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La oposición cuestionó a Benegas Lynch por su empresa para vender campos a extranjeros y el senador libertario se defendió

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La senadora nacional kirchnerista Juliana Di Tullio planteó una impugnación contra su par de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch por un supuesto conflicto de intereses entre su actividad privada y el contenido del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, particularmente respecto del capítulo III, referido a la tenencia de tierras por parte de extranjeros. La dirigente peronista sostuvo que el legislador oficialista, socio gerente de una empresa dedicada a la administración y comercialización de campos, no podía intervenir en un debate que, según afirmó, podía tener impacto directo sobre su actividad económica.

El contrapunto comenzó el miércoles con la presentación formal de Di Tullio ante la Presidencia del Senado, continuó con publicaciones cruzadas en la red social X, escaló este jueves al inicio de la sesión con una cuestión de privilegio planteada por Benegas Lynch y tuvo una nueva respuesta de la senadora durante el debate.

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La presentación contra el legislador libertario ingresó al Senado mientras todavía permanecía en el proyecto el capítulo vinculado a la Ley de Tierras. Horas antes, había trascendido que Benegas Lynch figura como socio gerente de Glocal Terra S.R.L., una firma radicada en Entre Ríos que administra campos y brinda asesoramiento comercial, legal y financiero a propietarios y potenciales compradores de inmuebles rurales, incluidos inversores extranjeros.

Sobre esa base, Di Tullio solicitó que el Senado dispusiera la abstención obligatoria del senador libertario y lo inhabilitara para intervenir, firmar dictámenes y votar el proyecto de ley. Sin embargo, pocas horas después el Gobierno resolvió retirar del texto el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, ante la falta de apoyo de bloques aliados.

En su presentación, la senadora sostuvo que existía una “directa y manifiesta colisión” entre el interés público que debía tutelar Benegas Lynch como legislador y su interés económico privado. Argumentó que cualquier modificación de la normativa vigente podía impactar directamente sobre el volumen de negocios y la facturación de la empresa de la que forma parte y sostuvo que ello comprometía su imparcialidad. Además, invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y diversos artículos de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública para fundamentar su planteo.

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La legisladora también trasladó la discusión al terreno político. En un mensaje publicado en X ironizó: “¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros”. Luego, sostuvo que Benegas Lynch era “juez y parte” y afirmó que utilizar una banca en el Senado para favorecer intereses económicos propios no solo violaba la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que constituía una “traición a la Patria”.

Juliana Di Tullio pidió la impugnación de Benegas Lynch en el debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

La respuesta

Benegas Lynch negó en diálogo con Infobae que exista un conflicto de intereses.

“Todas las leyes que venimos votando afectan positivamente al sector privado”, razonó. Dentro de ese ámbito está “el agro”, explicó, y señaló que su empresa pertenece a ese rubro.

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“Producimos, administramos y asesoramos dueños de campos y compradores”, agregó.

Luego, enumeró una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno que, según sostuvo, también generan beneficios para el sector privado: “Modernización laboral, RIMI, riego, hacienda, maquinaria agrícola, apertura de mercados para la carne, todo afecta positivamente al privado, al agro, y dentro del agro está mi empresa”.

Respecto del capítulo sobre tierras, retirado finalmente del proyecto, explicó que prohibía la compra por parte de Estados extranjeros y, al mismo tiempo, ampliaba la posibilidad de que particulares argentinos pudieran vender sus campos a inversores privados.

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“Al hacer más inversiones y producción, nuevamente afecta positivamente al campo, y dentro del campo está mi empresa”, sostuvo.

Frente al planteo de Di Tullio, el senador respondió además que, si prosperara ese criterio, tampoco podrían votar leyes vinculadas con su profesión un docente dueño de un colegio, un abogado con estudio jurídico o un médico propietario de una clínica.

Sesión en el Senado por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada (Foto: Mario Mosca/Comunicación Institucional Senado)

Horas después, amplió su descargo en un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X. Allí, recordó que su participación en Glocal Terra figura en su declaración jurada patrimonial y sostuvo que nunca ocultó su actividad privada. Explicó que la empresa administra y valoriza campos, asesora a propietarios y compradores y trabaja tanto con clientes argentinos como extranjeros.

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En ese mismo mensaje defendió el contenido del proyecto impulsado por el Gobierno y aseguró que el objetivo no era favorecer intereses particulares, sino modificar la legislación vigente para impedir que Estados extranjeros, empresas estatales o fondos soberanos adquirieran tierras en la Argentina, al tiempo que eliminaba restricciones para la inversión privada.

“Se cierra la puerta que había que cerrar, la de los Estados extranjeros, y se abre la que nunca debió cerrarse, la del argentino que quiere vender su campo y elegir a quién”, escribió. También sostuvo que “un beneficio general no es un privilegio particular” y afirmó que las medidas impulsadas por el oficialismo buscan favorecer a todo el sector productivo y no a una empresa determinada.

El enfrentamiento volvió a trasladarse este jueves al recinto. Apenas comenzó la sesión, Benegas Lynch pidió una cuestión de privilegio para rechazar formalmente la impugnación presentada por Di Tullio.

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Durante su exposición sostuvo que no existía ningún conflicto de intereses porque su actividad privada es pública, está declarada y no obtiene un beneficio específico con la ley. Afirmó que todas las iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno benefician al conjunto del sector privado y que impedirle votar por esa razón implicaría excluir de determinados debates a cualquier legislador cuya profesión estuviera vinculada con la materia tratada.

En ese contexto, lanzó fuertes críticas contra el kirchnerismo y reivindicó que el Congreso esté integrado por personas provenientes de la actividad privada.

“Muchos somos los que venimos del sector privado; miro la banca opositora y no estoy tan seguro de eso”, afirmó.

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También recordó que la Constitución exige que los senadores cuenten con una renta propia y sostuvo que ese requisito buscó garantizar la independencia de los legisladores respecto de la política profesional.

“Algunos están acá hace casi treinta años sentados en la misma banca cobrando de todos los contribuyentes”, cuestionó.

El senador también defendió el capítulo sobre la Ley de Tierras que finalmente fue retirado del proyecto. Sostuvo que la iniciativa endurecía las restricciones para los Estados extranjeros, sus empresas y fondos soberanos, pero favorecía la inversión privada. Según afirmó, la legislación vigente, sancionada durante el kirchnerismo, terminó perjudicando el valor de los campos y permitió que empresarios vinculados al poder adquirieran grandes extensiones de tierras.

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Di Tullio respondió más tarde durante el debate. Sin ingresar en un intercambio directo con Benegas Lynch, recordó que había sido la primera senadora en recibir una cuestión de privilegio por parte de otro integrante del cuerpo y minimizó el planteo realizado por el legislador libertario.

“He sido la primera senadora que fue cuestionada por una cuestión de privilegio que, por supuesto, no contesté porque no corresponde. El senador que me hizo la cuestión de privilegio hizo toda su alocución con toda tranquilidad”, expresó, antes de continuar con su intervención sobre el proyecto que se debatía.

El episodio terminó reflejando uno de los cruces políticos más intensos de la jornada y volvió a poner en discusión los límites entre la actividad privada de los legisladores y los posibles conflictos de intereses durante el tratamiento de proyectos que pueden afectar los sectores en los que desarrollan sus negocios.

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Legisladores peronistas pidieron suspender la privatización de AySA: reclaman conocer la tasación

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Dos diputadas y dos senadores del peronismo pidieron una medida cautelar que busca suspender la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) hasta que se conozca su “tasación oficial e íntegra”. La acción judicial se presentó contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, este viernes, justo un día después de la apertura de sobres con las ofertas que el Estado recibió para vender el 90% de sus acciones sobre la compañía. En el Gobierno, en tanto, indicaron que “el proceso continúa”.

El pedido de cautelar está firmado por los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl, y por las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni.

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El texto cuestiona el carácter reservado de las tasaciones y sostiene que una “ceguera deliberada” impide “evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional”.

Los legisladores citaron una ley del menemismo, la 23.696, sobre emergencia administrativa (que incluye regulaciones sobre privatizaciones), cuyo artículo 14 establece que una comisión bicameral del Congreso “deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos” a dicha normativa.

Jorge Capitanich, con Juliana Di TullioPilar Camacho

Con este argumento, los legisladores reclamaron que Chaher les entregue “el informe completo de tasación y valuación oficial de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)”.

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Este jueves se abrieron los sobres de las empresas que compiten por el 90% de las acciones de la compañía y el consorcio compuesto por Rowing-Arcos-Transclor-PHX fue el que realizó la oferta más alta: US$340,2 millones. Lejos de los US$450 millones que el Gobierno anunció que esperaba obtener por la venta.

contactó a representantes del Ministerio de Economía, bajo cuya órbita trabaja la Agencia a cargo de Chaher. En el ministerio ratificaron que “el proceso continúa” y señalaron que la licitación se encuentra en etapa de impugnación. Indicaron que el informe sobre tasaciones, cuando se eleva al ministro la propuesta de adjudicación, “queda desreservado” y hay “acceso al informe de valuación previo”.

La presentación judicial alegó que están en juego las normas que regulan el acceso a la información pública. “La tasación de un activo estatal estratégico no constituye un ‘secreto comercial’ oponible al propio Congreso ni a la ciudadanía”, dijeron los legisladores. Además, consideraron que, como los sobres con las ofertas económicas ya han sido presentados e ingresados formalmente, “la divulgación de la tasación no otorga ventaja competitiva a ningún oferente”.

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Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación y Privatización de Empresas Públicas

Los legisladores también cuestionaron al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Catalogaron como “unilaterales” decisiones de ese organismo, encargado de tasar los bienes del Estado. “Se eludió la intervención de su Cuerpo Colegiado y se derivó la tarea de valuación a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)”, señalaron.

Según el pedido de cautelar, el método de tasación del BICE es distinto al del TTN. Esgrimieron que aplica el criterio de Flujo Neto de Fondos Descontados importado del marco eléctrico. “Dicho método propende a generar subvaluaciones de activos estatales al basarse en ganancias hipotéticas”, sostuvieron.

Esta presentación judicial ingresó en el juzgado en lo contencioso administrativo 3, a cargo del juez Santiago Ricardo Carrillo.

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Mientras tanto, el Gobierno analiza las ofertas que recibió por el paquete accionario del 90% de AySA. Si bien se esperaban propuestas cercanas a los US$450 millones y la más alta fue de US$340,2 millones, a eso debe sumarse una deuda de US$70 millones que tendrían que honrar los actuales accionistas; por ende, el valor de la compañía −lo que en el mercado se conoce como enterprise value− rondaría los US$447 millones.




privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA),Conforme a

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El debate en el Gobierno rumbo a 2027: las dudas sobre polarizar con Kicillof y la opción que los puede “hacer transpirar”

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En el tramo final del año y con la reelección de Javier Milei como horizonte, el Gobierno debate la estrategia electoral que deberá adoptar La Libertad Avanza de cara a los comicios presidenciales de 2027. En ese marco, la posibilidad de polarizar con el peronismo -en particular, con el kirchnerismo- forma parte de las discusiones en Casa Rosada, donde también evalúan si conviene subir al ring al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Pese a que Kicillof aparece como uno de los dirigentes opositores que mejor permite contraponer modelos, en las filas libertarias advierten que una confrontación directa podría fortalecerlo. La preocupación se vincula a la detección del rechazo a la imagen presidencial, en niveles altos, y con la posibilidad de que el gobernador capitalice y se beneficia con la polarización.

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“A nosotros no nos sirve polarizar con nadie actualmente. Tenemos que fragmentar y generar los incentivos para que el peronismo vaya dividido. Kicillof será el peor preparado, pero es el que más mide”, planteó ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

La postura se apoya en la detección del aumento en el rechazo hacia la figura del libertario, que se presenta mayor a la positiva. Según el monitoreo de opinión pública de septiembre de Management & Fit, Milei registró un 31,2% de valoración positiva frente a un 52,7% de negativa.

El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS/Matias Baglietto)

De espaldas a las advertencias, otro sector del oficialismo considera conveniente marcar una distancia tajante con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien identifica como la expresión más clara del modelo que busca dejar atrás. Desde el karinismo, incluso, ponen en duda su capacidad de ampliar el respaldo electoral en un eventual balotaje frente a Milei.

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Entre quienes sostienen esa postura destacan el ministro de Economía, Luis Caputo, que definió al gobernador como “el anticristo”, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien insiste en que la sociedad “no quiere volver para atrás”.

El propio Milei fue uno de los primeros en apuntar directamente contra Kicillof, a quien suele llamar “enano soviético”. Sin embargo, en sus últimas entrevistas evitó centrar sus críticas en el gobernador y sostuvo que su principal adversario de cara a 2027 es él mismo.

“Mi rival soy yo mismo. Qué me importan los que atrasan 100 años y además fracasaron siempre. Es casi insultante tener que debatir con un comunista”, sostuvo el mandatario en el marco del Coloquio IDEA cuando le consultaron por Kicillof y la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman.

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En el entorno de Karina Milei consideran que Kicillof sintetiza el modelo opuesto al programa libertario y creen que sus posibilidades de crecimiento están condicionadas por las tensiones internas del peronismo, que todavía no resolvió quién ejercerá la representación del espacio.

La sintonía con varios gobernadores aliados también condiciona el discurso oficial. Para evitar una confrontación que abarque a la totalidad del peronismo, en la administración libertaria prefieren centrar sus críticas contra “el kirchnerismo”.

Karina Milei encabezó en Chaco una cumbre para coordinar esfuerzos ante el fenómeno de El Niño

“La gente no vota para atrás. Los números en las encuestas son relativos. Además, ante un eventual balotaje entre Milei y Kicillof, ¿cuánto del universo tiene para crecer Axel? ¿Un 10% con toda la furia? No lo veo viable”, explicó un funcionario ante este medio.

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No obstante, producto de la sintonía expresa con varios gobernadores aliados se cuidan de hablar de “kirchnerismo” y no de peronismo.

En el armado de La Libertad Avanza proyectan que Milei parte de un piso electoral del 40%, que incluye a su núcleo duro. Desde esa perspectiva, sostienen que la expresión opositora debe ser “lo más kuka posible”, bajo la premisa de que una candidatura identificada con el kirchnerismo facilitaría la polarización.

El escenario que más inquieta a ese sector es otro: la aparición de un dirigente peronista con un perfil más moderado, capaz de disputar el electorado de centro. “Un peronista blando nos puede hacer transpirar”, resumió una fuente que transita a diario la Casa Rosada.

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Con otros cuatro años de mandato como horizonte, el oficialismo busca definir una estrategia electoral que le permita llegar a 2027 ordenados y con una oposición fragmentada. En medio de las diferencias sobre la conveniencia de confrontar directamente con Axel Kicillof, en Casa Rosada apuestan a convertir la gestión en un activo de campaña y construir una narrativa que les permita renovar el contrato electoral con la sociedad.

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Tras el viaje a París con Milei, dos gobernadores respaldaron la eliminación de las PASO

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Los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) ratificaron este domingo su apoyo a la eliminación de las PASO, tras su regreso de la gira por Francia que compartieron con el presidente Javier Milei.

Entre sus principales argumentos, Frigerio planteó que entre elecciones provinciales y nacionales, el calendario de 2027 podría obligar a votar hasta cinco veces en caso de sostenerse las primarias. “Yo creo que en este momento, donde hay tanta grieta entre la ciudadanía y la política, obligar a la gente a ir a votar cinco veces en algunos casos durante 2027 es tirar demasiado de la piola”, afirmó en diálogo con Radio Splendid.

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En ese sentido, el entrerriano sostuvo que “no están dadas las condiciones” para ese escenario, y recordó que “en las últimas elecciones votó poco más del 60%. “La política tiene que volver a escuchar a la gente. Parte de la reconciliación con la gente es que la política no esté todo el tiempo hablando de elecciones”, insistió.

Por su parte, Torres explicó que Chubut ya eliminó las PASO y que sostendrá la misma posición en la discusión nacional. En diálogo con Radio Mitre, dijo: “El activo más importante en la política es la coherencia, y nosotros a nivel provincial trabajamos en uno de los códigos electorales más modernos del país que contempla ficha limpia para cargos ejecutivos, se eliminaron las PASO y tenemos boleta única de papel. Yo soy un convencido de que ese modelo debemos replicarlos a nivel nacional. Tenemos que ser consecuentes con lo que profesamos en nuestro distrito”.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, respaldó la eliminación de las PASO que impulsan Karina y Javier Milei. (Foto: Presidencia).

Los contactos informales por la reforma electoral

Pese a su posición, Frigerio aclaró que no hubo un encuentro formal entre todos los gobernadores para tratar la reforma electoral. Sin embargo, reconoció que el tema apareció en charlas informales durante el viaje. Según contó, él mantuvo conversaciones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con dirigentes cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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A su vez, el gobernador entrerriano ligó el avance del proyecto oficialista con las negociaciones políticas de cara al año próximo. “Hay otras cuestiones que se empiezan lentamente a discutir en algunas provincias respecto a cómo van a ir en la elección del año que viene, si en acuerdo o no con el gobierno. Así que yo creo que también eso forma parte de una discusión y me parece que se van a ir destrabando ambas cosas a la vez. Es una suposición”, deslizó.

Diego Santilli con los gobernadores que viajaron a la Argentina Week de París. (Foto: Presidencia)
Diego Santilli con los gobernadores que viajaron a la Argentina Week de París. (Foto: Presidencia)

El balance de la gira por la Argentina Week en París

Frigerio, uno de los doce gobernadores que participaron de la Argentina Week junto a Milei en París, también brindó sus impresiones de la gira y señaló que el mayor interés de los inversores no giró en torno a una medida puntual del plan económico, sino a su continuidad.

“Me sorprendió el interés en Argentina, había muchos inversores. Y también me sorprendió que el principal cuestionamiento o temor de los inversores no pasara por alguna cuestión puntual del plan económico sino por la política, por la posibilidad de sostener este rumbo en el tiempo. Lo político fue lo que prevaleció en las conversaciones con inversores”, subrayó.

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