Existe un debate muy apasionado en el corazón del establishment industrial acerca del modelo productivo del Gobierno, su impacto en ese sector y su sostenibilidad. Ese debate volvió al centro de la escena pública esta semana, en el marco del evento anual que la Unión Industrial Argentina organizó el miércoles en la sede del laboratorio ELEA y que no tuvo participación del Poder Ejecutivo, con la sola excepción de Pablo Lavigne, a cargo de la secretaría de Coordinación Productiva.

Martín Rappallini, jefe de la UIA, cuidó quirúrgicamente sus palabras: consensuó el discurso con el resto de los miembros del comité, pero dejó algunas definiciones que Lavigne escuchó sin pestañar desde el auditorio. Remarcó que la producción está un 10% por debajo de los niveles del 2022, con caídas en algunos sectores en torno al 25 y el 30%, y destacó la caída en el empleo registrado: según el último relevamiento a mayo de este año, la industria, que concentre el 20% de la ocupación formal del país, perdió 93.760 puestos de trabajo en tres años. El 44,8% pertenece a la provincia de Buenos Aires. “La industria le está poniendo el hombro a la estabilización”, remarcó Rappallini, y agregó: “La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación, tenemos que mirar la actividad, hay sectores muy golpeados, empresas trabajando por debajo de su capacidad”. Habló también de la contribución del sector con la recaudación -en torno al 30%-, y la preocupación por los altos niveles de contrabando, justo en momentos de definiciones irresueltas en la cúpula de la Aduana: hasta este viernes aún no se había formalizado la renuncia presentada por José Velis, jefe de ese organismo.

El Gobierno sabía que Rappallini expondría las dificultades del sector. Por eso ninguno de los ministros invitados confirmó su presencia. Ni siquiera Diego Santilli. La más llamativa fue sin embargo la ausencia de Mario Lugones, que hasta la mañana del mismo miércoles seguía ratificado entre la lista de invitados a la sede de ELEA en el conurbano: algunos de los organizadores se enteraron que finalmente no iría mientras viajaban esa mañana hacia el Gran Buenos Aires.

Luis Caputo, “Toto”, conoce de primera mano esas demandas. En su momento, la cúpula de la central empresaria le había reclamado una solución a los bienes transables, que produce un 25% de la industria y que sufre el impacto de la competencia con el exterior, en especial con China. El ministro quedó en contestar. Una demanda similar recibió el mes pasado, cuando visitó Catamarca y la licenciataria que fabrica ropa y calzado de seguridad de la marca Ombú le reprochó por la apertura excesiva de la economía.

Caputo oscila en sus respuestas. “La mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio, que es difícil para algunos, que implica que hay que reconvertirse e invertir, algo que no estaban acostumbrados a hacer”, abundó en medio del evento industrial y tras las declaraciones del vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, que lo llamó “un trader que no sabe lo que es un torno”. Moretti no participó del agasajo y rara vez va a las reuniones del comité industrial. Por el contrario, desde esa central aseguran que tanto Rappallini como el resto de los directivos principales apoyan el rumbo del modelo de Javier Milei.

El Presidente es consciente de ese apoyo, más allá de las críticas y el impacto en el sector. Eso explica, tal vez, por qué ha sido hasta ahora una de las variables de su programa que no se permitió modificar. “Voy a redoblar la ortodoxia”, dijo el viernes en Misiones. Satisfecho, todavía, por la repercusión de la cadena nacional del jueves -la grabó en tres oportunidades hasta que se conformó finalmente con el tono del discurso, mientras los ministros esperaban con masitas y Santiago Caputo se encargaba de que trascendiera su sello detrás del éxito de la estrategia comunicacional-, que le permitió copar la agenda mediática con las medidas anunciadas en favor del reclamo de soberanía sobre las Malvinas.

El Gobierno está dividido. Milei es la cabeza de una propuesta de apertura regulada por el mercado y beneficios fiscales para grandes inversiones sin ningún salvavidas para aquellos que no se adapten a las nuevas reglas del modelo. También Federico Sturzenegger, cada vez más resistido puertas adentro. Caputo podría embanderarse en ese bando, pero sabe, íntimamente, que habría que promover algunas concesiones para que el 2027 sea, en términos electorales, “un paseo por el parque”. El ala política, con Santilli y Patricia Bullrich como puntas de lanza, es la que propicia medidas más heterodoxas para paliar el impacto del programa libertario en la industria o en otros rubros castigados como la construcción y el comercio. Una encuesta que se analizó en despachos oficiales arrojó que la “preocupación” en la sociedad por el empleo creció de julio del 2025 a julio último del 30% al 51%. Esa inquietud es transversal a casi todas las provincias, con mayor permeabilidad en territorio bonaerense: cerraron 1.306 fábricas industriales desde mayo del 2023. Dieciocho meses consecutivos de caída.

En ese contexto, el debate en el Senado por el Súper RIGI, que tiene media sanción de Diputados, volvió a colocar a la industria bajo la lupa, y se espera que este martes, en la reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei, se analicen los cambios que los senadores aliados propusieron después de una serie de conversaciones con sectores de la industria, en particular la metalmecánica.

El Gobierno llamó a un cuarto intermedio después de que en las reuniones de comisión la senadora Bullrich no pudiera garantizar una respuesta favorable de la Casa Rosada. En especial al pedido para llevar a un piso mínimo del 20% de contratación de proveedores locales respecto de los bienes para el desarrollo de los proyectos de inversión. Y que exista un diferencial del 15% en el precio respecto a los bienes importados para que las empresas argentinas compitan en igualdad de condiciones con los proveedores del exterior, una política aplica, por ejemplo, Brasil, que integra incluso el bloque BRICS junto a China. Hasta ahora, el proyecto de Diputados estipula que ese piso contemple, además de los bienes, obras y servicios, lo que llevaría a que se diluya ese porcentaje en rubros, como gastronomía, logística u hotelería, que se desarrollan de manera natural en el país.

Para la mesa política, ese stand-by en las negociaciones fue una mala noticia porque los reclamos fueron presentados por senadores aliados como Carlos Espínola, Flavia Royón, Maxi Abad o Martín Goerling Lara, que trabajaron con empresarios y en sintonía con el peronismo, con legisladores como Jorge Capitanich, que diseña un plan de gobierno para ofrecerle al peronismo en 2027. “Se van a hacer modificaciones, no se sabe si todas las que están pidiendo, pero eso va a salir”, reconoció una fuente oficial. La letra chica de esas tratativas está en manos de Bullrich, y existieron algunos pedidos al presidente de la Cámara baja, Martín Menem: Santilli recién empezaría a hablar en el tramo final con los gobernadores.

Lo cierto es que el Gobierno sigue con alguna preocupación ese proyecto, también los jefes provinciales, porque existieron episodios en el marco del RIGI ya sancionado que prendieron luces de alerta en un tema de altísima sensibilidad como el empleo local y la industria. El caso más resonante es el de la minería, particularmente en dos proyectos: Río Tinto, en Salta, y Vicuña, en San Juan. La multinacional minera, en su obra de litio en territorio salteño, fue la primera en encender las alarmas con la importación directa de china de galpones metálicos y estructuras para el proyecto Rincón, con precios muy por debajo de la industria nacional, sin aranceles, y por un volumen similar a la capacidad local. Ese debate se trasladó después a San Juan, con el mega proyecto minero que ya se comprometió a desembolsar USD250 millones para la provincia pero que generó un malestar, especialmente dentro de la empresa, por las repercusiones que generó, cuando se adjudicó, según explicaron fuentes locales, un 25% del montaje del campamento Batidero a una UTE liderada por PowerChina. Se trata de 2.500 plazas que el proyecto necesita para este año. Según fuentes provinciales, el 90% de la mano de obra utilizada para el montaje corresponde a trabajo local, algo que desde la industria ya dan por descontado: por eso insisten con incluir entre las modificaciones esenciales al Súper RIGI que el piso mínimo del 20% quede exclusivo para “bienes”.

Ese revuelo hizo que el gobernador Marcelo Orrego apurara una ley de “compre local” enfocada en el desarrollo minero que había comenzado a trabajarse mucho antes de la polémica con Vicuña.

El debate por la importación de bienes chinos y el impacto en la industria local alcanzó incluso a la industria minera, una de las actividades centrales que motorizaron el crecimiento de la economía en estos años. “No nos podemos pasar de rosca”, admitieron fuentes del sector. Franco Mignacco, de la minera Exar, con proyectos en Jujuy, a cargo del departamento alusivo en la UIA, es consciente de esa discusión interna que llegó a oídos del Gobierno. Incluso surgieron versiones de alguna discrepancia del ministro Caputo con José Morea, el country manager de Vicuña Corp, un egresado del cardenal Newman muy vinculado al canciller Pablo Quirno que quedó en el ojo de la tormenta.

¿Ilusión u optimismo? Ese debate en el establishment industrial animó a un sector a pensar en una serie de alternativas al proyecto de reelección de Milei que llegaron a poner incluso otra vez como candidato a Mauricio Macri -un intento fugaz, por cierto- o a Bullrich, que todavía aparece como opción de parte del círculo rojo.

Pero el deterioro del empleo formal, la inestabilidad del repunte económico y el bajo consumo son algunas de las variables que entusiasman al peronismo, que se debate entre la ilusión de volver al poder y el optimismo por una derrota de La Libertad Avanza el próximo año. “Creemos que el Gobierno puede perder, el problema es que no sabemos si nosotros podemos ganar”, resumió un dirigente bonaerense que trabaja en una alternativa.

Ese optimismo peronista está alimentado, en buena medida, por el impacto del programa económico en la provincia de Buenos Aires, que suele registrar, desde que asumió Milei, los peores indicadores. Un intendente de un municipio populoso del conurbano asegura que, en estos meses, el Presidente alcanzó su nivel más bajo en imagen desde que desembarcó en el gobierno. Dicen, además, que los vecinos le demandan cada vez más trabajo, y que el cierre de empresas, medianas y pequeñas, es cada vez más notorio.

Esa fotografía de la actualidad coincidió en las últimas semanas con la reaparición, pública y privada, de Sergio Massa, cuyos movimientos recientes empezaron a ser seguidos con lupa por el círculo rojo empresario, sindical y político. Es más: en parte de la dirección de la UIA están convencidos de que la elección del próximo año volverá a dirimirse, otra vez, entre Milei y el ex ministro de Economía. “La estructura y los movimientos de Sergio son los de un candidato presidencial: es el único con relación directa e influencia en algunos gobernadores”, reconoció un intendente del conurbano de la nueva liga de jefes comunales del peronismo que podrían reunirse con él en estos días. Entre esos gobernadores alistan, por ejemplo, al salteño Gustavo Sáenz.

El futuro de Massa es una incógnita para un peronismo que sigue enfrascado en una guerra a cielo abierto entre el cristinismo y Axel Kicillof, otra vez agravada tras un muy tímido acercamiento reciente por la puesta en escena de estos días que Máximo Kirchner organizó frente al departamento de su madre, en San José 1111, por el aniversario del intento de asesinato, que incluyó al cancionero de La Cámpora contra aquella declaración del gobernador, cuando pidió “nuevas canciones”.

Esas nuevas canciones parecen haber surtido efecto, al menos en el plano judicial por algunos movimientos recientes que tuvieron como mojón principal los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para la estratégica Cámara Federal de la capital, dos camaristas que pasaron las audiencias y la votación del Senado sin que el kirchnerismo planteara ni una sola discrepancia, ni siquiera en la voz del lenguaraz Martín Soria, y que juraron a mediados de semana rodeados de una muy concurrida tribuna. Ese repliegue táctico del cristinismo despertó un revuelo en redes sociales, con acusaciones cruzadas. El jefe de La Cámpora enfureció con esas especulaciones. Tiene motivos para enfurecerse, también para inquietarse, junto a su madre, por el juicio oral que podría iniciarse hacia fin de año por la investigación de Hotesur-Los Sauces que lo tiene en el banquillo de los acusados. Se trata, tal vez, del expediente más sensible para la familia, ahora en manos del Tribunal Oral Federal 5, que tiene una vacante -subrogada- que debe ser nominada y remitida al Senado por el ministro Juan Bautista Mahiques.

No es, de todos modos, el único fuero que despierta el interés del círculo rojo judicial y político. En el contencioso administrativo federal, donde se resuelven, por ejemplo, los actos administrativos de la gestión del gobierno, hay cuatro vacantes en la cámara. Es una zona de gran influencia por parte de Sergio Fernández, que dejó atrás una enemistad de mucho tiempo con su hermano Javier. Uno de los candidatos que quiere uno de esos sillones es el juez Martín Cormick, vinculado a Kicillof.

En el entorno del gobernador, que tiene un vínculo distante con el Poder Judicial, siguen de costado esos procesos. No figura entre sus prioridades. En julio, designó como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura provincial a Santiago Pérez Teruel, uno de sus asesores cercanos en la materia que empezó hace tiempo a fatigar algunos despachos relevantes. Pero sigue sin resolver las cuatro vacantes en la Corte Suprema.

Esa definición se encamina a quedar bajo la órbita de la próxima administración provincial, el objetivo principal de Santilli, el jefe de Gabinete de Milei que amplía su zona de influencia puertas adentro. El viernes, designó oficialmente a Adrián González al frente del Correo Argentino. La llegada de González coincidió con la salida de Aimé Vázquez, “Meme”, ex mano derecha de Manuel Adorni, que la había elevado al directorio de esa empresa estatal, clave para el desarrollo del proceso electoral del 2027. Santilli tiene en su poder otros asuntos más sensibles, como la licitación del predio de Tecnópolis, que arrastra una puja empresaria muy caliente y que el ministro coordinador lleva en persona.

Pero hay dirigentes de LLA y del PRO que todavía quieren que el jefe de Gabinete decline sus aspiraciones bonaerenses y compita el año que viene por la Jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Según supo este medio, hay conversaciones entre figuras muy importantes del Gobierno y del entorno de Mauricio Macri detrás de esa pretensión. El expresidente aún deja trascender que no está seguro de querer que su primo Jorge Macri busque la reelección, a pesar de que las encuestas marcan una mejora en la gestión local. En ese plano, existieron hasta conversaciones entre Fernando de Andreis y Horacio Rodríguez Larreta. “Hay que volver al PRO histórico”, le habría transmitido el diputado al ex jefe de gobierno.

“Así se manejan los primos hasta que siempre terminan juntos”, opinó una fuente del PRO. Es una hipótesis que tiene cada vez más adeptos: que el jefe del PRO negocia su cuota de poder pero que, al final del camino, terminará por apoyar al jefe de gobierno. Por las dudas, Karina Milei sigue con su propio proyecto, e incorporó hace algún tiempo a una asesora de Patricia Bullrich: María Oneto, a cargo del fondeo de la campaña presidencial de la ex ministra del 2023. Todos desconfían de todos. “En el 2023 les dimos los votos gratis, esta vez los vamos a hacer valer”, explicaron cerca del ex presidente.

Martín Rappallini,Unión Industrial Argentina,Día de la Industria,provincia de Buenos Aires