CÓRDOBA.- Las reuniones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene manteniendo con los gobernadores -ayer fue con los del norte y hoy se sumó el jujeño Carlos Sadir que no estuvo ayer y Luis Caputo- no alcanzaron para bajar el enojo de los aliados por la inclusión en el proyecto de presupuesto de cambios que menoscabarían las prestaciones de discapacidad. Los mandatarios provinciales están presionando para que se retiren esos artículos de la iniciativa.

Santilli sumó el pedido de apoyo al proyecto al presupuesto, a las negociaciones que realiza hace varios meses por la reforma política, cuyo fin para el oficialismo es conseguir los votos para eliminar las PASO, una herramienta útil para la oposición para ordenar su oferta electoral. Ayer, la senadora Patricia Bullrich sostuvo que no están los números para la eliminación de las primarias, aunque deslizó que podría alcanzarlos para forzar la suspensión.

Había arrancado un nuevo capítulo de esa discusión y se desarrollaba una reunión de la comisión de Discapacidad en Diputados por la emergencia en el área cuando empezaron a conocerse los datos incluidos en el presupuesto que -según interpreta la oposición y los representantes del sector- atentan contra la universalidad y la accesibilidad.

Los recortes en discapacidad marcaron, desde siempre, diferencias entre el oficialismo y los gobernadores. Incluso los aliados no acompañaron esas votaciones. “A la cara la tenemos que poner nosotros, a las personas con discapacidad las tenemos que atender nosotros”, respondieron desde algunas gobernaciones a las consultas de .

A la tensión puertas adentro del oficialismo por las “desinteligencias” por el abordaje de las negociaciones, se sumó la presión de los gobernadores. Otro punto que los alertó es que las cámaras de prestadores e instituciones educativas que vienen haciendo sus reclamos les hicieron llegar que hay fuentes libertarias que les adelantaron que transporte y educación para personas con discapacidad pasarían a manos de las provincias.

Hay expertos en salud que vienen insistiendo en que esos dos ítems deberían ser responsabilidad, al menos, del área de Desarrollo Social. El oficialismo nacional se inclinaría a que no quede en manos de la Nación.

La Libertad Avanza (LLA) ya tuvo varias derrotas en el ámbito parlamentario por temas relacionados con la discapacidad. Los vetos del presidente Javier Milei fueron rechazados por la oposición, que reunió los dos tercios necesarios para defender la ley de emergencia.

Además de estos cambios, generó también tensión la idea del Poder Ejecutivo de modificar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que paga la Anses.

Si el Congreso aprobara el proyecto sin cambios, los incrementos dejarían de estar vinculados de manera automática a las subas de jubilaciones y pensiones y pasarían a depender de decisiones del Poder Ejecutivo.

“Son todos aspectos que golpean a lo social, que generan malestar en la gente. La AUH es una política de Estado, de las pocas que hay en el país. ¿Para qué cambiar algo que funciona? si lo quieren hacer para mejor, que detallen cómo sería la actualización, que lo que proponen es superador. No lo hacen”, deslizó un mandatario a .

Anoche, el salteño Gustavo Sáenz dijo en A24: “El equilibrio fiscal que tanto se defiende también tiene que ir acompañado de un equilibrio social. Los discapacitados no pueden ser tratados como una planilla de Excell. La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos”.

El gobernador de Salta se reunió hoy con senadores del Norte Grande para conversar sobre la agenda parlamentaria. Estuvieron Flavia Royón (Salta), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Guillermo Andrada (Catamarca), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones).

“El diálogo y la búsqueda de consensos son fundamentales para avanzar en soluciones que respondan a las necesidades de nuestra gente. Seguimos trabajando y gestionando para defender los intereses del Norte Argentino”, dijo Sáenz en sus redes sociales.

El Tribunal Oral Federal 5 resolvió que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Hotesur, que tiene como principales acusados a Cristina, su hijo Máximo Kirchner y el empresario Lázaro Báez. Además, la causa paralela, denominada Los Sauces, con la expresidenta como principal imputada y el empresario Cristóbal López, se iniciará el 19 de marzo de 2027.

La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba el directorio de las empresas de los Kirchner.

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