POLITICA
Confesión y condena: Jones Huala reconoció que impuso sus ideas por la fuerza a través de la RAM y podría seguir preso hasta 2030
El activista Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sería condenado a 5 años y 2 meses de prisión por haber conducido esa organización e impuesto sus ideas mediante la violencia o la intimidación, según el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa.
El entendimiento sería homologado esta semana por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, y contempla una pena de cumplimiento efectivo. De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, Jones Huala admitió haber liderado la RAM, organización que desde febrero de 2025 figura en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado por iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si el acuerdo es homologado en los términos pactados, el dirigente mapuche podría permanecer detenido hasta agosto de 2030, tomando como punto de partida su aprehensión en junio de 2025. Se cree que el cómputo de la prisión preventiva deberá ser tenido en cuenta para determinar el vencimiento de la pena.
El acuerdo judicial representa el cierre de una investigación que, en su etapa inicial, contempló acusaciones más graves. Jones Huala había sido detenido en junio de 2025, en el marco de una denuncia por presunta asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público.
Sin embargo, el entendimiento alcanzado entre las partes contempla únicamente la acusación de imponer ideas mediante la fuerza o la intimidación, sin que se configure el delito de asociación ilícita.
El acuerdo y el cambio en la acusación
De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, las partes debatieron durante varias jornadas los alcances del acuerdo para definir la pena y el encuadre jurídico de la conducta atribuida a Jones Huala.
La acusación había buscado inicialmente aplicar el artículo 210 bis del Código Penal, una figura que contempla la organización de estructuras destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional, con una estructura de tipo militar. Ese encuadre, de mayor gravedad, finalmente no fue el elegido para el acuerdo.
El líder de la RAM será condenado, en cambio, por el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes organizan o toman parte en agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor.
La pena prevista para ese delito es de 3 a 8 años de prisión. El acuerdo fija para Jones Huala una condena de 5 años y 2 meses, que deberá ser homologada por el juez federal.
Voceros de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, a cargo de la defensa de Jones Huala, confirmaron el avance del acuerdo entre las partes, aunque anticiparon que sus alcances serán informados una vez que el magistrado lo homologue.
La investigación federal
Jones Huala fue detenido el 6 de junio de 2025 en El Bolsón, luego de la presentación de su libro en una biblioteca de Bariloche. La imputación original incluyó intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen.
Desde el inicio de la investigación, la fiscalía buscó encuadrar su rol como líder de la RAM en el artículo 213 bis del Código Penal, por integrar una organización destinada a imponer o combatir ideas mediante la fuerza o el temor. El Ministerio Público Fiscal también impulsó la investigación de figuras penales de mayor gravedad.
El expediente fue declarado de investigación compleja durante las audiencias iniciales. Esa decisión permitió extender el plazo de prisión preventiva de Jones Huala, quien permaneció detenido mientras avanzaban las medidas de prueba y se definía el alcance de la acusación.
La prisión preventiva fue prorrogada trimestralmente. La última extensión se produjo a fines de agosto, cuando el juez federal Leandro Gómez Constenla, en su primera audiencia al frente del caso, autorizó la continuidad de la medida hasta noviembre próximo.
En las audiencias anteriores, la fiscalía había insistido en la complejidad de la investigación, mientras que la defensa procuraba concretar el traslado de Jones Huala desde la Unidad 6 de Rawson hacia la Unidad 14 de Esquel, donde permanece alojado actualmente.
Casi un año después de la detención, la fiscalía de Bariloche profundizó la acusación. Le atribuyó a Jones Huala haber integrado la RAM desde 2011, con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local. Esa conducta fue encuadrada en el artículo 213 bis.
Además, sumó la acusación de integrar una asociación ilícita destinada a cometer delitos contra el orden constitucional, bajo una estructura de tipo militar, en los términos del artículo 210 bis. En esa línea, el Ministerio Público Fiscal señaló presuntas conexiones con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que actúa en Chile.
El acuerdo alcanzado ahora entre las partes deja fuera esa acusación más grave y concentra la responsabilidad penal en la conducción de la RAM y la imposición de ideas mediante la fuerza o la intimidación.
Seguirá preso hasta 2030
La defensa de Jones Huala ya realiza el cómputo del tiempo que su asistido podría permanecer tras las rejas. Si se contabiliza la prisión preventiva desde su aprehensión en junio de 2025, la pena de 5 años y 2 meses se agotaría en agosto de 2030, según el cálculo que surge del acuerdo.
La condena será de cumplimiento efectivo. La situación procesal del dirigente mapuche también está condicionada por su condición de reincidente, que le impediría acceder a la libertad condicional.
El antecedente que pesa en su contra es la condena que le impuso el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en Chile, en diciembre de 2018, por el incendio de una propiedad en el fundo Pisu Pisué y por tenencia ilegal de armas.
La reincidencia, sumada a la pena acordada en la causa federal de Bariloche, determina que Jones Huala deba cumplir la totalidad de la condena en prisión, sin acceso a los beneficios que había obtenido —y luego perdido— durante su detención en Chile.
La homologación del acuerdo por parte del juez federal será el próximo paso procesal. Una vez que se concrete, quedará formalizada la condena y comenzará a regir el cómputo definitivo de la pena.
POLITICA
Córdoba: el dilema que atraviesa el armado electoral de los libertarios de cara a la disputa con el peronismo en 2027
CÓRDOBA.- La aspiración de La Libertad Avanza (LLA) de disputar el poder en las principales provincias del país en 2027 se superpone con la necesidad de la Casa Rosada de conseguir el aval de gobernadores dialoguistas al plan impulsado por Javier Milei para eliminar las PASO, parte de la reforma política que se debate en el Senado.
Córdoba, un distrito electoral clave, no es la excepción. Los libertarios deben decidir quién será su candidato y si apostarán a una alianza con los radicales. Esas tratativas son monitoreadas por los altos mandos del peronismo local. Es que si LLA consigue aglutinar a las figuras más convocantes del arco opositor, crecerían sus chances de alzarse con una victoria en las urnas en 2027.
El domingo 7 de septiembre, apenas el candidato del oficialismo provincial, Germán Font, se impuso en Marcos Juárez, el referente radical Rodrigo de Loredo advirtió que ese resultado debía “servir de advertencia” para los opositores a Martín Llaryora. “Tenemos que dejar de lado todo tipo de interés mezquino o personal, y entender cuál es la prioridad que Córdoba necesita un cambio después de casi tres décadas de peronismo”, puntualizó.
En la ciudad del sudeste cordobés la UCR fue con su propia lista, no se sumó a otra fuerza. Por eso, libertarios y dirigentes cercanos a Luis Juez miran de reojo el llamado a unificar posturas del exdiputado nacional, quien ya lanzó su postulación para la gobernación.
En LLA, el jefe de la bancada en Diputados, Gabriel Bornoroni, aparece como el número puesto para ser el candidato a gobernador del oficialismo nacional. Tiene el respaldo de Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem y forma parte del espacio libertario desde el minuto cero. Lo consideran un “puro”.
El senador Juez es aliado de LLA y también lleva tiempo manifestando su vocación de pelear por la gobernación. Aunque él no ha hecho declaraciones públicas, su hijo y concejal Martín Juez afirmó que “si el candidato a gobernador no es Juez, entonces probablemente pueda haber algún pacto” entre los libertarios a nivel nacional y el peronismo de Córdoba de cara a las elecciones 2027.
En declaraciones a Telefé Córdoba, sostuvo que su padre es el candidato opositor más competitivo para enfrentar al oficialismo provincial. Dijo que es el “tipo a vencer”. No obstante, reconoció que las aspiraciones de Llaryora, de Bornoroni y de De Loredo de pelear por la sucesión son legítimas.
A fines de julio, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió con Bornoroni y Juez. Un comunicado oficial dio cuenta de que “dialogaron sobre la realidad de la provincia y destacaron la importancia de generar una alternativa potente” para apuntalar desde Córdoba al proyecto nacional de Milei.
La reunión se produjo después del primer encuentro entre el gobernador Llaryora y Santilli, cuando empezaron a circular especulaciones sobre si podría haber un acuerdo entre los libertarios y el “cordobesismo”.
En 2023, Llaryora fue electo como gobernador con el 45,2% de los votos. En el segundo puesto quedó Juez (que no era aliado de LLA), con 41,86%. Milei ganó cómodamente la segunda vuelta en esta provincia y en 2025 su lista de diputados logró una victoria muy importante.
Esos resultados convirtieron a Córdoba en uno de los distritos donde el oficialismo nacional considera que tiene chances concretas de arrebatarle el poder al peronismo local.
Sin embargo, tampoco resulta conveniente convertir anticipadamente a Llaryora en un adversario irreconciliable porque el gobernador puede aportar votos en el Congreso para las iniciativas que la Casa Rosada quiere sancionar.
La discusión sobre la reforma electoral funciona, en ese sentido, como una primera prueba de la relación que tendrán ambos espacios durante los próximos meses. La situación se repite también en otros distritos y es lo que complejiza la negociación del Gobierno destinada a recolectar los votos de los aliados para eliminar las PASO.
candidato del oficialismo provincial, Germán Font, se impuso en Marcos Juárez,el primer encuentro entre el gobernador Llaryora y Santilli,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Chaco también desdoblará sus elecciones en 2027: se votaría en la segunda quincena de septiembre
Chaco irá a las urnas en septiembre de 2027 para renovar cargos provinciales, legislativos y municipales. La votación quedará separada de la nacional y se podría concretar durante la segunda quincena de ese mes. Leandro Zdero buscará allí un nuevo período en la gobernación.
Las pautas de cómo y cuándo se vota en la provincia norteña quedaron fijadas por la Constitución de 1994. Allí se decidió que las elecciones para gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejos municipales se deben llevar a cabo en una fecha distinta a las presidenciales. Además, se deben concretar dentro de los noventa días después de que terminen los mandatos.
“Aún no tenemos fecha”, sentenció Zdero cuando lo consultaron medios locales sobre qué día se realizarán los comicios provinciales.
Las chances, según los parámetros constitucionales, marcan que el tope se encuentra el domingo 12 de septiembre. Una alta fuente del gobierno chaqueño confirmó a Infobae que la posibilidad que se baraja es llamar a votar “durante la segunda quincena” de ese mes. El combo se cerraría con cierre de listas en junio o julio.
Zdero ganó su primer mandato el 17 de septiembre de 2023. Pero cuatro años antes, Jorge Capitanich llegó al gobierno con una votación realizada el 13 de octubre de 2019. En 2015, la elección que consagró a Domingo Peppo se concretó el 20 de septiembre. El antecedente previo también es de ese mes: el domingo 18, Capitanich se impuso en las urnas.
Hace unos días, Zdero se convirtió en el primer gobernador en lograr la suspensión de las PASO en el ámbito provincial. La decisión de la Legislatura unicameral chaqueña se basó en la necesidad de priorizar otros gastos.
A nivel nacional, las elecciones están programadas para el domingo 24 de octubre. Las PASO, si el Congreso no las cancela, deberían realizarse en agosto.
Chaco se coloca entonces como la novena provincia en confirmar un calendario electoral distinto al nacional. Tucumán irá a las urnas el 9 de mayo; Salta haría lo propio entre el 16 y el 23 de ese mes; Chubut votaría entre julio y agosto; también en agosto sería la elección en Neuquén; en Santa Fe, se evalúa un rango que va del 13 de junio al 5 de septiembre; Tierra del Fuego tiene el mismo parámetro constitucional que Chaco. Mendoza y Misiones también sufragarán de forma desdoblada, aunque aún no hay fecha confirmada.
En qué instancias está el acuerdo con LLA
Chaco fue el primer ejemplo exitoso de simbiosis entre La Libertad Avanza y un frente local. Con esa fórmula, lograron ganar los comicios legislativos provinciales y nacionales de 2025.
La intención es repetir la receta en 2027. Hay conversaciones abiertas. Zdero hace unas semanas charló en forma directa con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y presidenta de LLA a nivel nacional. La idea gira en torno a un escenario en el que la combinación de ambas fuerzas acrecentaría las chances de reelección del gobernador y sumaría votos para la aspiración de Javier Milei de estar cuatro años más en Balcarce 50.
Los contactos del mandatario chaqueño también incluyen al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.
Las conversaciones se concretan en un plano doble. Por un lado, la conformación nacional. A la Casa Rosada le interesa aumentar el número de bancas en el Congreso. Chaco renovará el año próximo tres lugares en Diputados.
Una silla es de LLA, la tiene Carlos García. Gerardo Cipolini, un radical con vínculos fuertes pero tensos con Zdero, es otro a quien se le vencerá el mandato. Su nombre tuvo fama efímera en dos oportunidades. La primera, al hacer comentarios machistas hacia legisladoras peronistas; La segunda, cuando no votó un capítulo clave del presupuesto 2027. Aldo Leiva, de Unión por la Patria, es el tercero al que se le vencerá el mandato.
El otro plano de las conversaciones entre el oficialismo chaqueño y LLA es la elección provincial. Aquí también tienen protagonismo los referentes libertarios locales que trabajan con la premisa de colar nombres en los armados legislativos y de intendencias. Además de gobernador y vice, en 2027 se votarán 16 legisladores provinciales y autoridades en 74 municipios y concejos deliberantes. La premisa es que todo tenga tonos violeta.
El vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó la postura del Gobierno frente al reclamo de la soberanía argentina en las islas Malvinas y dio detalles sobre cómo será la Base Naval Integrada que comenzarán a construir en Ushuaia, Tierra del Fuego. Prevista para finalizar en 2029, el costo total de la obra ascendería a 500 millones de dólares.
“Va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Será un punto estratégico para la proyección argentina al Atlántico sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”, explicó el portavoz en la conferencia de prensa de este martes desde Casa Rosada y añadió: “También brindará apoyo y logística desplegada en la Antártida”.
La base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 que fueron comprados a Dinamarca. “Va a proveer al país de protección naval y aérea”, subrayó Ravier.
El portavoz presidencial también destacó los beneficios económicos de la Base Naval. “Contará con muelles comerciales y civiles que desarrollarán una región en donde hoy los buques sufren demoras para amarrar debido a la falta de capacidad”, destacó y sumó: “Además, desempeñará un papel importante en la protección de objetivos estratégicos en el sur del país, como Vaca Muerta”.
La Base Naval Integrada estaría finalizada luego de un período de 30 a 36 meses de trabajos, que se realizarán por etapas y contemplan un muelle de 585 metros.
Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, visitaron el viernes el lugar donde en se instalará la futura base en Ushuaia.
La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales a , “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos, que dará suministros para la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
El Gobierno reasignó unos US$142 millones del presupuesto nacional para el desarrollo de la Base Naval Integrada y fuentes oficiales establecieron el costo total de la obra entre US$400 y US$500 millones. Quirno especificó que el avance será con “recursos propios del Estado nacional” y dijo que el presidente Javier Milei ya había instruido al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar la iniciativa en el presupuesto 2027.
Consultado por acerca de la participación de otros países en el financiamiento de la obra, Quirno especificó que “es una base que está haciendo la Argentina con sus propios recursos”. “Se trata de un proyecto que está hace décadas y que ahora vamos a empezar a ejecutar”, señaló.
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