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POLITICA

De Adorni a emergencia en discapacidad: los gestos de autonomía de Patricia Bullrich en los últimos meses

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Luego de quedar fuera de la batalla por la presidencia en 2023, Patricia Bullrich pactó con Javier Milei y sumó su apoyo total a La Libertad Avanza (LLA), un gesto por el que fue recompensada con la cartera de Seguridad tras el triunfo del libertario sobre Sergio Massa en el balotaje. Los lazos se estrecharon a tal punto que la actual jefa del bloque de senadores del oficialismo abandonó su lugar como presidenta de Pro para afiliarse al partido de gobierno, desde donde se afianzó como una de las figuras clave para la victoria violeta en la Ciudad en los comicios de 2025.

Milei y BullrichLUIS ROBAYO – AFP

Sin embargo, y a pesar de formar parte de la mesa política que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la legisladora se mantuvo fiel a su personalidad y en los últimos meses hizo valer su autonomía con fuertes gestos de diferenciación.

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Desde la exigencia al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para que presentara “lo antes posible” su declaración jurada en medio de la investigación qen su contra por presunto enriquecimiento ilícito hasta sus críticas por el sorpresivo recorte en Discapacidad que el Gobierno estableció tras la presentación del Presupuesto 2026, Bullrich hizo valer su posición dentro del esquema del Gobierno.

Críticas a Adorni

Uno de los primeros gestos de diferenciación de Bullrich tuvo lugar a inicios de mayo, a semanas de haber iniciado la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, por entonces jefe de Gabinete.

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La polémica había iniciado en marzo, cuando trascendió que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, habia viajado junto a la comitiva de Milei en el avión presidencial a Nueva York. Solo una semana después, trascendieron revelaciones sobre un vuelo privado a Punta del Este y la compra de diversas propiedades. La Justicia comenzó a investigar al entonces funcionario y, a mediados de abril, se supo que el exvocero había modificado su declaración jurada presentada en 2024 para incorporar la casa del country de Indio Cuá.

Manuel Adorni en el CongresoSantiago Oroz –

La presión política creció y el exfuncionario nunca pudo explicar con certeza de dónde salieron los fondos para sus viajes y propiedades. Pese a que Milei siguió defendiendo su inocencia, Bullrich decidió diferenciarse al exigirle a Adorni que presentara “lo antes posible” su nueva declaración jurada, con los detalles correspondientes a cada una de sus operaciones.

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, manifestó la senadora el 7 de mayo, en diálogo con A24.

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Patricia Bullrich le pidió a Adorni que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes. Crédito: A24

“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior», agregó en aquella oportunidad.

Mili salió rápidamente a defender a su entonces jefe de Gabinete. “Es que en realidad Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarla”, había dicho el mandatario en declaraciones a LN+.

Semanas más tarde, a fines de mayo, Bullrich volvió a golpear sobre la mesa al presentar su propia declaración por anticipado. Adorni recién hizo lo propio el 11 de junio. El 27 del mismo mes renunció.

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El pliego de Michelli

El 1° de junio Bullrich volvió a desmarcarse fuertemente del Gobierno cuando anunció vía X su decisión de negarse a votar en el Senado el retiro del pliego de la María Verónica Michelli, quien en ese momento era candidata a jueza federal de La Plata. La letrada había sido apuntada por Milei por ser la cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon, quien habia hecho diversas investigaciones que expusieron al oficialismo, como el caso LIBRA o la situación patrimonial de Adorni.

María Verónica MichelliComunicación Senado

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Bullrich en aquella oportunidad.

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Y agregó: “Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”.

Bullrich se desmarcó del Gobierno respecto al retiro del pliego de Michelli y se negó a votar a favor en el Senado

Luego de la polémica, el Gobierno tuvo que ceder y finalmente el pliego se aprobó el 4 de junio en la Cámara alta con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. De los 21 integrantes de LLA en el Senado, 18 optaron por la negativa. Luis Juez estuvo ausente, Francisco Paoltroni se inclinó por el afirmativo y Bullrich se abstuvo.

Reclamos de resultados económicos

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Después de esos dos desmarques, Bullrich volvió a diferenciarse en agosto, aunque esa vez en materia económica. Durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires exigió “más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”.

A su vez, admitió entonces que “algunos sectores están pasando un momento difícil”. Su mensaje fue en el marco del Global Corporate Governance & Latin American Directors Summit Argentina 2026, organizado por el Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP).

Bullrich se desmarcó en materia económica
Bullrich se desmarcó en materia económica

“El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo. Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana. No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro”, dijo en aquella oportunidad y agregó: “Nos debe ocupar que los resultados lleguen a cada familia, pyme y empresa”.

Dudas sobre las PASO

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Bullrich volvió a mostrar autonomía a fines de ese mismo mes, primero con las PASO y luego con el debate en torno a la morosidad. En relación a las primarias, la legisladora puso dudas sobre la posibilidad de suspensión de esa instancia dada la compleja relación de fuerzas en el Senado.

Patricia Bullrich en el SenadoNicolás Suárez

“Hay muchas cosas que cambiar en el sistema político que las vamos a empezar a cambiar y el tema electoral es un tema que va a depender de cuál es la mayoría. Yo hoy no puedo asegurar si las PASO se van a suspender o no, si van a aceptar otra forma de selección de candidatos”, sostuvo Bullrich en diálogo con LN+.

Y aclaró: “Se decidirá en algún momento entre septiembre y octubre”.

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El pasado martes, LLA postergó nuevamente el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales para intentar alcanzar los acuerdos y reunir los votos necesarios para su sanción.

Morosidad

Durante la sesión que se desarrolló el 27 de agosto en la Cámara alta, Bullrich se refirió a la problemática sobre la creciente morosidad en el país y se diferenció, una vez más, de Milei.

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La senadora propuso una solución al aclarar que debería existir un aviso para los deudores sobre los posibles costos que acarreará los préstamos, al apuntarle a los bancos y fintech.

"Me niego a creer que seamos tan p..":Milei dijo que no se puede culpar al Gobierno por la morosidad
«Me niego a creer que seamos tan p..»:Milei dijo que no se puede culpar al Gobierno por la morosidad

“Tiene que aparecer un cartel gigante como en la brutalidad de los etiquetados frontales [de los alimentos], un etiquetado frontal que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000′. Porque con el Costo Financiero Total, uno cuando lo mira en letra chiquitita, se da cuenta del robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”, alertó.

Se trató de una postura diferente a la del Presidente, quien días antes de aquella sesión le había restado importancia al problema. “Nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse”, había asegurado Milei en diálogo con LN+.

Libertad de prensa

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A mediados de septiembre, Bullrich se despegó de la política agresiva que desde el inicio de su gestión adoptó a Milei contra la prensa y un amplio sector del periodismo.

En una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la senadora admitió que había “discusiones respecto a la calidad institucional” y “cuestiones respecto a la prensa” e indicó que no iba a eludir dos temas que consideraba fundamentales como “cuál es el límite del Ejecutivo respecto a un principio general que es la libertad de expresión”.

Patricia Bullrich en el Colegio de Abogados de la CiudadColegio de Abogados

“Desde mi perspectiva, de la manera en que yo me formé, creo en esos valores, creo en la libertad de expresión, creo en la libertad de prensa y creo en la necesidad de ser prudentes respecto a estos actores que están protegidos en nuestra Constitución”, afirmó la exministra de Seguridad.

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Discapacidad

El último capítulo se cerró con una fuerte crítica al Gobierno, y al Ministerio de Economía en particular, por los sorpresivos recortes en discapacidad que dispuso el oficialismo en el proyecto de Presupuesto 2027.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, manifestó la jefa de la bancada de LLA en diálogo con Radio Rivadavia.

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Bullrich sobre el recorte en discapacidad
Bullrich sobre el recorte en discapacidad

El enojo de la exministra se debió a que el ajuste en discapacidad expuesto en el Presupuesto se conoció apenas minutos después de que finalizara la reunión de mesa política del pasado martes.

“Eso es un tema porque, cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, no se entera de las cosas que van exactamente como van a venir”, dijo y completó: “Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. ‘No, yo no sabía’. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones. Es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, reprochó.

Patricia Bullrich

Soledad Aznarez

El jueves último, tras la aprobación en el Senado de los cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal, Bullrich volvió a la carga y redobló sus críticas.

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De golpe viene una bomba atómica, no era lo que se estaba discutiendo”, expresó en conversación con A24. “Yo tengo que ser sincera y decir ‘A mí no me tomen de tonta’ si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas. Yo siento que me toman de tonta”, insistió.




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El Gobierno defiende las penas por “campañas de desinformación”: “No es para perseguir periodistas; es para protegernos”

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El Gobierno defendió este viernes ante el articulado de la ley de Malvinas que propone penas para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”. Esta parte de la iniciativa despertó alarmas en la oposición y en constitucionalistas, que mencionaron la posibilidad de que se use como una herramienta de persecución a la prensa o de control político interno.

La propuesta de la gestión de Javier Milei -que tiene múltiples advertencias por ataques a la libertad de expresión- propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal para poder sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

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Según el Gobierno, con este apartado se busca dotar al Estado de herramientas para protegerse frente a cualquier influencia extranjera. Dicen fuentes oficiales que en la legislación actual no hay “herramientas suficientes” para atacar ese problema.

“La ley Malvinas estipula que tiene que haber una campaña de desinformación general y masiva, y además debe acreditarse que esa campaña fue financiada y por cuenta de un Estado o actor extranjero. No es que el Estado va a penar si una nota es desinformación o engañosa, queremos protegernos de la influencia externa”, dijo ante la consulta de este medio una fuente del Gobierno que tiene injerencia en el tema.

“Se debe acreditar judicialmente que existe una campaña organizada que está siendo pagada, ejecutada y coordinada por influencia extranjera. Se busca el ejercicio soberano, que no seamos víctimas, y protegernos frente a las campañas de desinformación. Nos acusan de querer perseguir a los periodistas, pero bajo ningún concepto es así”, afirmaron desde la Casa Rosada.

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Dentro del propio gobierno hay funcionarios que aseguran estar dispuestos a escuchar las propuestas de la oposición y de los especialistas que permitan “acotar” o “precisar” esta parte del articulado. “Seguro es perfectible”, dijeron, ante las objeciones.

Especialistas que hablaron con ayer refirieron que la letra de la iniciativa es tan amplia que podría derivar en persecución política y hasta censura previa. En la Casa Rosada lo niegan y acusan “mala intención” de los críticos de la ley.

Quien se subió a la polémica este viernes fue el estratega Santiago Caputo, uno de los ideólogos del texto que el Gobierno mandó al Congreso. “No hay un solo renglón en la ley que atente contra el derecho a la libertad de expresión de ningún ciudadano ni ningún periodista. Los que se oponen son agentes ingleses”, dijo el asesor principal del Presidente.

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Los dichos de Caputo refirieron a un mensaje del economista oficialista Federico Domínguez, que se manifestó en igual sentido que las fuentes en off de la Casa Rosada que hablaron con .

“Publicar información falsa es inmoral, pero no es un delito. Diferente es ejecutar en la Argentina una operación de desinformación financiada y dirigida desde el exterior. Eso sí es un delito y atenta contra la seguridad nacional”, dijo Domínguez para defender la ley y fue avalado por Caputo.




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Presupuesto 2027: el Gobierno cede en parte del recorte a Discapacidad y hará un ajuste consensuado con los aliados

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El fuerte ajuste en el área de Discapacidad previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió esta semana al Congreso causó un cimbronazo político que avivó las tensiones con los aliados y desencadenó una serie de reproches internos que tuvieron como principal protagonista a Patricia Bullrich. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que darán marcha atrás con la propuesta del Poder Ejecutivo y adelantaron que están “muy cerca” de llegar a un texto consensuado con los bloques dialoguistas para reemplazar el capítulo de la polémica.

El dolor de cabeza para el oficialismo comenzó el martes por la noche, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Durante las horas de la madrugada, los bloques de la oposición revisaron el plan de gastos e ingresos para ver si había alguna novedad sobre Discapacidad.

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Durante las últimas semanas la oposición impulsó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año. Lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar la ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que genere previsibilidad.

Comisión de Discapacidad

Sin embargo, muchos descubrieron el miércoles por la mañana que el proyecto de Presupuesto 2027 contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Entre los que fueron tomados por sorpresa se destacan tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado.

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La falta de coordinación multiplicó las especulaciones ya que ambos comparten la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

Cerca de Menem mantuvieron el tono componedor y evitaron el pase de facturas. “El Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas”, explicaron y agregaron que el texto se venía trabajando hace cuatro meses y “quedó viejo”. Pero Bullrich, fiel a su estilo confrontativo, pidió que “no la tomen de tonta”, apuntó abiertamente contra Economía y reclamó que temas sensibles como este sean discutidos con anticipación en la Mesa Política.

Patricia Bullrich

En concreto, el texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

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Por otro lado, establece la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC).

Luego de que bajara un poco la espuma mediática, en la Cámara de Diputados los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y les aseguraron que los artículos originales del Presupuesto sobre Discapacidad serán eliminados. “Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron.

Ante la consulta de Infobae, tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque todavía dan algunas señales de desconfianza. “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”, resumieron desde el partido amarillo.

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Martín Menem y Cristian Ritondo

“El asunto quedó un poco revuelto. Falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones. Esperemos a la semana que viene cuando veamos todo por escrito”, coincidió un integrante del bloque UCR.

El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. A pesar de que el oficialismo planteaba que estaba cumpliendo con toda la ley, tanto el PRO como la UCR venían reclamando un cronograma claro de pagos para saldar lo adeudado.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la nueva propuesta apuntará a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.

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Por otro lado, el nomenclador se actualizará por IPC en forma bimestral (no mensualmente como dice la ley de emergencia) y será universal. Además, a pedido de los aliados, las pensiones podrán recibirse de forma complementaria a un empleo registrado.

En las próximas semanas el oficialismo buscará quedarse con el dictamen de mayoría en comisión para bloquear cualquier intento opositor de llevar el tema al recinto. Si lo logran, el texto consensuado se incluirá directamente en el Presupuesto 2027.

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El Gobierno está dispuesto a introducir cambios en la parte de discapacidad del presupuesto

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Tras el escándalo por el apartado de Discapacidad incluido en el proyecto de ley de presupuesto, el Gobierno trabaja ahora en una salida “diagonal” del conflicto. Según aseguraron fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso consultadas por , se harán cambios en el texto de las proyecciones económicas para 2027, aunque la Casa Rosada no piensa ceder en todos los puntos objetados.

De esta forma, el Gobierno buscará calmar el malestar de propios y aliados por esta descoordinación. La conversación se enturbió porque el proyecto que mandó el Ejecutivo a Diputados elimina la actualización obligatoria de las prestaciones en discapacidad y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios. Esto no se habría acordado en la mesa política del Gobierno, según ventiló la senadora Patricia Bullrich.

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El plan que salió del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y pasó el filtro último del área de Legal y Técnica dejó esquirlas en el oficialismo y sus socios de Pro y la UCR. Una parte del Gobierno que defendió la redacción dijo que en el presupuesto se conservó el espíritu de mantener el equilibrio fiscal que pregona el presidente Javier Milei.

Estallada la polémica, voces que conocen la diaria del Poder Ejecutivo contaron a que hubo una reunión virtual entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la diputada nacional de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado (que está a cargo de la conversación con los aliados por discapacidad y es ex Pro). Luego se sumó a la conversación el jefe de Diputados, Martín Menem.

De esta forma, terminaron de delinear el punteo que el Ejecutivo pondrá a disposición de los aliados para conseguir un dictamen que este grupo llama “superador” respecto de la atención para los discapacitados.

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En el centro de la foto, la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, elegida en Diputados como la encargada de la negociación por el tema discapacidad Pilar Camacho

El Gobierno va a plantear en comisión que, en vez de prorrogar una emergencia, es necesario lograr una legislación permanente, para así sustituir elementos excepcionales por reglas de fondo. De esta manera, dirá el oficialismo, podrán sacar cuentas y reflejar eso en el proyecto de presupuesto 2027, con objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control.

Los diputados libertarios que defiendan esa postura criticarán en comisión la idea del kirchnerismo de prorrogar la emergencia, que vence a fin de año. Lo harán con énfasis en que solicitar nuevas prórrogas representa una continuidad del modelo excepcional, mientras que establecer nuevos parámetros permitirá ofrecer al sector privado un marco normativo con un horizonte claro y más largo.

“Vamos por un texto consensuado que pase de una situación de excepcionalidad (como la ley de emergencia) a una de permanencia. Estamos trabajando intensamente en lograr un buen dictamen”, afirmó a una alta fuente de la gestión nacional.

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Otra, también al tanto de lo que ocurre en la sede del Poder Ejecutivo, ahondó: “El Gobierno va a ceder, pero no en todo; se irá hacia un punto intermedio”.

No son pocos los que especulan con que el Gobierno endureció su posición sobre la discapacidad en el presupuesto 2027, pese a que en Diputados se debatía otra cosa, para así “corregir y encontrar una diagonal”. Las tensiones dentro de la Casa Rosada entre los negociadores (con la dupla Santilli-Menem) y los fiscalistas (con los Caputo, en línea con Milei) seguramente se plasmarán en la próxima reunión de mesa política, el martes próximo.

¿Cuáles serían los pasos hacia adelante? La Casa Rosada pretende llevarles a sus aliados este texto propio, que tenga en cuenta parte de las conversaciones que ya estaban librándose y que se detonaron la madrugada que llegó el detalle del presupuesto. Esta nueva redacción es la que delinearon en esa llamada Santilli, Menem y Rodríguez Machado.

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Si los aliados aceptan, la intención del Gobierno es lograr un dictamen favorable el miércoles próximo, como establecía el plan original.

El ministro de Economía, Luis Caputo, delineó el Presupuesto 2027, que contempla los acuerdos con el FMI Gustavo Garello – AP

De ahí en adelante hay distintas opciones sobre cómo ir a la sesión. Una es tratar únicamente discapacidad y lograr la media sanción, para después adaptar el presupuesto a esa aprobación de la Cámara baja ya vigente. Otra es esperar a que se dictamine sobre morosidad e ir a sesión con sendos temas. La tercera -que es la que toma más fuerza por estas horas en el ala política de la administración nacional- es sacar dictamen de discapacidad, pero canalizar los cambios vía presupuesto. Entonces, cuando se traten las proyecciones para 2027, se aprobarían ahí las nuevas reglas para el área en cuestión.

En cualquier caso, fuentes importantes de esta administración aseguraron: “Lo que acordemos tendrá que ir al presupuesto en la misma línea”.

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La AUH y las demás prestaciones

Otro debate en el Congreso se dará por la propuesta del Ministerio de Economía de que tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como el resto de las asignaciones familiares dejen de actualizarse automáticamente en base a la inflación de dos meses previos.

Respecto de este tema, fuentes de la Casa Rosada alegaron que en los tres presupuestos que mandó esta gestión siempre se estipuló de esa manera, y que después este cambio no fue aprobado por los legisladores, por lo que se mantuvo el esquema ya vigente. En el oficialismo no tienen expectativas de que prospere la anulación de la movilidad.

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Desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que hay un “compromiso” con garantizar la cobertura de las prestaciones sociales y que, más allá de si se mantiene o no la movilidad, esa cartera tiene un acuerdo asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la cobertura orbite alrededor del 95% de la Canasta Básica Alimentaria.




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