POLITICA
La Justicia resolvió que la causa de la mansión de Pilar será investigada por un juez cercano a la AFA
La Justicia resolvió que la causa por la compra de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama y que quedó vinculada a una investigación sobre presunto lavado de activos alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), regrese a Campana y sea investigada por el juez federal Adrián González Charvay.
La definición modifica el escenario en el que venía tramitándose el expediente, que hasta ahora permanecía en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución se conoce después de una disputa de competencia que involucró a distintos tribunales y que tuvo como eje central determinar qué juzgado debía continuar con la investigación. El expediente había pasado por el juzgado federal de Daniel Rafecas, luego había generado una contienda con la Justicia de Campana y, finalmente, había quedado radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ahora, la decisión establece que sea González Charvay quien continúe con la investigación. El magistrado ya había intervenido en otros expedientes vinculados con la AFA y había planteado anteriormente conflictos de competencia con juzgados porteños para concentrar bajo su órbita investigaciones relacionadas con la entidad.
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La disputa por la mansión de Pilar se había profundizado en los últimos días. La defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, sociedad que figura como propietaria del inmueble, había reclamado que el expediente fuera trasladado a Campana. Entre sus argumentos, había planteado que la competencia territorial debía quedar determinada por el lugar donde está ubicada la propiedad y había cuestionado que la investigación permaneciera en la Ciudad de Buenos Aires.
La fiscalía, en cambio, había rechazado ese planteo. El fiscal Mario Villar había solicitado a la Cámara que no hiciera lugar al recurso de casación presentado por la defensa y que confirmara la permanencia del expediente en el fuero Penal Económico porteño.
Villar había sostenido que la investigación no se limitaba a la compra del inmueble de Pilar, sino que desde el comienzo apuntaba a una presunta maniobra de lavado de activos de mayor escala. En ese marco, había señalado que Real Central SRL tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL, y que la escritura de compraventa de la propiedad también había sido firmada en un domicilio porteño.
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El fiscal también había mencionado distintos puntos de la Ciudad vinculados, según la hipótesis investigada, con el circuito de fondos bajo análisis. Entre ellos, había señalado financieras de la avenida Corrientes, un estudio jurídico de la calle Lavalle vinculado a Juan Pablo Beacon y la facturación de Recomi SA. También había hecho referencia a un domicilio de Montevideo y Quintana señalado como el lugar donde se habría entregado efectivo.
La defensa había cuestionado además lo que denominó “forum shopping”, al sostener que los denunciantes —Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe— habían elegido deliberadamente un fuero que consideraban favorable. Villar había rechazado ese argumento y había considerado que ese concepto no resultaba aplicable al proceso penal argentino.
El conflicto se inscribe en una investigación más amplia que tiene entre sus protagonistas al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino. En otros expedientes se investigan presuntas irregularidades vinculadas con la entidad, entre ellas una posible defraudación y movimientos financieros que fueron relacionados con una hipótesis de lavado de activos.
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La discusión por la competencia también había enfrentado a González Charvay con el juez nacional en lo Penal Económico Diego Amarante. En una resolución anterior, Amarante había rechazado el pedido del magistrado de Campana para remitirle otra causa vinculada con la AFA. En ese pronunciamiento, sostuvo que el cambio del domicilio social de la asociación desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar no era suficiente para determinar la competencia territorial.
Amarante había afirmado que los actos investigados en ese expediente habrían ocurrido en la Ciudad y cuestionó que el domicilio formal de la AFA pudiera imponerse sobre el lugar en el que, según su interpretación, se habrían desarrollado las conductas bajo análisis. “Pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas”, había sostenido.
AFA, AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Pablo Toviggino
POLITICA
Mientras mira de cerca la evolución de la economía, el Gobierno suma un frente de presión por su estrategia sobre Malvinas
En los últimos días se conoció un dato positivo para el Gobierno respecto a la situación económica, con la confirmación de una leve baja en la morosidad de las familias. Sin embargo, creció la mora en las empresas. En este contexto, la gestión de Javier Milei sumó complicaciones a su estrategia de reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Además de las medidas del Reino Unido, desde el gobierno de Estados Unidos le hicieron reclamos concretos por las sanciones a empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.
Según el Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), se registró una tenue baja de la morosidad de los créditos de las familias, 0,1 puntos porcentuales en agosto, que llegó a 12,8% mensual. El documento indicó que “la dinámica mensual se explicó por una caída de 0,98% en el saldo real en situación irregular, mientras que el financiamiento total no presentó cambios de magnitud en términos reales”.
A nivel total del sistema financiero, el atraso en los pagos se ubicó en agosto en 7,75% en la cartera de préstamos, contra el 7,73% del mes anterior. En préstamos personales fue del 17% del total, con un alza de 0,3% con respecto a julio (16,7%).
POLITICA
El gobierno porteño afirmó que reparar los destrozos en el Congreso costará 90 millones de pesos
La Ciudad de Buenos Aires informó que deberá destinar una suma estimada en $90 millones para reparar los daños provocados por manifestantes violentos que irrumpieron en el Congreso, luego de la fallida sesión en Diputados y en paralelo a la 5ta Marcha Federal Universitario. Los destrozos afectaron mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores, indicó el gobierno porteño.
El reclamo universitario de desarrolló en forma pacífica para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, se desvirtuó con la irrupción de los violentos que desataron serios incidentes al enfrentarse con las fuerzas federales. Además de destrozos en el espacio público hubo detenidos y heridos.
La erogación necesaria aún podría crecer, indicaron las autoridades porteñas, una vez que se completen las evaluaciones técnicas, lo que refleja el impacto material de la jornada. La zona más castigada fue el corredor de Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, donde se concentraron los enfrentamientos mientras del otro lado del escenario transcurría el acto central de la movilización.
Los disturbios se desataron minutos antes de que los rectores de las universidades públicas comenzaran a leer un documento con el reclamo para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley de financiamiento, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo y cuya implementación continúa bloqueada por la administración de Javier Milei. En otro sector de la plaza, hombres encapuchados comenzaron a arrojar cascotes contra la formación que custodiaba el vallado perimetral del palacio legislativo. Las piedras, según las crónicas de los periodistas presentes, llovían sobre los escudos de los gendarmes y rebotaban contra sus cascos de plástico.
Los grupos que iniciaron el conflicto surgieron en medio de una zona donde se identificaban banderas de sectores políticos de izquierda. La respuesta de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue inmediata: los agentes saturaron el área para proteger las vallas y respondieron con disparos de balas de goma y gas lacrimógeno. El gas obligó a numerosos manifestantes —muchos con el rostro cubierto— a retroceder por las calles aledañas, en un enfrentamiento que se extendió por más de dos horas.
Poco después, un camión hidrante llegó al cruce de Rivadavia y Entre Ríos. El vehículo necesitó la asistencia de un camión tanque para conectar la manguera y abastecerse de agua antes de desplegar su chorro contra los grupos más agresivos. Los proyectiles, lanzados con gomeras por manifestantes, alcanzaban incluso la posición de los cronistas, lo que obligó a extremar las precauciones durante la cobertura.
El saldo de la jornada arrojó 31 personas detenidas y ocho efectivos heridos, pertenecientes a GNA, Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía Federal. De acuerdo con fuentes policiales, tres integrantes de Gendarmería y uno de Prefectura resultaron lesionados por el impacto de elementos contundentes.
Los efectos del operativo traspasaron la calle y llegaron hasta el interior del recinto parlamentario. Según indicaron fuentes consultadas por Infobae, el gas lacrimógeno se sintió incluso en el anexo del Congreso, donde varios diputados debieron retirarse de los despachos del Palacio Legislativo tras sentirse descompuestos. Entre ellos, la diputada Cecilia Moreau tuvo que recostarse para recuperarse. “Nunca había pasado esto, le pusieron más fuerza al gas”, señalaron las mismas fuentes.
La movilización coincidió, además, con el intento de la oposición en la Cámara de Diputados de derogar el DNU 70/2023, el decreto que desreguló cientos de actividades al inicio de la gestión libertaria. Sin embargo, el oficialismo logró evitar el quórum necesario gracias a un puñado de ausencias de gobernadores aliados.
En las redes sociales, la funcionaria Alejandra Monteoliva cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió en su cuenta de X.
Y agregó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
Las detenciones se concretaron antes de que Gendarmería procediera a desalojar la Plaza Congreso, en una operación que puso fin a una jornada marcada por los reclamos universitarios y los destrozos cuya factura preliminar de $90 millones recaerá sobre las arcas del gobierno porteño.
POLITICA
El Gobierno demora la reforma política por falta de acuerdos en el Senado y revisa su estrategia para las elecciones de 2027
El Gobierno dilata la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política y recalcula su estrategia de negociación con los gobernadores y bloques aliados. En la Casa Rosada aseguran que no volverán a impulsar el tratamiento hasta tener garantizados los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, uno de los principales objetivos electorales de Javier Milei.
“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, aseguran en Nación. La definición aleja la posibilidad de acelerar el debate durante los próximos días y modifica las expectativas de sectores del oficialismo que proyectaban obtener un dictamen y llevar la iniciativa al recinto durante la última semana de octubre. En Balcarce 50 reconocen que las conversaciones todavía no alcanzaron el nivel de consenso necesario para fijar un cronograma parlamentario.
La falta de avances se mantiene incluso después de la última reunión de la mesa política, realizada el martes en la Casa Rosada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a TN que no hubo novedades que permitan adelantar una nueva convocatoria. En el bloque de La Libertad Avanza del Senado transmiten una evaluación similar y advierten que todavía deben mantenerse conversaciones individuales con legisladores de los espacios dialoguistas.
El principal obstáculo está en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe buscar los 16 respaldos restantes entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente. En la conducción parlamentaria advierten que los entendimientos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias.
La negociación tampoco está cerrada dentro de la propia mesa política. Mientras Diego Santilli y otros sectores del Gobierno buscan acelerar los entendimientos para asegurar la votación, en despachos cercanos al armado electoral de La Libertad Avanza sostienen que las definiciones sobre las alianzas para 2027 llegarán recién hacia fin de año. La intención es preservar capacidad de negociación y evitar concesiones territoriales antes de conocer con mayor precisión el escenario electoral.
En ese sector del Ejecutivo consideran que no existe una necesidad inmediata de revelar las condiciones que pretende imponer el oficialismo en cada provincia. La lectura es que la candidatura presidencial de Milei constituye su principal herramienta de negociación frente a gobernadores que no cuentan con una alternativa nacional propia. Por eso, relativizan las versiones sobre acuerdos ya cerrados y aseguran que, aunque hubo acercamientos, todavía falta resolver la distribución de candidaturas y las condiciones de competencia.
La discusión se concentra ahora en dos modificaciones que el Presidente considera prioritarias: la suspensión de las PASO nacionales y la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel. El proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, pero en Nación reconocen que la negociación ya se orienta a suspenderlas durante 2027. Esa alternativa permitiría evitar su realización en la próxima elección presidencial sin derogar de manera permanente el sistema.
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