POLITICA
Endeudamiento y discapacidad: cómo fue la sesión en la que el oficialismo y la oposición acordaron el calendario de debate legislativo
En una sesión acordada y sin escándalos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso rápidamente en consideración los expedientes impulsados por la oposición sobre endeudamiento familiar y la Ley de Emergencia. La jugada opositora logró emplazar a la Cámara baja para que haya un cronograma de trabajo fijo en las comisiones, por lo que ambos temas tendrían dictamen hacia fin de mes. Oficialistas y opositores duros votaron en conjunto.
En cambio, otra iniciativa opositora se frustró por falta de votos: la intención de tratar este mismo miércoles los proyectos en el recinto. Sin el número para llegar a la mayoría calificada de los dos tercios del cuerpo, la moción resultó negativa.
Cómo se armó la jugada opositora
La oposición que había convocado a la sesión estuvo desde temprano en el recinto. Participaron Unión por la Patria, Provincias Unidas, el MID, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y los sectores que responden a gobernadores cercanos a la Casa Rosada, como Argentina Federal, Elijo Catamarca, la Neuquinidad e Independencia.
El oficialismo se sumó cuando ya se habían superado los 129 diputados necesarios para el quórum. En tanto, los aliados del PRO tuvieron fuertes ausencias: Fernando De Andreis, Alejandro Finocchiaro y Álvaro González se quedaron de pie, mientras que el resto de los integrantes de la bancada amarilla se incorporó más tarde.
Una situación similar se registró en el radicalismo de Pamela Verasay, donde inicialmente se ausentaron sus seis integrantes: más tarde ingresaron al recinto. Para ese momento, el Comité Nacional de la UCR, que lidera Leonel Chiarella, difundió un comunicado en el que sostuvo: “Le toca al Congreso Nacional dar una respuesta porque no es un problema entre privados”.
Emergencia en Discapacidad
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino pidió emplazar a las comisiones y fijó las fechas para debatir la Emergencia en Discapacidad en un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. El tratamiento quedó establecido para los miércoles 16 y 23 de septiembre, con firma de dictamen.
“Hay una voluntad mayoritaria para volver al recinto y aprobarlo, el 23 de septiembre”, aseguró Germán Martínez, presidente del peronismo.
Desde la misma bancada, Eduardo Valdés sostuvo: “El sector de la discapacidad sin lugar a duda está en un estado de malestar social. Las personas con discapacidad, y sus familias. El Cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, ha hablado de que hay un sadismo de estado en este tiempo con la discapacidad, por eso pedimos que prorroguemos la ley de emergencia en discapacidad de forma urgente y después pensemos una cuestión de fondo si hay que pensarla, pero urgente prorrogar la emergencia en discapacidad”.
El oficialismo, en cambio, planteó que no corresponde prorrogar la declaración de emergencia porque el Gobierno ya tiene una solución para el pago de las prestaciones del sector. “La emergencia está cumplida”, sostuvo Silvana Giudici. De todos modos, el oficialismo acompañó a la oposición para que los proyectos continúen su tratamiento en las comisiones.
“La comisión de Discapacidad (presidida por el libertario Gerardo Huesen) ya viene trabajando los proyectos presentados”, señaló Gabriel Bornoroni, jefe del oficialismo.
El PRO y la UCR, a través de Cristian Ritondo y Pamela Verasay, respectivamente, elevaron además un pedido formal a La Libertad Avanza para completar las prestaciones del área de discapacidad y establecer un cronograma de pago a los prestadores. La Casa Rosada se comprometió a comunicarlo a la brevedad, en medio de la tensión entre los aliados y los libertarios.
El emplazamiento a las comisiones fue aprobado por 249 votos afirmativos.
La diputada cordobesa Alejandra Torres, de Provincias Unidas, pidió una mirada integral sobre la discapacidad y señaló que existen distintas fuentes para financiar las prestaciones. “Hay que recordar que en la protección de las personas con discapacidad hay pensiones, prestaciones médicas, asistencia médica correspondiente, programas de reconstrucción del hogar y el acompañamiento escolar, son muchas prestaciones que están dispersas entre distintos organismos del Estado nacional”, planteó.
Torres advirtió que la dispersión entre distintos organismos genera superposiciones y vacíos que dejan a muchas familias sin las prestaciones que deberían recibir y las obliga a recurrir a amparos judiciales.
“La discapacidad no es solamente una emergencia, sino que es establecer reglas claras para saber cómo se evalúa la discapacidad, como se obtiene el CUD el certificado único de discapacidad, que tipo de pensiones o ayuda económica hay, que puede ser un Asignación Universal por hijo, y retiros por invalidez si su situación proviene por un accidente o una enfermedad laboral”, cerró.
El tratamiento del endeudamiento familiar
Tras el debate sobre discapacidad, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, propuso emplazar los cerca de 50 proyectos que existen sobre morosidad familiar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, presididas por Santiago Pauli, de La Libertad Avanza, y Hugo Yasky, de Unión por la Patria.
El cronograma contempla reuniones los martes 15, 22 y 29 de septiembre a las 14, con la firma de los dictámenes prevista para la última jornada.
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“Cuando los temas se plantean con claridad y encuentran buenos defensores, ganan los temas. En el tema de morosidad, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, es inocultable, que no era una operación, no es que nadie le puso un arma en la cabeza como decía el Presidente. Acá está equivocado el gobierno en menospreciar, en subestimar. Yo hace tiempo vengo sosteniendo que el gobierno tiene la misma mecánica. Ante un problema, lo niega, después se llama en silencio y después le tira la culpa a la oposición como si fuera una operación política”, dijo Juliano.
La votación obtuvo 249 votos afirmativos y uno en contra, del santacruceño José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.
Germán Martínez planteó que el Congreso debe dar respuestas frente a la situación y pidió “dar una respuesta de alivio para millones de argentinos angustiados”.
Carlos Gutiérrez, de Provincias Unidas, destacó que el emplazamiento permitirá acelerar los tiempos de tratamiento. “Esto apura los tiempos en beneficio de la gente. Esto atraviesa transversalmente a la sociedad argentina, tanto el que produce como el que consume. Es tan irresponsable decir que no debe existir el crédito, como pensar que el crédito sin límite no participe del esfuerzo que todos los sectores argentinos estamos haciendo detrás de consolidar ciertos objetivos sobre los que no hay ninguna duda, como la baja inflación, déficit fiscal”, señaló.
El diputado agregó que no solo existen argentinos endeudados por consumo, sino también por cuestiones vinculadas a la producción, y sostuvo que también debe pedirse un esfuerzo al sector financiero.
La oposición busca unificar los proyectos
En los próximos días, la oposición deberá unificar cerca de cincuenta iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar y a la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
Mientras tanto, el oficialismo trabajará en sus propios dictámenes y reconfigurará el tratamiento de ambos temas en las comisiones de Finanzas y Discapacidad, encabezadas por los oficialistas Santiago Pauli y Gerardo Huesen.
sesion, Diputados, Discapacidad, endeudamiento
POLITICA
Mauricio Macri criticó a la jueza que frenó la baja de la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires: “Es realmente muy preocupante”
El expresidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles a la jueza bonaerense que resolvió frenar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
A través de un posteo en X, Macri calificó de “inaceptable” que una medida cautelar dictada por un juzgado provincial haya impedido la vigencia de una ley nacional y remarcó: “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”. “Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas”, agregó.
En ese sentido, el expresidente apuntó directamente contra los fundamentos de la magistrada y sostuvo que “la jueza reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones”, en referencia a un pasaje del fallo donde la funcionaria argumentó que “el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”. Según el expresidente, “esos elementos que dice tener no fueron presentados”.
Para Macri, el resultado de esa resolución generó una “controvertida situación”: una norma sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, y vigente en todo el país, “quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del territorio argentino, por decisión de un juzgado de primera instancia”.
Finalmente, sentenció: “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado. La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”.
El fallo que generó la polémica en la provincia de Buenos Aires
La resolución cuestionada por Macri fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de los adolescentes privados de su libertad. La suspensión llegó apenas dos días después de la entrada en vigencia del régimen penal juvenil.
La jueza Pascual centró su decisión en la falta de infraestructura del Estado bonaerense para absorber el aumento de adolescentes que ingresarían al sistema penal tras la baja de la edad de imputabilidad. La Ley 27.801, sancionada en febrero y reglamentada por el Gobierno nacional, establece la responsabilidad penal desde los 14 años, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, además de contemplar medidas alternativas y monitoreo electrónico.
Otras reacciones políticas y judiciales
Las críticas de Macri se suman a las de referentes de La Libertad Avanza, que ya adelantaron su rechazo a la medida. El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, calificó el fallo como una resolución “profundamente antidemocrática” y el espacio libertario anunció que impulsará un juicio político contra la magistrada. En la misma línea, el diputado bonaerense Manuel Passaglia presentará un pedido de jury contra Pascual por su decisión.
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En el plano judicial, la resolución también fue apelada. La Fiscalía de Lomas de Zamora recurrió el fallo y acusó a la jueza de avanzar sobre facultades que le corresponden al Congreso, al tiempo que pidió que la cautelar pierda efecto mientras se resuelve el recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías.
La jueza Pascual, por su parte, defendió su decisión y afirmó que, ante la falta de mecanismos para aplicar la norma, esta “no es más beneficiosa para la comunidad”. La medida cautelar suspende la aplicación de la ley por un plazo de 60 días y no implica su anulación definitiva.
Mauricio Macri, Provincia de Buenos Aires
POLITICA
Una buena para el Gobierno: avanza en el Senado la reforma de la carta orgánica del Banco Central
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) consiguió este miércoles dictamen en un plenario de comisiones en el Senado y quedó un paso más cerca de convertirse en ley.
El texto fue aprobado sin cambios con relación a la versión aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de agosto último, por lo que quedó en condiciones de ser sancionado en la próxima sesión del Senado.
La firma del dictamen se concretó durante un plenario de las comisiones de Economía Nacional y de Presupuesto y Hacienda en el que expusieron el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, y su vicepresidente, Vladimir Werning.
El avance del proyecto, que el presidente Javier Milei considera prioritario para la agenda legislativa del oficialismo, se logró también poco después de que el oficialismo se viera obligado a postergar una sesión que pretendía convocar para este jueves ante la falta de consenso para aprobar un proyecto que modifica el régimen de biocombustibles.
Durante su presentación, el presidente del Central defendió la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y sostuvo que el proyecto “está disparado (sic) por argumentos económicos” y que “no tiene un origen político”.
Si bien Bausili advirtió que la Carta Orgánica del BCRA “no merece ser revisada permanentemente”, justificó la reforma al señalar que el marco reglamentario vigente desde 2012 “ni siquiera pudo cumplir el objetivo número uno” que se había fijado en la ley “que es preservar el valor de la moneda”.
El funcionario repasó los cinco objetivos principios rectores que, dijo, rigen actualmente a la autoridad monetaria y afirmó que “en los últimos años no se cumplió ninguno”. Fue una crítica directa a la reforma aprobada durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
Además, defendió los principales lineamientos del nuevo texto y remarcó que la iniciativa “no implica afectar los depósitos de los argentinos”, sino que busca generar el efecto contrario, que es fortalecerlos.
Bausili también dijo que la propuesta replica “elementos básicos” presentes en las cartas orgánicas de bancos centrales de países que lograron combatir la inflación y aseguró que “no es un experimento”.
Por su parte, Werning sostuvo que el objetivo de la reforma impulsada por el Gobierno es “asociar nuestra legislación a lo que hacen los países exitosos”.
El dictamen fue resistido por la oposición kirchnerista que, como suele común en los últimos tiempos, mezcló sus críticas al proyectos con fuertes cuestionamientos al plan económico de la administración libertaria.
El jefe del bloque de senadores kirchneristas, José Mayans (Formosa), apuntó sus críticas a los cambios previstos en el proceso de elección y remoción de las autoridades del BCRA, al considerar que la propuesta “es inconstitucional” y constituye “una vergüenza para la democracia argentina”.
Según Mayans, la reforma pondría al Banco Central “al servicio del poder económico”.
Desde el oficialismo, el senador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), defendió el avance del proyecto y sostuvo que su aprobación es necesaria para “fulminar la inflación”. Además, calificó a la iniciativa como una de las leyes consideradas importantes por la gestión de Javier Milei.
Las reservas de oro
La reunión tuvo un momento de tensión cuando la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), acusó al oficialismo de debilitar el rol de control del Congreso sobre los actos de gobierno y preguntó, con caja destemplada, sobre el destino de las reservas en oro.
“¿Qué carajos hicieron con las 13 toneladas de oro?”, disparó Di Tullio.
Tomó el guante Werning, quien dijo reveló que el oro estuvo depositado en un banco suizo y que si en su momento la operación se mantuvo en secreto fue para evitar operaciones en contra del mercado, pero que los movimientos fueron auditados por la AGN y por una consultora internacional.
Gustavo Ybarra,Banco Central,Senado de la Nación,Conforme a
POLITICA
Malvinas: el Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones que enviará al Congreso
En pleno proceso de redacción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Gobierno evalúa ampliar el alcance de las sanciones a otras actividades, como la pesca, según confirmó una fuente oficial a Infobae. Se trata de un reclamo que levantó la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) al argumentar que el mismo criterio utilizado contra las petroleras debía aplicarse a las licencias de pesca que el Reino Unido otorga desde hace décadas.
A partir de los anuncios del presidente Javier Milei, la administración libertaria analiza extender los alcances de la Ley 26.659, conocida popularmente como “Ley Pino Solanas”, aprobada por unanimidad el 16 de marzo de 2011 durante el primer mandato de Cristina Kirchner. El articulado establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina solo pueden realizarse bajo habilitación emitida por autoridad competente argentina.
En Casa Rosada discuten la posibilidad de endurecer las penas y ampliar las actividades “de negocios” en las islas. La alternativa fue conversada en la última reunión de la mesa política, que tuvo lugar el pasado martes, y la eventual ampliación podría sumarse al esquema de sanciones contra las empresas que buscan extraer petróleo en Malvinas. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 firmas, en coordinación con la Procuración del Tesoro.
Si finalmente se avanza, quedará contemplada en el proyecto que actualmente atraviesa la última instancia de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy.
El planteo también pone el foco en la Ley Federal de Pesca, que regula el uso, la protección y la administración de los recursos vivos marinos en las aguas, aunque existen reclamos en torno a su aplicación.
El peronismo pide que las empresas y actores vinculados con la explotación de los recursos pesqueros en las islas sean alcanzados por el régimen de sanciones. El pedido se suma al de las entidades del sector, que buscan que la pesca sea incorporada expresamente al proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso.
Esta mañana, durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, el mandatario aseguró que con la nueva normativa “los que provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”. Además, reveló que incluirá otras herramientas necesarias para fortalecer las capacidades del Ejército y el ejercicio de la soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional.
Por estas horas, el asesor presidencial, Santiago Caputo, termina de definir el formato que tendrá la presentación legislativa del próximo lunes, que ingresará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayores apoyos para avanzar. El Poder Ejecutivo evalúa dos alternativas: girar el proyecto de manera tradicional o enviar a un funcionario al Congreso para explicar los detalles del articulado.
En ese escenario, los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), que participaron directamente en la redacción del texto, figuran entre los potenciales expositores. Más allá de esa eventual participación, en Casa Rosada descuentan que asistirán al Congreso cuando el proyecto se trate en comisión.
El oficialismo apunta a que el tratamiento legislativo comience entre fines de septiembre y principios de octubre. “Es un tema que no debería suponer resistencia, por lo que descontamos que tendrá dictamen rápido. Para la última de septiembre y la primera de octubre debería comenzarse a tratar”, expresó ante este medio una fuente de mesa política.
La discusión legislativa se da en paralelo a la ofensiva del Gobierno contra las empresas vinculadas a supuestos negocios petroleros ilegales en las Islas Malvinas, en el proyecto Sea Lion. Milei anunció además la construcción de una Base Naval integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento estará contemplado en el Presupuesto 2027 y que, según planteó el mandatario, “no pone en juego el superávit”. En ese marco, Quirno y Presti viajarán este viernes a la provincia para recorrer la zona y avanzar en las obras.
“El lobby petrolero es clave. Que los ingleses sienten a la Argentina en una mesa de negociación a hablar de compartir regalías, bloques conjuntos, lo que sea, supone un avance. Esta es nuestra última oportunidad”, expresó una fuente con acceso al despacho presidencial.
En las filas oficialistas aseguran que la cadena nacional en la que el mandatario anunció el paquete de medidas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas generó buena repercusión en las redes sociales, una evaluación que el Gobierno celebró. Aún con los resultados sobre la mesa, evitan “gastar el recurso”, y dejan en manos de los dos ministros la explicación de los detalles del proyecto.
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