POLITICA
Flavia Royón cuestionó la agenda del Gobierno: “Hay que ir tema por tema, porque si no, no salimos nunca”

La discusión por la Ley de Tierras y el régimen de protección de los barrios populares volvió a poner en evidencia las diferencias entre el Gobierno nacional, las provincias y distintos sectores del Congreso. Para Flavia Royón, senadora nacional por Salta y ex secretaria de Energía, el problema no está solamente en el contenido de las iniciativas impulsadas por el oficialismo, sino también en la forma en que fueron llevadas al debate parlamentario. En una entrevista con Infobae al Regreso, cuestionó el tratamiento de los proyectos, defendió el rol de las provincias y planteó que el Congreso debería avanzar “proyecto por proyecto”, sin convertir cada discusión en una disputa entre oficialismo y oposición.
Royón señaló que uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la falta de una instancia de discusión suficientemente amplia antes de que las iniciativas llegaran al recinto. “La manera de trabajar los proyectos es en comisión, con un debate abierto tanto a todos los senadores como también hacia la sociedad. Y claramente no hubo una instancia informativa o de debate como debería haber sido”, sostuvo. Según explicó, esa falta de intercambio fue determinante para que algunos de los capítulos más controvertidos del proyecto perdieran respaldo entre los legisladores y los gobernadores.
Barrios populares y tierras: el reclamo de un debate más amplio
Uno de ellos fue el referido a los barrios populares. La senadora explicó que el proyecto estaba compuesto originalmente por seis capítulos y que el primero que se retiró fue precisamente el vinculado con esos barrios, debido a la resistencia que generaba entre distintos sectores. “Era muy difícil acompañar el capítulo de barrios populares, así que la posición fue: retírenlo. No es momento para discutir esto”, afirmó. Para Royón, la modificación planteada podía dejar expuestas a miles de familias que todavía no tienen regularizada la propiedad de las viviendas que ocupan.
La senadora estimó que en Argentina hay alrededor de 1,2 millones de familias que viven en barrios populares y precisó que unas 41.000 se encuentran en Salta. En ese contexto, advirtió que eliminar las herramientas de protección sin avanzar previamente con la regularización dominial podía generar una situación de extrema vulnerabilidad. “Dejar caer barrios populares y la protección que tenían colocaba a tiro de desalojo a los barrios populares de la Argentina”, sostuvo, y planteó que la discusión debería comenzar por garantizar la titularidad de los terrenos y avanzar con los procesos de regularización.
El tratamiento parlamentario terminó por profundizar las diferencias. Royón explicó que había acompañado la posibilidad de devolver el proyecto a comisión porque consideraba necesario revisar su contenido, pero que esa alternativa no prosperó en el recinto. “Yo había pedido volver a comisión y acompañé ese voto. Perdimos en la votación y después yo había sido clara en que no iba a acompañar la ley”, explicó.
La misma preocupación trasladó al capítulo referido a las tierras rurales. Royón cuestionó la propuesta de eliminar las restricciones que establece el régimen vigente y sostuvo que cualquier modificación debería contemplar la participación de los gobiernos provinciales. “Hoy Argentina tiene una ley de tierras que te fija un tope a nivel nacional, un tope a nivel provincial y un tope a nivel de departamento, todos del 15 %, más un límite de mil hectáreas en zona núcleo y un 30 % por nacionalidad. El proyecto planteaba retirar todos los límites”, explicó.
La senadora no planteó una oposición a la llegada de capitales extranjeros, sino una discusión sobre las condiciones y el destino de esas inversiones. Puso como ejemplo la situación de Salta, donde existen actividades productivas que, según señaló, podrían beneficiarse de nuevas inversiones, entre ellas el sector vitivinícola, el turismo, la producción de caña de azúcar, el bioetanol y las bioenergías. “No es lo mismo que venga un inversor a tener un fin especulativo a que tenga un proyecto realmente de desarrollo y de producción, porque lo que buscamos también es inversión extranjera para el desarrollo”, afirmó.
Desde esa perspectiva, Royón defendió que las provincias tengan capacidad de intervención en el proceso. “La provincia también tiene que tener una opinión porque es la que está más cerca del territorio y del inversor”, sostuvo. Su planteo apunta a diferenciar la inversión productiva de las operaciones con fines exclusivamente especulativos y a que el Estado provincial pueda evaluar el impacto que una adquisición de tierras tendrá sobre las economías regionales. Al mismo tiempo, cuestionó que el oficialismo no hubiera explicado con suficiente claridad los objetivos de la reforma: “Nadie del oficialismo salió en su momento a aclarar y a entender qué es lo que se buscaba”.
La tensión entre Nación y provincias y el rol del Senado
Las diferencias por estos proyectos también alimentaron las especulaciones sobre un posible quiebre entre el Gobierno nacional y los gobernadores, algo que Royón buscó relativizar. “Tanto el gobernador como yo, esto no es una ruptura política. Este proyecto en particular tenía vicios y errores desde el principio”, afirmó. La senadora sostuvo que la relación entre Nación y provincias no debería quedar condicionada por el resultado de una iniciativa puntual y planteó que es posible acompañar determinadas medidas del Gobierno y rechazar otras según su contenido.
Esa lógica, según Royón, debería trasladarse al funcionamiento del Congreso. La senadora cuestionó que parte de la oposición adopte una postura de rechazo automático frente a las iniciativas oficiales y pidió discutir cada propuesta según sus características. “En el Senado y en el Congreso, el peronismo y kirchnerismo es todo no porque lo manda Milei. Todo votan en contra. Y para mí hay que ir tema por tema, porque si no, no salimos nunca”, sostuvo.
En ese escenario, consideró que la actual composición del Senado puede favorecer la negociación porque ningún sector concentra por sí solo la capacidad de imponer todos sus proyectos. Royón describió la Cámara alta como un espacio dividido en tercios entre La Libertad Avanza, el peronismo y los bloques que integran el espacio de los llamados aliados, entre ellos el PRO, sectores radicales y representantes provinciales. Para la senadora, esa configuración obliga a buscar acuerdos y abre la posibilidad de modificar las iniciativas durante su tratamiento parlamentario.

La discusión sobre el papel del Estado también apareció cuando fue consultada por la decisión de Salta de cobrar la atención médica a extranjeros no residentes. Royón respaldó la medida y argumentó que el sistema sanitario provincial soportaba una demanda significativa de personas provenientes de otros países. “El hospital recibe más extranjeros que nacionales. El consumo de medicamentos se iba más en extranjeros que en nacionales. A mí me parece una medida acertada”, afirmó.
Subsidios al gas: “No concibo que una persona humilde subsidie el gas de una pileta climatizada”
Con su experiencia al frente de la Secretaría de Energía, Royón también planteó reparos al esquema de subsidios al gas y reclamó una mayor focalización de los recursos. Al referirse al régimen de Zonas Frías, explicó que existe un fondo que se financia mediante un componente de la factura que pagan los usuarios y que permite sostener tarifas diferenciadas para determinados hogares y regiones. El problema, según su planteo, no es la existencia de la asistencia estatal, sino que el beneficio alcance a personas que no necesariamente necesitan ese respaldo.
“El subsidio tiene que ir a aquel que realmente lo necesita. Yo no concibo que tengamos una persona humilde en Buenos Aires, en Córdoba, subsidiando el gas a la pileta climatizada de la costa argentina. Eso hay que corregirlo”, afirmó. Royón consideró que el esquema debería concentrarse en los hogares de menores ingresos y cuestionó que recursos aportados por todos los usuarios terminen financiando consumos que, a su criterio, no requieren asistencia estatal.
La ex secretaria de Energía también puso el foco en el diseño de la reforma que se analiza sobre el fondo de Zonas Frías. Según explicó, la propuesta contempla reducir la cantidad de beneficiarios y modificar la estructura de aportes, por lo que reclamó mayor claridad sobre cómo quedaría conformado el sistema. “Si bajo los beneficiarios debería bajar lo que pagamos todos a ese fondo”, señaló.
A la vez, pidió incorporar a la discusión a los hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural y dependen de garrafas, un sector que, según advirtió, quedó particularmente expuesto después de la desregulación. “La gente humilde no está conectada a la red de gas, sino a las garrafas. Las garrafas, después de la desregulación, subieron de precio y el subsidio sigue cubriendo un valor ínfimo”, sostuvo.
El planteo de Royón atraviesa los distintos temas que abordó durante la entrevista: discutir cada reforma por su contenido, incorporar la mirada de las provincias y evitar que las decisiones queden atrapadas en una lógica de alineamientos políticos. En un Congreso donde el oficialismo necesita negociar para avanzar con sus proyectos, la senadora salteña considera que esa dinámica puede convertirse en una instancia para revisar las iniciativas y alcanzar acuerdos antes de convertirlas en ley.
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POLITICA
El futuro del armado anti Milei: el rol central de las PASO y las trabas para armar un programa común

“Tenemos que juntarnos todos y mostrar que hay una mayoría. Hay que convocar a todos. Desde los del PRO, que están avergonzados que su partido esté con Milei, hasta Miryam Bregman. Podemos tener diferencias, pero el primer paso es escucharnos entre todos”. La propuesta que hizo Martín Lousteau unos días atrás, durante una entrevista con Cenital, volvió a poner en discusión la idea de que la oposición construya un gran frente anti Milei.
La iniciativa había ganado espacio en el debate político cuando dirigentes alejados del PJ, como Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó o Carlos Kikuchi, comenzaron a moverse en la órbita justicialista con la posibilidad de converger en un gran armado opositor. Al mismo tiempo, Guillermo Moreno se arrimó con su espacio por un costado, un grupo de dirigentes de renombre le dio vida al PJ Federal y algunos representantes del radicalismo y el socialismo construyeron gestos de acercamiento al peronismo.
Sin embargo, con el paso de las semanas, se fue desinflando. Un sector, donde está Massot, Monzó y Diego Bossio, entre otros dirigentes, comenzó a trabajar cerca del empresario Jorge Brito; los dirigentes del esquema federal, liderados por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Federico Achával, comenzaron a dividir sus agendas y dejaron de darle tanta entidad los movimientos conjuntos; mientras que Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner aumentaron sus presencias públicas con mensajes de unidad que todavía no terminan de calar en lo más profundo del movimiento político.

La propuesta de Lousteau tiene respaldos y cuestionamientos. “Es inviable concretar algo de ese estilo. No hay un mismo modelo en el que coincidir. Bregman va a decir que hay que expropiar todo. No creo que Lousteau salga a reclamar la libertad de Cristina. Hay muchas diferencias”, expresaron cerca de Kicillof. La amplitud tiene sus limitaciones programáticas y de orden político. El fantasma del Frente de Todos siempre está latente en esas proyecciones.
En el cristinismo hay miradas distintas. Hay quienes no ven con tanta claridad la posibilidad de construir un frente tan grande. Sobre todo porque desconfían de lo que pueda suceder en el futuro inmediato con los posicionamientos legislativos. La amplitud puede servir para ganar, porque simplifica las ofertas electorales, pero, en el caso de que el triunfo se haga efectivo, puede complicar el desarrollo de la gestión.
Pero también hay otras posturas más proclives a un gran acuerdo. “Desde la transversalidad del 2008 hasta el Frente de Todos en 2019, siempre intentamos ampliar. No hay purezas ideológicas. Pero un frente de ese estilo tiene que ser propositivo y tener acuerdos básicos por si se llega al Gobierno”, explicaron cerca de Máximo Kirchner.

El líder de La Cámpora ha dicho en algunas oportunidades que no creen en los “frente anti” y que es necesario fundar un nuevo programa político, discutido de antemano, para proponer una alternativa de gobierno el año que viene. Hay temas sensibles en la agenda del peronismo como qué hacer con la deuda del país con el FMI, que política económica después de la gestión Milei y qué posición tomar respecto a la situación judicial de Cristina Kirchner.
A eso se le suman la política educativa, tributaria, sanitaria y previsional que cualquier programa de gobierno debe tener. Sin acuerdos básicos, es imposible avanzar en la construcción de programa político. “¿Cómo pueden compatibilizar una negociación con el FMI la izquierda, los desencantados del PRO y el peronismo del interior? Parece una tarea demasiado compleja», analizó un peronista moderado.
En el massismo también ven como una opción viable un acuerdo amplio con varios sectores opositores contenidos. Cerca de Sergio Massa plantean que sería bueno armar “una oferta opositora” y que las distintas vertientes “participen de una gran elección primaria donde haya un núcleo de coincidencias basicas sobre roles y responsabilidades en un futuro gobierno”.

En la Coalición Cívica son reticentes a un gran acuerdo y siguen creyendo en la posibilidad de crear una vía del medio, que pongan en cancha una coalición similar a la que lo fue Juntos por el Cambio. Esa opción, que se evalúa en otras vertientes opositoras, tiene como una de sus hipótesis la ruptura del peronismo el año que viene debido a las incesantes tensiones que sacuden al espacio político.
“Bregman no puede estar en la misma coalición que Pichetto. Hay miradas muy distintas sobre cómo afrontar el proceso económico, social y cultural. Es casi inviable“, precisó un dirigente del peronismo del interior. Esa mirada tiene varias réplicas en distintas vertientes del justicialismo y también de sectores cercanos.
Uno de los principales problemas que afronta el armado anti Milei es la eventual caída de las PASO. En la oposición son cada vez más los dirigentes que creen que el Gobierno va a lograr la suspensión de las elecciones primarias. Y, en consecuencia, advierten que la aglutinación del espacio opositor es casi imposible si no hay una herramienta electoral que abre el espacio para que distintos sectores se presenten.
Entonces, a las dificultades para compatibilizar una agenda común, también se le suma el sistema electoral para ordenar las candidaturas. Además, el concepto de armar un esquema político solo para ganarle al oficialismo genera reticencia en varios actores opositores, que reviven el fracaso del Frente de Todos y la desintegración de Juntos por el Cambio.
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El dilema del Gobierno ante un posible frente anti-Milei: la amenaza de un moderado y el factor Kicillof

Con el cronograma electoral por definirse, el Gobierno sigue de cerca los movimientos de la oposición de cara a las presidenciales de 2027, ante la posibilidad de que una eventual confluencia de distintos sectores complique los planes de reelección del presidente Javier Milei.
Si bien en el oficialismo aseguran que hay tiempo de sobra, reconocen que un eventual frente amplio opositor que reúna a distintos sectores enfrentados con Milei podría complicar los planes de La Libertad Avanza. No obstante, las evaluaciones varían según quién encabece esa alternativa y cuál sea su perfil político.
“Aglutinar a todo el electorado que rechaza a Milei en una sola oferta electoral es la construcción de una mayoría”, definió ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial, que identificó en esa posibilidad una potencial amenaza para el oficialismo.
En la misma línea, otro alfil libertario planteó ante este medio que la expresión podría disputarle parte de los votantes que respaldan el rumbo, pero cuestionan las formas del mandatario. “Nos podría comer votos del centro, de los ñoños republicanos. Tendríamos más chances de perder más votos que si fuese un candidato ultra K”, explicaron desde uno de los despachos de Casa Rosada.

La idea de articular una alternativa que reúna a distintos sectores opositores no es nueva. Casi diluida la alternativa de Provincias Unidas, una de sus expresiones más recientes la protagonizó el senador radical Martín Lousteau. Su ambiciosa propuesta contempla reunir desde a Myriam Bregman hasta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, bajo la consigna de “coordinar para ganar”.
En paralelo, el gobernador bonaerense trabaja en una alternativa propia, que cuenta con el respaldo de una parte del Partido Justicialista y el apoyo de dirigentes de otros espacios, como Emilio Monzó y Nicolás Massot, pero que encuentra resistencia en La Cámpora. El propio Máximo Kirchner cuestionó esa construcción al calificarla como “un reduccionismo enorme” y objetar que la unidad esté sustentada únicamente en la intención de “ganarle a Milei”.
En la administración libertaria consideran que una candidatura de Kicillof, cuya imagen abre debates internos, tendría dificultades para captar a sectores del electorado opositor que no se identifican con el kirchnerismo.
Bajo ese diagnóstico, sostienen que les resultaría más conveniente confrontar con un rival de perfil más radicalizado, que les permita plantear la disputa en términos de dos modelos de país. En esa línea, anticipan que la campaña electoral girará en torno a los hitos de gestión por lo que plantean que el principal adversario electoral de Milei es “el mismo”.
“A nosotros nos conviene el candidato más kirchnerista posible. Un candidato blando es más difícil”, planteó una fuente que forma parte del diseño de la estrategia electoral. Sin embargo, el mismo sector reconoce que el escenario podría cambiar si la oposición lograra articular una candidatura común. “Ante un escenario de balotaje, un candidato unificado de todo lo que defina como ‘anti-Milei’ es más competitivo que Kicillof”, precisaron.

En las filas libertarias no ven factible que Lousteau logre imponerse como candidato de ese espacio. Distinto es el escenario que podría abrirse si Kicillof consiguiera convertirse en el aglutinador de una coalición más amplia que el peronismo. En ese caso, los libertarios insistirían en la diferenciación entre ambos modelos de país.
“La gente no vota para atrás. Ante un eventual balotaje entre Milei y Kicillof, ¿cuánto del universo tiene para crecer Axel? ¿Un 10% con toda la furia? No lo veo viable”, precisó un funcionario.
En paralelo a los incipientes debates con los gobernadores aliados y en plena evaluación de los escenarios de competencia para 2027, en Casa Rosada siguen los números del mandatario al que ubican en torno a los 35 puntos. El dato que preocupa son los valores que miden la imagen negativa del libertario, que desde hace semanas es mayor a la positiva. Según el monitoreo de opinión pública de septiembre de Management & Fit, el mandatario registró un 31,2% de imagen positiva, frente a un 52,7% de imagen negativa.
Con la mira puesta en 2027, los libertarios apuestan a capitalizar los resultados de la gestión y proyectan una disputa polarizada con el peronismo. En ese marco, la posibilidad de que los sectores que rechazan a Milei logren articular una candidatura común es una de las variables que el Poder Ejecutivo seguirá de cerca.
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POLITICA
El Gobierno reunirá a la mesa política para frenar a la oposición en el Congreso y avanzar en las negociaciones con los gobernadores

Horas antes de que Javier Milei emprenda una nueva gira a los Estados Unidos, el Gobierno volverá a reunir este martes a la mesa política en una semana atravesada por una avanzada opositora en el Congreso y las negociaciones del oficialismo con sus aliados para imponer su agenda legislativa.
El encuentro semanal fue programado como habitual en las oficinas del ex Ministerio del Interior a las 13. Allí volverán a coincidir la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete; Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
En cambio, estará ausente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien inicia su agenda de actividades en Tailandia en el marco de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. A su vez, el cónclave se celebrará antes de la partida de Javier Milei a Washington -pautada para las 23- donde tendrá algunos encuentros con empresarios, hablará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y participará de un acto contra el antisemitismo organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.
A diferencia de la mayoría de las giras internacionales, Karina Milei decidió no acompañar a su hermano para focalizar su atención en una serie de reuniones y actividades que tiene en Buenos Aires, según explicaron desde su entorno, además de sostener las riendas de la gestión.
Si bien todavía no están en la agenda oficial, en Balcarce 50 adelantan posibles nuevas reuniones del jefe de Gabinete con gobernadores, con el objetivo de acelerar las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que el Ejecutivo se propone tratar en el Senado para fines de octubre.
Para ello, Santilli se reunió personalmente la semana pasada con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), además de su visita a Salta junto a la secretaria General de la Presidencia para inaugurar una planta de Litio con Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Un día antes, ambos funcionarios también se mostraron con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el inicio del traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.
En ese contexto, el Gobierno busca aprovechar la presencia de varios mandatarios provinciales en la capital federal por la Conferencia de Federalismo Fiscal para continuar las conversaciones. Según la agenda del evento, allí se espera la presencia de Jorge Macri, Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros.
Por fuera de sumar gestos de buena sintonía política -que iniciaron en París durante la Argentina Week- el oficialismo también apura las conversaciones para evitar que la oposición logre avanzar este jueves con una sesión que se propone voltear el DNU 70/23, además de extender la emergencia en discapacidad y tratar una ley sobre Endeudamiento Familiar.
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