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Causa AMIA: el juez Rafecas sumó a un nuevo acusado para que sea sometido a juicio en ausencia

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El juez Daniel Rafecas resolvió este miércoles que Alí Asghar Hejazi sea sometido a juicio en ausencia por su presunta participación en el atentado contra la AMIA.

La decisión se adoptó a pedido del fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, y se fundó en la “actitud obstructiva” del imputado y en la “ausencia de cooperación efectiva” de Irán ante los pedidos de detención preventiva para una eventual extradición.

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Hejazi se suma al resto de los iraníes que ya tienen pedido de captura internacional en la causa y fueron incluidos en el mecanismo de juicio en ausencia: Mohsen Rezai, entonces comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica; Ahmad Vahidi, responsable de la Fuerza Al Quds; Alí Fallahian, a cargo del Ministerio de Inteligencia; y Alí Akbar Velayati, responsable de Asuntos Exteriores.

Hejazi tiene captura nacional e internacional desde el 10 de abril, cuando fue citado a indagatoria. Ese mismo mes se pidió a Interpol la difusión roja. Se publicaron edictos, se requirió a Irán la detención provisoria con base en la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y se notificó al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

En mayo se le comunicó la declaración de rebeldía por exhortos. El juez consideró cumplidos los requisitos para avanzar sin su presencia y descartó “toda posibilidad razonable de desconocimiento del proceso judicial”.

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Daniel Rafecas (Foto: NA – Hugo Villalobos).

En la resolución, Rafecas afirmó que el imputado “adoptó una conducta orientada deliberadamente a sustraerse de la acción de la justicia argentina, eludiendo comparecer en el proceso pese a su efectivo y demostrado conocimiento”.

También señaló que, por el rango que ocupó y por la “gran atención internacional” de la causa, resulta “prácticamente imposible” que no hubiera sido informado de los requerimientos. “Pese a tener conocimiento, optó por eludir, no presentarse, responder o acatar” las medidas, concluyó el magistrado.

En el mismo fallo se indicó que las conductas atribuidas pueden considerarse constitutivas de crímenes de genocidio y de lesa humanidad.

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El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 cuando un coche bomba destruyó la sede de la mutual judía en Pasteur 633, en el centro de Buenos Aires. Murieron 85 personas. Según la acusación fiscal, la planificación, la decisión y la ejecución del operativo estuvieron a cargo de agencias del régimen iraní “estrechamente ligadas” a las oficinas de Khamenei.

La resolución judicial sostiene que la decisión concreta de atentar contra la AMIA se definió en Teherán, en el Comité Vijeh, un organismo estatal encabezado por el líder supremo y dirigido por Hejazi.

Ese comité, de acuerdo con la investigación, reunía información, analizaba el objetivo y elaboraba la propuesta del ataque.

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El juicio en ausencia

La Ley 27.784 fue sancionada en febrero de 2025 y se limita la figura del juicio en ausencia a causas de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión o instrumentos internacionales contra el terrorismo.

El 26 de junio de 2025, Rafecas aceptó los pedidos de familiares y de la fiscalía y ordenó el juicio en ausencia. La Cámara Federal porteña confirmó esa decisión en octubre. El defensor oficial Hernán Silva apeló y el expediente quedó en Casación.

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El incómodo conflicto de intereses que enfrenta el Gobierno y traba dos proyectos clave en Diputados

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La sesión en la Cámara de Diputados que este miércoles fracasó por falta de quórum fue un llamado de atención para el oficialismo y ahora las espadas legislativas de La Libertad Avanza analizan alternativas para destrabar los dos proyectos que la Casa Rosada había marcado como prioritarios: el de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los principales responsables de hacer naufragar la convocatoria fueron los diputados de Provincias Unidas que, entre otros puntos, reclamaban avances concretos en la ley de biocombustibles, un lugar en el Consejo de la Magistratura -se disputan un representante con el PRO-, una rebaja en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos para las cajas previsionales provinciales y obras viales.

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Según pudo saber Infobae, el bloque donde pisan fuerte los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) no recibió hasta el momento ninguna señal concreta por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre ninguno de estos reclamos.

Este viernes se venció el plazo para dictaminar en comisión la ley de biocombustibles y eso dificulta aún más la situación ya que debería tratarse en una sesión “sobre tablas” (sin dictamen) para lo que se necesita una mayoría especial de dos tercios. Fuentes libertarias adelantaron que tratar este proyecto el mismo día que el Presupuesto sería inviable porque el debate podría durar “unas 32 horas”. Por otro lado, no están seguros de poder conseguir los dos tercios.

Maximiliano Luna

Sin embargo, el proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% es prioritario para provincias como Córdoba y Santa Fe, donde están ubicadas las grandes plantas productoras.

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En la vereda de enfrente, durante el debate en comisión el PRO propuso mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores. Eso frenó las negociaciones

“Primero biocombustibles, después hablamos lo que quieran. Ellos -por el Gobierno- tienen que hacer alguna propuesta”, explicaron a Infobae desde Provincias Unidas.

Cerca de Martín Menem reconocen que una solución podría ser incluir el proyecto de biocombustibles en las sesiones extraordinarias de diciembre y que el decreto de la convocatoria salga antes de la sesión prevista para la semana que viene donde se tratará el Presupuesto 2027.

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Martín Menem y Cristian Ritondo

En cambio, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central podría sumarse el temario de la próxima sesión ya que tiene dictamen y su debate no debería ser demasiado extenso dado que ya pasó por Diputados, solo se deben ratificar los cambios que hizo el Senado.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados tiene en sus manos otra controversia que lo obliga a hacer equilibrio. Esta semana los bloques mayoritarios enviaron a sus representantes para el Consejo de la Magistratura. La Ley 24.937 establece que el bloque mayoritario, en este caso La Libertad Avanza, tendrá dos lugares (Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo), mientras que la primera y la segunda minoría se repartirán un lugar para cada uno. Unión por la Patria eligió al massista Guillermo Michel, pero el cuarto lugar se lo disputan Provincias Unidas y el PRO.

Provincias Unidas postuló a Juan Brügge, porque asegura que con sus 18 diputados es la segunda minoría. No obstante, el PRO, que tiene 12 integrantes, pretende quedarse con ese lugar para la ritondista Florencia De Sensi porque según su visión Provincias Unidas en realidad no es un bloque sino un interbloque. “Es un espacio político que se hizo solo para conseguir cargos. Es lo mismo que la Corte rechazó en el caso de Luis Juez”, señalaron desde el bloque PRO.

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La Presidencia de la Cámara ya elevó los tres primeros nombres a la Corte Suprema. Pero no tomó ninguna definición respecto al cuarto lugar. “No vamos a mandar nada que se judicialice. La Corte ya fue clara: la política no debe judicializar sus temas. Esto se debe resolver puertas adentro. Es algo que tienen que charlar ambos bloques, incluso sus presidentes son del mismo partido”, explicaron en referencia a Ritondo y Scaglia, ambos formalmente parte del PRO.

“El lugar en el Consejo nos corresponde, no lo negociamos con nadie”, adelantó un importante integrante de Provincias Unidas.

Ante la consulta de Infobae, desde la mesa parlamentaria de La Libertad Avanza aseguraron que están concentrados en avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027, que se tratará en el recinto el próximo miércoles. Según sus cálculos, los números favorecen al oficialismo, incluso sin contar con el apoyo de Provincias Unidas.

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Mansión de Pilar: la nueva pista que seguirá la Justicia para reconstruir el origen del dinero y su vínculo con la AFA de Chiqui Tapia

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La investigación por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá una nueva etapa después de que la Corte Suprema resolviera que el expediente quede en manos del juez federal Daniel Rafecas. El foco estará puesto en reconstruir el origen y el recorrido del dinero utilizado para adquirir la propiedad y los vehículos de lujo encontrados en el lugar.

Según pudo saber TN, tanto la Justicia buscará determinar si existió un circuito de lavado de activos detrás de la adquisición de esos bienes, que podrían haber sido comprados con fondos provenientes de presuntas maniobras ilícitas vinculadas con la AFA.

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De esta manera, la investigación no se limitará a establecer quién es el verdadero dueño de la mansión, sino que intentará reconstruir cómo se generaron y circularon los fondos utilizados para comprarla, además de identificar a todas las personas y sociedades que pudieron haber intervenido en esas operaciones.

En ese sentido, las fuentes consultadas señalaron que el análisis tampoco se concentrará exclusivamente en Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes aparecen como titulares de Real Central SRL, la sociedad propietaria de la quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.

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La Corte y los DNU: Milei perdió un rasgo que compartía con Cristina Kirchner y entró en un grupo reducido de presidentes

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Al declarar inconstitucionales dos artículos del megadecreto 70/2023 firmado por Javier Milei al comienzo de su mandato, la Corte Suprema añadió un nuevo caso a la corta lista de fallos que invalidaron, total o parcialmente, decretos del Poder Ejecutivo.

Desde la reforma constitucional de 1994 hasta fines de 2025 se firmaron más de 970 decretos de necesidad y urgencia y en apenas 18 ocasiones la Corte Suprema declaró inconstitucional su contenido, de acuerdo a un relevamiento elaborado por Gustavo Arballo, doctor en Derecho y constitucionalista, publicado en agosto y actualizado a partir de la nueva resolución.

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Para el experto, esto, sumado a otros factores, como el sistema de control previsto por la ley, configuran un escenario que termina funcionando como un “estímulo” para que los presidentes recurran a los DNU. “El sistema no solo normaliza, sino estimula una vía que debiera ser muy restrictiva”, señala el autor del trabajo.

Alberto Fernández firmó 179 decretos de necesidad y urgencia, Mauricio Macri 71 y Cristina Kirchner 81.

Otros datos de la investigación ayudan a poner en contexto la decisión de la Corte. Hasta este jueves, Milei podía jactarse, junto a Cristina Kirchner, de la vigencia de todos sus decretos. Ahora, esa condición -por el momento- la ostenta en soledad la expresidenta, que fue quien más tiempo estuvo en el Poder Ejecutivo.

A favor de Milei jugaba el tiempo: la historia reciente muestra que la Corte tarda, por lo general, varios años en declarar inconstitucional un DNU. Según el relevamiento de Arballo, la mediana de tiempo transcurrido entre la firma de los decretos y los fallos que los invalidaron fue de 48 meses, el equivalente a un mandato presidencial completo. Esa demora es otro de los factores que, según Arballo, contribuyen a que el sistema termine estimulando el uso de los DNU.

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Arballo es profesor de la Universidad Nacional de La Pampa

En el caso del megadecreto de Milei, firmado en diciembre de 2023, transcurrieron casi tres años. Durante ese tiempo, la norma siguió vigente, pese a que el Senado la había rechazado en marzo de 2024.

Con la resolución del alto tribunal, Milei pasó a integrar el grupo de los cinco presidentes que recibieron ese revés judicial mientras todavía estaban en el poder. Los otros cuatro son Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Alberto Fernández.

El decreto que más rápidamente recibió un revés de la Corte fue uno de Alberto Fernández. En mayo de 2021, apenas 19 días después de que el entonces presidente suspendiera por esa vía las clases presenciales durante la pandemia, el máximo tribunal declaró que esa decisión había violado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.

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Del otro lado de este registro figura un decreto de Menem sobre aportes previsionales de la Gendarmería, que fue invalidado en octubre de 2021, 24 años después de su firma.

“Si uno mira la actuación en general de la Corte frente a los DNU, se advierte una extraña combinación, de una retórica de fuerte control, combinada con una práctica en donde la reacción judicial deja mucho margen al Poder Ejecutivo: la Corte ha dictado pocas invalidaciones y, salvo excepciones, lo ha hecho tomándose sus tiempos, convirtiendo en estadísticamente raro el caso en el que un decreto se declara inconstitucional dentro de la propia gestión presidencial”, valora Arballo.

La resolución

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El reciente fallo de la Corte apunta únicamente contra dos artículos del DNU 70/2023, una de las principales herramientas utilizadas por Milei para impulsar programas de reformas económicas. Se trata de las disposiciones que eliminaron las facultades del Estado para controlar los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Sin embargo, el razonamiento utilizado por la Corte, señalan Arballo y otros especialistas, podría proyectarse sobre otros aspectos del megadecreto, aunque el tribunal aclaró que no se pronunciaba sobre la validez del resto de sus disposiciones.

“En ‘Bobbio’ la Corte reafirma las pautas fijadas en ‘Cencosud’ y suma criterios importantes, sobre todo frente a un DNU anómalo y ómnibus como lo es el DNU 70/23”, sostiene el autor. Según explica, el alto tribunal consideró que invocar una crisis en el sistema de salud y la necesidad de mejorar la competitividad de las prepagas era una afirmación genérica, insuficiente para justificar el uso de una herramienta legislativa excepcional», destaca la constitucionalista Lorena González Tocci.

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Los llamados decretos “ómnibus”, señala, constituyen “una modalidad de abuso del derecho” porque reúnen una gran cantidad de reformas sobre materias que no guardan relación entre sí y modifican o derogan numerosas leyes.

“Ese es solo un hecho, fácilmente comprobable, que demuestra que no había ni necesidad ni urgencia en dictarlos, dado que supone que estuvieron precedidos de un profundo estudio de esa legislación, con lo cual, esa tarea bien podría haberla hecho el Congreso, depositario natural de la función legislativa”, advierte.

De ahí la importancia que le atribuye al fallo de la Corte Suprema: “No bastan invocaciones genéricas de crisis o emergencia, y debe existir una conexión concreta entre la urgencia alegada y cada medida adoptada”, remarca sobre la decisión de la Corte.

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Federico González del Solar,Conforme a

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