La Casa Rosada endurece su postura frente a los gobernadores y comienza a prepararse para competir con las PASO nacionales vigentes en 2027. El Gobierno mantiene su intención de suspender las primarias, pero descarta adelantar acuerdos electorales para conseguir los votos en el Congreso. En la conducción de La Libertad Avanza consideran que Javier Milei conserva una ventaja frente a los mandatarios provinciales y que el oficialismo llegará en mejores condiciones a la negociación durante los próximos meses.

“Nos vamos a sentar a esperar. No vamos a adelantar ningún acuerdo. No tenemos ningún tipo de apuro”, aseguran en Nación. En Balcarce 50 sostienen que no retirarán candidaturas provinciales como condición para obtener respaldo legislativo. “Barato no cerramos. Nosotros tenemos el ancho de espada. No nos van a correr”, agregan en el entorno presidencial.

La estrategia responde a una evaluación interna sobre el costo de negociar durante un período de debilidad política y económica. Cerca del armado libertario reconocen que cerrar ahora las alianzas implicaría aceptar condiciones más exigentes sobre candidaturas, listas y participación en los gobiernos provinciales. La expectativa es atravesar los próximos meses sin compromisos definitivos y recuperar capacidad de negociación antes de 2027.

La decisión final sobre los acuerdos territoriales queda en manos de Karina Milei, que mantiene el control del armado nacional junto con Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. En ese sector aseguran que recibieron instrucciones para acelerar la organización partidaria en las provincias y repetir la estrategia de 2025. La prioridad es fortalecer candidatos propios antes de resolver qué alianzas resultan convenientes.

“Por ahora no bajamos ningún candidato”, expresan en la conducción oficialista. El Gobierno proyecta competir en la mayoría de los distritos, con excepciones donde existen entendimientos más avanzados, como Entre Ríos, Chaco, San Juan y San Luis. Aun en esos casos, las condiciones definitivas de las alianzas siguen sujetas a negociación y a la aprobación de la secretaria general de la Presidencia.

La provincia de Buenos Aires tendrá un tratamiento diferente. La Casa Rosada mantiene la intención de construir un frente amplio con sectores del PRO y de la UCR para enfrentar al peronismo. El entendimiento contempla una distribución más extensa de candidaturas y espacios de participación política. En el oficialismo consideran que unificar a las fuerzas aliadas es fundamental para disputar la gobernación.

Córdoba aparece entre los distritos donde La Libertad Avanza pretende competir con mayor intensidad. En Nación proyectan una campaña fuerte para disputar el poder al peronismo provincial, mientras que la Ciudad de Buenos Aires permanece abierta. El Gobierno todavía no resolvió si impulsará una candidatura propia contra el PRO o si alcanzará un acuerdo para compartir la oferta electoral.

Las imágenes de la intifada francesa, con casi 500 mil personas en las calles y movilizaciones en París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse y Estrasburgo, son seguidas de cerca en distintos despachos de la Casa Rosada. El diagnóstico libertario es amplio: no solo limitan la compleja situación a Francia, sino que hablan de una Europa marcada por una creciente conflictividad social, producto de lo que consideran las consecuencias de una crisis económica que se extiende por el continente.

“Francia, pero sobre todo Europa, están complicadas a nivel fiscal, monetario y previsional. No les dan las cuentas por ningún lado. Francia está afrontando la crisis digna de un país emergente”, planteó ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial.

Las manifestaciones masivas también alcanzaron ciudades de otros países europeos, como Milán, Roma, Madrid, Lisboa y Tirana, cuyas calles se transformaron en epicentro de reclamos vinculados con las pensiones, el acceso a la vivienda y la educación, la inflación, las denuncias de corrupción y la oposición a la guerra.

A la conflictividad social europea, los libertarios suman la preocupación por el impacto de las disputas bélicas sobre la economía regional y mundial, en particular el enfrentamiento por el estrecho de Ormuz -que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán- y la guerra entre Rusia y Ucrania. “La economía del mundo frena. El mundo parece a punto de explotar”, detectó una fuente de Balcarce 50. En ese contexto, el ala de la mesa política -los Caputo- que plantea la necesidad de cerrar cuánto antes acuerdos con los gobernadores, insiste en su reclamo.

El presidente Javier Milei también se refirió a esa inquietud durante la reunión de Gabinete del lunes pasado. Durante el intercambio sostuvo que el escenario internacional repercute directamente sobre la oferta global y el precio del petróleo, que registró fuertes subas en las últimas semanas, y advirtió sobre las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés.

A su vez, el oficialismo sostiene que la inestabilidad internacional golpea a los mercados emergentes y afecta la cotización de los bonos argentinos. “La crisis que atraviesa Europa impacta y la Argentina no está exenta. Esto pega en los mercados y los países emergentes tienen impacto en indicadores como el riesgo país”, argumentaron ante este medio.

Sin embargo, en las filas libertarias destacan la existencia de lo que definen como un “hedge natural”: la suba del petróleo y las commodities tiene un efecto dual sobre la economía argentina. Por un lado, presiona sobre los precios internos y puede repercutir en la actividad económica; por el otro, por el otro, mejora los ingresos por exportaciones de petróleo y gas.

El propio Milei hizo referencia al tema durante el fin de semana, cuando sostuvo que las perspectivas económicas para 2027, año electoral, estarán condicionadas por el escenario mundial. “El petróleo pasó de 60 dólares a 100 dólares el barril. Eso a nosotros nos genera un hedge natural porque los dólares que no nos entran de la cuenta financiera nos salen hasta por las orejas de la cuenta comercial”, sostuvo en una entrevista con Radio Mitre.

Asimismo, en la Casa Rosada identifican un cambio de escenario global: anticipan una creciente conflictividad social y el agotamiento del orden económico que caracterizó buena parte del siglo XX. Pese a la ola de protestas, en Balcarce 50 descartan que ese escenario se replique en la Argentina. Lo atribuyen al ordenamiento macroeconómico y a la disponibilidad de divisas que, aseguran, tiene el país.

“En ese mundo conflictivo, la Argentina es una especie de paraíso. Alejado de todos los conflictos. Ordenada, con un Presidente pro mercado, pro capitalista”, expresó un integrante del Gabinete.

La visión contrasta con los reclamos de buena parte de la sociedad, que espera que el ordenamiento de las cuentas públicas se traduzca en una mejora de sus ingresos. Frente a esas demandas, los libertarios, con Milei a la cabeza, ratifican la continuidad del rumbo económico.

South America / Central America,Government / Politics

La Libertad Avanza enfrenta una semana decisiva en la Cámara de Diputados, donde intentará conseguir los dictámenes de dos proyectos centrales para la administración de Javier Milei: el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Sin embargo, las negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores siguen abiertas y las diferencias por el reparto de fondos podrían obligar al oficialismo a postergar sus planes.

Los libertarios mantienen conversaciones contrarreloj para reunir los respaldos necesarios. Este martes será el turno del proyecto de soberanía nacional, mientras que entre el martes y el miércoles se definirá si existen condiciones para dictaminar el Presupuesto.

Los principales obstáculos están vinculados con el financiamiento universitario, los recursos para obras de infraestructura y las deudas de la Nación con las cajas jubilatorias provinciales. Los mandatarios provinciales buscan cerrar compromisos concretos antes de respaldar la iniciativa oficial.

El Gobierno negocia cambios en el proyecto sobre Malvinas para conseguir el apoyo de sus aliados

El oficialismo convocó para este martes, a las 16, a un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de Diputados para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por Milei.

La iniciativa será modificada a partir de los planteos de los bloques dialoguistas y de las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que podría tener la normativa en sus empresas.

El encuentro estará encabezado por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, presidentes de las respectivas comisiones. También están convocados Martín D’Alessandro y Norma Morandini, presidente y vicepresidenta de Poder Ciudadano.

Tras las exposiciones, Zapata evaluará si existen los votos necesarios para poner los dictámenes a consideración. Si el oficialismo no consigue los respaldos, la definición podría postergarse otra semana.

Desde el Congreso y la Casa Rosada sostienen que las negociaciones continúan y que la diputada Silvana Giudici está encargada de acercar posiciones con los bloques aliados.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las facultades militares que contempla el proyecto.

El diputado Eduardo Falcone, del MID, advirtió: “El proyecto incluye un protocolo militar por el cual el Presidente podría disponer eventuales actos bélicos contra buques o aviones hostiles. El MID reclama que esos actos deben ser autorizados por el Congreso, tal como lo dispone la Constitución Nacional. Ya sufrimos un drama nacional cuando el Congreso estaba cerrado. Ahora está funcionando”.

Según las negociaciones en curso, el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar modificaciones e incorporar un plazo de 48 horas para comunicar las novedades a la comisión bicameral que se crearía para supervisar al Consejo de Seguridad.

La iniciativa también establece un nuevo régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Entre sus disposiciones contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para personas y empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina.

Los sancionados podrían quedar impedidos de contratar con el Estado, realizar determinadas actividades económicas o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

Además, el texto propone modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.

Presupuesto 2027: los gobernadores exigen fondos y las universidades reclaman $11 billones

El segundo frente de negociación del Gobierno está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde La Libertad Avanza pretende conseguir un dictamen esta semana.

El principal obstáculo es la falta de acuerdos sobre los recursos destinados a las provincias y el financiamiento de las universidades nacionales.

Los gobernadores reclaman partidas para obras de infraestructura y el pago de las deudas que mantiene la Nación con las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la ANSES.

El proyecto oficial contempla más de $500.000 millones para las cajas jubilatorias, aunque todavía no está definido cómo se distribuirán esos recursos entre los 13 sistemas provinciales involucrados.

Las negociaciones también están condicionadas por el calendario parlamentario. Varios legisladores viajarán a Estados Unidos para seguir las elecciones de medio término y la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, incluirá feriados que afectarán la actividad legislativa.

Pese a estas dificultades, el oficialismo busca mantener el 18 de noviembre como fecha para debatir el Presupuesto en el recinto.

“De esa manera le damos tiempo al Senado para que lo apruebe”, explican desde el bloque libertario.

Este martes, a las 11, está prevista la exposición de dos funcionarios del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger: Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y Maximiliano Fariña, secretario de Transformación.

Según fuentes cercanas a Bertie Benegas Lynch, serían los últimos funcionarios en presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda antes de intentar avanzar con los dictámenes.

Otro de los puntos más conflictivos es el financiamiento universitario.

Mientras el proyecto del Poder Ejecutivo contempla $7,7 billones para las universidades nacionales en 2027, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones, una diferencia de $3,3 billones.

Durante sus exposiciones ante los diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron la propuesta oficial y cuestionaron las demandas de los rectores.

“Durante décadas prevaleció la premisa de que incrementar el gasto aseguraba un mejor resultado educativo. La evidencia demostró lo contrario: aumentaban las partidas y el aprendizaje se deterioraba. Ahora el Ministerio de Capital Humano busca establecer un nuevo paradigma, pasando de un gasto centralizado e ineficiente hacia una inversión educativa transparente y enfocada en el aprendizaje”, planteó Torrendell.