Los argumentos son apenas pretextos. La decisión de EE.UU. de cancelar la visa de la embajadora de Brasil es uno de los hechos más graves de intervención en las elecciones de octubre próximo en las cuales el presidente Lula da Silva buscará su reelección. “La antidiplomacia”, la llama el diario conservador Estadão. Lo que no parece claro es si esta estrategia, remedo grotesco del famoso Braden o Perón, según bromea sin reírse un diplomático brasileño, tendrá el resultado que imagina el canciller norteamericano, Marco Rubio, arquitecto de la operación.

Aquel diario paulista, crítico habitual de la gestión de Lula, comentó en un artículo de título filoso que con estos movimientos Donald Trump “no está demostrando ser un buen jefe de campaña”. Aludía al postulante conservador Flávio Bolsonaro, amparado públicamente por la Casa Blanca, pero que en las encuestas suele aparecer por debajo y a veces muy lejos del presidente. Ese comportamiento se agudiza cada vez que el gobierno norteamericano exhibe alguna operación en respaldo del clan de Jair Bolsonaro, el ex presidente preso por golpismo, o multiplica las sanciones al país. Por estas razones no extraña que el gobierno de Lula prefiera demorar en solucionar el diferendo. Son vitaminas para la campaña oficialista.

El inventario de esas medidas es abundante. Antes del caso de la embajadora, EE.UU. aplicó aranceles del 25% a Brasil con el argumento de que sus prácticas perjudicaban la economía norteamericana. A eso añadió el 12,5% que repartió en decenas de países por “trabajo forzado”. En las mismas fechas anunció el envío de dos altos funcionarios de la Cancillería de Rubio a inspeccionar y poner bajo sospecha los sistemas de voto electrónico.

Este mismo funcionario atacó el sistema de pago instantáneo PIX del Banco Central brasileño que compite con éxito con los plásticos norteamericanos y declaró “terroristas” a las bandas de la mafia narco brasileñas, elevándolas a una cuestión de seguridad nacional de EE.UU. Un extraordinario aluvión que se corona con la decisión de designar a un aliado de Rubio, el cubano norteamericano Daniel Pérez, como embajador y antes de las elecciones de octubre.

Detrás de esta estrategia parece existir una caracterización equivocada del escenario y de la idiosincrasia brasileña. Incluso, distante de las críticas legítimas que pueden achacarse al gobierno de Da Silva, pero que no aparecen en la conversación norteamericana. Por ejemplo el aumento empinado del rojo fiscal de 1,43% a 6,7% entre junio de 2022 y junio de 2026, una deuda que superará el 100% del PBI al cruzar la década y una burocracia asfixiante en la función pública que conspira contra la competitividad del país.

Todo ello además de que las altísimas tasas de interés de 14%, diez por ciento por encima de la inflación anual, — que el Central justifica por aquel gasto–, provoca, según el FMI, que los inversores prefieran depositar el dinero en cuentas antes que en actividades productivas. Pero la campaña de EE.UU. a favor de Bolsonaro solo se detiene en describir al gobierno de Brasil como un enemigo jugado de EE.UU. y hasta de Occidente por su posición de no alineamiento y la significativa relación comercial con China.

Posiblemente el líder republicano no va con esos números porque Trump también infla los rojos de su país y la deuda pública. Pero los resultados de la estrategia son nítidos. Una encuesta de Meio/Ideia publicada el pasado miércoles, después del escándalo del discurso agresivo de Javier Milei, aliado de Trump, en la proclamación de Bolsonaro, revela que 44,9% afirma que el respaldo de EE.UU. no aumenta las probabilidades de votar por el líder conservador. Solo 20%, menos de la mitad, opina lo contrario.

“Tal como ha sucedido en otros países, como Canadá, México, Francia y Hungría, la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones tiene un efecto bumerán sobre los candidatos. Ya estamos viendo cómo los votantes brasileños se resisten a estas acciones”, afirma Cila Schulman, directora de Ideia. Según ella, esta postura del electorado se alinea con el discurso de defensa de la soberanía, una bandera que terminó enarbolando Lula con éxito.

La cosas están como están al punto que el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, un antiguo aliado de Jair Bolsonaro, pero mucho más pragmático y figura central de la derecha real brasileña, acaba de anunciar que no volvería a usar una gorra de Donald Trump con la siglas MAGA, la línea interna fundamentalista del magnate en el Partido Republicano. El gobernador, que busca su reelección y es desafiado por el ex ministro de Hacienda de Lula, Fernando Haddad, vistió una de esas gorras en enero de 2025 y escribió la frase “¡Gran día! ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!”. Pero ahora, tras el aumento de los aranceles por parte del gobierno estadounidense contra su país, ha declarado que no volvería a hacerlo. Señales.

Desde un escalón más geopolítico se notan contradicciones interesantes en todo este suceso. El Estados Unidos que carga con tal hostilidad sobre la principal economía capitalista sudamericana y la segunda del hemisferio, atraviesa un extraordinario brete existencial. Una tormenta perfecta nubla el futuro del gobierno norteamericano y la gestión y capacidades futuras de Trump. Es, por cierto, una circunstancia que observa con atención China, que paradójicamente es el imperio cuya presencia en la región es la que Washington pretende correr o por lo menos esmerilar. Objetivos que exceden a este gobierno y ya constituye una política de Estado.

Pero el problema está en el escenario actual y las capacidades de gestión. La guerra lanzada hace un semestre contra Irán se ha convertido en un callejón sin salida por las fallas estratégicas y de habilidad del gobierno. Parece claro que Trump ha resuelto retirarse del conflicto sin discutir seriamente las condiciones que el régimen ha decidido que imperen hacia adelante, lo que definen como las nuevas realidades geopolíticas de la región. Eso es el control del estrecho de Ormuz que será compartido con Omán y habrá pagos para transitarlo. EE.UU. no logra revertir ese desenlace, como tampoco pudo defender a sus aliados árabes de la región, blanco de los efectivos misiles de la dictadura persa.

Ese retroceso (capitulación la llaman los críticos del magnate) se funda en la urgencia de aliviar la crisis energética creada por la guerra que golpea la popularidad de Trump en niveles históricamente bajos y al Partido Republicanos con vistas a las legislativas de noviembre. Resuena aún el pedido con tono de súplica del vertical trumpista líder en la Cámara baja, Mike Johnson, reclamando a Trump: “Tenemos que terminar esto” marcando un contraste con los funcionarios que proponen prolongar los bombardeos.

El golpe económico interno se suma al efecto doméstico de los aranceles, un impuesto sobre las billeteras de los consumidores votantes. Es una de las razones por las cuales hay presiones sobre la Reserva Federal para un aumento de las tasas. No es la única. Japón, el principal tenedor de bonos del Tesoro norteamericano, es decir el mayor acreedor, tiene su moneda en derrumbe a niveles sin precedentes en más de 40 años debido, entre otros factores, a que depende casi totalmente del gas y el petróleo importado, encarecidos por la guerra.

Washington salió a auxiliar a Tokio para sostener con urgencia la moneda debido a una razón simple. Si el Banco de Japón (BOJ) aumenta las tasas, lo que ya está sucediendo, presiona a la baja el rendimiento de los papeles públicos norteamericanos porque los inversionistas los liquidan para regresar al mercado de Tokio. Para evitarlo, los bonos del Tesoro deben premiar con mayor ganancia, es decir tasas más altas que encarecen la deuda de la potencia y riegan al alza toda la economía, hipotecas incluidas.

Según los analistas la mala noticia es que no hay ninguna claridad respecto a que el yen pueda recuperarse; más bien lo opuesto. Es el tercer factor de la tormenta que debilita a esta Casa Blanca, empeñada sin embargo en uniformar a Latinoamérica que poco puede aportar, con China o sin ella, en la perspectiva de esos problemas.