos propios del Poder Judicial y 641 con fondos del Tesoro Nacional, destinados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).
La Corte subrayó que el presupuesto fue elaborado de manera “prudente y moderada”, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal y priorizar únicamente los requerimientos considerados impostergables para garantizar el funcionamiento del servicio de justicia. Sin embargo, sostuvo que los límites informados por la Subsecretaría de Presupuesto resultan insuficientes para atender esas necesidades mínimas.
Por esa razón, insistió en que los remanentes y los aportes adicionales de la Ley 23.853 son indispensables para preservar la autarquía financiera del Poder Judicial y el cumplimiento de su función constitucional.
El proyecto incluye además un Plan de Obras que contempla la adecuación del edificio ubicado en Rivadavia 763/771, con una inversión estimada en $5.125 millones, la restauración de fachadas y núcleos de escaleras del Palacio de Justicia, la actualización de instalaciones eléctricas y sanitarias, la instalación de un nuevo sistema central de aire acondicionado, y refacciones en la sede de DAJUDECO, que abarcan sanitarios, instalaciones de gas, remodelación de oficinas y sistemas eléctricos.
Estas obras buscan preservar el Palacio de Justicia como monumento histórico nacional y mejorar la infraestructura necesaria para el trabajo judicial, explicaron los jueces.
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La Acordada aclaró que, por el momento, solo se presentaron las previsiones de la Corte Suprema, ya que el Consejo de la Magistratura aún no aprobó las suyas.
Una vez que el Poder Ejecutivo incorpore el proyecto al mensaje de presupuesto y lo envíe al Congreso, las cámaras deberán debatir y sancionar la ley correspondiente.
Corte Suprema de Justicia, PRESUPUESTO, Gobierno
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