El cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo lanzó esre martes una dura advertencia sobre la situación económica del país al afirmar que la crisis podría derivar en un escenario “peor que el 2001”, cuando el entonces presidente Fernando De la Rúa renunció a la primera magistratura en medio de un estallido social.

Jerónimo denunció la pérdida de puestos de trabajo y sostuvo que la central obrera no descarta impulsar medidas de fuerza si no se generan espacios de negociación.

“La situación que atraviesan los trabajadores es crítica. En su vida diaria tienen salarios que quedaron por debajo de la canasta básica. Hay muchos sectores que están sufriendo la pérdida de trabajo y el cierre de empresas”, reseñó el referente sindical en diálogo con Delta 90.3.

Y añadió: “Ningún sector es ajeno a las dificultades que está atravesando la Argentina. En la medida que esto siga así, va a ser peor que el 2001. Vamos hacia un proceso más dificultoso que el del 2001. Nosotros queremos que le vaya bien, pero por este modelo económico estamos viendo una situación cada vez más regresiva que empobrece al pueblo argentino. El Gobierno le echa la culpa a otros”, expresó.

Jerónimo también cuestionó la relación entre la CGT y el Poder Ejecutivo, al considerar que “el Gobierno hace oídos sordos y no se hace cargo del rol que tendría que ocupar. El diálogo existió en algún momento, pero nunca se terminan de resolver los problemas. La situación que vive la ciudadanía argentina hace que sea muy difícil equilibrar su economía”, señaló.

El jefe cegetista efectuó estas declaraciones después de haber participado de una delegación sindical que fue recibida por el papa León XIV en el Vaticano.

El dirigente integró la comitiva junto con Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT; Marta Pujadas, abogada de ese gremio y de la central obrera; y Alejandro ‘Peluca’ Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas protestas, Jerónimo dejó abierta la puerta a futuros reclamos sindicales. “No descartamos medidas de fuerza. Si el Gobierno sigue haciendo oídos sordos seguirá escalando la conflictividad y decantará en una medida de acción directa”, advirtió.

No obstante, aclaró que cualquier decisión de ese tipo requerirá de coordinación con otros sectores. “Hay que construir consensos y acuerdos necesarios para que a la hora de hacer una medida de esa naturaleza tenga la contundencia necesaria”, concluyó.

El tribunal que juzgará a Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces, donde ambos están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita, intimó a los peritos que analizan las cuentas de las empresas de la familia presidencial a que pongan fecha para la conclusión de su estudio, para poder dar comienzo al juicio oral.

El Tribunal Oral Federal N°5, presidido por el juez José Michilini, dispuso que los peritos tienen tiempo hasta mañana miércoles “para informar el avance de la tarea y la fecha de terminación” de ese análisis.

Con ese dato, los magistrados estarán en condiciones de ponerle fecha de comienzo de las audiencias, que ya anticipan que arrancarán antes de fin de año, según dijeron fuentes judiciales a .

Los magistrados Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni −subrogante en el tribunal− comenzaron a preparar el juicio oral, que enfrentarán 17 imputados.

Ahora los peritos dirán la fecha de culminación de su trabajo y luego los jueces, en a lo sumo tres semanas, dirán cuándo comienza el juicio oral.

En tanto, las defensas y la fiscalía propondrán la reducción de la cantidad de testigos. Había más de 300 previstos, pero se acordó que se reducirían en un 30 o 40 por ciento.

Una vez que se presente el listado definitivo de testigos, con las propuestas de los acusadores y los defensores, se darán por incluidas las declaraciones que prestaron esos mismos testigos en la primera etapa de la instrucción, sin necesidad de que vuelvan a comparecer en el juicio.

Con este procedimiento definido y la entrega final del peritaje contable sobre los fondos transferidos desde las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez a las empresas de la familia Kirchner, se estará en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio oral.

El delito precedente del lavado de dinero en el caso de Lázaro Báez serían los actos de corrupción comprobados en la causa Vialidad, mientras que, respecto de López, serían los beneficios impositivos que recibió su petrolera Oil Combustibles, causa por la que finalmente fue absuelto y en la que solo fue condenado Ricardo Echegaray.

Un tema espinoso que queda por definir es la integración del tribunal oral que realizará el juicio. Michilini y Palliotti son jueces titulares y no se discute que serán de la partida. En cambio, Machado Pelloni es suplente desde febrero de este año.

Si las audiencias comienzan antes de que finalice la subrogancia de Machado Pelloni, este juez se quedará todo el juicio en el tribunal. Lo mismo sucedería si se pone fecha al juicio y Machado Pelloni permanece en el cargo, interpretan algunos magistrados.

Otro tema espinoso es la acusación fiscal. En esta causa, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, según el auto de elevación a juicio.

La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba las empresas de los Kirchner.

Pero Cristina Kirchner fue absuelta por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, donde fue condenada por fraude a seis años de prisión, que está cumpliendo detenida en su domicilio.

Por eso, el abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, pidió cambiar los términos de la acusación hace una semana.

La fiscalía, en principio, no comparte la idea de que haya que readecuar nada, revelaron fuentes judiciales a . Al menos en el comienzo del proceso; luego se vería con el avance del caso y a la hora de pronunciar el alegato final.

La Corte Suprema rechazó todos los recursos de las defensas y pidió hace dos años celeridad en la realización del juicio, aún sin fecha.

Entre los acusados también se encuentran Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner (hija de Alicia Kirchner) y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de Mercado y directivo de la compañía.

También Báez, dueño de Austral Construcciones; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.

El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.