POLITICA
Los docentes de la UBA confirmaron una nueva marcha federal universitaria tras el fracaso de las paritarias
Los docentes y nodocentes universitarios confirmaron que realizarán una nueva Marcha Federal Universitaria tras las truncadas negociaciones entre los gremios y el Ministerio de Capital Humano. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) pidieron que se convalide el 32,5% que estipula la Ley de Financiamiento y fue rechazado por el Gobierno.
En un comunicado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron que realizarán un paro de 23 días de forma escalonada y anticiparon que el próximo 15 de octubre se movilizarán al Palacio de Tribunales para llevar a cabo la quinta edición de la movilización.
Según señalaron, la medida de fuerza se lleva a cabo tras el “incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno” y adelantaron que durante el paro escalonado “se realizará de forma rotativa y con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica entre el lunes 21 del corriente y el jueves 22 de octubre”.
“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, señaló el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.
El conflicto tiene como telón de fondo el fracaso de la ronda paritaria celebrada este jueves en el Palacio Pizzurno, convocada por la Secretaría de Educación. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime. Los representantes gremiales reclamaron, además de esos porcentajes, una recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario. La oferta del Ministerio de Capital Humano fue idéntica a la presentada a comienzos de mes y el resultado no fue distinto.
“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”, declaró a Infobae el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.
Los universitarios se apoyan en el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien ordenó en diciembre pasado que el Ejecutivo cumpla los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que regulan las actualizaciones salariales y presupuestarias. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido oficial para dejar sin efecto esa cautelar, y la Corte Suprema terminó confirmando su vigencia el 25 de junio.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo no cumplió plenamente ninguno de los dos artículos, pese a la medida judicial vigente, y avanza en una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la norma, pero suspendió su ejecución al argumentar que no existían recursos asignados ni fuente de financiamiento definida. Las universidades solicitaron además que se apliquen multas a funcionarios y que se evalúe una causa penal por presunta desobediencia.
Cagnacci fue más allá en su caracterización del conflicto: “Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”.
El paro rotativo comenzará el lunes 21 de septiembre con una jornada en el Rectorado y se extenderá de forma escalonada durante cinco semanas, con una repartición o unidad académica diferente por día. La primera semana, del 21 al 25 de septiembre, abarcará el Rectorado (lunes 21), la Facultad de Medicina (martes 22), la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU, miércoles 23), la Facultad de Farmacia y Bioquímica (jueves 24) y la Facultad de Ingeniería (viernes 25).
La segunda semana, del 28 de septiembre al 2 de octubre, le tocará el turno a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (lunes 28), el Centro Cultural Rojas (martes 29), la Facultad de Ciencias Económicas (miércoles 30), la Facultad de Derecho (jueves 1) y la Facultad de Odontología (viernes 2). En la tercera semana, del 5 al 9 de octubre, cesarán actividades el Colegio Nacional de Buenos Aires (lunes 5), el DOSUBA (martes 6), la Facultad de Psicología (miércoles 7), la Facultad de Ciencias Sociales (jueves 8) y la Escuela Carlos Pellegrini (viernes 9).
La cuarta semana, del 12 al 16 de octubre, contempla la Coordinación de Deportes (martes 13), la Facultad de Filosofía y Letras (jueves 15) y la Facultad de Ciencias Veterinarias (viernes 16). El ciclo de medidas concluirá en la quinta semana, del 19 al 23 de octubre, con el CBC y la Facultad de Agronomía (lunes 19), el Instituto Lanari-Vaccarezza (martes 20), el Instituto Roffo (miércoles 21) y el Hospital de Clínicas (jueves 22).
La marcha del 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales será la quinta movilización federal en defensa de la universidad pública desde el inicio de la gestión de Milei y la segunda en lo que va del año. En paralelo, desde el CIN comienza a evaluarse la posibilidad de advertir que el inicio del ciclo lectivo 2027 podría estar en riesgo, un argumento que algunos gobernadores podrían trasladar al Gobierno dada la presencia territorial de las más de 50 universidades de gestión nacional en todo el país.
POLITICA
Causa Hotesur: qué se investiga, cuándo empieza el juicio y quiénes serán juzgados junto a Cristina Kirchner
El Tribunal Oral Federal 5 fijó para el 19 de marzo de 2027 el inicio del juicio oral y público en la causa Hotesur, en la que la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y el empresario Lázaro Báez, entre otros imputados, deberán responder por presunto lavado de activos vinculado a la explotación de hoteles familiares en El Calafate.
El debate será presencial y quedó desdoblado del expediente Los Sauces, que tramitará por separado.
La investigación se inició en noviembre de 2014, un día después del informe del programa Periodismo Para Todos que mostró que Hotesur S.A., que administraba el hotel Alto Calafate, adeudaba balances y no había actualizado ante la Inspección General de Justicia la composición de su directorio.
La denuncia formal la presentó la entonces diputada Margarita Stolbizer. El expediente recayó primero en el juez Claudio Bonadio, quien allanó una sede porteña que resultó vacía. En 2018, el juez Julián Ercolini procesó a los principales acusados y en 2019 elevó la causa a juicio.
La hipótesis fiscal sostiene que empresas del grupo Báez, en especial Valle Mitre SRL, gerenciaron o contrataron plazas y servicios en Alto Calafate y en la hostería Las Dunas, y que esos pagos habrían servido para ingresar al patrimonio familiar fondos originados en la obra pública vial de Santa Cruz.
Pericias de la instrucción indicaron que en 2010 y 2011 las firmas de Báez giraron decenas de millones de pesos de entonces a Valle Mitre, mientras la familia retiraba montos similares en adelantos de dividendos. La acusación describe contratos confidenciales, a veces retroactivos, y una ocupación de los hoteles que no se correspondería con la facturación.
Concretamente, el requerimiento de elevación a juicio, Valle Mitre le pagó a Hotesur más de $28 millones y otros $6,9 millones por Las Dunas entre marzo de 2010 y mayo de 2013, y los accionistas habrían retirado esos fondos bajo la forma de créditos en lugar de dividendos.
Quiénes serán juzgados en la causa
Además de la expresidenta, serán juzgados Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, el contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia y otros integrantes de directorios y de la operatoria societaria. Florencia Kirchner quedó fuera del juicio por decisión firme de Casación.
El camino procesal tuvo vaivenes desde su inicio. En 2021, el mismo TOF 5, con otra integración, sobreseyó a los imputados antes del debate.
En 2023, la Cámara de Casación revocó esos sobreseimientos y ordenó el juicio. La Corte Suprema confirmó esa decisión a fines de 2024. Recién ahora, con el tribunal integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, hay fecha concreta para Hotesur.
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Por su parte, las defensas niegan simulación. Sostienen que existieron contratos reales, pagos bancarizados, facturas y retenciones, y que la actividad hotelera no prueba por sí sola un lavado.
También plantearon que no puede reabrirse bajo otra carátula lo ya debatido en la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner y Báez tienen condena firme por administración fraudulenta en la obra pública santacruceña.
Hotesur, cristina kirchner, Máximo Kirchner
POLITICA
El Gobierno avanza en la creación de un organismo para concentrar las políticas de seguridad en todo el país
Los diputados ya tienen en sus manos el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que a partir del recrudecimiento de las tensiones con el Reino Unido por la disputa de Malvinas propone la creación del Consejo de Seguridad Nacional, cuya misión será asesorar al Presidente, definir la política del área y ser el órgano rector de todo el sistema de seguridad del país.
Se trata de una figura similar al National Security Council (NSC), que Estados Unidos puso en marcha en 1947, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. En una tendencia frecuente en este tipo de organismos, su integración quedará concentrada en manos leales al Presidente. Sin participación parlamentaria, ni otros mecanismos de control.
En línea con el mensaje del presidente Javier Milei, que amenazó con sanciones más graves a quienes realicen actividades de exploración submarina sin autorización, la iniciativa se presentó en el contexto de la Cuestión Malvinas, lo que podría facilitar la búsqueda de consensos políticos en el Congreso.
Así, es probable que en otros contextos fuera más difícil de conseguir el respaldo parlamentario para determinados puntos de la iniciativa, como el artículo que eleva a rango de ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), con la posibilidad de que motivos razonables de sospecha abran la puerta a la inmovilización de bienes u otras sanciones.
El organismo
El nuevo esquema de la seguridad nacional pasó por distintas áreas del Poder Ejecutivo, desde los ministerios de Defensa y Economía hasta la Cancillería, más el filtro del asesor presidencial Santiago Caputo, principal referente en materia de políticas de inteligencia.
El Consejo de Seguridad Nacional tendrá miembros permanentes y no permanentes. Será encabezado por el presidente de la Nación y tendrá seis miembros permanentes: el jefe de Gabinete (Diego Santilli), los ministros de Relaciones Exteriores y Culto (Pablo Quirno), de Defensa (el militar Carlos Presti) y de Economía (Luis Caputo), el secretario de Inteligencia (Cristian Auguadra) y la secretaria de Legal y Técnica (María Ibarzabal).
Los miembros no permanentes serán convocados por el Presidente en reuniones extraordinarias, según la naturaleza de los asuntos de la agenda, cuando “sus conocimientos o competencias en cuestiones estratégicas resulten de utilidad”, define el proyecto.
Pese a que en un principio se barajaba la posible incorporación de gobernadores, el proyecto que se giró a la Cámara de Diputados no contempla finalmente esa posibilidad.
Las funciones del Consejo de Seguridad Nacional serán asistir al Presidente en todo lo relacionado a la seguridad nacional y elaborar la política de seguridad para todo el país con los lineamientos y objetivos generales del Sistema de Seguridad Nacional.
Una misión del Consejo será elaborar la estrategia nacional para proteger las “Infraestructuras críticas”, un concepto novedoso y de amplitud compleja, que el proyecto define como “las estructuras físicas, redes y sistemas públicos o privados que son indispensables para el funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado”. En esa dimensión, para el desarrollo de sus actividades, el organismo podrá requerir la cooperación de los gobiernos provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de los municipios.
El papel de las Fuerzas Armadas
Según pudo saber , el proyecto modifica artículos de la ley de defensa nacional, que fue establecida con un fuerte consenso político en 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cinco años después de la recuperación de la democracia.
La iniciativa dispone que las Fuerzas Armadas constituyen el “instrumento militar de la defensa nacional y ordena que estén “organizadas, adiestradas y equipadas para su empleo disuasivo y efectivo frente a riesgos, amenazas y desafíos de origen externo”.
Deberán estar preparadas para su empleo en todas las operaciones que fueran necesarias para garantizar la defensa nacional. “Las referidas operaciones incluyen las militares convencionales y no convencionales y a aquellas militares distintas de la guerra”, expresa el proyecto.
El fundamento del gobierno libertario es que “la defensa nacional no puede permanecer prisionera de categorías concebidas para un escenario anacrónico”, explicaron a este diario fuentes del oficialismo.
El nuevo esquema prevé como infracción administrativa la realización de actos que afecten o amenacen la seguridad nacional, cuando provenga de “un Estado extranjero u organización extranjera”.
La infracción se configura cuando dichas conductas busquen atentar contra la integridad territorial o “interferir, mediante medios clandestinos, engañosos o coercitivos, en el proceso decisorio de sus autoridades constituidas”. Y se incorpora un régimen específico para la identificación, planificación y protección de las llamadas infraestructuras críticas.
El proyecto regula con un minucioso nivel de detalle las tareas del Comando Conjunto Aeroespacial destinadas a la protección de la soberanía aeroespacial, marítima, fluvial y lacustre, a lo que añade la custodia de lasd “infraestructuras críticas”.
El Gobierno insiste en que la iniciativa no altera “la vocación pacífica” de la Argentina, ni su compromiso con el derecho internacional y entiende que la Cuestión Malvinas es una causa nacional y permanente. Su defensa exige sostener el reclamo soberano por medios pacíficos, diplomáticos y jurídicos y también exige construir capacidades estatales duraderas que permitan proteger los recursos naturales, las infraestructuras críticas, el Atlántico Sur y los intereses estratégicos de las generaciones presentes y futuras”.
Repercusiones
El exsenador nacional Julio Martínez, quien condujo el Ministerio de Defensa en el gobierno de Mauricio Macri, afirmó que el proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional “profundiza y mejora la ley vigente, al imponer sanciones y penalidades, pero podría ser mejorado”.
Sostuvo que el proyecto deja abierto el régimen de sanciones, más allá de los hidrocarburos y lo extiende a los recursos renovables y no renovables, como la pesca y el turismo. “Lo esgrime de una manera tangencial y abierto a interpretaciones, por lo que debería expresar las penalidades de manera taxativa”.
Martínez considera positivo que las Fuerzas Armadas puedan custodiar objetivos estratégicos. Pero estima que algunos artículos podrían generar susceptibilidades, como el protocolo de intercepción marítima y aérea, ya que roza una línea muy delgada y podría ser interpretada como hostilidad o pretensión de generar conflictos militares”.
En tanto, en apoyo al proyecto, el presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres, dijo que “durante 40 años, la Argentina declamó soberanía, mientras el que explotaba nuestros recursos no pagaba ningún costo”. Y añadió: “Este proyecto invierte la ecuación y convierte al Atlántico Sur en un activo estratégico. Eso es pensar como nación y no como espectador de la propia historia”.
Lucero Torres advirtió sobre un cambio de doctrina. “Se termina la Argentina que discutía la defensa con categorías de la Guerra Fría, mientras las amenazas reales pasaban por los cables submarinos, los fondos buitre de la geopolítica y la presión sobre nuestros recursos. La disuasión no se declama, se construye con capacidades, con reglas de empeñamiento claras y con decisión política”.
Mariano De Vedia,Malvinas,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Al cierre de su gira por EEUU, Jorge Macri ratificó el apoyo del PRO a Milei y sus coincidencias con Trump
(Desde Washington, Estados Unidos) Jorge Macri concluyó su visita a Washington con una reunión con Ilan Goldfajn -titular del BID- y un encuentro en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
Durante la cita con Goldfajn, el jefe de Gobierno porteño presentó la situación fiscal de la Ciudad y su capacidad para sostener los niveles de inversión y acceder al mercado de capitales.
Macri explicó además al titular del BID su estrategia de gestión destinada a la modernización digital del sistema de salud, transporte y movilidad, y a la adaptación al cambio climático y la resiliencia urbana.
En la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Macri fue recibido por Neil Herrington -vicepresidente senior- Anne McKinney -vicepresidenta-, y Lesly Rubio, directora ejecutiva del U.S.-Argentina Business Council.
Durante la reunión se dialogó sobre cómo continuar mejorando la relación económica entre Argentina y Estados Unidos para ampliar el comercio y atraer nuevas inversiones a la Ciudad.
“La Ciudad tiene un rol central en la relación económica entre Argentina y Estados Unidos. Queremos profundizar el vínculo con las empresas estadounidenses y generar las condiciones para que puedan invertir, crecer y generar empleo en la Ciudad”, dijo el jefe de Gobierno ante los empresarios locales.
Macri viajó a Estados Unidos acompañado por Cristian Ritondo -titular del bloque del PRO en Diputados-, Gabriel Sanchez Zinny -jefe de Gabinete de la Ciudad- y Fulvio Pompeo, secretario General del Gobierno porteño.
La primera reunión de la gira fue con Christian Landau, subsecretario de Estado. Landau se crió en América Latina, habla perfecto español y guaraní, y es Big Fan de Milei.
Macri describió a Landau sus coincidencias con la agenda de Trump para la región -desde las inversiones en minerales críticos a la creación del Escudo de la Américas- y ratificó la necesidad de profundizar la alianza con la administración Milei para frenar las ambiciones presidenciales del peronismo.
“No podemos volver a la política pendular”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño ante el subsecretario de Estado.
Macri, junto a Ritondo, Sánchez Zinny y Pompeo tambien visitaron la Casa Blanca para mantener un encuentro con Richard Walters, jefe adjunto de Gabinete de la administración republicana para Asuntos Legislativos y Políticos.
La conversación giró sobre América Latina y la alianza de Milei con Trump. Macri y Ritondo recordaron ante Walters que el PRO siempre estuvo alineado con Estados Unidos y su rechazó a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua es parte de su identidad política.
“Nosotros creemos en este camino, y hay que blindar el cambio para que en Argentina no se vuelva a desviar”, afirmó Ritondo en el cónclave de la Casa Blanca.
Macri y la comitiva oficial concurrieron además al Capitolio, adónde fueron recibidos por Bernie Moreno -senador republicano por Ohio-, María Elvira Salazar -congresista republicana por Florida-, y Michael Rulli, representante republicano por Ohio.
La agenda del jefe de Gobierno con los legisladores se centró en la situación política en América Latina, la transición democrática en Venezuela y las elecciones en Brasil que enfrentan a Lula da Silva con Flavio Bolsonaro.
Macri se hizo tiempo para exponer ante alumnos de la Universidad de Georgetown -agrupados en la organización LAPA-, ofrecer su mirada a inversores convocados por el Citi y describir su cercanía a Estados Unidos durante una charla a puertas cerradas en el Atlantic Council.
“Vinimos a Estados Unidos con dos grandes objetivos. Uno, obviamente, siempre en mi rol de jefe de Gobierno de la ciudad, contarle a la política de los Estados Unidos y a las empresas qué estamos haciendo, cuál es nuestro posicionamiento, cómo defendemos la propiedad privada, cómo hemos recuperado el orden, cómo queremos atraer inversiones privadas nuevas”, dijo Jorge Macri en diálogo con Infobae.
¿Y el segundo objetivo?, preguntó este corresponsal.
-Desde el punto de vista partidario transmitirles a actores del gobierno y empresarios que nosotros creemos en este posicionamiento actual de la Argentina. Creemos en las relaciones estratégicas de largo plazo con Estados Unidos y con las democracias occidentales. Creemos que hay un viento de cola y, por lo tanto, a favor de una consolidación de las centro derechas en Latinoamérica, que siempre para el PRO fue estratégica la relación con Estados Unidos.
corresponsal:Corresponsal en Washington Estados Unidos
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