POLITICA
Presión de los gobernadores para retirar los artículos polémicos de la emergencia discapacidad y evitar recortes en la AUH

CÓRDOBA.- Las reuniones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene manteniendo con los gobernadores -ayer fue con los del norte y hoy se sumó el jujeño Carlos Sadir que no estuvo ayer y Luis Caputo- no alcanzaron para bajar el enojo de los aliados por la inclusión en el proyecto de presupuesto de cambios que menoscabarían las prestaciones de discapacidad. Los mandatarios provinciales están presionando para que se retiren esos artículos de la iniciativa.
Santilli sumó el pedido de apoyo al proyecto al presupuesto, a las negociaciones que realiza hace varios meses por la reforma política, cuyo fin para el oficialismo es conseguir los votos para eliminar las PASO, una herramienta útil para la oposición para ordenar su oferta electoral. Ayer, la senadora Patricia Bullrich sostuvo que no están los números para la eliminación de las primarias, aunque deslizó que podría alcanzarlos para forzar la suspensión.
Había arrancado un nuevo capítulo de esa discusión y se desarrollaba una reunión de la comisión de Discapacidad en Diputados por la emergencia en el área cuando empezaron a conocerse los datos incluidos en el presupuesto que -según interpreta la oposición y los representantes del sector- atentan contra la universalidad y la accesibilidad.
Los recortes en discapacidad marcaron, desde siempre, diferencias entre el oficialismo y los gobernadores. Incluso los aliados no acompañaron esas votaciones. “A la cara la tenemos que poner nosotros, a las personas con discapacidad las tenemos que atender nosotros”, respondieron desde algunas gobernaciones a las consultas de .
A la tensión puertas adentro del oficialismo por las “desinteligencias” por el abordaje de las negociaciones, se sumó la presión de los gobernadores. Otro punto que los alertó es que las cámaras de prestadores e instituciones educativas que vienen haciendo sus reclamos les hicieron llegar que hay fuentes libertarias que les adelantaron que transporte y educación para personas con discapacidad pasarían a manos de las provincias.
Hay expertos en salud que vienen insistiendo en que esos dos ítems deberían ser responsabilidad, al menos, del área de Desarrollo Social. El oficialismo nacional se inclinaría a que no quede en manos de la Nación.
La Libertad Avanza (LLA) ya tuvo varias derrotas en el ámbito parlamentario por temas relacionados con la discapacidad. Los vetos del presidente Javier Milei fueron rechazados por la oposición, que reunió los dos tercios necesarios para defender la ley de emergencia.
Además de estos cambios, generó también tensión la idea del Poder Ejecutivo de modificar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que paga la Anses.
Si el Congreso aprobara el proyecto sin cambios, los incrementos dejarían de estar vinculados de manera automática a las subas de jubilaciones y pensiones y pasarían a depender de decisiones del Poder Ejecutivo.
“Son todos aspectos que golpean a lo social, que generan malestar en la gente. La AUH es una política de Estado, de las pocas que hay en el país. ¿Para qué cambiar algo que funciona? si lo quieren hacer para mejor, que detallen cómo sería la actualización, que lo que proponen es superador. No lo hacen”, deslizó un mandatario a .
Anoche, el salteño Gustavo Sáenz dijo en A24: “El equilibrio fiscal que tanto se defiende también tiene que ir acompañado de un equilibrio social. Los discapacitados no pueden ser tratados como una planilla de Excell. La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos”.
El gobernador de Salta se reunió hoy con senadores del Norte Grande para conversar sobre la agenda parlamentaria. Estuvieron Flavia Royón (Salta), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Guillermo Andrada (Catamarca), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones).
“El diálogo y la búsqueda de consensos son fundamentales para avanzar en soluciones que respondan a las necesidades de nuestra gente. Seguimos trabajando y gestionando para defender los intereses del Norte Argentino”, dijo Sáenz en sus redes sociales.
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POLITICA
La UBA anunció más de 20 días de paro y una nueva marcha federal en reclamo por el financiamiento universitario

Luego del fracaso en la paritaria universitaria, los docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron más de 20 días de paro y la realización una nueva marcha federal en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.
“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, denunció el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Emiliano Cagnacci.
El cese de actividades se desarrollará de manera rotativa y comenzará el próximo lunes. La medida se extenderá hasta el jueves 22 del siguiente mes.
A su vez, el 15 de octubre se llevará a cabo la Quinta Marcha Federal Universitaria.
A diferencia de ediciones anteriores, donde se movilizó a Plaza de Mayo, el destino final de esta acción será el Palacio de Tribunales.
“Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, afirmó Cagnacci.
La propuesta de la nueva marcha federal fue ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que convocó a movilizar “en defensa de la universidad pública argentina”.
“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, indicó el CIN.
En diálogo con , Cagnacci afirmó que “la oferta no cumple con la ley de Financiamiento Universitario”. “Se trata de una ley sancionada y en vigencia. En democracia hay que cumplir la ley, si no cumplimos tenemos una sanción”, afirmó.
Y sostuvo que “parece que el primero que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes, las incumple”, en sus críticas al Gobierno.
Cronograma de los paros
Del 21 al 25 de septiembre.
Del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Del 5 al 9 de octubre.
Del 12 al 16 de octubre.
Del 19 al 23 de octubre.
Fracaso de la paritaria
En la negociación paritaria que se desarrolló este jueves en el Palacio Pizzurno, el Gobierno propuso un aumento del 3% para septiembre y octubre, la misma oferta que había realizado en la última reunión, a inicios de mes.
En aquella ocasión, todos los gremios habrían rechazado el ofrecimiento al considerar que todavía restaba recomponer más de un 30% para alcanzar el nivel salarial de fines de 2023.
“Fue tal cual lo que se ofreció el 1° de septiembre, lo que quiere decir que en este cuarto intermedio el Gobierno no modificó la oferta. No hubo discusión, sino un monólogo, con tono autoritario, ofreciendo lo mismo que ya se había rechazado», señaló Cagnacci en conversación con este medio.
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POLITICA
No hubo acuerdo en la paritaria docente universitaria: habrá una nueva marcha y la UBA anunció un paro escalonado de 23 días

Tras la caída de la paritaria universitaria, los sindicatos definieron el jueves 15 de octubre como fecha de la quinta marcha federal educativa. A diferencia de las otras protestas, esta será frente al Palacio de Tribunales. La decisión llegó después de que el Gobierno y los gremios docentes volvieran a reunirse sin lograr un acuerdo.
El Ejecutivo mantuvo la oferta que ya había presentado en el encuentro anterior y ratificó que solo cumple con el aumento del 3% ordenado por la Justicia, mientras los sindicatos la rechazan y sostienen que todavía falta una recomposición de alrededor del 35% para alcanzar el nivel de diciembre de 2023.
Como antesala de la marcha, se resolvieron además un paro para este viernes y para el martes próximo, según supo TN de fuentes del sector. A esa medida se suma otro planteo de algunos gremios de la UBA, que impulsan un paro escalonado de 23 días como medida de fuerza adicional, en momentos en que la negociación paritaria sigue estancada.
“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, se pronunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.
Por su lado, los gremios de ADUBA y APUBA anunciaron en la Universidad de Buenos Aires una medida de fuerza escalonada de 23 días, que comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre, con cese de actividades rotativo por facultad y dependencia. “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, planteó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, quien adelantó que “saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”.
El fracaso de la paritaria
La reunión paritaria, que había comenzado el 1° de septiembre y se retomó este jueves, terminó sin nueva convocatoria y con los sindicatos enfocados en organizar la federal universitaria de octubre. La posición oficial se apoya en el acuerdo del 10 de junio, que el Gobierno toma como referencia de una recomposición del 35%, a la que suma el 3% ofrecido ahora, y argumenta que ya se cumplió con las actualizaciones salariales exigidas judicialmente.
Los gremios rechazan ese cálculo: sostienen que el planteo no pasa por fijar un porcentaje aislado, sino por aplicar el mecanismo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario, y calculan que todavía resta cerca de un 23% de recomposición para empatar con diciembre de 2023.
La discusión salarial universitaria corre además por un carril distinto al del debate del Presupuesto 2027, aunque ambos conflictos se superponen: el proyecto enviado al Congreso fija $7,349 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, una cifra que los rectores consideran insuficiente y que, según el propio Gobierno, implica una suba nominal del 20,6% frente a la transferencia estimada para 2026 y del 53,58% respecto del crédito original, aunque las entidades universitarias cuestionan esa comparación por no descontar la inflación acumulada.
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POLITICA
El Gobierno hizo cambios en la seguridad de la quinta de Olivos y le cedió el control a la Casa Militar

En medio de una catarata de versiones extraoficiales, el Gobierno hizo cambios en la seguridad de la quinta de Olivos, donde vive Javier Milei. Ahora, la responsabilidad la tendrá la Casa Militar, la fuerza que protege al Presidente en la diaria y que depende exclusivamente de la secretaria general, Karina Milei.
Según pudo confirmar de fuentes oficiales, el proceso incluye despidos y reasignación de tareas respecto del personal de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, un área que se diluye con el nuevo esquema.
Ese casillero estaba a cargo de Osvaldo Javier Sosa, sobre el que todavía no hay novedades.
“La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”, confirmaron desde el Gobierno.
En un comunicado oficial, la Casa Rosada alegó que las modificaciones se deben a la necesidad de “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina”. Aseguraron que la llegada del Sumo Pontífice “demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial”.
No obstante, la redirección de la seguridad del Presidente en su residencia coincide también con un alto nivel de hermetismo sobre Milei, que se mueve con una enorme cápsula de custodia en sus actividades públicas, y a quien su entorno cada vez lo nota más preocupado y celoso respecto de las posibles filtraciones de sus reuniones privadas.
Hasta el momento, la Casa Militar fue utilizada por los Milei para impartir órdenes respecto de cómo cubrir los actos de gobierno y limitar la actividad de prensa.
A cargo del coronel Sebastián Ignacio Ibáñez, esta dependencia efectuó la denuncia contra periodistas por supuesto espionaje en la Casa Rosada -desestimada por la Justicia-, es la que lleva adelante los operativos de restricciones a la prensa acreditada y también aquella que impidió a los camarógrafos filmar a Milei mientras caminaba por delante de ellos en algunas de sus últimas apariciones públicas. Es un órgano mixto de militares y civiles.
Según el Gobierno, la transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar se cumplimentará en un máximo de 60 días.
Javier Milei,Conforme a
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