POLITICA
Cubrir las vacantes judiciales es necesario, pero no suficiente
La Argentina discute permanentemente las decisiones de sus jueces, pero mucho menos cómo llegan esos jueces a ocupar sus cargos. Una parte importante del problema institucional comienza allí.
Hace apenas unas semanas, más de un tercio de los cargos de la Justicia Nacional y Federal se encontraba vacante y 203 ternas esperaban una decisión del Poder Ejecutivo, después de 27 meses sin que se remitiera al Senado un solo pliego de magistrados inferiores. En las últimas semanas esa situación comenzó a revertirse y cerca de 180 designaciones judiciales ya recibieron acuerdo. Es una buena noticia y, al mismo tiempo, una oportunidad para plantear una discusión más profunda: no alcanza con cubrir las vacantes. La discusión de fondo es otra: qué jueces necesita la Argentina, cómo seleccionarlos y qué reglas pueden asegurar que el mérito y la idoneidad sean terminantes.
En ese contexto adquiere particular relevancia la iniciativa impulsada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada 4/2026, que propone un nuevo Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados y lo remite al Consejo de la Magistratura para su tratamiento.
La iniciativa tiene una dimensión institucional que excede una modificación reglamentaria. La cabeza del Poder Judicial advierte déficits estructurales en el sistema de selección y propone reglas destinadas a fortalecer el mérito, la idoneidad, la transparencia y la imparcialidad, y a reducir los espacios de discrecionalidad. La propia Corte ha planteado que los principios centrales de la propuesta pueden constituir una referencia para los poderes judiciales provinciales. La propuesta merece ser apoyada.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), el Colegio de Abogados de la Ciudad, Poder Ciudadano, Unidos por la Justicia, la Usina de Justicia, la Fundación Nuevas Generaciones y más de quince universidades del país expresaron su respaldo a la iniciativa. Juristas como Ricardo Gil Lavedra, Alberto Garay, Alejandro Carrió, Alberto García Lema y Martín Böhmer se manifestaron en el mismo sentido. Fores, institución dedicada desde hace casi cincuenta años al estudio y formulación de propuestas para mejorar el sistema de Justicia, también expresó su apoyo ante el Consejo de la Magistratura y presentó propuestas para perfeccionar la iniciativa.
El punto de partida es sencillo y debería ser indiscutible: la selección de magistrados no es una cuestión corporativa ni un trámite administrativo. Es una cuestión republicana central.
De la calidad de los jueces depende buena parte de la calidad institucional de un país. No hay Estado de Derecho sólido sin jueces independientes, honestos, imparciales, técnicamente capaces, prudentes y comprometidos con el servicio de justicia.
El Consejo de la Magistratura debe cumplir un rol técnico en la selección. No fue concebido para reproducir negociaciones políticas o equilibrios corporativos, sino para identificar, mediante procedimientos públicos, objetivos y controlables, a los candidatos más idóneos para ejercer la función jurisdiccional.
Esto no implica desconocer la dimensión política que la Constitución asigna al procedimiento de designación. El diseño constitucional prevé expresamente una intervención política posterior: el Poder Ejecutivo elige un candidato dentro de la terna y el Senado presta o rechaza el acuerdo.
Precisamente porque esas instancias políticas existen, el Consejo debe preservar con particular rigor la naturaleza técnica de su intervención. Esa es, en buena medida, la razón de ser de su intervención en el procedimiento constitucional de selección. Si la discrecionalidad política determina también quiénes integran las ternas, o si la participación política vuelve a resultar decisiva en esa etapa, la función específica del organismo se desdibuja y la división de responsabilidades prevista por el sistema pierde sentido.
Esta discusión obliga a formular una pregunta adicional que pocas veces aparece cuando se analiza el sistema de selección: ¿qué condiciones deberían reunir quienes tienen la responsabilidad de seleccionar a nuestros jueces?
Se debate extensamente sobre el perfil del magistrado, sus conocimientos, antecedentes, experiencia, independencia y condiciones éticas, pero mucho menos sobre la idoneidad específica de quienes integran el Consejo de la Magistratura y deben evaluar esas cualidades.
La representación de un determinado estamento —jueces, abogados, académicos o representantes políticos— otorga legitimidad para integrar el Consejo en los términos previstos por el diseño institucional, pero no garantiza, por sí sola, idoneidad para seleccionar magistrados.
Seleccionar jueces exige una idoneidad específica: conocimiento del funcionamiento de la Justicia, experiencia profesional relevante, independencia de criterio y una conducta ética irreprochable. Quienes integran el Consejo deberían acreditar, más allá de los requisitos formales de acceso al cargo, una trayectoria compatible con la responsabilidad que van a ejercer: compromiso con la independencia judicial, respeto por las instituciones, integridad, transparencia y dedicación al mejoramiento del sistema de justicia.
La sola pertenencia a uno de los estamentos representados no debería bastar para asumir una responsabilidad de esa magnitud. Un buen reglamento y altos estándares para los postulantes resultan insuficientes si no se presta la misma atención a la idoneidad y a la ética de quienes deben evaluarlos.
Esto conduce a otra discusión central que la Acordada de la Corte coloca acertadamente sobre la mesa: qué debemos entender realmente por mérito e idoneidad judicial.
Durante mucho tiempo, el sistema de concursos tendió a construir una idea excesivamente formal o academicista del mérito. Se multiplicaron las grillas de antecedentes, cursos, títulos, publicaciones y actividades docentes como variables relevantes de evaluación. Pero la magistratura no es una carrera académica. Es una función pública cuyo cometido esencial es resolver conflictos concretos de personas concretas.
Un buen juez necesita sólidos conocimientos jurídicos. Pero solo eso no alcanza. Debe saber conducir procesos, administrar un tribunal, gestionar equipos de trabajo, cumplir plazos razonables, tomar decisiones bajo presión, actuar con prudencia, preservar su independencia y mantener una conducta ética irreprochable. Debe saber escuchar, decidir y explicar. Y, fundamentalmente, comprender que la Justicia es un servicio que tiene como destinatarios a los ciudadanos.
Por eso, el nuevo sistema debería otorgar mucho más peso al desempeño real de quienes ya integran el Poder Judicial.
Una parte significativa de los postulantes a cargos judiciales proviene del propio sistema: jueces, secretarios y funcionarios. En esos casos existe información objetiva sobre cómo han trabajado durante años. El Poder Judicial dispone —o debería disponer sistemáticamente— de estadísticas de gestión, niveles de mora, cumplimiento de plazos, volumen y complejidad de trabajo, confirmaciones y revocaciones de resoluciones, nulidades, funcionamiento de las oficinas, antecedentes disciplinarios y datos sobre capacidad de gestión.
Resulta difícil justificar que esa información tenga menos incidencia en un concurso que la acumulación de certificados, publicaciones o actividades académicas. Si el postulante ya cumple funciones dentro del Poder Judicial, importa saber cómo administra una oficina, cuánto demora en resolver, cómo conduce sus equipos, cómo cumple sus obligaciones y cuál es la calidad de sus decisiones. Deben valorarse, asimismo, su comportamiento institucional, el trato con abogados, litigantes y auxiliares de justicia, su independencia de criterio y su conducta ética.
El objetivo no debe ser seleccionar al postulante con el currículum más extenso. Debe ser seleccionar al mejor juez.
Ese cambio de criterio generaría, además, un incentivo saludable dentro del propio Poder Judicial: gestionar correctamente un tribunal, resolver en tiempo razonable y brindar un buen servicio de justicia debería tener tanto o más valor para progresar en la carrera judicial que acumular antecedentes académicos.
La discrecionalidad en los concursos
La reforma propuesta por la Corte procura, a su vez, reducir espacios de discrecionalidad que durante años han erosionado la credibilidad de los concursos.
La entrevista personal es un ejemplo claro.
Puede ser una instancia útil para conocer aspectos que difícilmente surjan de un examen escrito: templanza, claridad conceptual, comprensión del rol judicial, capacidad de comunicación, prudencia o independencia de criterio. Pero, precisamente por su naturaleza complementaria, no puede convertirse en una herramienta para alterar discrecionalmente el orden de mérito construido mediante las instancias técnicas anteriores.
La Acordada 4/2026 identifica expresamente este problema y propone limitar la incidencia de la entrevista, establecer pautas tasadas y evitar que pueda modificar sustancialmente el resultado técnico del concurso.
El mismo principio debe regir la conformación de las ternas y el uso de listas complementarias. De poco sirve objetivar las etapas de antecedentes y oposición si, al final del proceso, mecanismos discrecionales permiten alterar sus resultados.
Si eso ocurre, la política vuelve a entrar por la ventana después de que la reforma constitucional intentó limitar su influencia mediante la creación del Consejo de la Magistratura.
La reciente cobertura de vacantes deja, además, una enseñanza. Que en pocos meses hayan podido avanzar cerca de 180 designaciones constituye un progreso evidente frente a la situación crítica existente a comienzos del año.
Durante 27 meses, el Poder Ejecutivo no remitió al Senado pliegos para cubrir cargos de jueces inferiores. Luego, por una decisión política, el procedimiento volvió a activarse y una cantidad significativa de vacantes comenzó a cubrirse.
No se trata de juzgar una administración determinada, sino de advertir una debilidad institucional. La Constitución atribuye al Poder Ejecutivo la facultad de seleccionar a uno de los candidatos de la terna y solicitar el acuerdo del Senado. Esa atribución constitucional conlleva también una responsabilidad. Una demora prolongada en la cobertura de vacantes afecta el funcionamiento del servicio de justicia y agrava un problema que el procedimiento de selección debería contribuir a resolver.
La experiencia reciente demuestra que mejorar los concursos es una condición necesaria, pero no suficiente. Cada uno de los actores que intervienen en el procedimiento debe asumir la responsabilidad que le corresponde. La acumulación de vacantes no es una cuestión administrativa: termina afectando el funcionamiento de la Justicia.
En ese sentido, son particularmente valiosos los concursos anticipados que impulsa la propuesta de la Corte. Pueden contribuir a reducir demoras, mejorar la planificación y disponer de candidatos evaluados antes de que las vacantes se conviertan en una emergencia institucional. Tienen, además, otra ventaja: permiten desvincular la selección de magistrados de una vacante concreta y, eventualmente, de causas sensibles que tramiten ante determinado tribunal.
La transparencia constituye otro eje de cualquier reforma seria.
La mera disponibilidad formal de información ya no es suficiente. Es necesario avanzar hacia una verdadera transparencia activa: legajos digitales auditables, publicidad accesible de antecedentes, criterios de evaluación previamente conocidos, trazabilidad de las decisiones, evaluaciones orales públicas y mecanismos que permitan controlar efectivamente cada etapa del concurso.
La transparencia debe permitir que los postulantes conozcan de antemano las reglas y que la ciudadanía pueda comprender y controlar cómo se selecciona a quienes ejercerán la magistratura.
Existe, finalmente, una dimensión que ninguna grilla puede medir por sí sola y que resulta esencial: la ética y la independencia judicial.
La independencia no comienza el día de la jura. Debe estar presente desde el procedimiento de selección. Son indispensables reglas estrictas sobre conflictos de interés, recusaciones, excusaciones y vínculos entre evaluadores y postulantes.
Un juez puede tener una sólida formación jurídica y una trayectoria académica destacada. Pero si no es independiente, honesto e imparcial, no reúne las condiciones esenciales para ejercer la magistratura. Sin imparcialidad no hay justicia.
La Argentina tiene hoy una oportunidad poco frecuente. Después de años de acumulación de vacantes, el proceso de designaciones volvió a ponerse en marcha. Al mismo tiempo, la Corte Suprema impulsó una reforma profunda del sistema de concursos y el Consejo de la Magistratura tiene bajo análisis esa propuesta.
La discusión, por lo tanto, no puede reducirse a cuántos cargos logramos cubrir. Importa cómo seleccionamos a quienes los ocuparán y, con la misma seriedad, qué condiciones exigimos a quienes tienen la responsabilidad de seleccionarlos.
La reforma propuesta por la Corte ofrece una oportunidad para fortalecer el carácter técnico de los concursos, reducir la discrecionalidad y recuperar una concepción sustantiva de la idoneidad judicial. El Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad institucional de no desaprovecharla.
Cubrir las vacantes es indispensable, pero no suficiente. La Argentina necesita seleccionar a los mejores jueces mediante procedimientos capaces de generar confianza. Porque la calidad de la Justicia de las próximas décadas dependerá, en buena medida, de la calidad de las decisiones que tomemos hoy para elegir a quienes deberán impartirla.
El autor es abogado, magíster en Derecho Penal, exsecretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia (2017-2019)
Martín Casares,LA NACION,Política
POLITICA
El pedido de transporte para “La Noche de los Lápices” reavivó la interna entre Kicillof y el kirchnerismo
La organización de la marcha por los 50 años de la Noche de los Lápices quedó atravesada por una disputa entre la Federación de Estudiantes Secundarios PBA (FES) y el gobierno bonaerense, debido a la falta de confirmación de micros. Las diferencias sobre qué estructura “poner” de parte del Estado para la tradicional movilización se materializaron en la interna entre el Movimiento Derecho al Futuro y sectores vinculados con La Cámpora.
Fuentes cercanas a la FES PBA, un espacio que se remite a la conducción de Cristina Kirchner, plantearon que las últimas reuniones realizadas con funcionarios del gobierno de la Provincia para definir la logística de la procesión que se realiza cada 16 de septiembre por el centro de la capital bonaerense no llegaron a buen puerto. Una versión diferente a la que exponen desde el Gobierno que conduce Axel Kicillof.
La FES salió a denunciar que el área de Juventud del gobierno bonaerense, que depende del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se negó a contratar colectivos para asegurar el desplazamiento de los estudiantes de distintos puntos de la provincia que quieran participar de la marcha. Este sector estudiantil plantea sostener la insignia de “Cristina Libre” y denuncia que, ante esa posibilidad, la Provincia desistió de su apoyo a la movilidad.
Ante la consulta de Infobae, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde funciona la Secretaría de Juventud, señalaron que la marcha no enfrenta objeciones políticas de parte del gobierno provincial, que, de hecho, el propio Kicillof suele participar de la misma y que hay una vocación manifiesta del Ejecutivo bonaerense de promover estas instancias. Sin embargo, afirmaron que cada organización debe resolver los mecanismos de traslado con sus referentes y espacios aliados.
“Estamos bien con la marcha. A nuestros pibes de secundarios y de juventud les estamos pidiendo que resuelvan con sus referentes, con los sindicatos amigos y demás, cómo llegar”, dejaron trascender desde la cartera que comanda el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Según esa postura, ese esquema se repite todos los años en este tipo de convocatorias.
Fuentes del ministerio explicaron que existe una limitación institucional para disponer de vehículos estatales para una actividad de naturaleza política. “Las marchas las financian las organizaciones o los espacios políticos, no el Estado”, expresaron. También sostuvieron que, en experiencias previas de dirigentes que habían participado de la FES, los micros se costeaban con recursos de las propias agrupaciones y no mediante fondos públicos.
La aclaración apunta a responder a los planteos estudiantiles sobre el contraste entre la situación de la marcha del 16 de septiembre y el apoyo logístico que, según la FES PBA, recibieron actividades del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que impulsa la construcción política de Kicillof. Los jóvenes mencionaron un encuentro de juventudes realizado días atrás en San Martín y otra convocatoria del sector prevista para Avellaneda el próximo 19 de septiembre.
Los estudiantes creen que la discusión excede a los recursos. En la FES PBA interpretan que la falta de colectivos no responde únicamente a una cuestión presupuestaria. El espacio tiene previsto participar de la movilización con una bandera que reclame “Cristina libre”, en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, y sus integrantes sospechan que esa consigna es uno de los factores detrás de la negativa.
Por su parte, la Dirección de Juventudes de PBA prepara actividades complementarias para los días previos y posteriores a la marcha y en coordinación con el área de Juventud de la provincia de Córdoba.
Las tensiones por la logística de la movilización se sumaron a la interna que atraviesa al Partido Justicialista (PJ) bonaerense. Kicillof impulsa el MDF como una construcción política propia, mientras que La Cámpora conserva peso en la estructura partidaria y tiene como principal referente al diputado nacional Máximo Kirchner.
La discusión por el transporte y la idea de plantear el discurso de Cristina Libre en la movilización colocaron nuevamente en escena esas diferencias. Según la FES PBA, la Provincia ya destinó recursos a actos políticos recientes, mientras no existe una definición sobre los micros para una movilización estudiantil que se realizará en el aniversario número 50 de los secuestros.
La movilización del próximo 16 de septiembre que culminará en la explanada del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, ubicado en la calle 7 entre 58 y 59, no será una más. Ese día se cumplirán 50 años de la llamada Noche de Los Lápices.
Entre el 15 y el 21 de septiembre de 1976, fuerzas policiales secuestraron a diez estudiantes secundarios de La Plata. Aunque los operativos tuvieron como contexto los reclamos por el boleto estudiantil en el marco de la dictadura cívico-militar que rigió en Argentina entre 1976 y 1983, las detenciones respondieron a una política de Estado más global: los adolescentes representaban una amenaza para las autoridades de facto y el aceitado aparato de persecución y represión que integraban el Ejército, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario Bonaerense -un combo conocido como el Grupo de Tareas- sería implacable con los jóvenes.
De los diez detenidos, seis de ellos —María Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años), Claudio de Acha (17 años), Horacio Ángel Ungaro (17 años), Daniel Alberto Racero (18 años), María Clara Ciocchini— permanecen desaparecidos. “Nos detuvieron porque éramos militantes de la UES; no fuimos víctimas inocentes”, describió Emilse Moler, una de las sobrevivientes de aquel sangriento y tortuoso operativo.
Cada año, la fecha reúne a centros de estudiantes, agrupaciones juveniles, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos. Para esta edición, el aniversario de medio siglo incrementó las expectativas de participación de jóvenes de distintos puntos de la provincia.
POLITICA
El impacto laboral de la IA. La revolución más profunda golpea a las puertas de la Argentina
De todas las áreas impactadas por la rápida evolución de la Inteligencia Artificial (IA) una de las que más se ha estudiado es la relacionada con sus efectos sobre el mundo del trabajo. Sin embargo, pese al volumen de informes acumulados, también es de las más inciertas, porque es muy difícil determinar los alcances de un proceso que está en progreso y que, además, no solo afecta la tarea laboral en sí, sino que también influye indirectamente al modificar los modos de producción, de distribución y de consumo. Por primera vez los expertos corren detrás de las evidencias porque la velocidad de propagación supera la posibilidad de análisis. Y peor aún, los creadores de la IA dan señales de que la criatura se les escapa de las manos y que no pueden controlar sus efectos. La gobernanza y la seguridad se volvieron prioridades absolutas.
En este contexto vertiginoso, lo único seguro es que la IA tiene un efecto arrollador también en el mundo laboral, y que se acelerará en el corto plazo. Para los tecno-optimistas en términos de potenciar la productividad; para los tecno-pesimistas, como vector de reemplazo de las tareas humanas. Para unos, se trata de una oportunidad; para otros, de una amenaza. En el medio, los escépticos y los expectantes.
La otra certeza es que esta revolución tiene un impacto disímil en los distintos países, dependiendo de su mercado laboral, su desarrollo tecnológico y el nivel de su educación y su capacitación. Si bien el proceso es inevitablemente global, tiene una permeabilidad diferente que requiere de enfoques particulares.
En el caso de la Argentina, quizá con algún retraso, el análisis escaló con mayor intensidad en los últimos tiempos, a partir de los primeros efectos tangibles en el mundo del trabajo. En el universo sindical hay una preocupación palpable porque esta problemática se suma a las urgencias derivadas de la pérdida de puestos laborales por la falta de reactivación económica.
La CGT, que viene estudiando el tema desde hace un tiempo, tuvo una reunión hace algunas semanas en la que le presentaron un informe elaborado por el Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires. Allí se desglosó el nivel de exposición a la IA que tendrá cada una de las actividades más habituales en el radio porteño, y el resultado es considerable. El promedio está en línea con otros países, pero hay rubros potencialmente muy afectados, como la administración pública, las finanzas, los servicios profesionales y el comercio, todos mano de obra intensiva. Al mismo tiempo hay otros que lucen menos amenazados, como entretenimiento, construcción y servicio doméstico. En esa reunión, donde estuvo el triunvirato de conducción y algunos de los principales referentes sindicales, se respiró la inquietud gremial por este nuevo frente de turbulencia.
En la vereda empresarial también se están moviendo en busca de orientación y de una hoja de ruta. La Unión Industrial Argentina (UIA) elaboró junto con Accenture un estudio de diagnóstico que tituló Reinventarse con Inteligencia, en el que se señala que la IA podría elevar la productividad laboral en 1,2 puntos por año y transformar hasta el 38% del tiempo de trabajo en las fábricas.
Pero también subraya que la Argentina captó solo el 2% de la inversión vinculada a la IA en América latina, y advierte que “en términos de adopción empresaria el rezago es aún más evidente” porque “solo una de cada tres empresas industriales invierte en IA” (9% invierte regularmente, 23% lo hace en pruebas piloto y 68% no invierte todavía). Los datos hacen juego con el último trabajo de Visual Capitalist, en base a información de Microsoft, según el cual la Argentina tiene un rango de adopción de IA en línea con la región pero lejos de los países más avanzados.
En las filiales industriales del interior del país la atención a este terremoto tecnológico queda eclipsado muchas veces por la inquietud ante la falta de reactivación y la caída del consumo. “Cada empresa, cada sector aplica la IA como puede, todo bastante anárquico. Sabemos que va a haber un impacto laboral importante, pero no podemos cuantificarlo”, resume un empresario de relieve. El cuadro es mucho más complejo entre las compañías tecnológicas, algunas de las cuales tuvieron que hacer despidos amplios. También hay bancos y firmas financieras que tomaron medidas.
El gobierno nacional se ubica dentro de la mirada tecno-optimista, al considerar que “las ocupaciones que más crecen en la Argentina son, en promedio, las más expuestas a la IA. Esto confirma nuestra visión: la IA no reemplaza puestos, los complementa y transforma su contenido”. Por ahora se ha limitado a actualizar su oferta de capacitación del Portal Empleo y a tecnificar procedimientos estatales, pero no ha avanzado en la instrumentación de políticas públicas específicas.
El último informe del Ministerio de Trabajo sobre el tema es de mediados de 2023, cuando se concluyó que “el 54% del empleo formal en el sector privado, equivalente a aproximadamente 3,01 millones de empleos, se encuentra en ocupaciones donde al menos la mitad de sus tareas podrían ser ejecutadas por IA generativa”. Pero después el diagnóstico no se actualizó.
Si bien la gestión de Javier Milei es la más permeable a las innovaciones tecnológicas, a través de proyectos como la de empresas no humanas o el RIGI II, no parece igualmente activa en términos de coordinar acciones concretas con los sectores productivos, educativos y de salud. Su orientación apunta a la desregulación económica del sector tecnológico y a la atracción de inversiones. Prima la lógica general de que la reconversión es responsabilidad de los privados.
“En la Argentina se están solapando muchos cambios. Algunos que son derivados del ciclo económico, y otros que son más estructurales. Entonces es más difícil evaluar el impacto real de la IA”, señala Tomás Castagnino, economista jefe y director ejecutivo de Accenture Research y autor del informe junto a la UIA. La ilusión es que la aceleración tecnológica potencie la productividad y estimule la reactivación. Sería la dinámica virtuosa. El riesgo es que la coyuntura económica dilate un abordaje proactivo del cambio tecnológico, y la Argentina quede otra vez rezagada en las dinámicas globales. El fatídico círculo vicioso.
Promptear el futuro
Detrás de la gran dispersión de los estudios académicos e institucionales, hay algunas coincidencias preliminares al evaluar los primeros impactos globales de la IA. Uno de los ejes más abordados es el que analiza los rubros laborales más y menos expuestos. Y lo curioso es que se ha producido un cambio en los últimos tiempos en este abordaje. Hasta hace algunos años se pensaba que los trabajos que quedarían más afectados por la evolución tecnológica serían los que requieren menos capacitación, y por eso estudios como los del Banco Mundial hacían advertencias a los países subdesarrollados. Pero la tendencia cambió cuando la IA empezó a desplegar su potencial.
Primero se pasó a un esquema en forma de U, donde los trabajos de mayor calificación como los gerenciales, y los de menor calificación, como los de cuidados personales u oficios, estarían más resguardados; y todas las tareas intermedias, como las de un administrativo o un programador, serían severamente impactadas. Ahora se pasó a una planteo de plano inclinado, porque la evolución de la IA generativa también empezó a desarrollar capacidades propias de los roles jerárquicos.
En el fondo parece haber una diferenciación entre las tareas físicas, propias del mundo offline, el de los átomos, que por ahora no requieren nuevas habilidades; y el mundo online, el cognitivo relacionado con la virtualidad de los bytes, que demanda una adaptación veloz. Las primeras parecen más resguardadas hoy, pero las segundas tienen mayor potencial si logran una mayor complementariedad con las nuevas tecnologías. De un lado están los plomeros y las enfermeras; del otro, los directores de finanzas y los gerentes de compras. En el medio están los que se llevan la peor parte, que según el informe de Anthropic de marzo pasado titulado “Impacto en el mercado laboral de la IA”, lo encabezan los programadores, los servicios de atención al cliente y los data entry (todas malas noticias para países como India).
El segundo eje de evaluación es el etario, y allí parece haber coincidencia en que si bien la tendencia natural lleva a pensar que los jóvenes llevan una ventaja en términos de adopción de la IA, los estudios demuestran que también pueden enfrentar mayores dificultades para su primera inserción laboral. Esto es consecuencia de que muchas de las tareas habitualmente básicas que desarrolla un principiante son las que las empresas más rápido tienden a reemplazar por los nuevos desarrollos tecnológicos.
El informe de Anthropic dice que “los trabajadores en las profesiones más expuestas es más probable que sean de adultos, mujeres, con mayor educación y mejores pagos”, pero al mismo tiempo advierte que han encontrado “evidencia de que la contratación de trabajadores jóvenes se volvió más lenta en ocupaciones expuestas”.
Bruno Muñoz retoma este punto en un artículo publicado por Cippec y remarca la disonancia entre el mercado laboral y la demanda de carreras universitarias en la Argentina, donde algunas de las más requeridas, como informática, economía y administración, figuran entre las más expuestas a la IA. La adaptación de la currícula y de los modelos educativos a esta nueva realidad emerge como la urgencia más acuciante.
Y la tercera trayectoria que parece arrojar confluencia entre los estudios es que el ingreso laboral general va a caer en el futuro, porque su intervención en los procesos productivos se reducirá y habrá menos horas de trabajo remuneradas. De allí la discusión que ya se empezó a dar en torno de cómo reemplazar el volumen de salario que se perderá. Si el mundo de las próximas décadas tendrá mayor productividad, pero con trabajadores menos atareados y menos remunerados, ¿quién pagará por los bienes y servicios? De ese análisis parte la idea de contar con un ingreso universal garantizado que figuras como Elon Musk y Sam Altman empiezan a proponer. Sería el ingreso a una era del post-empleo, difícil de imaginar.
Precarización, “toderos” y conurbano
Dentro de este contexto general, la Argentina exhibe particularidades que por un lado pueden amortiguar el impacto social de la IA, pero que al mismo tiempo pueden demorar la transformación y desfasar su potencial de las dinámicas globales.
“Los primeros que reemplazarán trabajadores por la IA serán las empresas privadas formales, y esos trabajadores desplazados irán a alimentar ese buffer que son el universo de los informales y eventuales. Es decir, que habrá más precarización”, describe Eduardo Levy Yeyati, uno de los economistas que más estudió el fenómeno.
En este recorrido, la informalidad y el cuentapropismo aparecen como morigeradores del desempleo, naturalmente limitados. La otra característica local que señala Levy Yeyati apunta a la gran cantidad de pymes chicas, que “son más lentas en adoptar la IA y que ante el desafío van a ajustar costos por otro lado o se van a informalizar defensivamente, lo que también suma a la precarización laboral”. La expectativa es que por estos factores, la adopción de la IA sea algo más gradual en el país, aunque igualmente impactante.
Ramiro Albrieu, economista y líder de Iniciativa Sur Futuro, agrega una dimensión complementaria, dada las particularidades laborales de la Argentina. “En los países de ingresos medio y bajo, los trabajadores absorben como parte del día a día tareas periféricas a la ocupación básica (gestión, administración, atención a clientes). Esas mismas tareas en los países ricos se tercerizan a segmentos especializados. Ese rasgo hizo que acuñáramos el término ‘toderos’, los que hacen de todo. En la Argentina representan entre el 50% y el 60% de los trabajadores. En nuestro esquema laboral no es una anomalía, es un rasgo estructural. Y en esas tareas periféricas es donde la tasa de reemplazo de la IA es mayor”. Bajo esta óptica, la típica capacidad argentina de darse maña con todo por falta de recursos, puede terminar siendo un déficit.
El otro rasgo que tiene una implicancia especial en la Argentina es que la IA transforma en modo más acentuado los trabajos que se desarrollan en los centros urbanos, muy especialmente en el segmento servicios, aunque también en ciertos sectores industriales. “En el corredor andino se está usando mucha IA, lo mismo que en algunos sectores productivos que son competitivos. El problema es el trabajador del conurbano, donde hay servicios de baja calificación por fuera de la gran fábrica”, advierte Albrieu (quien junto con el gobierno porteño está haciendo un estudio inédito en la Villa 31 sobre impacto de la IA en ese entorno).
Y el dato es inquietante porque al mismo tiempo es esa periferia la más castigada por la reconversión económica que promueve el Gobierno, en comparación con la zona andina o la patagónica, que son las más beneficiadas. Por volumen, el conurbano bonaerense puede ser el más impactado también en este sentido.
La Argentina tiene una nueva oportunidad para potenciar su participación en el nuevo ecosistema global. No puede aspirar a ser una proveedora de modelos de desarrollo como Estados Unidos o China, ni productora de microchips a escala como Taiwán. Pero sí puede encontrar un camino que le permita agilizar la adaptación de la IA a su realidad laboral para que se transforme en vector de potenciación productiva. La imagen del presente todavía la muestra invertebrada frente al desafío mayúsculo de estos tiempos.
Portal Empleo,Ministerio de Trabajo sobre el tema es de mediados de 2023,“Impacto en el mercado laboral de la IA”,retoma este punto en un artículo publicado por Cippec,Jorge Liotti,Conforme a
El relevamiento de AtlasIntel y Bloomberg, realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, muestra que la desaprobación de Javier Milei llegó al 58% y supera por casi 20 puntos a la aprobación presidencial. El estudio, hecho sobre 2.193 adultos de Argentina, también registra una evaluación mayoritariamente negativa de la economía, el empleo y la gestión nacional.
La encuesta adjudica a Milei un 38,1% de aprobación y un 3,9% de respuestas indefinidas. La distancia entre quienes aprueban y desaprueban su desempeño es de 19,9 puntos porcentuales. La serie histórica incluida en el informe muestra que la imagen desfavorable y el rechazo a la gestión se consolidaron por encima de los indicadores positivos durante los últimos meses.
Más de la mitad califica de malo al gobierno de Milei
El 52,7% de las personas consultadas evaluó como malo o muy malo al gobierno de Javier Milei. En cambio, el 31,5% lo definió como excelente o bueno, mientras que el 15,8% lo calificó como regular.
La valoración de la administración nacional presenta un deterioro respecto de los niveles de apoyo que el Presidente mantenía al inicio de su mandato. La encuesta ubica la imagen negativa de Milei en 62%, frente a un 35% de imagen positiva y un 3% de respuestas sin definición.
En el listado de dirigentes medidos, la imagen de Milei queda por debajo de la de Myriam Bregman, que registra 43% positiva y 51% negativa; de Cristina Fernández de Kirchner, con 39% positiva y 55% negativa; y de Patricia Bullrich, con 38% positiva y 55% negativa. Axel Kicillof alcanza 36% de imagen favorable y 55% desfavorable.
El mercado laboral concentra la peor evaluación económica
La encuesta señala que el 70% califica como mala la situación del mercado de trabajo, mientras que solo el 14% la considera buena. Es el indicador con la percepción negativa más alta dentro de la evaluación de la economía actual.
El 63% de los encuestados describió como mala la situación económica del país, frente a un 24% que la consideró buena. En el plano familiar, el 49% señaló que su situación es mala, el 31% la ubicó en un nivel normal y el 20% dijo que es buena.
Las expectativas a seis meses tampoco reflejan una mayoría optimista. El 49% espera un empeoramiento de la economía argentina y el 37% proyecta una mejora. Para el mercado laboral, el 50% anticipa un deterioro, frente al 34% que espera una evolución favorable. Sobre la situación de sus familias, el 41% prevé un empeoramiento y el 32% una mejora.
El Índice de Confianza del Consumidor se mantuvo en terreno desfavorable. En la escala simplificada del informe, que descuenta 100 puntos de los valores originales, el indicador general se ubicó en -24,3 puntos. El índice de situación actual marcó -41,6 y el de expectativas, -11,4.
Corrupción y desempleo encabezan las preocupaciones declaradas
La corrupción fue identificada como uno de los principales problemas del país por el 44,4% de los consultados. El desempleo quedó muy cerca, con 43,9%, por encima de la situación económica, que alcanzó 32,1%, y de los altos precios y la inflación, con 28,8%.
La impunidad y el sistema judicial fueron mencionados por el 27,9% de los encuestados. También aparecieron el debilitamiento de la democracia y las instituciones, con 23,8%; los impuestos altos y las dificultades para los negocios, con 20,7%; y la inseguridad, con 20,3%.
La serie temporal sugiere que la inflación perdió peso relativo frente a la corrupción y el empleo dentro de las preocupaciones de la población. Corrupción y desempleo se ubicaron en torno al 44%, por encima de la inflación y los precios.
Una mayoría ve probable la aparición de nuevos casos de corrupción
El reporte también indagó sobre riesgos para los próximos seis meses. La posibilidad de revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción fue considerada muy probable por el 50% de los consultados y probable por otro 15%. En conjunto, el 65% la ubicó entre los escenarios de mayor posibilidad.
El aumento de robos y asaltos reunió un 38% de respuestas en la categoría “muy probable” y un 13% en “probable”. También se relevaron expectativas de huelgas de gran escala, protestas violentas y hechos vinculados con facciones criminales.
El índice de riesgo político para Argentina alcanzó 47 puntos. El informe lo elabora a partir de tres componentes: inestabilidad institucional, conflicto social y criminalidad y corrupción. Una puntuación más elevada representa una percepción mayor de riesgo.
La investigación utilizó el método de reclutamiento digital aleatorio Atlas RDR, con una muestra de 2.193 adultos, margen de error de ±2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
Anunciado y ya lanzado: Uno de los juegos más polémicos de la historia de Blizzard estrena hoy una expansión que ofrece hasta 30 horas de contenido
El partido de Messi en el empate del Inter Miami: golazo tras una combinación con De Paul y bronca por sus tiros en los palos
El pedido de transporte para “La Noche de los Lápices” reavivó la interna entre Kicillof y el kirchnerismo
Tamara Paganini recordó su historia con El Potro Rodrigo y cómo intentó conquistarlo: “Acariciame con las pestañas”
Top House chairman warns Congress against ‘complacency’ 25 years after 9/11
El impacto laboral de la IA. La revolución más profunda golpea a las puertas de la Argentina
El día que Owen Wilson se emocionó por el abrazo que le dio Lionel Messi tras un partido
Berni se diferenció de Kicillof en la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad
Cuánto cuesta comprar una pick up en la Argentina y cuáles son los modelos más baratos en septiembre
La desafiante aventura de Carolina Baldini en moto por Europa: desde Edinburgo a Liverpool en dos ruedas
ECONOMIA3 días agoAsí es la primera pickup compacta nacional: diseño, cuándo empezará a venderse y el novedoso sistema híbrido que tendrá
- POLITICA2 días ago
“¿Dónde está Kicillof?”: Patricia Bullrich cruzó al gobernador por la inseguridad en la Provincia
- DEPORTE3 días ago
Alarmante frase de Pierre Gasly antes del estreno del circuito de Fórmula 1 en Madrid
