El fiscal Diego Velasco apeló ante la Cámara Federal de Casación la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de partir en dos el debate por las causas Hotesur y Los Sauces y busca que Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el resto de los imputados enfrenten un solo juicio oral.

La fiscalía sostiene que separar los expedientes puede debilitar la acusación por lavado de activos y asociación ilícita contra los imputados y que pone en riesgo la visión de conjunto de la maniobra investigada.

Los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni resolvieron de manera unánime que el juicio por Los Sauces comience el 23 de octubre y que el de Hotesur arranque el 19 de marzo de 2027. Ambos procesos serán presenciales.

El TOF argumentó que dividirlos ahorraría tiempo, reduciría la cantidad de testigos y abogados en la sala y haría más ágil el debate. Cada expediente tiene cerca de 200 testigos propios y apenas una veintena de coincidencias.

Velasco aclaró en su escrito que la apelación es únicamente en contra del desdoblamiento de los juicios y pidió que ambos procesos comiencen el próximo 23 de octubre y ante un mismo tribunal.

Los jueces justificaron la separación en que, pese al marco histórico común, ambas causas tienen objetos procesales distintos: en Hotesur se investiga el circuito de fondos de Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre, mientras que en Los Sauces se suman también pagos del Grupo Indalo por alquileres de inmuebles.

El tribunal advirtió que un juicio conjunto, con casi 200 testigos por expediente, podría extenderse más de dos años, y habilitó además los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria de enero para las audiencias de Los Sauces.

Hotesur

La investigación se inició en noviembre de 2014, un día después del informe del programa Periodismo Para Todos que mostró que Hotesur S.A., que administraba el hotel Alto Calafate, adeudaba balances y no había actualizado ante la Inspección General de Justicia la composición de su directorio.

La denuncia formal la presentó la entonces la diputada Margarita Stolbizer. El expediente recayó primero en el juez Claudio Bonadio, quien allanó una sede porteña que resultó vacía. En 2018, el juez Julián Ercolini procesó a los principales acusados y en 2019 elevó la causa a juicio.

La hipótesis fiscal sostiene que empresas del grupo Báez, en especial Valle Mitre SRL, gerenciaron o contrataron plazas y servicios en Alto Calafate y en la hostería Las Dunas, y que esos pagos habrían servido para ingresar al patrimonio familiar fondos originados en la obra pública vial de Santa Cruz.

Además de la expresidenta, serán juzgados Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, el contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia y otros integrantes de directorios y de la operatoria societaria. Florencia Kirchner quedó fuera del juicio por decisión firme de Casación.

Los Sauces

La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.

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Oficialismo y oposición aceleran las conversaciones. El próximo miércoles se deberían dictaminar los proyectos sobre la emergencia en discapacidad en medio de la “bomba” -como lo catalogó Patricia Bullrich– que fijó el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que desfinanciaba al sector.

En ese marco, la oposición encabezada por el bloque de Unión por la Patria emplazó a las comisiones para tratar la prórroga de la emergencia, algo que según votaron los diputados por unanimidad se tiene que realizar este miércoles.

Por un lado, la oposición buscará avanzar con la prórroga. Por el otro, el oficialismo que asegura que trabaja en una ley “superadora” pero que tiene que desandar decisiones políticas.

“Está casi todo listo”, señaló una fuente del bloque de LLA que está al tanto de lo que sería el texto que llevarán a la comisión. “Mantuvimos reuniones con las áreas de discapacidad y salud, con Economía y con Legal y Técnica de la Nación y también con el ala política, que es el que definió que avancemos, y acordamos los lineamientos básicos. Ahora estamos en conversaciones con los aliados para terminar de pulir el texto”, contó la misma fuente.

Tuvieron un rol clave Martín Menem, Diego Santilli y, con menos visibilidad pero con mayor exposición pública, Patricia Bullrich; avaló estos avances frente a los sectores “técnicos” que armaron el Presupuesto.

Uno de los puntos más importantes que elimina el proyecto de Presupuesto y que generó el reclamo fue el nomenclador, algo fundamental porque establece precios que deben cobrar los prestadores y obliga a las obras sociales y prepagas a pagar ese piso. Es decir, universaliza la prestación.

“Volveríamos con el nomenclador”, señaló la fuente libertaria. El punto no es solo reponerlo sino cómo será el ajuste del mismo. En el texto del Presupuesto se establece que será trimestral y que lo fijará de manera discrecional la Secretaría de Discapacidad –hasta ahora era mensual y atado al IPC–. El proyecto de ley iría por un ajuste bimestral atado a la inflación.

El otro punto es el acceso a la pensión por discapacidad. En ese sentido, el proyecto libertario endurece los requisitos. Aún resta saber si se mantiene que una persona con pensión por discapacidad pueda mantener el beneficio si consigue un trabajo registrado o si, como establece el proyecto del Presupuesto, no son compatibles.

El oficialismo apura las conversaciones con los aliados. La encargada es Laura Rodríguez Machado y Silva Giudici, dos ex PRO que se encolumnan con Patricia Bullrich, la senadora libertaria que lanzó fuertes críticas al Gobierno por el texto que incluyeron en el Presupuesto.

Un dato no menor y que tiene que ver con el apoyo del PRO y de la UCR es que estos están pidiendo que el gobierno salde la deuda con los prestadores que acumula desde que asumió en diciembre de 2024 y hasta finales de 2024. Tanto es así que en la última sesión, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, solo tomó la palabra para exigirle al oficialismo que regularice la situación.

El oficialismo le baja el tono a la discusión. “El Presupuesto se armó cuando no estaba en el debate la prórroga de la ley”. Muchos entienden que eso no es así -como por ejemplo Bullrich- ya que todos los legisladores se enteraron cuando empezaron a leer el documento que envió Casa Rosada.

Lo que resta es una discusión política. Si prima el posicionamiento de los sectores que avanzaron con el ajuste o si los que vienen trabajando en una ley “superadora”.

Por las dudas avisan que si la oposición se impone “van seguro al veto, porque si la Casa Rosada lo vetó el año pasado lo hará este. Y nosotros este año tenemos el número para resistirlo”; y señalan que es mejor “tener una ley y salir de la emergencia. Que quede en el plexo normativo”.

La primera definición de esta discusión que tiene a tres actores políticos: (la oposición, el oficialismo parlamentario y la Casa Rosada) será este miércoles cuando haya que dictaminar. Quien junte la mayor cantidad de firmas del plenario de comisión de Discapacidad y Presupuesto se ganará el derecho a ser tratado primero en el recinto.