POLITICA
El Gobierno defiende las penas por “campañas de desinformación”: “No es para perseguir periodistas; es para protegernos”
El Gobierno defendió este viernes ante el articulado de la ley de Malvinas que propone penas para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”. Esta parte de la iniciativa despertó alarmas en la oposición y en constitucionalistas, que mencionaron la posibilidad de que se use como una herramienta de persecución a la prensa o de control político interno.
La propuesta de la gestión de Javier Milei -que tiene múltiples advertencias por ataques a la libertad de expresión- propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal para poder sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
Según el Gobierno, con este apartado se busca dotar al Estado de herramientas para protegerse frente a cualquier influencia extranjera. Dicen fuentes oficiales que en la legislación actual no hay “herramientas suficientes” para atacar ese problema.
“La ley Malvinas estipula que tiene que haber una campaña de desinformación general y masiva, y además debe acreditarse que esa campaña fue financiada y por cuenta de un Estado o actor extranjero. No es que el Estado va a penar si una nota es desinformación o engañosa, queremos protegernos de la influencia externa”, dijo ante la consulta de este medio una fuente del Gobierno que tiene injerencia en el tema.
“Se debe acreditar judicialmente que existe una campaña organizada que está siendo pagada, ejecutada y coordinada por influencia extranjera. Se busca el ejercicio soberano, que no seamos víctimas, y protegernos frente a las campañas de desinformación. Nos acusan de querer perseguir a los periodistas, pero bajo ningún concepto es así”, afirmaron desde la Casa Rosada.
Dentro del propio gobierno hay funcionarios que aseguran estar dispuestos a escuchar las propuestas de la oposición y de los especialistas que permitan “acotar” o “precisar” esta parte del articulado. “Seguro es perfectible”, dijeron, ante las objeciones.
Especialistas que hablaron con ayer refirieron que la letra de la iniciativa es tan amplia que podría derivar en persecución política y hasta censura previa. En la Casa Rosada lo niegan y acusan “mala intención” de los críticos de la ley.
Quien se subió a la polémica este viernes fue el estratega Santiago Caputo, uno de los ideólogos del texto que el Gobierno mandó al Congreso. “No hay un solo renglón en la ley que atente contra el derecho a la libertad de expresión de ningún ciudadano ni ningún periodista. Los que se oponen son agentes ingleses”, dijo el asesor principal del Presidente.
Los dichos de Caputo refirieron a un mensaje del economista oficialista Federico Domínguez, que se manifestó en igual sentido que las fuentes en off de la Casa Rosada que hablaron con .
“Publicar información falsa es inmoral, pero no es un delito. Diferente es ejecutar en la Argentina una operación de desinformación financiada y dirigida desde el exterior. Eso sí es un delito y atenta contra la seguridad nacional”, dijo Domínguez para defender la ley y fue avalado por Caputo.
penas para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”.,https://t.co/1zefGGbByk,September 18, 2026,Paula Rossi,Malvinas,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Ante los coqueteos de Macri con La Libertad Avanza, Lacunza no descarta competir en una reedición de Cambiemos en 2027
Con la mira puesta en las elecciones 2027, el expresidente Mauricio Macri juega a dos bandas. Mientras coquetea con la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) en todo el país, en el cual trabajan sus emisarios de Pro en los encuentros en la Casa Rosada, deja correr la precandidatura a presidente del exministro de Hacienda Hernán Lacunza.
Frente a este escenario, Lacunza, entusiasmado con la aventura a la que se lanzó hace poco más de un mes, no descarta competir en un frente que reúna a dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y el Partido Socialista –al estilo Cambiemos– en caso que las negociaciones de Pro con LLA finalmente dieran sus frutos.
En rigor, fue el exsenador e histórico dirigente de la UCR Ernesto Sanz quien activó el miércoles esta posibilidad, al decir que los radicales saldrían “al rescate” de Lacunza si Pro bajara su precandidatura por un acuerdo con LLA. Lo calificó de “buen tipo” y “valioso para la Argentina que viene”, en una entrevista televisiva con A24.
También afirmó que le “entusiasma” la chance de un “simil Cambiemos del 2015”, que compita con precandidatos de cada espacio en unas Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), en caso que no avance la reforma política del oficialismo en el Congreso, que dispone su eliminación.
En línea con esta propuesta que Sanz hizo pública de forma indirecta a Lacunza, el precandidato respondió ayer en el mismo medio que “sí” aceptaría una candidatura por un espacio que recrease Cambiemos, aunque matizó: “Eso es el final, no el principio [de la carrera presidencial]”.
Ante la consulta de , cerca de Lacunza señalaron que “es prematuro pensar en una alianza”, aunque destacaron que tiene “coincidencias y afinidades” con Sanz. En paralelo, dijeron que el exministro es “escéptico” sobre la posibilidad de que Pro consiga un acuerdo electoral con LLA y remarcaron que está “entusiasmado” con la postulación. “No ve un escenario de bajarse [de la contienda]. No depende de lo que hagan otros dirigentes”, afirmaron.
El precandidato aspira a recorrer un largo camino hacia los comicios presidenciales de 2027. De hecho, ayer anunció que se tomará licencia como vicepresidente de Racing. El economista, que asumió hace un año y medio en la cúpula de la institución, señaló que su distanciamiento radica en que le “ha costado compatibilizar agendas” luego de su relanzamiento en la política.
Su desembarco en la contienda presidencial generó reacciones de lo más diversas dentro de Pro. Los dirigentes se dividieron entre quienes apoyan su figura; los que valoran su vocación, pero sin trabajar junto a él; y referentes que la rechazan de forma rotunda, grupo compuesto fundamentalmente por acuerdistas.
Mientras, con el visto bueno de Macri, Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en la Cámara baja, y el diputado Fernando de Andreis, secretario general del partido y alter ego de Macri, negocian con el Gobierno “un frente común en todas las provincias” en los encuentros quincenales que mantienen en la Casa Rosada.
“Cuando se reúnen, ¿de qué discuten? De las listas de diputados y senadores, de que ‘en mi territorio no me compitas’ y de reforzar con cargos en el Ejecutivo. Cargos, listas, territorios: ¿dónde está la gente ahí?”, lanzó ayer Lacunza sobre la mesa de diálogo que integran referentes de Pro y LLA.
Luego de la entrevista del exministro, Sanz agregó en las últimas horas que, si Macri llegara a un entendimiento electoral con LLA, habrá dirigentes de Pro que “quedarán en libertad de acción” –aquellos que se oponen a una sociedad con el Gobierno, como Lacunza, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal o la legisladora porteña Silvia Lospennato–, pasibles de sumarse a un armado con espacios como la UCR, la CC y el socialismo. “Es un mensaje de fortalecimiento a Lacunza y una alerta para Pro”, sostuvo Sanz sobre sus propios dichos, en conversación con .
El dirigente mencionó que dialoga con Lacunza; con el extitular de Diputados del macrismo, Emilio Monzó –que apoya una postulación del empresario Jorge Brito–; con el diputado de la CC, Maximiliano Ferraro; y con la dirigente socialista Mónica Fein.
Reaparece Macri, ¿sin Lacunza?
Macri encabezará un acto partidario el próximo viernes en Jujuy, en una nueva escala de la gira “Próximo Paso” que inició en marzo pasado. Esta edición, correspondiente al noroeste argentino, será la primera después de tres meses, un período en el que comenzaron las negociaciones con el Gobierno y surgió la candidatura del exministro de Hacienda.
Sin embargo, Lacunza no participará del acto en el norte, al menos de momento. Una alta fuente partidaria dijo a que el precandidato no figura en la lista de oradores del evento –que incluye a Macri, De Andreis y dirigentes provinciales–. “No creo que participe”, sostuvo.
En el entorno de Lacunza argumentaron que tiene una “agenda propia en el interior y en Buenos Aires”, relacionada con su postulación, y que suspender las actividades ya pactadas tendría un “costo”. “Lo de Jujuy surgió a principios de esta semana. Si vale la pena lo hace, pero es un acto regional y no se va a decidir nada”, relativizó la fuente consultada, que agregó que el economista tiene planificado ir a la provincia más adelante.
El expresidente aún no brindó respaldo público a Lacunza, aunque tampoco se refirió a cuestiones políticas desde su lanzamiento. El precandidato asegura que cuenta con su aval y que lo ratificó después de reanudadas las conversaciones con LLA. En medio del equilibrismo que ensaya Macri, cualquier alusión –u omisión– al precandidato durante el discurso en Jujuy tendrá una lectura política.
Lo mismo ocurrirá respecto de las negociaciones con LLA. En los anteriores actos del tour federal, Macri no escatimó en cuestionamientos hacia el gobierno nacional. ¿Qué posición adoptará ahora, que envía quincenalmente emisarios a Balcarce 50?
En paralelo, fuentes partidarias confirmaron a que Macri mantendrá un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, durante su visita al distrito, y no descartaron que el mandatario provincial radical tenga “alguna participación” en el acto, que se celebrará en el Hotel Altos de la Viña en San Salvador de Jujuy.
A la gira solo le queda pendiente la región patagónica, donde se planea una escala para los próximos meses. En tren de reactivar a Pro, arengar a los dirigentes locales y exhibir músculo político, este año Macri encabezó actos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco, Mendoza y Santa Fe.
Luego del 26 de junio –jornada en la que lideró la última edición de la gira, en Mar del Plata–, partió hacia el Mundial de fútbol que se realizó en Estados Unidos, México y Canadá (al que fue en calidad de titular de la Fundación FIFA) y bajó el perfil.
Cerca suyo argumentaron que el freno de tres meses en los actos partidarios y la menor exposición del expresidente se debió a cuestiones de “agenda”. Ayer, Macri compartió imágenes que fueron capturadas mientras dictaba una clase en la Bologna Business School.
Mauricio Macri,activó el miércoles esta posibilidad,licencia como vicepresidente de Racing,negocian con el Gobierno,comenzaron las negociaciones con el Gobierno,pic.twitter.com/7IKIJsH6Nt,September 16, 2026,View this post on Instagram,Denise Chmois,Hernán Lacunza,Mauricio Macri,Conforme a
POLITICA
La mesa política busca aplacar las internas por el Presupuesto y evalúa una reunión con el bloque de Diputados
El proyecto de Presupuesto para el 2027 dejó más controversias al interior del Gobierno que una discusión pública sobre su contenido mismo. El Ministerio de Economía envió la versión a la cúpula del Gobierno para que se firme al filo del plazo legal para presentarlo y de un día para el otro, los negociadores libertarios en ambas cámaras del Congreso se desayunaron cambios que no estaban previstos en las tratativas que habían encaminado desde hace semanas con bloques aliados.
El clima sigue espeso al interior del Gobierno. La mayoría de los integrantes de la Mesa Política decidió bajar las armas. “Ya no tiene sentido seguir puteando al aire. Lo único que importa es llevarnos el Presupuesto”, avisan desde uno de esos despachos, reconociendo la bronca que se generó con la situación evidenciada el miércoles (el día después de la presentación del proyecto), cuando comenzaron a emerger artículos que modificarían las prestaciones por Discapacidad y la actualización de la AUH.
Ambos temas serán abordados en la próxima reunión de Gabinete a la que probablemente convoque el presidente Javier Milei para este lunes. También se tratará todo en la reunión de Mesa Política, la instancia de debate del círculo más chico del Gobierno que está siendo cuestionada por diferentes integrantes. Quien lo hizo de manera pública fue Patricia Bullrich, quien en diferentes reportajes cuestionó que los recortes en esos segmentos no fueron sincerados en la reunión que hubo horas antes de que el Ejecutivo presentara el proyecto.
Solo un puñado de funcionarios conocía la letra chica del Presupuesto 2027, lo que deja entrever que la totalidad de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional tampoco lo conocían. En el Gobierno marcan que tienen intenciones de subsanar esa situación hacia adelante. “Estamos planificando reuniones con legisladores nacionales con Economía para sacar dudas sobre todo lo que hace el proyecto”, confirmó una fuente de la mesa política a Infobae.
La persona a la que aluden es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que está a cargo de confeccionar y maniobrar la política fiscal del Gobierno para asegurar la política de déficit cero. Más de un integrante del Gobierno tiene intenciones de que se haga un encuentro con diputados -y en lo posible, sumándole senadores- para informarles sobre las nociones básicas del proyecto presupuestario.
La posibilidad de hacer un encuentro con el encargado de Hacienda es potencial y no algo concreto. En otros despachos afirman que no tienen esa información, aunque en otros afirman que “es probable porque el año pasado se hizo así”. Lo que es seguro es que Guberman irá al Congreso a dar su explicación oficial sobre el proyecto que confeccionó con la cúpula del Ministerio de Economía. La exposición del año pasado fue algo accidentada. Guberman fue acompañado por el entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y expusieron sin responder preguntas, evidentemente molestos por las interrupciones de diferentes diputados de la oposición más dura contra el Gobierno.
El tándem compuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a esquematizar la hoja de ruta para conseguir adhesiones de bloques aliados y gobernadores. Algunos de ellos confiesan en privado su cansancio por el mecanismo de negociación del Gobierno y la naturaleza de los proyectos que envía la Casa Rosada. “Hacen proyectos enormes y te quieren colar cambios profundos en un artículo cortito. Algunos ya nos sentimos boludeados”, afirmó un gobernador en diálogo con Infobae.
Ambos trabajan para evitar que se produzca un revés al momento de tratarlo en alguna de las dos cámaras. El antecedente más próximo es el del último presupuesto. Al momento de llevarlo a votación, Diputados rechazó el capítulo que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En el oficialismo y la oposición dialoguista existe la voluntad de buscar una suerte de “punto medio que no rompa con el equilibrio fiscal”. “Para eso tenemos que generar un camino de confianza”, apuntan cerca de un funcionario del Gobierno.
La confianza también debe ser interna, porque el vínculo entre varios de los integrantes de la Mesa Política quedó astillado después de los sucesos de los últimos días. “Estamos armando una matriz para encarar las conversaciones”, puntualiza uno de ellos. El factor decisivo será que los dirigentes de la esfera política del Ejecutivo logren coordinar las negociaciones con el ala económica, compuesta en su estrato más alto por el mismísimo Javier Milei y el ministro Luis Caputo.
POLITICA
Presupuesto 2027: el Gobierno cede en parte del recorte a Discapacidad y hará un ajuste consensuado con los aliados
El fuerte ajuste en el área de Discapacidad previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió esta semana al Congreso causó un cimbronazo político que avivó las tensiones con los aliados y desencadenó una serie de reproches internos que tuvieron como principal protagonista a Patricia Bullrich. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que darán marcha atrás con la propuesta del Poder Ejecutivo y adelantaron que están “muy cerca” de llegar a un texto consensuado con los bloques dialoguistas para reemplazar el capítulo de la polémica.
El dolor de cabeza para el oficialismo comenzó el martes por la noche, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Durante las horas de la madrugada, los bloques de la oposición revisaron el plan de gastos e ingresos para ver si había alguna novedad sobre Discapacidad.
Durante las últimas semanas la oposición impulsó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año. Lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.
Para frenar la ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que genere previsibilidad.
Sin embargo, muchos descubrieron el miércoles por la mañana que el proyecto de Presupuesto 2027 contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Entre los que fueron tomados por sorpresa se destacan tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado.
La falta de coordinación multiplicó las especulaciones ya que ambos comparten la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.
Cerca de Menem mantuvieron el tono componedor y evitaron el pase de facturas. “El Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas”, explicaron y agregaron que el texto se venía trabajando hace cuatro meses y “quedó viejo”. Pero Bullrich, fiel a su estilo confrontativo, pidió que “no la tomen de tonta”, apuntó abiertamente contra Economía y reclamó que temas sensibles como este sean discutidos con anticipación en la Mesa Política.
En concreto, el texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, establece la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC).
Luego de que bajara un poco la espuma mediática, en la Cámara de Diputados los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y les aseguraron que los artículos originales del Presupuesto sobre Discapacidad serán eliminados. “Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron.
Ante la consulta de Infobae, tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque todavía dan algunas señales de desconfianza. “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”, resumieron desde el partido amarillo.
“El asunto quedó un poco revuelto. Falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones. Esperemos a la semana que viene cuando veamos todo por escrito”, coincidió un integrante del bloque UCR.
El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. A pesar de que el oficialismo planteaba que estaba cumpliendo con toda la ley, tanto el PRO como la UCR venían reclamando un cronograma claro de pagos para saldar lo adeudado.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la nueva propuesta apuntará a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.
Por otro lado, el nomenclador se actualizará por IPC en forma bimestral (no mensualmente como dice la ley de emergencia) y será universal. Además, a pedido de los aliados, las pensiones podrán recibirse de forma complementaria a un empleo registrado.
En las próximas semanas el oficialismo buscará quedarse con el dictamen de mayoría en comisión para bloquear cualquier intento opositor de llevar el tema al recinto. Si lo logran, el texto consensuado se incluirá directamente en el Presupuesto 2027.
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