POLITICA
La narrativa libertaria se desenfoca bajo la presión económica
Hay un momento en la gestión de los gobiernos en el que la realidad se vuelve díscola y comienza a complicar los planes. Pero hay uno peor, que en general sobreviene después, que es cuando los gobiernos, para mantener su narrativa, empiezan a disociarse de la percepción del resto. Es el instante en el que el mensaje de los presidentes y los ministros empieza a sonar como una letanía obstinada que en vez de convocar o disuadir, repele o desencanta.
Esta dislocación quedó expuesta muy especialmente esta semana porque hubo un contraste muy fuerte entre la sumatoria de indicadores económicos negativos muy sensibles, y evidencias de un deterioro de la confianza en la palabra oficial. Eso se percibió en el mundo financiero que escuchó a Javier Milei y a Luis Caputo en Nueva York, pero también empieza a permear entre los ciudadanos que acompañaron al Gobierno con su voto.
En apenas diez días se conoció que la tasa de desempleo subió a 7,9%; que el PBI bajó 0,6% en el segundo trimestre; que la actividad económica retrocedió un 2,9% comparado con el mes anterior; que el consumo masivo cayó un 1,5% interanual; y que la pobreza aumentó 4,1 puntos para llegar al 32,3%. Solo el dato positivo de la reducción de la inflación a 1,7% fue un alivio dentro de este panorama.
No hace falta ser un técnico especializado para concluir que algo no está funcionando. Por lo menos queda claro con estos números que el esfuerzo por contener los precios, el dólar y el equilibrio fiscal está paralizando la actividad. Lo opuesto a gobiernos anteriores, que mantenían activos los motores de la economía, pero a costa de descalibrar todas las variables.
Dentro de la mesa chica del Gobierno hay mucha preocupación por estos indicadores, especialmente en el ala política. Patricia Bullrich es la más estridente, pero no es la única que entiende que así es muy difícil lograr acuerdos electorales y hacer campaña. La inquietud se procesa en secreto, porque Milei es implacable con los desconfiados. Karina intuye la densidad del problema, pero jamás desautorizará a su hermano. Es un tema tabú para las reuniones de los martes: todos saben que es el asunto más crítico, pero nadie se atreve a darle demasiada entidad.
Mientras detrás de los cortinados de la Casa Rosada se murmura este nerviosismo, el Presidente y Caputo salieron en dupla a conquistar Nueva York. Tuvieron reuniones con empresarios y fondos de inversión, donde desplegaron una serie de argumentos con un estribillo: la Argentina crece y está blindada ante cualquier turbulencia electoral.
El ministro dijo que la corrida en los cuatro meses previos a los comicios de 2025 consumió US$7900 millones por sobre el promedio mensual de compras de los ahorristas, que es de US$1700 millones, pero después aclaró que esa presión cedió en la misma proporción en el semestre posterior. “Se dolarizaron los flujos, no los stocks. Acá no hubo un problema de stock”, resumió. Frente a ese escenario, desglosó las opciones de financiación que prevé para 2027, que suman unos US$75.000 millones. Allí amontona los US$14.300 millones que lleva comprado el Banco Central, otros US$20.000 que supuestamente adquirirá de acá al año próximo, US$20.000 del swap chino (de los cuales US$8000 son de libre disponibilidad) y US$20.000 del swap con EE.UU. (le preguntaron si estaba disponibles y respondió secamente: “Sí”).
Si bien los operadores financieros elogian el ordenamiento macroeconómico de la gestión libertaria, y su compromiso fiscal inédito en la historia del país, no son fáciles de convencer. Hubo decepción porque entendieron que estas cuentas no eran realistas, al sumar partidas que no se pueden comparar, y porque no todas son accesibles para el Gobierno.
“Pintó un escenario falso y eso cayó mal. No fue intelectualmente honesto. No convenció”, fue el resumen que hizo un broker de Wall Street que estuvo en la presentación. Tampoco funcionó bien la esgrima de Milei en la entrevista con Bloomberg, donde buscó rebatir los datos más que explicar las razones. “El paso del Presidente y del ministro por acá dejó una sensación de negación de la realidad. Hubiese sido mucho más productivo que analizaran los indicadores y explicaran cómo piensan actuar de ahora en más”, completó otro de los asistentes.
No fue el único factor, pero esta percepción influyó para que el riesgo país cerrara la semana por encima de los 600 puntos, cuando en julio parecía perforar el piso de los 400 puntos. También impactó la suba de la tasa de los bonos norteamericanos, la caída de la actividad económica y la incertidumbre electoral. Pero de fondo se percibe una disonancia con los mercados, que no logran recuperar una confianza plena en la palabra del Gobierno.
Pobreza y desintegración social
Las carencias argumentativas emergieron con particular nitidez al intentar acotar las razones del aumento de la pobreza al respingo de la inflación, que de enero a mayo navegó entre el 2,1% y el 3,4%. Es una explicación estadística monocausal (más allá de los históricos debates metodológicos). Pero lamentablemente la realidad luce mucho más compleja, porque lo que aparece detrás es una crisis de ingresos muy profunda, que tiene varias explicaciones.
Jorge Paz, economista especializado en el tema, señala entre ellas el crecimiento del trabajo en negro, que genera inestabilidad en los recursos. También lo que define como “pobreza laboral”, en referencia a quienes tienen trabajo pero con sueldos bajos, “que es un fenómeno que comenzó asociado a la informalidad pero que después se extendió también a los formales”. Según un trabajo del Instituto de Economía Política de la UBA, un 20% de los trabajadores formales no superan la línea de la pobreza.
Un análisis del CIAS sostiene que en el último indicador impactó el estancamiento económico, la reducción del empleo formal, la caída del salario privado registrado, y la menor eficacia de programas de asistencia social como la AUH o el plan Alimentar, que en el primer semestre “perdió casi 4% con respecto a la inflación”, en comparación con el mismo período de 2025. Por eso sostiene que “la política social contiene la indigencia, pero mueve menos la pobreza”.
Hay dos tendencias para analizar en los datos de pobreza, una de corto plazo y otra de largo alcance. En la mirada más coyuntural, un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA marca que el 32,3% de la primera parte de este año es parecido al 31,6% del mismo período del año pasado. Pero hay una diferencia sustancial: “Aquel registro formaba parte de una fase de descenso que continuó hasta el tercer trimestre de 2025; el semestre actual, en cambio, se construye sobre una secuencia ascendente iniciada desde ese piso”. A diferencia de lo que dice el Gobierno, que sostiene que la reducción de la inflación arrastrará a la baja la pobreza, el Observatorio ve una curva creciente.
En la mirada histórica, en tanto, emerge con claridad que desde hace mucho tiempo la pobreza en la Argentina no logra perforar el 30%, más allá de bajas ocasionales (dos semestres con Mauricio Macri, uno con Milei). Es una roca impenetrable tanto para gobiernos estatistas como para los liberales. Es parte de la geografía del país desde la crisis de 2001.
Pero dentro de esa continuidad, hay indicios de una lenta curva ascendente. Paz evaluó las últimas gestiones y concluye en que Cristina Kirchner promedió 29%, Macri 30,4%, Alberto Fernández 40,1% (dato muy distorsionado por la pandemia) y en lo que va del mandato de Milei suma 36,4% (empujado por el 52,9% post devaluación). La Argentina tiene definitivamente una composición socioeconómica diferente en el siglo XXI de la que exhibió en las décadas previas.
Detrás de los números aparece una dimensión más honda. Por un lado, se diluye el sentido social del trabajo como vehículo de ascenso, porque ya no puede garantizar un ingreso que evite caer la pobreza. Hace tiempo el sociólogo francés Robert Castel estudió el trabajo asalariado como el eje central de la cohesión social y el organizador de la identidad en las sociedades modernas. Es decir, le otorgaba una implicancia más profunda que la de un mero modo de subsistencia. Esa amalgama es la que se desgarró.
Pero al mismo tiempo también se esfuma el carácter igualador de la educación, que cada vez es menos efectivo como vector de emancipación, y el rol de contención de las familias (implosionadas por las carencias, la violencia, las ausencias), que es menos eficaz para acompañar el recorrido de niños y adolescentes. El trabajo del CIAS remarca que el grupo etario más afectado por la pobreza es el de los menores de 14 años, donde alcanza el 44,5%. Allí se incuba el futuro de una Argentina desintegrada.
La Argentina mejora, yo no
La dislocación entre el mensaje que transmite el Gobierno y la percepción social quedó retratada en el último reporte de la consultora Moiguer, que lleva un título provocativo: “La Argentina mejora, yo no”. Implícitamente parece una apelación a Milei, que siempre habla de la Argentina, pero rara vez de los argentinos; que opta por una referencia impersonal y racional, que es más amigable con su abordaje teórico, y se aleja de la afectividad personal, que es más comprometedora emocionalmente. ¿Estrategia o psicología?
En base a una encuesta nacional de 3000 casos Moiguer determina que “hay un cambio de etapa en el humor social. Durante los últimos dos años, el deterioro del presente convivió con la expectativa de que la mejora del país terminaría traduciéndose en el plano individual. En el tercer trimestre se instala una nueva certeza: la recuperación de la macro no implica necesariamente una mejora del bienestar individual”. Es decir, emerge una bifurcación más tangible entre la macroeconomía, a la que habitualmente se refiere la narrativa libertaria, y el metro cuadrado de cada persona (el poder adquisitivo del salario, el aumento de los servicios, la precarización del empleo), que no aparece en el discurso oficial. Es una distancia geográfica entre lo general y lo particular.
Pero también hay separación cronológica, que queda resumida en otra conclusión del trabajo: “El futuro pierde fuerza como organizador del presente”. La declinación de las expectativas de mejora, que fue el gran motor de la tolerancia al ajuste económico, empieza a impactar en el ánimo social. El proyecto libertario parece quedarse sin promesa, después de haber logrado la baja de la inflación, su primer objetivo.
¿Cuál es la razón por la que el Milei, que tan bien captó el clima de época en 2023 y supo encarnar el enojo con la dirigencia y el cansancio con tantas frustraciones, hoy no envía señales de reconexión con sus votantes? ¿Es mera tozudez o emerge una limitación para empatizar cuando se trata más de comprender que de interpelar?
Este desencuentro es señalado particularmente por los desencantados con Milei. Son en su mayoría votantes de última instancia, que lo acompañaron en el ballotage como una muralla de contención contra el kirchnerismo. En un reciente focus group con ese universo, organizado por la consultora TresPuntoZero, de Shila Vilker, apareció con claridad ese desencuadre. “Piensa que el país es la macro. Tiene una desconexión con la realidad. Si le cierran los numeritos, ya está”. “Las ideas están buenas, pero la gente se cae del mapa. Noto insensibilidad”. “No piensa en personas como nosotros. Empezó a negar la realidad”. Estas son algunas de las verbalizaciones que reflejan una pérdida de cercanía, que en algún momento esos votantes sintieron con Milei.
La mayoría de ellos admitió atravesar dificultades económicas y estar endeudado, y anticipó que no está con ánimo de votar el año próximo. Este es el segmento de ciudadanos a los que Milei deberá recapturar para aspirar a una reelección. Lo más sencillo sería que la economía se recupere de los malos indicadores actuales. Pero si eso no ocurre, deberá repensar su modo de interactuar; dejar un rato la motosierra y el traje de justiciero, para transitar una narrativa de proximidad y comprensión. La duda es si Milei puede hacer esa reconversión, sin dejar de ser Milei.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
Tras su viaje a Nueva York, Kicillof busca volumen con China y el Papa ante la apatía de un sector del PJ
Axel Kicillof está decidido a seguir construyendo un proyecto presidencial que no anunciará hasta llegado el momento, pero cuyos movimientos son cada vez más parecidos a los de un candidato. Desde hace un tiempo se mueve como tal y sus armadores intentan darle estructura federal. También apura un perfil de corte internacional para mostrarse frente a los diferentes estamentos de poder como la contracara del presidente argentino Javier Milei. “Les traigo malas noticias”, dijo en el desayuno con el alcalde Zohran Mamdani y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Remató: “En Argentina estamos viviendo una catástrofe”.
Eso fue parte de la agenda que desplegó en Nueva York la semana pasada y que buscará replicar en China en los primeros días de noviembre. Kicillof intentará estar en la feria de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghái. Antes, según supo Infobae, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, tendrá una reunión con el embajador del gigante asiático para delinear la agenda. Hay un tema no menor: la fecha coincide con la visita del Papa León XIV a Argentina. El sumo pontífice recorrerá el Cottolengo Don Orione, en Claypole (Almirante Brown), y oficiará una misa multitudinaria en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Kicillof debería estar presente. La actividad en China es del 5 al 10 de noviembre. El Papa estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El gobernador quiere estar en China. Tiene que hacer un viaje XXL.
En una semana, el mandatario bonaerense va por una foto con el Jefe de Estado del Vaticano y con referentes comerciales de China en medio de la guerra comercial desatada con Estados Unidos, que también tiene su réplica en Argentina. Es un factor más que atendible a cualquier agenda presidencial. Antes de que el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, advirtiera sobre el acuerdo de la Cooperativa Eléctrica de Neuquén (CALF) con Huawei, Buenos Aires ya había cerrado con la misma empresa la provisión de baterías para garantizar el transporte de energía en los nodos Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento. El tema, según reconstruyó este medio, fue parte de las conversaciones del mandatario en la Gran Manzana. La respuesta fue que Huawei es quien mejor oferta en las licitaciones. Mismo argumento que empleó la cooperativa de Neuquén cuando escaló el conflicto.
El plan, dicho en diferentes oportunidades por Kicillof y los suyos, es el multilateralismo. Lo dijo el sábado pasado cuando cerró el acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). “No necesitamos un plan austríaco, norteamericano o israelí; necesitamos una estrategia argentina, federal y contemporánea. A otros les podrá fascinar la Doctrina Donroe de Donald Trump. Nosotros seguimos nuestra propia doctrina, la que viene del general Perón: “Argentina para los argentinos”. Un posicionamiento que no pudo, no logró, o no quiso repetir cuando —entre reunión y reunión— fue abordado en Nueva York por la periodista argentina Silvina Sterin Pensel, quien le pidió un posicionamiento sobre el conflicto en la franja de Gaza y le endilgó una condición de tibieza al respecto. Un imprevisto.
Kicillof pasó por el corazón financiero de Occidente con el objetivo de despejar fantasmas. En distintos momentos de su carrera como funcionario público alcanzó acuerdos con acreedores internacionales. Se sienta en la mesa con representantes de firmas internacionales con capacidad de inversión en el país y busca mercados. Quienes lo frecuentan en esas reuniones con empresarios cuentan que suele decir —medio en serio, medio en broma—: “No vamos a expropiar nada”.
A la par de que afina su perfil internacionalista, en Argentina sigue con su construcción federal. Una edificación que tampoco está exenta de complejidades y que transita en paralelo con la discusión interna del peronismo. En el acto en Avellaneda le dedicó varios pasajes. Dijo no querer una construcción “a control remoto”, ni surgida de entre cuatro paredes “en una rosca”. Fueron señales a distintos y conocidos destinatarios: el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa, que está empezando a moverse por fuera de “las cuatro paredes”. El sostenimiento de las PASO será a lo que se aferre para evitar una negociación cuya victoria puede ser pírrica cuando llegue el momento de definir la estrategia electoral para enfrentar a Javier Milei en la Nación y a —hasta el momento— Diego Santilli en el territorio bonaerense.
En la dirigencia se empieza a repetir una hipótesis que va desde una lectura analítica hasta la presión de los intereses sectoriales: quien sea candidato a presidente deberá tener asegurada la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Los distritos que se miran, sin posibilidad de reelección, son La Matanza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Quilmes, Tigre, Esteban Echeverría, entre otros. El peso de esas intendencias en una elección que hasta el momento se perfila para que sea unificada —más aún si el candidato es Kicillof— es gravitante para la discusión provincial y nacional.
Hoy, pese a que manifieste su acuerdo con las reelecciones indefinidas, Kicillof no logra empujar el tema en la Legislatura. Tanto en el Senado como en Diputados aseveran que nadie hará nada hasta tanto el gobernador no se siente con Máximo o Cristina Kirchner y con Sergio Massa. Una vez que haya un entendimiento en ese tridente de cúpula, se saldrá a la caza de voluntades para dejar sin efecto esa normativa que algunos consideran proscriptiva.
“Proscripta está Cristina”, repiten en el kirchnerismo desde donde alientan una candidatura de la expresidenta. Una trama que hoy sigue siendo compleja para el camino de Kicillof. “Queremos que Cristina sea candidata”, dijo Máximo Kirchner en una reciente entrevista con Víctor Hugo Morales. Y así como Kicillof dejó señales varias en su discurso en Avellaneda, el diputado nacional y líder de La Cámpora aseveró: “Imaginen si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de Cristina y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones. Iríamos a una fusta democrática de alto calibre para que los argentinos puedan decidir libremente”.
La semana pasada un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca dio lugar a una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo para que las empresas distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN se abstengan de aplicar incrementos si antes no existen audiencias públicas para discutir las nuevas tarifas. El aumento había sido autorizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que comanda Gabriel Katopodis. En el Ejecutivo, vinculan la jugada de la Defensoría con el kirchnerismo. La respuesta tácita llegó el viernes con la decisión de los diputados del MDF que decidieron abstenerse en un plenario de comisiones en la votación de un proyecto cuyo autor es el presidente del bloque, Facundo Tignanelli. La iniciativa, como contó Infobae, impulsa un registro para crear el Régimen Provincial de Prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores. El expediente busca crear un régimen para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de consumidores, con una negociación obligatoria y gratuita ante la Defensoría del Pueblo antes de iniciar reclamos judiciales.
En el plenario, la diputada de Fuerza Patria, Ana Luz Balor, que forma parte del MDF, expuso que estaban de acuerdo con el registro y el espíritu del proyecto, pero que “sería mejor” que las autoridades de aplicación fueran las dependencias municipales y no así la Defensoría, ya que estaba fuera de sus competencias establecidas por la Constitución y el proyecto podía luego ser judicializado y declarado inconstitucional. En el kirchnerismo dejan trascender que detrás de los argumentos técnicos están los políticos. Tiempo atrás, Kicillof había bajado la línea de “no responder acusaciones”, ante las críticas del kirchnerismo en diversos temas. Las respuestas aparecieron de manera implícita.
POLITICA
La polémica Ley Moyano vuelve a escena con la nueva licitación para la recolección de residuos en CABA
Cuando tenga lugar la audiencia pública para analizar los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de octubre, puede iniciarse una pelea de fondo con el Sindicato de Camioneros: están en juego las condiciones en que se otorgarán las concesiones entre 2028 y 2038, pero el gobierno de Jorge Macri por ahora no contempla pagar las indemnizaciones que desde los años 90 recibe el gremio de los Moyano al renovarse los contratos.
Ese es el significativo dato que puso en alerta al gremio de Hugo Moyano y su hijo Pablo a partir de los anteproyectos de pliegos del servicio público de higiene urbana de CABA, que serán evaluados en la audiencia pública del 5 de octubre, que se hará de manera virtual, y se sabe que los líderes de Camioneros protestarán si en las cláusulas no figuran las indemnizaciones para ser pagadas al personal del sector dentro de casi 12 años.
Pero, a la vez, también podrían amenazar con medidas porque los Moyano tampoco están seguros de que en el presupuesto de la ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector, aunque desde septiembre de 2028 y durante 10 años mantendrán su empleo en las mismas empresas o en otras similares que ganen la licitación para recolectar la basura en la ciudad.
Están en discusión alrededor de 200 millones de dólares, necesarios para indemnizar a los recolectores de residuos porteños, que deberían pagarse porque en el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, el punto 3, Régimen de Personal Operativo, contempla un ítem llamado “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.
El trasfondo del enfrentamiento que se perfila es la aplicación de la polémica Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Esa “ley”, en realidad, no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.
La Ley Moyano se inauguró en 1998 con la finalización del contrato con Manliba y se afianzó en la gestión porteña de Mauricio Macri cuando tenía aspiraciones de un proyecto político nacional: en 2012 impulsó en la Legislatura de la ciudad la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión.
Desde entonces, la “ley” de Camioneros se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante las nuevas concesiones para la recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de empresas internacionales como DHL y FedEx.
También fue el eje del duro conflicto cuando el supermercado Walmart fue adquirido por el Grupo Narváez, en marzo de 2021, y el Sindicato de Camioneros bloqueó un depósito de la empresa para se aceptara su exigencia de echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía y volver a emplearlos. Finalmente, no hubo indemnización, pero sí un acuerdo mediante el pago de 227.576.922 millones de pesos a 477 trabajadores como una gratificación extraordinaria.
El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que mantenía muy buenas relaciones con Camioneros, soportó la misma presión cuando en 2022 decidió estatizar el sistema de grúas: Pablo Moyano lo acusó de querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, aunque no dejó de negociar con los funcionarios de la ciudad.
El acuerdo final consistió en que los 500 empleados de las empresas Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa del Estado porteño, donde mantendrían el mismo convenio laboral de Camioneros, y cada uno de ellos cobró una indemnización de hasta 4 millones de pesos, es decir, un total de casi 2000 millones de pesos.
Jorge Macri heredó la “jurisprudencia” de la Ley Moyano sentada por sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con llenar la ciudad de basura a partir de octubre si el gobierno porteño no indemnizaba a 6 mil trabajadores por el próximo vencimiento de los contratos de recolección de residuos.
Pero en la administración macrista se pusieron firmes; advirtieron que esos contratos se firmaron en enero de 2014, con inicio el 1° de octubre de ese año y por un plazo de 10 años, pero en 2020 se suscribieron Actas Acuerdos mediante las cuales “se prorrogaron los contratos por cuatro años contados a partir de la fecha del vencimiento contractual, operando el nuevo vencimiento el 30 de septiembre de 2028″.
Lo que sucedió fue que Rodríguez Larreta impulsó esa prórroga a raíz de las restricciones presupuestarias que causó la quita de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y bajo el paraguas de la ley de emergencia económica porteña.
El sindicato se aferró a la interpretación de que aún se encontraba vigente el contrato surgido de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, que otorgó a 6 empresas la recolección de residuos en la ciudad, y aseguró que aun en caso de prórroga se debería indemnizar a los trabajadores. La pelea parecía inevitable, aunque comenzaron negociaciones.
En octubre de 2024, finalmente, el gobierno de Jorge Macri selló la paz con Hugo Moyano en el duro conflicto que se perfilaba: a cambio de no insistir en su reclamo de indemnizaciones, Camioneros logró una compensación para los empleados próximos a jubilarse y a quienes arrastraban problemas de salud desde la pandemia y no cumplían sus tareas, entre otros beneficios.
Sin embargo, un mes después, el entendimiento desató una tormenta para el líder de Camioneros: hubo tumultuosas asambleas en algunas empresas de recolección de residuos en CABA donde los trabajadores protestaron, entre gritos e insultos, por el acuerdo entre el gremio y el gobierno porteño por el cual no se pagarían indemnizaciones a los 6 mil empleados.
En los videos que circularon, que correspondieron a lo sucedido en la empresa Cliba, hubo ataques verbales contra Pablo Moyano (”Pablito traidor”, dijo un trabajador ante la cámara) y fuertes discusiones en una asamblea espontánea que promovieron los empleados: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron a un delegado.
La inédita muestra de rebeldía de las bases del moyanismo en la rama de recolección de residuos obligó a que el número 3 del sindicato, Marcelo Aparicio, difundiera un extenso video para explicar la situación a los trabajadores. Allí calificó de “privilegio” que se aplicara la Ley Moyano a los que se desempeñan en la ciudad y reconoció que ese “beneficio que ha otorgado la organización gremial no existe en la ley”, pese a lo cual permitió hasta ahora “cobrar las indemnizaciones y mantener la antigüedad correspondiente”.
Para colmo, el conflicto se agitó al calor de la pelea entre Hugo y Pablo Moyano desde fines de 2021 por sus diferencias ante la crisis financiera de la obra social: la rama de recolección de residuos, clave para el poder de Camioneros, fue escenario de la batalla familiar, donde partidarios de cada jefe del clan trataban de aprovechar el malestar de la gente para perjudicar al otro.
Por eso el líder sindical apartó a su hijo del reclamo de indemnizaciones y se puso al frente de las tratativas con la vicejefa del gobierno porteño, Clara Muzzio. Así se llegó al acuerdo final, en el que el sindicato aceptó que no se aplicara ahora la Ley Moyano, pero la inédita rebelión en las bases obligó a Hugo Moyano a reflotar en noviembre de 2025 el reclamo de indemnizaciones ante las concesionarias del sector, que rechazaron el planteo, de la misma forma que lo hizo el gobierno macrista.
Ahora, la inminente licitación del servicio de recolección de residuos en CABA, que avanzará a partir de la audiencia pública del 5 de octubre, amaga con actualizar la disputa por la aplicación de la Ley Moyano.
El sindicato, ahora fortalecido por la flamante reconciliación entre Hugo y Pablo, acaba de confirmar que no descuida los reclamos por la vigencia de su polémica “ley”: la semana pasada firmó un acuerdo por el traspaso de 50 trabajadores de la empresa DHL a Loginter que incluye el pago de las indemnizaciones.
Mientras, hay quienes recuerdan que en la Legislatura porteña todavía está el proyecto de Facundo del Gaiso (Coalición Cívica), presentado el año pasado y conocido como “Ley Anti Moyano”, que establece que si hay continuidad laboral en las empresas no corresponde indemnizar por parte del gobierno porteño y si se producen ceses los pagos deben correr exclusivamente por cuenta de las compañías, e incluso contempla sanciones para los funcionarios que convaliden este tipo de indemnizaciones con fondos del Estado.
¿El gobierno porteño está dispuesto a desactivar el pago de las indemnizaciones e ir a la guerra con el sindicato? Si fuera así, ¿esa decisión será utilizada como una herramienta electoral en un distrito donde los Moyano tienen muy mala imagen? ¿O se buscará algún acuerdo para impedir que todo termine en montañas de basura en las calles por las medidas de fuerza del sindicato? Son algunas de las dudas que irrumpen en un tablero donde se juega la solidez del imperio de Camioneros.
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POLITICA
Privatizaciones: el Gobierno prepara el lanzamiento de los pliegos para vender dos centrales eléctricas
El Gobierno prevé lanzar en los próximos días los pliegos para avanzar con la privatización de las centrales eléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín. La preparación de la documentación ya estaba en marcha y el Ejecutivo espera ahora habilitar formalmente las licitaciones.
La operación contempla la venta de las participaciones que conserva Energía Argentina (Enarsa) en ambas compañías. El Estado posee el 65% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín, de forma que mantiene el control accionario de las dos sociedades.
La primera central está ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, y la segunda funciona en Timbúes, Santa Fe. Ambas son plantas de ciclo combinado de gran escala y cuentan con una potencia nominal instalada de alrededor de 800 megavatios cada una.
El Gobierno completó durante los últimos meses distintos pasos administrativos previos. En agosto, la Secretaría de Energía autorizó formalmente el cambio de titularidad de la Central Manuel Belgrano a favor de la sociedad Termoeléctrica Manuel Belgrano, uno de los movimientos necesarios para ordenar los activos antes de la venta.
En el mercado energético estiman que las participaciones estatales podrían representar varios cientos de millones de dólares. Algunas valuaciones privadas ubican las operaciones alrededor de US$300 millones por compañía, aunque el Ejecutivo todavía no fijó públicamente un precio y el valor definitivo dependerá de los pliegos y de las ofertas que se presenten.
La venta forma parte del proceso de privatización de Enarsa, autorizado por el Gobierno en 2025. El esquema consiste en desprenderse progresivamente de sus participaciones accionarias y reorganizar los activos de generación, transporte de energía e infraestructura que todavía permanecen bajo su órbita.
Uno de los principales antecedentes ya se concretó este año. El Estado vendió su participación en Citelec, controlante de Transener, por US$356 millones a un consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión. La operación permitió retirar a Enarsa del capital de la principal transportista eléctrica del país.
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