POLITICA
Tormenta en el Banco Nación: un crédito de $52.600 millones, una empresa bajo sospecha y el traslado del gerente que se negó a firmar la financiación
La orden, tajante, llegó desde Buenos Aires. La Casa Central del Banco Nación promovió que la Gerencia Zonal Atlántica firmara el otorgamiento de un crédito por más de $52.600 millones para financiar un desarrollo inmobiliario en Mar del Plata. ¿La beneficiaria? Una sociedad sin obras previas, constituida en junio de 2024, sin ingresos declarados y balance en rojo. Pero el gerente zonal se negó por escrito a firmar. Y seis días después de negarse, desde Buenos Aires le notificaron su traslado a Santa Fe, a 1300 kilómetros de su destino y de su familia.
El gerente se llama Pablo Pourrere y su traslado quedó en suspenso por orden judicial. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, concedió una medida cautelar porque el traslado “prima facie no se encontraría debidamente fundado en razones objetivas y técnicas”. Lo decidió tras repasar las “múltiples inconsistencias”, “groseras y de suma gravedad” que denunció Pourrere, “las deficiencias e inconsistencias de carácter técnico y documental” del crédito detectadas por la auditoría interna del propio banco y las “presuntas presiones indebidas” para que firmara el crédito por más de $52.600 millones.
La empresa que debió recibir el crédito de Jardines de Chauvín SA y el socio mayoritario es Mariano Jinkis. Es decir, el empresario que junto a su padre, Hugo Jinkis, admitió en Estados Unidos, el 26 de agosto pasado, que pagó sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano por decenas de millones de dólares entre 2010 y 2015. Lo admitieron en Nueva York, tras once años en la Argentina resistiendo su extradición, tras firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia que evita la declaración formal de culpabilidad, pero contempla el pago de US$ 50 millones, como parte de la investigación global FIFAgate.
Consultado por , el Banco defendió el proceder interno, remarcó que no se otorgó el crédito y rechazó que el traslado de Pourrere responda a sus objeciones. Son, indicó, “actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes y que responden a procesos de naturaleza distinta”.
En Jardines de Chauvin SA, Jinkis como el dueño del 90% de las acciones. El otro integrante del directorio es Guido Murgier, titular del 10% restante y también garante solidario para el emprendimiento con que pretenden construir dos torres de 23 y 16 niveles, y 238 unidades funcionales sobre un terreno de 5700 metros cuadrados en la calle Larrea 2850, en el barrio Chauvin de Mar del Plata.
Primer movimiento: Buenos Aires
Pero no fue Jinkis, ni Murgier quienes pidieron el crédito; por el contrario, el Nación fue a buscarlos. Según verificó un informe de auditoría interna del propio banco, el sector Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios contactó al estudio Mariani Pérez Cañadas Arquitectos, el 23 de enero de 2025, para que le facilitaran un contacto de Jardines de Chauvin, aunque ante la consulta de , la entidad dio otra versión. Sostuvo que fueron los representantes del estudio los que contactaron al Banco.
A cargo de la eventual construcción de las dos torres, el estudio de arquitectos sobrelleva sus propias turbulencias. Entre otros motivos, por la cuestionada construcción de otra torre, de 35 pisos, en una zona histórica de Mar del Plata, la residencial bahía Varese. Desde referentes sociales hasta el Distrito IX del Colegio de Arquitectos de Provincia de Buenos Aires levantaron su voz ante el proyecto, que cosechó la venia del Concejo Deliberante pero quedó bajo la lupa judicial.
En el emprendimiento de Jardines de Chauvin SA, en tanto, empleados jerárquicos del Nación en Buenos Aires mantuvieron un ida y vuelta constante con los arquitectos durante 2025, estimaron que tenían entre manos un proyecto con “una factibilidad financiera favorable” y un crédito potencial por $35.600 millones, con “capacidad de repago consistente”, según la documentación disponible.
Con ese contexto, el lunes 22 de diciembre convocaron a una reunión por Zoom a Pourrere y su equipo de Mar del Plata. Le enviaron una “memoria descriptiva” del proyecto inmobiliario y le indicaron que “el objetivo del encuentro será ajustar los requerimientos de las distintas instancias necesarias para cerrar el proceso de Calificación y asistencia del cliente”.
Objeción inicial
Tras Nochebuena y Navidad, Pourrere planteó la primera objeción el viernes 26, según verificó el área de auditoría interna del Nación. “Dado que es el primer ejercicio económico del cliente, y su balance es irregular, la firma no presenta ingresos durante el ejercicio considerado -remarcó-. En el Estado de Resultados se computaron los gastos administrativos y los resultados financieros y por tenencia, originando el resultado final negativo del ejercicio”.
Pourrere fue más lejos. Alertó que al consignar los antecedentes de Jardines de Chauvin en el rubro de la construcción, en la documentación que le habían pasado desde Buenos Aires habían consignado obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, lo cual resultaba imposible porque la sociedad se constituyó en 2024. También, requirió que una evaluadora externa analizara el proyecto.
La evaluadora fue Serinco SRL, que tasó el proyecto en US$35,6 millones, lo que equivalía a $52.638 millones de pesos al tipo de cambio vigente. Pero desde Buenos Aires cometieron un error: en otro documento que remitieron a Mar del Plata el 25 de febrero de este año indicaron tomaron los dólares por pesos y plantearon que el proyecto costaría $35.600 millones.
Los responsables en Buenos Aires se percataron del error y ese mismo día emitieron una segunda acta, con el costo correcto en pesos -$52.600 millones-, pero por motivos que se ignoran no remitieron ese documento a Mar del Plata durante semanas, como tampoco enviaron el informe de la Subgerencia General de Integridad que alertó sobre el rol de Jinkis en el FIFAgate y recomendó imponer un “criterio reforzado de debida diligencia” si otorgarían el crédito.
Así, según cotejó , el acta del 25 de febrero con el monto erróneo en pesos se envió a Mar del Plata el 6 de marzo; la segunda, también emitida el 25 de febrero con el monto correcto de $52.600 millones, recién el 19 de marzo. Y el informe de “debida diligencia” sobre Jinkis, emitido el 19 de febrero, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.
“Avanzar con la propuesta formal”
¿Qué pasó entre las fechas en que se emitieron y enviaron esos documentos? El 3 de marzo, el área de Productos Hipotecarios, en Buenos Aires, le envió a Pourrere un “modelo de resolución” para que firmara el crédito. “Les solicitamos por favor avanzar con la propuesta formal de reciprocidad ya conversada con el cliente, incluyendo apertura de cuentas, “capitas”, tarjetas de crédito para socios y demás productos correspondientes”, plantearon desde “Área Central”, según verificó el área de Auditoría Interna.
Pourrere, sin embargo, se negó. Y sólo en los días que siguieron le remitieron el acta de los $35.600 millones; la segunda con la corrección a $52.600 millones, el informe de “debida diligencia” y, de manera sorpresa, la orden de traslado que él no había pedido, a una sucursal de categoría inferior. Firmada por todo el directorio del BNA, la resolución se fechó el 20 de febrero, pero recién lo notificaron 33 días después, el 25 de marzo.
La resolución, cuya copia entregó el banco a requerimiento de , también determinó el traslado de otros dos empleados jerárquicos de la entidad. Pero con características opuestas: al primero lo ascendieron de la segunda a la máxima categoría; al otro, lo mantuvieron en la categoría máxima. Y ambos dieron su visto bueno al traslado. Pourrere no fue informado, no dio su visto bueno al destino impuesto y lo descendieron de nivel, aunque con la misma retribución.
Apenas un día después, Pourrere presentó su descargo. Rechazó el traslado impuesto desde Buenos Aires, denunció presiones para que impulsara el crédito a Jardines de Chauvin SA y alegó que obedecía a represalias vinculadas con su negativa a validarlo, lo que provocó un efecto dominó. El 1 de abril, la Subgerencia General Red de Sucursales dispuso la suspensión provisoria del traslado y solicitó una auditoría interna.
Ante la consulta de , desde el BNA defendieron su proceder. “Las afirmaciones efectuadas por el Sr. Pourrere en torno a una supuesta vinculación entre su traslado y la tramitación de la solicitud de financiamiento de Jardines de Chauvin SA carecen de sustento fáctico y no se corresponden con la realidad de los hechos”.
“Deficiencias” e “inconsistencias”
Con la auditoría abierta, en tanto, llegó el final para el crédito. El 18 de mayo, la Gerencia Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios denegó la asistencia crediticia a Jardines de Chauvin tras invocar factores de riesgo reputacional e integridad sobre los que estaba al tanto desde hacía meses.
El 8 de junio, el informe de auditoría interno estuvo listo. Detalló que el costo total del proyecto era de casi $79.800 millones, que el monto a financiar era de casi $52.700 millones, identificó “deficiencias” e “inconsistencias” en el procedimiento, “debilidades en la documentación de respaldo”, “ausencia de evidencia de experiencia comprobable del usuario en materia de construcción de viviendas” e, incluso, “falta de documentación” que demuestre vínculo entre el estudio de arquitectos y Jardines de Chauvin SA. También detectó que el crédito no comenzó a tramitarse en Mar del Plata, ni tampoco lo pidieron los desarrolladores inmobiliarios, sino que lo había iniciado Buenos Aires, lo que sólo quedó autorizado en el procedimiento interno del Banco mediante una reforma que se instrumentó el 29 de mayo. Es decir, ex post.
En ese contexto, los auditores alimentaron los argumentos de Mar del Plata y Buenos Aires. Por un lado, plantearon que el Banco corría el riesgo de “posible inadecuado otorgamiento de préstamo” y “eventuales pérdidas económicas para la institución”, además de “posible riesgo reputacional”. Pero también aclaró que todo lo anterior, “no invalida el proceso en su conjunto” porque era subsanable. Pero ya era tarde. El banco desistió del crédito y mantuvo el traslado de Pourrere a Reconquista, distante 1300 kilómetros de Mar del Plata. El 25 de agosto le ordenaron ocupar su nuevo puesto en el plazo de una semana.
Con 36 años en el banco y diez como gerente zonal, Pourrere acudió a la Justicia. Y tras sopesar el dictamen del fiscal federal Daniel Adler, el juez Bibel ordenó la cautelar. Valoró que la resolución del Directorio del 20 de febrero nunca fue adjuntada a Pourrere en los e-mails que la invocaban, “lo que obstaría al pleno ejercicio del derecho de defensa, que debe resguardarse aún en instancias administrativas”. Y consideró que no resulta razonable disponer la efectivización de un traslado con cuatro días hábiles de anticipación, cuando las presentaciones previas del agente no constaban resueltas.
La posición del Banco
Ahora, abogados del Banco deberán presentarse ante la Justicia federal en Mar del Plata, dar su versión sobre lo ocurrido. Ante la consulta de , desde la entidad facilitaron toda la documentación interna requerida e indicaron que de ese material “surge que la decisión de denegar la solicitud de financiamiento presentada por Jardines de Chauvin SA fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios mediante resolución de fecha 18 de mayo y comunicada posteriormente a Pourrere, quien no intervino en la instancia de decisión de la solicitud”.
“Del mismo modo -abundó-, la cronología permite advertir que el traslado dispuesto al Sr. Pourrere tuvo origen en la Resolución de Directorio Nº 356 de fecha 20 de febrero pasado, es decir, con anterioridad tanto al inicio de la auditoría como a la denegatoria de la solicitud de financiamiento. En consecuencia, se trata de actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes y que responden a procesos de naturaleza distinta”.
En ese sentido, el BNA planteó que “la decisión de denegar la operación fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios, mientras que las medidas vinculadas al traslado [de Pourrere] respondieron a un procedimiento administrativo independiente y anterior. En consecuencia, el banco se presentará ante la Justicia para plantear todas las acciones legales y procesales correspondientes para la adecuada defensa de sus derechos e intereses frente a la medida cautelar dictada”.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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El principio del fin: el día que una multitud desafió la cuarentena con un banderazo y sacudió al gobierno de Alberto Fernández
Quién sabe si no fue el principio del fin o, diría Winston Churchill, el fin del principio, pero igual sacudió profundo y violento, un desplazamiento de placas tectónicas, a aquel gobierno de Alberto Fernández que caminaba con alegría y con soberbia hacia el abismo.
Hace seis años, el 13 de septiembre de 2020, una gigantesca marcha popular con epicentro en el Obelisco, y círculos concéntricos que llegaron hasta quince puntos diferentes de la ciudad y a varias provincias del interior, reunió a miles de manifestantes que expresaron su decidida oposición al gobierno. Marchaban opositores, es verdad, pero también marchaban miles de decepcionados con la política oficial, con el manejo de la pandemia del Covid-19, contra la corrupción, la inseguridad y con un reclamo a la justicia, a la que le pedían lo de siempre: celeridad, efectividad y que eludiera de alguna forma el intento de reforma judicial que impulsaba el kirchnerismo.
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La gigantesca manifestación pasó a la historia como el “Banderazo”, y fue impulsada desde principios de ese mes por cuentas de Twitter, vinculadas al macrismo, según señaló luego la consultora Scidata. La fuerza de la marcha sorprendió incluso a los organizadores o promotores, si los hubo. Fue de algún modo la culminación de marchas anteriores que ya en abril habían protestado, desde los balcones de los edificios céntricos, con cacerolas y aplausos, en contra del encierro obligado al que forzaba el gobierno, contra la liberación de presos comunes decretada por el kirchnerismo, entre ellos varios violadores, y hasta contra la expropiación de la cerealera Vicentín, de Santa Fe, que se había decretado en junio.
Aquel gobierno se deslizaba en un tobogán que el mismo kirchnerismo enceraba. Tres meses antes del banderazo de septiembre, la decisión de la gente que en vez de quedarse encerrada en su casa como proponía el gobierno, salía a correr por Palermo y por otros muchos otros sitios, se transformó en una cuestión de Estado. Fue un drama para los “runners”, que se empeñaron en desafiarlo todo. El 8 de ese mes, el entonces jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, decidió flexibilizar la cuarentena y habilitó la salida de los corredores a las calles.
En ese momento, parece que hubieran pasado varios años, Larreta era un candidato opositor a tener muy en cuenta por el kirchnerismo, que le apuntó con todos sus cañones. El Jefe de Gobierno dispuso que los “runners” desplegaran su actividad física dentro de un horario especial y según el número final de su documento de identidad: 0, 2, 4, 6 y 8 en determinados días de la semana, y 1, 3, 5, 7 y 9 el resto de los días. Estalló entonces una polémica sobre si el número 0 debía o no ser considerado un número par. De verdad, eso pasó en el país, no hace mucho y no tan lejos.
El 19 de junio, en abierto desafío al sentimiento popular, algo extraño si no ajeno a un peronista, el presidente Fernández, en un discurso que rozó demasiado cerca a la soberbia, adjudicó el aumento de contagios de Covid a la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad, un ataque a Larreta. Con un tono inusual y admonitorio, dijo entonces: “¿Querían salir a correr? Salgan a correr. ¿Querían salir a pasear? Salgan a pasear. ¿Querían tener locales de ropa abiertos? Abran los locales de ropa. Esta es la consecuencia”.
No era verdad. El descalabro en la prevención y atención de la pandemia provenía del mal manejo de los recursos sanitarios que había hecho el propio gobierno, emperrado en usar la vacuna rusa Sputnik, de la que sólo llegó la primera dosis porque a Vladimir Putin se le antojó no enviar la segunda, y a la ciega decisión de no aplicar los trece millones y medio de dosis que proveía Pfizer, en reconocimiento al país por haberse prestado a los primeros ensayos científicos.
En ese caldero se cocinó el banderazo. Y también en el cambio de condición de detenido, pasó a arresto domiciliario, del empresario K, Lázaro Báez, acusado de beneficiarse gracias a la entonces presidenta Cristina Kirchner con contratos del Estado y pagos irregulares por cuarenta y seis mil millones de pesos. La protesta también cayó sobre la decisión de Fernández de birlarle a la Ciudad parte de la coparticipación, nueve mil millones en lo que quedaba del año y cuarenta y un mil millones en 2021, para pagar los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires, sublevada y furiosa. Aunque resulte curioso, esa protesta por el zarpazo a la Ciudad fue también bandera en el interior del país.
El 13 de septiembre era un domingo soleado, un anticipo de la primavera generosa. La ciudad, que llevaba encima seis meses de rígida cuarentena, había decidido protestar de dos formas: o marchaba hacia el Obelisco, o desbordaba los parques porteños y campeaba al aire libre. Basta ya de encierro. A las cuatro de la tarde, las cifras registraban entonces 9056 nuevos casos de Covid y habían muerto ya 89 personas, los primeros manifestantes se reunieron en el cruce de Corrientes y la 9 de Julio, ocuparon la mano hacia el sur y rodearon el Obelisco. Del lado Norte, la avenida ya había sido cortada por agentes de tránsito a la altura de Córdoba, y era allí de donde partía una larga hilera de autos que hacían sonar sus bocinas: gran parte de los manifestantes desfilaron en sus autos para respetar el protocolo de distanciamiento social que regía las vidas de los porteños. Otros, en cambio, ocuparon calles y veredas con banderas argentinas, cacerolas y barbijos. Una de las banderas, hubo de todo: diseñadas por profesionales y escritas a mano alzada, sintetizaba teoría y práctica de la protesta: “Nos tapamos la boca, pero no nos callamos”.
Lo de “banderazo” llegó porque las estrellas de la manifestación fueron las banderas y sus leyendas. Un breve repaso muestra: “¡Alberto! ¡No nos mientas más! ¡No a la reforma! (judicial)”; ¡Respeten la C.N. Basta de gobernar x DNU! ¡Sesiones presenciales ya!” Traducción acaso necesaria: Respeten la Constitución Nacional. Basta de gobernar por Decretos de Necesidad y Urgencia. Lo de “sesiones presenciales” refería al Congreso, que funcionaba en forma virtual. Otras banderas y pancartas rezaban: “Basta de prohibir el trabajo. Queremos trabajar. Bájense los sueldos. Basta de ser ‘solidarios’ con la nuestra”; “El mentiroso no cambia, solo se transforma”; “Somos malos y opulentos, pero defendemos la República y laburamos”; “Exigimos Justicia, Basta de Impunidad. Por una República”; “Para Cristina, cárcel ya”; “La corrupción mata y empobrece”. “La calle es nuestra”; “¡Que gobierno de mierd…!”.
Las protestas se extendieron a Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Mendoza y La Plata. Llegaron incluso a la Quinta Presidencial de Olivos: sobre la Avenida Maipú, cientos de personas hicieron sonar bocinas y cacerolas y reiteraron, de otra forma, otra inusual protesta de la semana anterior: en el mismo sitio, oficiales de la Policía bonaerense habían lanzado un “sirenazo” de sus patrulleros, en reclamo de mejores salarios.
La respuesta del Gobierno a la marcha, todo se apagó alrededor de las siete de la tarde porque la multitud cumplía con los recaudos frente al Covid, fue el enojo. Algunos dirigentes del kirchnerismo desestimaron la manifestación popular y dijeron que se trataba de “cuatro viejas de Recoleta”. Tampoco era verdad: no eran de Recoleta, no eran viejas y no eran cuatro. Fernández, en cambio, impulsó otro “banderazo”: el de los “argentinos de bien”, con lo que puso a los manifestantes del lado del mal. La grieta. El kirchnerismo la ahondaba y la celebraba; a aquel disparate político le caía al pelo el viejo proverbio de Antonio Porchia: “Tú crees que me matas; yo creo que te suicidas”.
El principio del fin, o el fin del principio, extendió su sombra ominosa a lo largo de todo un año. Con azarosa precisión, otro domingo, el 12 de septiembre de 2021, hace cinco años, el gobierno de Alberto Fernández sufrió una dura derrota electoral en las PASO: el kirchnerismo perdió en casi todo el país, incluida la provincia de Santa Cruz, un baluarte electoral de la entonces vicepresidente Cristina Fernández. Si esas elecciones primarias plebiscitaron la gestión de Alberto Fernández, el resultado fue el de un voto castigo al gobierno que llevaba menos de dos años
La alianza opositora de Juntos por el Cambio fue entonces la gran ganadora, con triunfos contundentes en todo el país. Y, en especial, en el distrito menos pensado: la provincia de Buenos Aires, un bastión del peronismo. Allí, el actual ministro del Interior, Diego Santilli, triunfó por cinco puntos sobre la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. Además, la oposición triunfó en otros grandes distritos del país: la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y se extendió a provincias gobernadas por el peronismo como Entre Ríos, Chaco, La Pampa y Chubut. El Frente de Todos sólo pudo festejar en Tucumán, Formosa, La Rioja y San Juan.
El resultado electoral estaba atado al derrumbe económico, el gobierno de Fernández responsabilizaba de la debacle a su antecesor, Mauricio Macri, y de la incertidumbre con la que el gobierno enfrentaba la pandemia de Covid. El día de la elección, el país padecía ya 5.224.534 contagios y 113.402 muertes. Un mes antes de las PASP, una denuncia había talado cualquier posibilidad de éxito electoral del kirchnerismo: en julio del año anterior, mientras más fuerte era la presión del gobierno por mantener a los argentinos encerrados en sus casas, en Olivos, la entonces primera dama, Fabiola Yañez, había festejado su cumpleaños junto a un grupo de invitados. Fernández quiso eludir su responsabilidad en el desaguisado, intentó hacer pequeño un desastre que era mayúsculo y se refirió al hecho como la fiesta de “mi querida Fabiola”. Este hecho se sumó a uno de los primeros escándalos del gobierno de Alberto: el llamado “vacunatorio VIP”, la decisión del entonces ministro de Salud, Ginés González García, de vacunar a una serie de funcionarios y amigos. La idea de que a la hora de las indispensables vacunas, existían hijos y entenados, mostraba una cara de la corrupción hasta ese momento desconocida: ahora estaba en juego la vida de las personas.
El desastre electoral de las PASO, que de alguna forma rediseñó el mapa político del país con miras a las elecciones presidenciales de 2023, paralizó al gobierno y a sus principales dirigentes: el proyecto político del kirchnerismo había sido herido en su línea de flotación. Recién a las once y media de la noche de ese domingo 12, la plana mayor del Frente de Todos, el Presidente, Cristina Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, subieron demudados al escenario de un bunker levantado en Chacarita, una alegoría, ensombrecido y callado. Sólo habló Alberto Fernández, rodeado por caras largas y abatidas. Dijo poco. Llamó a “dar vuelta la elección” en noviembre, una expresión de deseos, admitió que habían “escuchado con atención el mensaje de las urnas”, como si existiera otra posibilidad, y expresó su intención de resistir: “No voy a bajar los brazos”.
Poco dijo también de la cuarentena más larga del mundo, de los más de ciento diez mil muertos por el Covid, del cincuenta y uno por ciento de inflación, del cuarenta y dos por ciento de pobreza y de las escuelas cerradas y del proyecto de educación virtual en la pandemia, en un país donde el veinte por ciento de los chicos no tenía conexión a Internet, más de trescientos cincuenta mil alumnos había dejado la escuela y casi la mitad de los hogares no tenían Tablet, ni computadora, según cifras de Unicef. A su lado, la vicepresidente observaba.
Cristina Fernández no se limitó a ser testigo de aquella dura derrota: el resultado electoral, de confirmarse en noviembre y todo parecía indicar que así sería, le haría perder al Frente de Todos la cómoda mayoría con la que contaba en el Senado que presidía la propia Cristina. El terremoto político que sacudía al gobierno tendría fuertes réplicas.
El 15 de septiembre, tres días después de las elecciones, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro puso su renuncia a disposición de Alberto Fernández y lo mismo hicieron otros once miembros del gabinete, todos cercanos a Cristina Fernández. Al día siguiente, jueves 16, con el gobierno fracturado, la vicepresidenta profundizó la crisis con una violenta carta, en Twitter, que apuntó directo al Presidente: le recordó que había sido ella quien lo había postulado para el cargo y le exigió cambios en el gabinete, en especial, que se deshiciera del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán y de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
La carta, titulada “Como siempre… sinceramente”, decía: “Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión. Pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino”. Reveló también una serie de reuniones con el Presidente, muchas, todas reservadas o cuasi secretas y en la quinta de Olivos, con lo que habló sin mencionarlo de un cogobierno, tal vez una reedición aplacada del famoso “doble comando” que había llevado adelante con su esposo, Néstor Kirchner.
La carta reveló también que Cristina Fernández había hecho fuertes críticas a la política económica del gobierno del que era vicepresidenta: “También señalé –decía el documento– que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez: me cansé de decirlo. Y no sólo al Presidente de la Nación”.
Si existía una posibilidad, lejana, de que hubiese una tregua entre el kirchnerismo duro y la Casa Rosada, la carta de Cristina Fernández la demolió. Alrededor del presidente hablaron de “Mantener la cabeza fría y pensar los movimientos a seguir”, sin dar más detalles. Era admitir la desorientación. Los ataques se hicieron más intensos a través de los fieles seguidores de Cristina: la diputada Fernanda Vallejos, según un audio filtrado a la prensa, habló de Alberto Fernández como de un “okupa” y un “mequetrefe”.
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La crisis no cesó. En las elecciones de medio término del 14 de noviembre quedó ratificado el resultado de las PASO; el kirchnerismo perdió el dominio del Senado, algo que no sucedía en el peronismo desde 1983; la gran ganadora fue la coalición de Juntos por el Cambio por sobre el Frente de Todos. Los resultados también mostraron un crecimiento de La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei.
Eran los ecos de aquel banderazo de septiembre de 2020.
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El Gobierno de Javier Milei celebró las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno al conflicto que Argentina mantiene con Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el territorio antártico.
Desde Balcarce 50 consideran que el pronunciamiento del mandatario norteamericano pone en valor la estrategia que sigue Milei desde las últimas semanas y sostuvieron, según TN, que “es importante”.
Sobre esta disposición de Trump, el Gobierno analiza solicitar a Washington una mediación en el conflicto con Reino Unido. Sin embargo, aún no hay una definición sobre el mecanismo que podría utilizarse.
Trump habló de una posible guerra por Malvinas y dijo que podría intervenir para resolverla
La reacción de la gestión libertaria acaece después de que Donald Trump considerara la disputa entre Argentina y el país europeo podría derivar en un “desastre potencial”, a lo que sumó que si Estados Unidos se involucra, podría resolverla.
En el Ejecutivo remarcaron a TN que los dichos del presidente norteamericano ayudan a mantener la causa de Malvinas en la agenda internacional: “Todo lo que sea tema Malvinas nos sirve”.
A su vez, afirman que los pronunciamientos del magnate republicano no se tratan de hechos aislados, sino que son la manifestación de un trabajo previo y bilateral entre la diplomacia argentina y estadounidense sobre la cuestión: “Lo que viene sucediendo no es casualidad”.
El Gobierno ampliará las denuncias penales por la explotación de recursos en las Islas Malvinas
El próximo paso tendrá lugar en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, entre el 22 y 28 de septiembre, instancia en la cual Milei y Trump tienen previsto volver a verse las caras con las Islas Malvinas como uno de los temas centrales.
La entrada El Gobierno celebró la voluntad de Trump para intervenir en Malvinas: “Es importante” se publicó primero en Nexofin.
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Uno por uno, quiénes son los gobernadores que ingresaron a la casa Rosada en lo que va de este año y los que nunca fueron
En los primeros siete meses del año, 18 gobernadores, dos vicegobernadoras y el jefe de Gobierno porteño fueron a la Casa Rosada para reunirse con funcionarios del Gabinete de Javier Milei.
Los motivos fueron varios pero coincidentes: reclamos por la reactivación de la obra pública nacional y la falta de mantenimiento de rutas nacionales en sus provincias; la merma en la transferencia de recursos desde la Nación; las deudas previsionales; el envío de ATN para emergencias climáticas o presupuestarias. Desde el Gobierno, los intereses se centraron en dos ejes: negociaciones conseguir apoyo a las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso, y la estrategia electoral para 2027 en los distintos distritos y a nivel nacional.
Todos los mandatarios aliados, tanto del PRO y la UCR como de fuerzas provinciales con posiciones más autónomas, pasaron por Balcarce 50 entre enero y julio. Pero también concurrieron cuatro peronistas. Dos de ellos de muy buen vínculo con la gestión libertari – el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo -, y dos opositores duros, el pampeano Sergio Ziliotto y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Si bien pertenece a FORJA, el fueguino se enrola en el peronismo-kirchnerismo.
Así surge de los ingresos a la Casa Rosada del 1 de enero al 31 de julio que obtuvo Infobae a través de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado a la Secretaría General de Presidencia. La respuesta incluyó 23.249 registros que fueron procesados por la Unidad de Datos. De ese análisis surge que no figuran ingresos de gobernadores a la Quinta Presidencial de Olivos, según la respuesta brindada por casa Militar.
Si bien no figura en las planillas, el peronista cordobés Martín Llaryora estuvo en una oportunidad este año en Balcarce 50, pero para asistir a la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, como se ve en las fotos de la asunción. Fue el 30 de junio pasado, y estuvo junto a otros 12 gobernadores locales y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, una concurrencia de volumen político excepcional en una jura de un ministro de Milei.
Llaryora tiene posturas críticas respecto de la gestión libertaria, y es uno de los mandatarios que viene reclamando por la deuda de Nación con la Caja de Jubilaciones provincial, por el parate en la obras viales y la eliminación o reducción de las retenciones al agro.
En su gran mayoría, los mandatarios se reunieron en 24 oportunidades con Santilli, quien ocupó el Ministerio del Interior antes de pasar a la Jefatura de Gabinete. El otro interlocutor frecuente fue Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y armador de La Libertad Avanza a nivel nacional, que los recibió en otras 7 ocasiones. Karina Milei y Manuel Adorni, el antecesor de Santilli, también estuvieron en varias de esas reuniones.
Mientras que Santilli participó en las negociaciones sobre la transferencia de recursos, obra pública y búsqueda de apoyo legislativo, Lule Menem se sumó a los encuentros de mayor contenido político. Particularmente, con gobernadores afines o potencialmente aliados para la estrategia legislativa y electoral del oficialismo.
El mes de mayor cantidad de reuniones con los gobernadores fue junio: 17 en total. No es causal, fue cuando se intensificó la negociación en busca de apoyo para la eliminación de las PASO en el Congreso. Participaron en distintos encuentros Frigerio, Jalil, Jaldo, Melella, Zdero, Sadir y Valdés, según relevó Infobae.
Los que nunca fueron a la Casa Rosada
Solo cinco mandatarios no figuran en los registros de los que asistieron a la Casa Rosada. Tampoco hay registro fotográfico o en los medios de que hayan estado. Tres son los peronistas más críticos de la gestión de Milei: el bonaerense Axel Kicillof, el formoseño Gildo Insfrán y el riojano Ricardo Quintela.
El cuarto es Elías Suárez, del Frente Cívico por Santiago, que responde políticamente a su antecesor y actual senador Gerardo Zamora, con posturas enfrentadas al Gobierno.
Tampoco pasó por la Casa Rosada el misionero Hugo Passalacqua, del partido provincial Frente Renovador de la Concordia. Aliado crítico, la reciente ruptura con su padrino político y ex mandatario de esa provincia, Carlos Rovira, derivó en un alejamiento de la gestión libertaria, sin romper los puentes del todo.
El ranking de los que más fueron
El gobernador que más veces atravesó la puerta de Balcarce 50 fue Frigerio. Lo hizo 5 veces entre enero y julio de este año. Estuvo en marzo, en abril, en mayo y dos veces en junio. El mandatario del PRO se reunió con Santilli todas las veces, aunque el 14 de abril también se sumó al encuentro gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, y participaron Karina Milei y Lule Menem.
En la mayoría de los encuentros, se abordó el tema del parate de la obra pública en Entre Ríos, la situación fiscal de la provincia y la reforma política que busca el Gobierno.
Frigerio es uno de los mandatarios de mejor llegada al Ejecutivo nacional. Busca su reelección sin tener competencia de LLA en su distrito, a cambio de apoyo a la reelección de Milei. Esta semana hizo pública su postura a favor de eliminar las PASO, en sintonía con lo que quiere el oficialismo nacional.
Le siguen en cantidad de ingresos Rolando Figueroa, del partido provincial La Neuquinidad, y el radical Leandro Zdero, de Chaco, quienes fueron en 4 ocasiones.
El neuquino estuvo en febrero, marzo, mayo y junio para ver a Lule Menem y/o Santilli, cuando todavía era ministro del Interior. Figueroa planteó cuestiones de obra pública e infraestructura, y escuchó el pedido de apoyo al Gobierno para la reforma electoral.
El chaqueño Zdero tuvo reuniones en febrero, abril, mayo y junio con Lule Menem, Karina Milei y/o Santilli. La última tuvo como eje, también, a la reforma política.
Con tres visitas aparecen los aliados Claudio Poggi, de San Luis, y el sanjuanino Marcelo Orrego, ambos ex Juntos por el Cambio. El mismo número registra el catamarqueño Jalil, del PJ.
Este mandatario peronista, de muy buen vínculo con el Gobierno, visitó la casa Rosada en mayo y dos veces en junio, la última junto al salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Jaldo. El catamarqueño estuvo especialmente interesado en las inversiones en minería en su provincia a través del RIGI, un régimen de incentivo para favorecer rlas grandes inversiones.
Alberto Weretilneck del partido Somos Río Negro, si bien no tiene legisladores que le respondan directamente en el Congreso, también estuvo tres veces en la Casa Rosada, la última para la jura de Santilli. En las anteriores, uno de sus reclamos principales fue avanzar en un convenio para que Río Negro asumiera la administración de las rutas 22 y 151, algo que se concretó en agosto finalmente.
Pese a pertenecer al grupo de mandatarios opositores más críticos, el pampeano Ziliotto, se reunió en febrero, en marzo y en julio con Santilli. En esta última, abordaron la situación de la Caja previsional provincial y el traspaso de obras del plan de viviendas PROCREAR.
En los primeros 7 meses del año, visitaron dos veces la Casa Rosada los radicales Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Carlos Sadir, de Jujuy; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Todos son aliados del Gobierno nacional.
Pullaro tuvo entre sus principales reclamos el estado de las rutas nacionales en su provincia. El 22 de julio, el gobernador de Santa Fe firmó en la Casa Rosada con Santilli, Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el traspaso por 20 años de la administración, mantenimiento y ejecución de obras de la Ruta Nacional A012.
También estuvieron dos veces en la sede del Ejecutivo nacional Ignacio Torres (PRO), de Chubut; y Sáenz, del Partido Identidad Salteña.
Torres fue el 20 de marzo a reunirse con Lule Menem y el 2 de julio para ver a Santilli, recién asumido como jefe de Gabinete por las obras de infraestructura para Chubut. En la reunión, Santilli buscó sumar el respaldo del mandatario a la reforma política, aunque el mandatario patagónico fue cauto sobre la posible eliminación de las PASO.
Sáenz, de buen diálogo con el Gobierno aunque con posturas críticas, se reunió el 6 de mayo con Karina Milei y Santilli para analizar un posible acuerdo electoral en Salta de cara a 2027, tanto en la provincia como a nivel nacional. Apenas 20 días después, volvió a la Casa Rosada para verse con Santilli y Lule Menem, para abordar “proyectos estratégicos para la provincia” y “avanzar en una agenda de políticas de desarrollo federal”, según la información difundida por el gobierno salteño.
Con una sola reunión en Balcarce 50 aparece el radical Cornejo, de Mendoza. Fue el 14 de abril cuando, junto a Frigerio, fueron recibidos por Santilli, Lule Menem y Karina Milei. Según el comunicado oficial de la Secretaría General, el Gobierno confirmó en ese encuentro que iba a avanzar con un decreto para que las provincias puedan, mediante inversiones privadas, llevar adelante obras de infraestructura en tramos de rutas nacionales que atraviesen sus territorios.
El mendocino y el entrerriano son dos de los mandatarios de mejor sintonía con la gestión nacional. Ambos estuvieron el 30 de junio en la asunción de Santilli como jefe de Gabinete.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, registró un solo ingreso a la Casa Rosada, ese mismo 30 de junio para asistir al ascenso de Santilli dentro del Gabinete libertario. Macri arrastra un reclamo por la coparticipación con el Ministerio de Economía nacional y tiene una disputa solapada con LLA por el control del distrito de cara a 2027.
También figuran con un solo ingreso a la Casa Rosada el tucumano Jaldo, el fueguino Melella, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. Este último estuvo el 14 de julio. Es otro dialoguista, pero que se mueve en forma independiente de los deseos libertarios. Los legisladores que le responden, si bien acompañaron varias iniciativas del Gobierno, suelen moverse como líberos en el Congreso.
Intendentes en la Casa Rosada
En cuanto a los intendentes, aparecen muy pocas visitas a la Casa Rosada en los registros brindados por la Secretaría General, y ninguna a la Quinta de Olivos.
Un grupo de 17 intendentes de Córdoba de diversas fuerzas políticas (PRO, UCR y vecinalistas) concurrieron el 17 de junio pasado para reunirse con Santilli, en un encuentro coordinado por el jefe de bloque de LLA en la Cámara de Diputado, el cordobés Gabriel Bornoroni, del que también participó su colega de bancada Laura Rodríguez Machado.
Según la información oficial, el objetivo fue analizar los temas de la agenda legislativa y la situación financiera de los distintos municipios cordobeses.
Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero en uso de licencia fue dos veces, ambas en enero de este año, cuando ya había asumido como senador provincial por LLA, el 10 de diciembre último.
El 30 de junio, Sebastián Abella, jefe comunal de Campana del PRO, asistió a la asunción de Santilli como jefe de Gabinete.
En tanto, Daniel Escalante, intendente radical de Roldán, Santa Fe, ingresó el 22 de julio pasado, junto al gobernador Pullaro para la firma del convenio por el cual Nación delegó la administración de la Ruta Nacional A012.
Visualizaciones: Daniela Czibener
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