La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la suspensión de los comicios para renovar autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstos para el 7 y 8 de octubre, y dispuso reprogramarlas para el 17 y 18 de diciembre próximo debido a los “impedimentos, anomalías y déficits” que fueron detectados en el proceso electoral.

El fallo, firmado por los jueces Gabriela Vázquez y Enrique Catani, también designó un veedor judicial para supervisar todo el proceso electoral.

El tribunal detectó irregularidades graves en el padrón electoral, en la ubicación de las mesas de votación y en la exclusión de una de las agrupaciones participantes de 6 seccionales. Ante ese cuadro, los jueces concluyeron que celebrar los comicios en las condiciones actuales no sería una elección real sino —en sus propias palabras— un mero remedo del ejercicio democrático”.

La UTA es el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos de larga distancia y transporte automotor de pasajeros y del personal de subtes y está liderado por Roberto Fernández, de 82 años, que competirá por la reelección para el puesto que ejerce desde 2008.

En estos comicios, de manera inédita, Fernández se enfrentará a 3 candidatos opositores: Alberto Patiño, actual secretario de Organización del gremio, que se presenta al frente de la Lista Marrón; Maximiliano Escriba, postulante de la Lista Negra, apadrinada por Miguel Angel Bustinduy, ex opositor al jefe de la UTA, y Claudio Gómez, quien encabeza la Lista Bordó, auspiciada por el trotskista Rubén “Pollo” Sobrero.

Tras la suspensión electoral, Fernández difundió un comunicado en el que afirma: “Una vez más, como pasó en 2022, nos encontramos con piedras en el camino de quienes se dicen compañeros pero persiguen otros intereses ajenos a los de la UTA porque no quieren que se vote y judicializan la política gremial”.

“Somos respetuosos de los fallos judiciales, aunque no los compartamos, y como dirigentes serios no vamos a gastar energía quejándonos del obstáculo ya que está ahí -agregó-. Esta demora nos convoca a redoblar esfuerzos para que en diciembre llenemos de votos las urnas, que los afiliados de UTA elijan su destino y les digamos basta a quienes judicializan la política gremial, con apoyo empresario y pertenencia a otro gremio”.

El conflicto comenzó luego de que la Lista Negra presentó una denuncia judicial por irregularidades en el padrón y en el procedimiento de oficialización de sus candidatos.

El núcleo de la decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo está en una serie de irregularidades que el tribunal detectó al revisar los documentos que la propia Junta Electoral Central de la UTA aportó a la causa.

El padrón registra 2.870 bajas, todas procesadas entre junio y el 24 de agosto de 2026, período que coincide con el desarrollo del proceso electoral convocado el 14 de julio. La causal consignada en todos los casos es idéntica, cese laboral (por despido o renuncia), pero ningún registro indica la fecha exacta de finalización de la relación laboral, dato que la ley exige para verificar si el trabajador aún tenía derecho a votar. La normativa vigente protege la afiliación durante los 6 meses posteriores al despido o renuncia, lo que significa que un trabajador desvinculado sigue habilitado para sufragar en ese período.

Además, la documentación del padrón se interrumpe el 24 de agosto pasado. Los cambios posteriores a esa fecha carecen de respaldo documental verificable en la causa.

El padrón de la UTA comprende 494 mesas y 61.664 electores, con un promedio de 125 votantes por mesa. El problema es la distribución: 11 mesas superan los 600 electores, con picos de 1067, 1037 y 1000. El Código Electoral Nacional fija un máximo de 350 electores por mesa para los comicios políticos generales.

En el extremo opuesto, 4 mesas tienen un único elector empadronado y otras 11 no llegan a 4. La Cámara advirtió que esa configuración compromete el secreto del voto: en una mesa con un solo votante, el escrutinio revela inevitablemente el sentido de su sufragio.

También se detectaron mesas ubicadas en lugares que no figuraban en la convocatoria original, un problema que también fue denunciado de forma coincidente por otras dos de las nóminas opositoras a Fernández.

La Resolución 25/26 de la Junta Electoral, del 24 de septiembre, aprobó, mandó imprimir y ordenó distribuir las boletas, según afirma el fallo, pero el documento contiene un error que el tribunal consideró al menos revelador: consigna que las boletas se usarán en “los comicios previstos para el 7 y 8 de diciembre de 2026”, fecha que no corresponde a ninguna convocatoria vigente.

Más allá del error de fecha, la resolución reconoce que el modelo de las boletas “de todas las listas” fue confeccionado por la propia Junta Electoral y enviado a imprenta sin que cada agrupación diera su conformidad previa sobre su propio material electoral.

La misma resolución admite que sólo la lista oficialista quedó “oficializada en su totalidad”, mientras que la oficialización de las tres restantes “contiene excepciones de algunas Juntas Seccionales Locales”.

Según los camaristas, el documento denominado “Revisión de Reclamaciones”, del 22 de septiembre, reveló otro conjunto de problemas. La Junta Electoral admitió más de 500 incorporaciones al padrón solicitadas por la Lista Celeste y Blanca, del oficialismo, sobre la base de documentación que no fue exhibida a las demás agrupaciones ni sometida a ningún procedimiento de impugnación en sede electoral.

Al mismo tiempo, se dispusieron “más de 1.000 exclusiones adicionales”, todas sin la audiencia previa que el estatuto de la UTA impone para las tachas.

La Cámara de Apelaciones del Trabajo descartó explícitamente dos alternativas más drásticas: anular todo el proceso y reemplazar a la Junta Electoral por delegados designados por la Justicia. La primera opción habría cancelado candidaturas ya oficializadas; la segunda habría afectado la autonomía sindical. La Lista Marrón había pedido expresamente que no se anulara el proceso ni se perdieran las candidaturas ya aprobadas.

La solución adoptada es lo que el fallo denomina una “retrogradación parcial”: volver al estadio de presentación de listas y avales, con reapertura de ese período, pero manteniendo vigente la convocatoria del 14 de julio, la constitución de la Junta Electoral Central y todos los actos anteriores que no estuvieron viciados.

La Corte Suprema había descalificado en el pasado pronunciamientos que, en materia electoral sindical, dispusieron soluciones más gravosas que las peticionadas por las partes. El tribunal citó ese antecedente para justificar los límites de su intervención.

En su sentencia, los jueces establecieron una hoja de ruta detallada. La Junta Electoral tiene 3 días para depositar en la Cámara el padrón completo de electores activos y pasivos, con la totalidad de las altas y bajas y su documentación respaldatoria.

Desde ese depósito, se abre un período de 10 días hábiles para la presentación de listas. Las agrupaciones pueden reformular sus candidaturas o reiterar las anteriores. La oficialización definitiva de todas las listas deberá quedar resuelta a más tardar el 30 de octubre próximo.

Según establece el fallo, las mesas definitivas deben quedar designadas antes del 1° de diciembre, con un máximo de 600 electores cada una. Las boletas deben estar en poder de la Junta Electoral con al menos 10 días de anticipación a los comicios. El escrutinio y la proclamación deben concluir antes del 29 de diciembre, para permitir la entrega de cargos antes del vencimiento de los mandatos, el 3 de enero de 2027.

La Cámara incluso fijó reglas vinculantes para que el organismo electoral no pueda repetir las mismas irregularidades. Cada baja del padrón debe consignar la causa y la fecha exacta de extinción del vínculo. Ningún trabajador puede ser excluido si está dentro del período semestral de protección de su afiliación. Toda alta debe tener documentación respaldatoria exhibida a todas las agrupaciones. Y ninguna tacha puede resolverse sin audiencia previa del afiliado.

Además, las mesas de votación sólo pueden instalarse en los lugares que figuran en la convocatoria original. Ninguna puede superar los 600 electores. Los establecimientos con pocos trabajadores deben incorporarse a la mesa más próxima del mismo lugar de votación para preservar el secreto del sufragio.

La Cámara designó al abogado Matías Cremonte como veedor judicial, cuyas facultades incluyen presenciar todas las sesiones de la Junta Electoral —que deberá notificarle cada reunión con anticipación—, acceder de manera irrestricta a todos los registros y bases de datos, obtener copias de cualquier documento, presenciar el acto de votación y el escrutinio, y requerir el auxilio de la fuerza pública si alguien obstaculiza su tarea. También puede proponer la integración de un cuerpo de auxiliares para el despliegue territorial de la fiscalización.

Maximiliano Escriba

El rumbo de la economía abrió este miércoles por la noche un fuerte debate en A Dos Voces (TN), donde Gabriel Rubinstein, Federico Domínguez, Agustín Salvia y el diputado nacional Joaquín Ojeda expusieron diagnósticos contrapuestos sobre la actividad, el empleo, la pobreza y las perspectivas del Gobierno.

Mientras Domínguez defendió que “el populismo en Argentina terminó” y destacó indicadores positivos, Salvia advirtió que “no hay inversión y no generás empleo”. Rubinstein cuestionó el nivel del dólar y Ojeda sostuvo que los problemas coyunturales no invalidan el camino elegido.

Federico Domínguez hizo una fuerte defensa del programa económico del Gobierno y sostuvo que la Argentina ya dejó atrás el ciclo político y económico anterior.

“Yo creo que el populismo en Argentina terminó el 10 de diciembre de 2023, cuando terminó la nefasta gestión económica de Sergio Massa y el gobierno más inmoral de la historia, que fue el de Alberto Fernández”, afirmó.

El analista económico sostuvo que, pese a las dificultades, la actividad muestra señales de crecimiento.

Domínguez destacó además el superávit fiscal, las exportaciones y la eliminación de controles de precios.

Y vinculó directamente el futuro económico con el escenario electoral: “Si Milei es reelecto, no tengo dudas de que vas a tener un crecimiento económico muy alto porque dejás atrás definitivamente el populismo”.

El economista Gabriel Rubinstein planteó un diagnóstico muy diferente. Aseguró que la actividad está rindiendo por debajo de las expectativas y mencionó incluso la posibilidad de que la economía entre en recesión.

“Yo creo que algunas noticias negativas, como el tema de la actividad económica, que viene mucho peor de lo que se pensaba, de lo que pensaban los gobiernos, de lo que pensaban las consultoras. Hubo una revisión hacia abajo de todo. Algunos hasta discuten que puede haber recesión”, sostuvo.

El economista puso especialmente el foco en la industria. “Nosotros, por ahí, decimos: bueno, va a crecer 1,4% la economía. Pero vos ves una muy fuerte caída del sector industrial. El 95% de la industria está peor que hace cuatro años y cayendo 11% en promedio, con sectores que cayeron 30%, 40%”, afirmó.

Rubinstein cuestionó que, pese al crecimiento de actividades como Vaca Muerta, la economía no consiga expandirse con más fuerza.

“Vos tenés grandes sectores de la economía argentina, como la industria, como la construcción, y todo lo que implica que les va mal. Entonces vos decís: ¿cómo puede ser que, con algo nuevo, con todo el descubrimiento de Vaca Muerta, que ha sido en la práctica una especie de política de Estado, con todo eso nuevo que debería estar traccionando muy fuerte la economía, por qué no crecemos al 5%, 6%?”, planteó.

Para Rubinstein, uno de los problemas centrales es el nivel del tipo de cambio. “Personalmente, estimo, analizando la situación, que uno de los grandes problemas es que tenemos un dólar bajo”, sostuvo.

El economista consideró que el tipo de cambio debería “ajustarse” y explicó que, para lograr una mejora real, sería necesaria una corrección nominal mayor por el traslado a precios.

“Vos tenés que pensar que si devaluás para un 20% de aumento del tipo de cambio real, tenés que devaluar 50%, porque 20% te va a ir a precios”, afirmó.

Domínguez respondió con una advertencia directa: “Vos querés dólar alto, pero eso te va a aumentar la pobreza y te va a generar inestabilidad”.

Rubinstein rechazó esa conclusión. “No te va a aumentar la pobreza porque, si vos lo hacés bien, si hacés los cálculos y hacés tu Excel como corresponde y trabajás como corresponde, te vas a dar cuenta de que, en condiciones de capacidad ociosa, como tiene la Argentina, en esas condiciones una devaluación real es exitosa”, contestó.

Luego llevó el debate al terreno político. “Si vos pensás que Argentina tiene un dólar alto, como dice Milei, estamos en un problema que, no sé, en principio no se va a solucionar. Entonces, vas a llegar a las elecciones con la economía lánguida y aumentando el riesgo de reversión, que es el riesgo de que vengan cosas más populistas”, señaló.

Y agregó: “La propia política del Gobierno está acrecentando ese riesgo”.

Domínguez, en cambio, sostuvo que parte de la evolución del riesgo país responde justamente a la incertidumbre sobre la continuidad del programa.

“Cuanto mayor sea la percepción del mercado de que a Milei le puede costar reelegir, eso te va a llevar a un mayor nivel de riesgo país”, afirmó.

De todos modos, relativizó el deterioro reciente: “Hay que poner en contexto: subió de 400 a 600 y veníamos de 2.500”.

Salvia alertó por el empleo y Ojeda defendió las reformas del Gobierno

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, llevó la discusión hacia el impacto social del programa y sostuvo que el principal problema ya no pasa únicamente por la inflación, sino por la falta de inversión y generación de empleo.

“Devaluar siempre produce, mucho más en Argentina, cuando no manejás las variables político-económicas, un efecto de empobrecimiento. No estás devaluando y, de todas maneras, la pobreza está creciendo”, afirmó.

Según Salvia, la explicación está en el comportamiento de la actividad y del mercado laboral.

“Pero, fundamentalmente, porque no hay inversión y no generás empleo. No estás generando un crecimiento”, sostuvo.

El especialista reconoció el descenso de la inflación como uno de los logros de la política económica, aunque advirtió que eso no alcanza para mejorar las condiciones de vida.

“Así como la política económica logró bajar la inflación al 2%, desde el 12% que estaba en el gobierno anterior mensual, es un éxito. Pero la contracara es esto: tenemos que convivir así, porque la gente no come ni el índice de precios ni su prioridad fiscal”, planteó.

Salvia sostuvo que durante 2025 hubo una recuperación del consumo que no consiguió consolidarse y señaló que posteriormente se profundizaron los problemas laborales.

“No generó inversión y no generó empleo. Por el contrario, comenzó un proceso de pérdida de empleos que ha generado más informalidad laboral, más precariedad laboral”, explicó.

Joaquín Ojeda, diputado nacional de La Libertad Avanza, defendió la estrategia oficial y sostuvo que las dificultades de corto plazo no implican un fracaso del programa.

“Se ha progresado muchísimo. Por supuesto que el camino es largo y no siempre va a salir todo bien, todo el tiempo, pero la situación es que, en realidad, ya se progresó muchísimo y se sigue en el camino de progreso”, sostuvo.

El legislador afirmó que un mal resultado puntual no debería utilizarse para cuestionar el rumbo general.

“Un día puede salir algo más o menos bien o más o menos mal. De ninguna manera es una impugnación sobre el camino elegido”, señaló.

Ojeda también rechazó que la competitividad deba buscarse mediante una modificación del tipo de cambio y puso el foco en las reformas estructurales.

El Gobierno enfrenta, fragmentado y con las cabezas del Ejecutivo fuera del país, el ataque de la oposición al DNU 70/2023, desatado a partir del fallo de la Corte Suprema que dejó sin vigencia la Ley de Tierras.

A priori, la estrategia de control de daños quedó en manos de los primos Menem, que coordinan con Karina Milei durante su estadía en Francia. Pero los movimientos todavía están en vilo y no se ejecutan, a la espera del regreso de “el Jefe” y en un contexto de constante fuego cruzado con Patricia Bullrich y diferencias con el sector que comanda Santiago Caputo.

Ayer, mientras los opositores duros de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas buscaban los votos para convocar a una sesión especial contra el decreto más importante del Gobierno, en el bloque de Diputados que controlan los Menem dejaban trascender que evaluaban reintroducir en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que se aprobó en el Senado con cambios y resta que se debata en Diputados) algún tipo de restricción (“mínima”, aclararon) a la compra de tierras. El objetivo, decían, es “desactivar” el tratamiento (y eventual caída) del DNU de desregulación.

En principio, festejaban haberse adelantado a Bullrich en la reacción. “Debe ser la primera vez”, decían. No habían visto que la senadora ya había cruzado -nuevamente- a Federico Sturzenegger por haber incluido el capítulo de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (aquel que tuvieron que dar de baja para evitar que se cayera entera la batería de medidas). “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, la citó La Nación durante un evento por el 30° aniversario de la Constitución porteña.

La contraoferta oficialista se daba sin mayor consenso interno entre las otras patas políticas del oficialismo.

Aunque acallado, está latente el enfrentamiento entre los Menem y los Caputo. Y el oficialismo viene de la disputa de la semana pasada entre los encargados de la política y Economía por el recorte en el área de Discapacidad del Presupuesto.

Santiago Caputo busca evitar reeditar los conflictos, se enfoca en el tema Malvinas, que en su entorno destacan como propio, y evita meterse en otros temas que provoquen escozor. Pero hay matices.

En el sector de Karina la esperanza está puesta en que los aliados se sientan incentivados a oficializar un límite del 15% a la venta de tierras en lugar de ir por la derogación total del DNU. Pero la presión es fuerte, señalan otros: las dos CTA convocaron a movilizarse el martes 6 de octubre, a las 15, frente a la Corte Suprema. La CGT repudió el fallo y exigió a Diputados rechazar el decreto. Y es sólo el principio. En la Casa Rosada auguran un nueva oleada de descontento social.

Más allá de los planteos legislativos, el gran mea culpa interno del Gobierno con la Ley de Tierras hace pocas semanas fue por el aspecto narrativo con el que se encaró. Y en todos los despachos terminaron admitiendo que el oficialismo perdió la discusión en la opinión pública: hasta Tini Stoessel se le volvió en contra.

A esto se suma la preocupación por la crispación social, asociada a los últimos indicadores económicos, y a una oposición que, frente a un Gobierno debilitado por la baja de la actividad y la suba de la pobreza, se pone más hostil en el Congreso.

Ante un contexto cada vez más complicado, siguen determinados a evitar que el poder de Bullrich crezca internamente en LLA: no le van a dar el lugar que pide por encima de mesa política, donde deciden Karina y los Menem. Fue suficiente con que la sumen a los encuentros de los martes, señalan en Balcarce 50. Lo electoral y otras decisiones clave se tomarán independientemente de lo que piense y se le comunicarán cuando estén resuelta.

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