POLITICA
Diputados: la Comisión de Salud dictaminó la creación de un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo

La Comisión de Salud dictaminó la creación de un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs), que tomó como base el proyecto de la diputada nacional Silvana Giudici (LLA). “A partir de esta ley nunca más en la Argentina los medicamentos de alto riesgo como el fentanilo llegarán al brazo de los pacientes sin dejar una huella trazable y verificable”.
Ante la crisis sanitaria que produjo el fentanilo contaminado en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo el año pasado, con un saldo de más de 100 muertos. Tras el caso, la Cámara baja creó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora, que Giudici integró y cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos.
Este debate comenzó el 8 de septiembre y el dictamen incluyó también los proyectos de los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Victoria Tolosa Paz (UxP), y las propuestas de Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Marcela Pagano (Coherencia) y las exdiputadas Danya Tavela (UCR) y Mónica Fein (Socialista).
Silvana Giudici expresó: “Los responsables de esta crisis sanitaria están presos, los dueños de HBL Pharma son criminales y como tales deberán pagar su pena, las vidas lamentablemente no vuelven, pero el Congreso hoy se pone a la altura de las circunstancias y en lo que le compete refuerza el marco regulatorio para que cualquier evento adverso detectado en el sistema hospitalario sea aislado, investigado y neutralizado en tiempo real” finalizó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires.
Postura de UxP
Desde la oposición fundamentó la postura de Unión por la Patria (UxP) la diputada Victoria Tolosa Paz: “Con esta ley buscamos que ningún medicamento de alto riesgo pueda quedar fuera del radar del Estado: saber de dónde salió, por dónde pasó, a qué institución llegó y a qué paciente se administró. Si aparece una sospecha de contaminación, que la información circule inmediatamente y el Estado pueda inmovilizar el lote en todo el país antes de que haya más personas afectadas”.

Mientras que Pablo Yedlin agregó: “La propuesta original de la legisladora Silvana Giudici fue modificada y ampliada por varios bloques, avanzando en la dirección correcta, pero está muy lejos de ser la solución adecuada”, explicó el diputado nacional Pablo Yedlin, integrante de la Comisión.
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Yedlin sostuvo que “será difícil de cumplir en las condiciones actuales en que se encuentra ANMAT que es la autoridad de aplicación. ANMAT no tiene ni los inspectores, ni el equipamiento informático, entre otras falencias, que son responsabilidad del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones”.
La presencia de familiares
En el debate en la Comisión de Salud, hicieron uso de la palabra algunos familiares de las víctimas. “Reducir el tema a la trazabilidad solamente es un error, la Comisión del Fentanilo hizo muchos más aportes que no están siendo tenidos en cuenta”, explicaron.
“Si aprueban una ley a la medida de sus conveniencias políticas o sectoriales, sepan que no estarán protegiendo a la población. Estarán siendo cómplices de la desprotección y del silenciamiento al que nos vienen sometiendo”, destacó Daniel Oviedo, papá de Daniel Sebastián Oviedo, fallecido por el fentanilo adulterado el 17 de mayo de 2025 en el Hospital Italiano de la Plata.
Desde el bloque Coherencia, la diputada Marcela Pagano, les pidió perdón a los familiares de las víctimas “como parte del Estado ya que llegamos muy tarde, porque las pérdidas que sufrieron son irreparables”.
La norma dictaminada
El proyecto indica el deber de notificación inmediata por parte de las instituciones de salud públicas y privadas respecto del uso de medicamentos de alto riesgo, la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios y la aparición de eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública.
La propuesta establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de los fármacos inyectables parenterales (intravenosos, intramusculares, intratecales, entre otros) y de sus materias primas. Exige un registro digital en cada etapa: importación, producción y distribución. El registro llega hasta la administración efectiva, vinculada al identificador clínico del paciente dentro del establecimiento hospitalario.
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La norma crea también un Protocolo de Eventos Críticos de Salud. Ante sospechas de contaminación o eventos adversos, obliga a notificar en simultáneo a Nación, Provincias y ANMAT dentro de las 24 horas. También fija una Alerta Sanitaria Inmediata, con aviso a nivel nacional y bloqueo preventivo de los lotes sospechosos en un máximo de seis horas.
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POLITICA
Mauricio Macri reaparece con un acto de Pro en Jujuy y negocia un acuerdo electoral con La Libertad Avanza

Luego de que en Pro blanquearan que aún están “lejos de un acuerdo electoral”, el expresidente Mauricio Macri encabezará hoy un acto de Pro en Jujuy, después de tres meses sin declaraciones públicas de índole política. Su bajo perfil coincidió con dos movimientos vitales para el partido durante este trimestre: la conformación de la mesa de diálogo con referentes del gobierno libertario de cara a un eventual acuerdo electoral para 2027 y el lanzamiento de la precandidatura presidencial de su exministro de Hacienda Hernán Lacunza.
La de hoy será una nueva escala de la gira federal “Próximo Paso” con la que el líder de Pro viajó por distintos puntos del país a lo largo del año, en tren de exhibir músculo político y arengar a la dirigencia partidaria. El acto de este viernes corresponde a la región noroeste de la Argentina y apunta a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.
Macri se reúne desde las las 15 con el gobernador radical Carlos Sadir y más tarde brindará el discurso de cierre del encuentro partidario que se realizará en el Hotel Altos de la Viña de San Salvador de Jujuy. Pasará la noche en la provincia y regresará a Buenos Aires mañana por la mañana. En todas las actividades lo acompañará Fernando de Andreis, secretario general de Pro y alter ego del exmandatario.
Lacunza, en cambio, no pisará Jujuy durante esta jornada, según pudo saber . En su entorno argumentaron que es por cuestiones de “agenda”.
Esta semana se repartió entre una cena con dirigentes amarillos de todo el país –incluso estuvo la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal– y una visita a Rosario, donde se reunió con el gobernador Maximiliano Pullaro. En el encuentro partidario en la sede de Pro en Balcarce 412 estuvo presente la titular de la filial jujeña, Claudia Machaca. Cerca de Lacunza aseguran que “próximamente” estará en la provincia.
Su desembarco en la contienda presidencial generó reacciones de lo más diversas dentro de Pro. Los dirigentes se dividieron entre quienes apoyan su figura; los que valoran su vocación, pero sin trabajar junto a él; y referentes que la rechazan de forma rotunda, grupo compuesto fundamentalmente por acuerdistas.
La actividad que Macri encabezará hoy transcurrirá apenas 24 horas después de que los diputados nacionales Cristian Ritondo y De Andreis sostuvieran que están “lejos de un acuerdo electoral” con La Libertad Avanza (LLA), luego de la cuarta reunión entre los emisarios del expresidente y los referentes del Gobierno. Ayer se reunieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, ambos delegados de Karina Milei.
Ritondo y De Andreis evitaron profundizar sobre los motivos por los que no se llega a un entendimiento y aclararon que “nunca” harán nada para favorecer “la vuelta al populismo”. En privado, dirigentes de Pro se quejan de que LLA quiere dominar la negociación, mientras no garantiza pautas mínimas de convivencia, como no complicar la gestión diaria en los lugares donde actualmente gobierna el macrismo.
Conservar el poder en la ciudad de Buenos Aires, bastión de Pro, es la prioridad del macrismo de cara a 2027. Pero los libertarios porteños siguen lanzando dardos contra la gestión del jefe de gobierno, Jorge Macri. No obstante, el alcalde, enfrentado con su primo, se muestra abierto a un entendimiento.
Ayer Ritondo dijo que no hablaron de la Capital en particular, y agregó: “Sin dudas sabemos la valoración que tiene la gente de la gestión de Pro desde 2007. Nosotros no criticamos que nos critiquen. Como acá, hay un ámbito de confianza para que si hay algo que tienen para aportar, lo hagan”.
Otro foco de diferenciación es la intención del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). Pro, de momento, se muestra alejado de la chance de apoyar esta medida en el Congreso.
Desde marzo pasado, Macri encabezó actos de “Próximo Paso” en la Capital, la provincia de Buenos Aires (Vicente López y Mar del Plata), Chaco, Mendoza y Santa Fe. Tal como hoy, en estas últimas tres provincias también se reunió con los mandatarios radicales Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Pullaro (Santa Fe). También cenó con los hermanos Juan Pablo y Gustavo Valdés, de Corrientes y referentes de la Unión Cívica Radical (UCR).
En cada una de esas instancias, el expresidente cuestionó distintos aspectos del gobierno nacional: rechazó la continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, en medio de la investigación por su patrimonio; reclamó la independencia del Poder Judicial; y subrayó la necesidad de que la estabilidad macroeconómica se refleje en los hogares.
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POLITICA
La Cámara en lo Penal porteña anuló el fallo de la jueza que había declarado inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad

La Cámara en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el polémico fallo de la jueza Laura Beatriz de Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad de la nueva ley penal juvenil y sobreseyó un menor de 14 años.
El fallo de la Cámara no solo ratifica la constitucionalidad de la norma, sino que además aparta a la magistada De Marinis del caso, según pudo saber TN. La decisión implica que el caso deberá quedar en manos de otro juez, que podrá investigar al menos de 14 años por tentativa de robo.
La decisión de la Cámara va en línea con el dictamen de la fiscal Sandra Verónica Guagnino, quien se había pronunciado a favor de revocar el fallo de la jueza. De esta manera, Guagnino había respaldado la postura que había adoptado la fiscalía de primera instancia, que apeló la decisión de la magistrada y pidió que el sobreseimiento fuera dejado sin efecto.
La definición quedó en manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña, integrada por los jueces Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza. El expediente había llegado al tribunal de alzada luego de la apelación presentada por Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil (UFEPJ).
Argumentos judiciales
La decisión de la sala fue unánime. El voto que lideró el acuerdo fue el del juez Mahiques, al que adhirió “en su totalidad” la jueza Larocca. El juez Franza votó por separado, con fundamentos propios, y llegó a la misma solución.
En su voto, Mahiques sostuvo que los argumentos de la jueza “no logran demostrar que el artículo 1º de la ley 27.801 resulte inconciliable con una norma constitucional o convencional”, sino que “exhiben una valoración adversa de la opción de política criminal adoptada por el legislador”. El camarista planteó que el control judicial “no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal”.
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Franza, por su parte, consideró que la jueza actuó “valiéndose del poder de control de convencionalidad y constitucionalidad difuso y de modo deliberado” e ingresó “contra la validez de una norma que no se encontraba en pugna con ningún precepto constitucional”. Advirtió además “la ausencia de una adecuada protección” de los derechos del denunciante y presunto damnificado, y calificó la actuación de la magistrada como “un claro supuesto de arbitrariedad y extrema gravedad institucional”. Sostuvo también que la resolución afectó el sistema acusatorio y el debido proceso, porque la jueza valoró hechos y pruebas sin que las partes pudieran pronunciarse.
Sobre el apartamiento, Mahiques explicó que es una medida “excepcional” que no puede fundarse en la mera revocación ni en una discrepancia jurídica, pero consideró que la sentencia mostró un “adelanto de posición” sobre la relevancia penal de la conducta atribuida a los adolescentes, lo que genera un temor objetivo sobre su imparcialidad para seguir a cargo del caso.
El inicio del caso
La controversia comenzó después de que De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3, resolviera declarar inconstitucional para este caso la norma que fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
La jueza dispuso el sobreseimiento del adolescente de 14 años investigado por un episodio ocurrido el 10 de septiembre. Según la reconstrucción judicial, un hombre de 47 años fue seguido por un grupo de adolescentes mientras caminaba por la Ciudad de Buenos Aires y pidió ayuda a un policía. La intervención de los efectivos evitó que se concretara el robo.
De Marinis sostuvo que su decisión estaba limitada exclusivamente a las circunstancias del adolescente involucrado y aclaró que no implicaba declarar inválido de manera general el nuevo Régimen Penal Juvenil. La magistrada explicó públicamente que había considerado la situación social del joven, que estaba fuera del sistema educativo y atravesaba dificultades para alimentarse. También señaló que someterlo a un proceso penal podía resultar regresivo y estigmatizante.
“No es un mensaje de impunidad”, afirmó al defender su resolución. Además, remarcó que la nueva ley continuaba vigente y que se estaba aplicando respecto de otros adolescentes involucrados en el mismo episodio. El nuevo régimen, establecido por la Ley 27.801, fijó la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años y comenzó a regir el 5 de septiembre.
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La Justicia cita a 10 exsenadores y pide investigar si la Cámara de Diputados cometió un delito

Diez exsenadores bonaerenses de la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica deberán presentarse a declarar la semana próxima en los tribunales penales platenses en la investigación sobre “ñoquis” y punteros políticos que operan en el Senado provincial y que es conocida como “Chocolate II” o “Chocolates en el Senado”.
La maniobra que se investiga consistía en nombrar empleados falsos en la Legislatura bonaerense, los llamados “ñoquis”, y quedarse con una parte de sus sueldos.
Los dirigentes políticos deberán declarar entre el lunes y el miércoles próximos, según reveló TN, ante el fiscal de La Plata Juan Menucci, quien busca determinar quiénes designaron a los titulares de las 39 tarjetas de débito bajo sospecha, a quiénes reportaban y qué vínculo mantenían con Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, la pareja que fue registrada operando esas tarjetas en los cajeros del Banco Provincia.
La pesquisa comenzó como un desmembramiento de la causa que tiene a Julio “Chocolate” Rigau y decenas de “ñoquis” de la Cámara de Diputados bonaerense, luego de que detectara en 2024 la presencia de esos dos operadores en los videos del Banco Provincia y lograra identificarlos como Muguerza y Ortellado.
Las cámaras de seguridad habían registrado a Muguerza y Ortellado concurriendo a los cajeros durante las mismas madrugadas en las que operaba Rigau las tarjetas de supuestos empleados de la Cámara de Diputados.
Incluso fueron registrados saludándose y conversando con Chocolate Rigau. Ese hallazgo permitió detectar un segundo circuito de tarjetas, esta vez correspondiente al Senado bonaerense.
A diferencia de “Chocolate” Rigau, vinculado al entramado político del Frente Renovador, Muguerza y Ortellado integraban el circuito político del PRO y la Unión Cívica Radical.
Muguerza además es un histórico militante radical de La Plata y llegó a desempeñarse como funcionario de la gestión de Julio Garro en la Municipalidad de La Plata.
La investigación de había revelado además que entre los titulares de las 39 tarjetas aparecían familiares y personas vinculadas al entorno político platense.
Algunos de los titulares que posteriormente declararon como testigos dijeron que trabajaban políticamente para Muguerza y describieron tareas de militancia territorial.
En ese contexto, el fiscal Menucci dispuso el 9 de este mes citar a audiencia como testigos —y, por tanto, con obligación de declarar la verdad— a los exsenadores Yamila Araceli Alonso, Nadia Moirano y Érica Revilla, quienes deberán presentarse este lunes. Un día después deberán comparecer Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto. Y el miércoles, Joaquín de la Torre, Owen Fernández Farguharson, María Lorena Mandagara y David Hirtz.
Todos ellos deberán responder si trataron con Muguerza, Ortellado o alguno de los 39 titulares de las tarjetas del Senado, que en su mayoría milita para el radicalismo platense, y todos ellos también se encuentran imputados en la pesquisa que instruye la Fiscalía desde hace dos años.
Los senadores (mandato cumplido) se sumarán así a los secretarios de los bloques políticos del Senado bonaerense que ya declararon en la Fiscalía, en tanto que Muguerza, Ortellado y los demás imputados todavía no fueron indagados.
Asimismo, contadores de la Procuración General ultiman un peritaje sobre los movimientos de todas las cuentas sueldo de los titulares de las 39 tarjetas con el objetivo de detectar transferencias y otras operaciones que permitan reconstruir la ruta del dinero y determinar quiénes terminaron recibiendo esos salarios.
La citación de los diez senadores provinciales se conoció horas después de que trascendiera que los diputados provinciales aprobaron archivar los expedientes administrativos que había requerido la fiscal Lacki y el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, mediante una “orden de presentación” para determinar qué legisladores designaron a los “ñoquis” cuyas tarjetas utilizaba “Chocolate” Rigau para cobrar sus salarios en cajeros del Banco Provincia. En otras palabras, la Legislatura votó ocultar la información a la Justicia.
La renuencia de los diputados bonaerenses a colaborar con la Justicia tampoco resultó novedosa. También alcanza al Senado provincial, que jamás trató —ni siquiera para su rechazo— el pedido de desafuero de la entonces senadora Flavia Delmonte, investigada en Dolores por el presunto desvío de fondos públicos a través de personas que figuraban como sus asesores.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa la colaboración de la Legislatura bonaerense con las investigaciones judiciales sobre el supuesto uso de empleados legislativos y sus salarios para financiar estructuras políticas.
Mientras la Cámara de Diputados bonaerense acaba de archivar el expediente administrativo que la Justicia había requerido para identificar a los responsables de las designaciones vinculadas con el caso Rigau, la investigación sobre las tarjetas del Senado intenta avanzar mediante el testimonio de exlegisladores y el análisis de las cuentas bancarias.
Ahora, y ante el archivo que dispuso la Legislatura provincial del pedido, el juez Atencio dispuso remitir su respuesta a la Mesa de Entradas para que lo reciba y solicitó a la Fiscalía en turno que analice la “posible comisión de delitos de acción pública”.
detectara en 2024 la presencia de esos dos operadores,Hugo Alconada Mon,Conforme a
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