POLITICA
Se reúne la mesa política: la discusión más urgente que hay entre dos sectores del Gobierno por un proyecto clave
Los integrantes de la Mesa Política volverán a verse las caras a las 13:00 en Casa Rosada para retomar las conversaciones sobre la estrategia del oficialismo de cara a las próximas semanas, tanto en el plano de la gestión como en el legislativo. Estaba previsto que asistieran todos los participantes habituales de la cumbre, la cual preside y convoca la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La congregación de esta tarde surge en medio de un contexto particular para la administración libertaria. Hay deliberaciones puertas adentro sobre cómo deben ser los próximos pasos del Gobierno tanto en materia de política económica como de acción política.
La discusión que cristaliza esas diferencias es la que ocurre con el proyecto de Discapacidad que el bloque de La Libertad Avanza consensuó y dictaminó en conjunto con la oposición dialoguista la semana pasada en la Cámara de Diputados. El Ministerio de Economía está conversando con actores del oficialismo para ver cuál es el gasto fiscal que supondría incluir esas modificaciones en el proyecto de Presupuesto para 2027.
La semana pasada, integrantes de la mesa chica del ministro de Economía, Luis Caputo, se quejaron fuera de los micrófonos porque habría poco margen fiscal como para sostener la normativa que el oficialismo libertario negoció en Diputados. “No se puede pagar”, dijo una importante fuente a Infobae. Eso fue respondido puertas adentro por el otro sector al decir que los cambios negociados no afectaban en mayor cuantía a las arcas fiscales y que “lo único que se modifica es sacarle el carácter de emergencia a la Discapacidad”.
Caputo y Menem -los dos cabecillas de las áreas en pugna- no se vieron la semana pasada en la reunión de Mesa Política porque el primero estaba en Nueva York junto a Javier Milei. Mientras tanto, hubo contactos entre varios de sus laderos como la diputada nacional Laura Rodríguez Machado (quien lleva parte de las negociaciones por esa temática con otros bloques aliados) y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Supuestamente, habría existido una suerte de entendimiento entre estos dos dirigentes.
Tres integrantes de la reunión de la Mesa Política convalidaron las discusiones que existen por esta cuestión. Algunos les bajan el tono. “Yo no hablaría de internas ni de dilemas, sino de discusiones propias de la dinámica de la política de un gobierno. Cada uno defiende la parte que le toca y mira. Siempre hubo tensiones de este estilo en todos los gobiernos. La mesa política está para zanjar esas discusiones”, afirma uno de ellos en diálogo con Infobae.
Al respecto del inconformismo del Ministerio de Economía sobre la imposibilidad de poder recortar más en el área de Discapacidad, un referente del ala política respondió de manera contundente: “Es muy simple. Van a tener que poner la plata. Punto. No hay más quilombo que eso”. La mano derecha de una de las figuras de la mesa política confirmó las tensiones que se viven entre integrantes de la esfera económica y la política. “Está todo muy raro. Es un todos contra todos muy confuso”, describen.
Esta discusión no deja de ser una cuestión que, en realidad, plasma un matiz mayor. Los que están del lado del ministro de Economía recuerdan su súplica en una reunión de la mesa política en la que pidió acelerar los acuerdos políticos con los gobernadores y bloques aliados. Esa visión es compartida por el asesor presidencial Santiago Caputo. La fundamentación de esa postura es que el pacto con la oposición contribuirá a calmar las expectativas de los mercados y que ayudará a bajar la incertidumbre política de cara al año próximo.
Se trata de una discusión similar a la del huevo y la gallina, porque en el ala política afirman que esa visión peca de ingenua. En rigor, indican que son pocos los actores de la oposición que estarán dispuestos a rubricar un acuerdo con el Gobierno estando a un año de las elecciones. “Justamente lo que están haciendo es especular si nos va a ir mejor o peor en la economía para después cerrar. Hay charlas encaminadas, pero no es algo tan sencillo como plantean”, puntualizan. Son varios de ellos los que, en privado, piden que existan ciertas políticas para dinamizar la situación económica.
La nueva edición de la mesa política de este martes buscará tratar cara a cara la situación de Discapacidad ante un contexto que apremia. Un grupo de legisladores que acompañó el dictamen impulsado por La Libertad Avanza advirtió que podría retirarle su respaldo al oficialismo si no recibe precisiones sobre las partidas previstas para garantizar la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad.
El planteo fue dirigido al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Los diputados pidieron que se informe el monto destinado a cubrir las prestaciones contempladas en el proyecto antes de que avance el debate por el Presupuesto 2027.
La nota fue firmada por Eduardo Falcone y Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y Álvaro González, del PRO. Los cuatro habían acompañado el despacho de mayoría sobre discapacidad, después de que el oficialismo aceptara parte de las propuestas planteadas por esos espacios. Los legisladores reclamaron que las partidas queden detalladas de forma explícita para despejar la incertidumbre de las organizaciones que representan a personas con discapacidad.
Desde el bloque libertario sostienen que las partidas necesarias ya están incorporadas en el Presupuesto. De acuerdo con esa posición, los recursos para pensiones están contemplados y la discusión se concentra en la modalidad de pago de determinadas prestaciones. Los legisladores que firmaron el reclamo advirtieron que, si no obtienen una respuesta satisfactoria, podrían votar junto a la oposición una prórroga de la Emergencia en Discapacidad cuando el proyecto llegue al recinto. La sesión todavía no fue convocada. El Gobierno tendrá margen para negociar con los bloques aliados antes de la votación, en un escenario donde el respaldo de esos diputados resulta necesario para sostener su posición en la Cámara baja.
Luis Caputo,CFO Summit,Argentina,discurso
La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.
Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.
Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.
Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.
“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.
La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.
“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.
“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.
Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.
La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.
Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.
Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.
La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría
Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.
La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.
Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.
La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.
Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.
La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.
Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.
Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.
Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.
“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.
La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.
Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.
La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.
Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.
La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.
El endeudamiento familiar y los límites de una regulación
Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.
Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.
Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.
La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.
Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.
La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.
También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.
La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.
Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.
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POLITICA
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.
Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.
Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.
Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.
Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.
“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.
La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
la medida,»Las instituciones importan». Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción,Tasas transparentes,Esteban Echeverría,Impuestos,Conforme a
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Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de la obra social OSPRERA en una causa por presunta corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores que el Gobierno designó en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La causa investiga presuntos contratos irregulares.
El magistrado los procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. También les trabó un embargo de $1000 millones.
OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y el Gobierno la tiene intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE.
La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa de Aguirre que se creó en abril de 2024. Según la causa, la firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de trabajar para la obra social. HTECH le cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025 recibió unos $266 millones.
Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, que se dedica a importar y vender suplementos dietarios.
El contrato con HTECH lo firmó Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y lo amplió. Ambos estaban entre los citados a indagatoria en la causa. Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y al mismo tiempo trabajaba como secretaria privada de Petroni.
El mensaje del Canciller al gobierno de Kast por la reunión entre empresarios de Malvinas y Chile: “Esperamos que cumplan”
En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Aguirre, por su parte, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó que se filtraran datos de la causa.
A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación. Los camaristas invalidaron el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas que se obtuvieron de ese aparato. También dejaron sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Sin embargo, la causa general siguió en marcha a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
Martín Menem, Casanello, Justicia
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