POLITICA
Una elección de dimensión global

Una de las grandes mutaciones de la política internacional bajo el impulso de Donald Trump es el intento de reordenar el mundo a partir de zonas de influencia. De nuevo América sería para los americanos. O para los norteamericanos. El sueño del presidente James Monroe. La recreación de esta hegemonía es conocida ahora como “Doctrina Donroe”. En esta nueva guerra fría, el continente debe ser reconocido como un dominio de Washington. O como un área de exclusión para China. La propuesta tiene un defecto. Sin un alineamiento de Canadá, México y Brasil con los Estados Unidos, el experimento es una mueca de lo que pretende ser. Esta es la razón por la cual las elecciones a las que concurrirán el próximo domingo los brasileños para elegir a su presidente tienen una dimensión global.
Javier Milei intervino en esa campaña a favor del opositor Flávio Bolsonaro. Insultó a Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, que tiene preso al expresidente y padre del candidato, Jair Bolsonaro. Lo hizo levantando mucho la voz, para que se escuche en la Casa Blanca. Trump fue muy elocuente en su apoyo a Bolsonaro. Tuvo una intervención explícita en el proselitismo, que se lanzó de manera extraoficial el último 26 de mayo, con una foto de él con los hermanos Flávio y Eduardo Bolsonaro en el Salón Oval. Después de la incursión de Milei habló alguien que suele estar callado. Xi Jinping reclamó que en las elecciones brasileñas no haya interferencias externas. Xi, que no se pronuncia ni por lo que sucede en Medio Oriente, salió en defensa de su amigo Lula. De nuevo: las urnas de Brasil son el campo de batalla del conflicto universal.
Todas las encuestas vaticinan dos escenarios. Que la competencia está empatada. Y que no se resolverá en la primera vuelta. Para que se despeje la incógnita habrá que esperar al 25 de octubre, fecha para la que está previsto el balotaje.
Los bolsonaristas se ilusionan con que esa paridad es engañosa. Alegan que los números no tienen en cuenta los volúmenes de abstención que se pueden registrar en el nordeste del país, territorio tradicional del PT. Admiten también que a muchos ciudadanos que detestan a Lula les da vergüenza confesar ante los encuestadores que votarán por Bolsonaro. Un gesto autocrítico que hay que agradecer. Expertos ligados al oficialismo reconocen que en esos argumentos puede haber algo de cierto.
Los mismos analistas cercanos al PT exponen las razones por las cuales Lula puede tener un domingo más feliz que el que se prevé. La principal: hay tres candidatos ajenos a la polarización principal que restan votos a Bolsonaro. Son Augusto Curi, Ronaldo Caiado y Renan Santos. Todos son de derecha. Curi registra una intención de voto superior al 5%. Caiado y Santos, 4% cada uno. ¿Existe alguna posibilidad de que esas propuestas mejoren su performance? Si, además, los que detestan al PT pero se avergüenzan de Bolsonaro, no van a votar, ¿Lula podría ganar en primera vuelta? La respuesta de un integrante del gabinete de Lula: “Es dificilísimo, pero la probabilidad no es cero”.
¿Qué acciones de campaña pueden alterar el paisaje dominante? Lula tomó una medida sorprendente destinada, sobre todo, al electorado femenino. Prohibió, de un plumazo, las apuestas on line ligadas a competencia deportivas. En Brasil, como en los Estados Unidos, está demostrada la perversa relación entre esas prácticas y la expansión del endeudamiento familiar. Los entendidos en marketing aseguran que las que más sufren el drama son las esposas, o las madres.
El proselitismo brasileño se ha vuelto muy sucio. Como nunca antes. Un rasgo que hace juego con una política híper polarizada. Es el signo de los tiempos. El odio como motor de la vida pública llegó también a un país cuya sociabilidad siempre fue fóbica al conflicto. En las últimas semanas quedaron enchastrados el hijo mayor del presidente, Fábio Luis Lula da Silva, Lulinha. Se lo acusa de utilizar sus contactos dentro del gobierno para favorecer a empresas privadas, entre otras, una proveedora de productos elaborados con cannabis para el Ministerio de Salud.
Fávio Bolsonaro también tiene el sueño alterado. Anteayer apareció un exsocio suyo que está tan despechado como para publicar intimidades de la vida sexual del candidato, sobre todo en relación con redes de prostitución. Para el representante de una corriente que hace de la moral individual el eje mayor de su discurso, puede significar una erosión.
Al mismo tiempo que se filtraban pormenores del sótano del candidato de la derecha, las redes viralizaron una información falsa: que, si ganaba Bolsonaro, Nuestra Señora de la Concepción Aparecida dejaría de ser la patrona de los brasileños. El dato es apócrifo. Pero hay razones que le dan verosimilitud. Bolsonaro dijo, en agosto pasado, que “si yo llego a ser presidente, uno de mis primeros actos de gobierno será disponer que Brasil es de Nuestro Señor Jesucristo”.
Una peculiaridad principal de la política brasileña de los últimos 20 años ha sido el avance de los evangélicos en el juego del poder. Se trata de una corriente religiosa que condena como idolatría a cualquier devoción que no sea la de Jesucristo. Muchos memoriosos exhumaron en estos días las imágenes televisivas del pastor Sérgio Von Helder, que en 1995 pateaba e insultaba ante las cámaras una imagen de la Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida es el equivalente brasileño de Nuestra Señora de Luján. Quiere decir que, cuando Bolsonaro afirmó que con él Brasil sería sólo de Jesucristo, tocaba un nervio subliminal que el PT aprovechó para dañarlo.
Con independencia de esta polémica, el alineamiento religioso se ha convertido en una gran línea de clasificación de la política brasileña. Un 35% de la población de Rio de Janeiro hoy se identifica como evangélico, contra un 30% de católicos. Los evangélicos son la base más sólida de los Bolsonaro. Y están caracterizados por una condición particular: los pastores son decisivos para el voto de sus feligreses. Hace pocas semanas, de visita en Buenos Aires, una de las funcionarias encargadas de monitorear en el interior de Brasil el correcto funcionamiento del programa Bolsa Familia, equivalente a la AUH argentina, relataba: “En muchas localidades se repite que hay gente que agradece al gobierno y a Lula la ayuda que les llega, pero aclaran: ‘Igual voy a votar por Bolsonaro porque me lo indica mi pastor’”. Este testimonio indicaría que hay un “voto evangélico”, así como no hay un “voto católico”. Es una ventaja invalorable para el candidato de la derecha, ya que la religión le permite llegar a regiones y a clases sociales a las que tal vez no llegaría con su prédica profana.
Sobre el comando de campaña del PT aletea un fantasma muy de época: el temor a que la elección del domingo sea cruzada por intervenciones externas a través del sistema digital. El pasado reciente garantiza que esos vicios existen, en especial en la ultraderecha brasileña. Las fechorías electrónicas de Fernando Cerimedo a favor de Bolsonaro padre fueron investigadas por la Justicia. Cerimedo, quien admitió comandar un ejército de trols, fue después un tentáculo de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. En los últimos meses saltó a la fama por la sospecha de que podría haber mandado a asesinar, en Bolivia, a su exnovia embarazada. Su prontuario llegó la semana pasada a The Washington Post, donde se lo retrató como un impulsor del movimiento MAGA en América Latina. Minucias. El ejército de Cerimedo hoy es una patrulla de boy scouts frente a los servicios que puede prestar un gigante de la manipulación como Peter Thiel y su imperio, Palantir. Prestar atención a Elisa Carrió.
Cuando alertó sobre injerencias foráneas, ¿Xi hablaba de la retórica de Milei o de ese aparato tecnológico al servicio de Trump? ¿Los chinos no teclean también sobre su propia consola? ¿O eso es sólo cosa de rusos? Los sentimientos persecutorios de los colaboradores de Lula se alimentan con un antecedente, que es éste: el presidente de los Estados Unidos afirmó que “todos los candidatos que he apoyado en América Latina han ganado”. ¿Está decidido a hacer cualquier cosa para que esta ley se siga cumpliendo? Tal vez no. En las últimas semanas Trump ya no se ha refierido al torneo brasileño. Y al hablar con un banquero amigo que opera en Brasil le reconoció: “Yo respeto mucho a Lula”. Ante el mismo banquero, que comentó su charla en una reunión informal en San Pablo, Trump confesó su curiosidad por saber si Milei va a reelegir.
El silencio de Trump frente a la confrontación entre Lula y Bolsonaro quizá esté alimentado por su propia peripecia. Con los números muy pero muy justos para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, al líder republicano tal vez no le convenga para nada inocularse el resultado de una competencia ajena.
Esto no significa, ni mucho menos, que un cambio de gobierno en Brasil no modificará la política exterior de ese país. Más todavía si se confirman las versiones que anticipan que el canciller de Fávio Bolsonaro sería su hermano Eduardo, el más próximo a Mar-a-Lago de toda la familia.
Con perdón de la insistencia: en el tablero brasileño se juega un ajedrez global. Pero esto no quiere decir que un giro pro Trump significará una desconexión de China. Por varios motivos. Uno es que entre los sectores que apoyan a Bolsonaro está el agropecuario, muy entrelazado con la economía asiática. Además, un conflicto con Pekín implicaría una decisión impensable, que ni a Jair Bolsonaro se le ocurrió durante su mandato: retirar a Brasil del grupo Brics. Por otra parte, la economía del país está cada vez más conectada con inversiones chinas. Aquí hay una novedad: la presencia de esos capitales no se reduce a obras de infraestructura ni a proveer importaciones. Dada la dimensión del mercado brasileño, muchas compañías chinas se están radicando allí para producir sus manufacturas y venderlas en todo el Mercosur. Es el caso de la automotriz BYD, que estableció una planta en el estado de Bahía para ofrecer desde allí sus vehículos a los compradores domésticos, a la Argentina y a México. Great Wall Motor compró la fábrica de Mercedes-Benz en Imacerápolis, San Pablo, con una capacidad de producción de 50.000 unidades al año. Midea, dedicada a los electrodomésticos, se estableció en Minas Gerais con la mirada puesta en toda la región.
Los comicios del próximo domingo cobijan interrogantes y lecciones para la Argentina. Una incógnita elemental: ¿a Milei quién le conviene que gane? Parece una pregunta desvariada. Es amigo de los Bolsonaro e hizo campaña por Fávio. Sin embargo, un gobierno de ultraderecha en Brasilia puede representar un eclipse para un gobierno de ultraderecha en Buenos Aires. En especial si uno lee el mapa con la mirada ultra pragmática de Trump. El presidente de Brasil tiene una presencia internacional derivada de la dimensión de su país. Cualquiera sea su credo ideológico. Ejemplo: en la última Asamblea General de la ONU, la semana pasada, Lula tuvo 20 encuentros bilaterales de máximo nivel. Milei se vio sólo con Benjamin Netanyahu, quien tampoco está hoy tan socializado.
El juego de deseos también es paradójico si se lo mira desde la izquierda. Es obvio que a Cristina Kirchner la alegrará una victoria del PT. Aun cuando esa afinidad quedó rasguñada por la predilección de Lula por Alberto Fernández. Sin embargo, ella estará muy atenta a un experimento: en qué medida se realizará el prodigio de la transferencia de votos de Bolsonaro, impedido de postularse por una sentencia penal, a su hijo. Hasta ahora ese traspaso parece cumplirse. En cambio Lula no logró en su momento llevar al poder, desde la cárcel, a Fernando Haddad, su actual ministro de Economía. Es una cuestión crucial para La Cautiva, que sigue buscando el poder con la obstinación de siempre, aun desde el encierro. ¿Es también una cuestión crucial para Máximo, su “Flávio”?
El problema de la señora de Kirchner encierra un mensaje más amplio para el desempeño de la democracia en América Latina. La corrupción ha avanzado tanto en la región, que desborda el campo moral y económico hasta introducir una distorsión en el sistema. Es saludable que la Justicia sea capaz de sancionar a figuras poderosas como Lula, Bolsonaro o Cristina Kirchner. Pero la sanción, siendo correcta, introduce un problema delicado: masas enormes de votantes pierden la posibilidad de elegir a su candidato favorito. Quiere decir que la corrupción termina, por imperio del circuito institucional, provocando un agujero negro en la legitimidad del poder. Es un problema no sólo difícil de ser resuelto. Es difícil de ser pensado.
Habría que esperar que la relación bilateral con Brasil se normalice, cualquiera sea el desenlace del proceso electoral. El embajador de Lula en Buenos Aires, el talentoso Julio Bitelli, sigue en su país, con miedo de volver. ¿A qué se debe ese temor? Muy lógico: a que, si una vez que reasume sus funciones, Milei vuelve a insultar a Lula, la reacción ya no será que lo llamen “en consulta” a Itamaraty, la cancillería brasileña. El paso siguiente, en esa instancia, es romper la relación. Si el próximo presidente es Bolsonaro, el vínculo se reconstituirá. Habría que suponer que lo mismo sucederá si hay cuatro años más de Lula. Brasil y la Argentina están condenados a estar unidos por millones de años. Es la determinación inflexible de la geografía.
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Lisandro Almirón: “Grabois logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”

El diputado nacional Lisandro Almirón cuestionó los fuertes cruces que se produjeron durante una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados y consideró que Juan Grabois aprovechó el episodio para reforzar su perfil opositor al Gobierno. “Logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”, sostuvo en Infobae al Regreso.
La reunión había sido convocada por las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación Penal y Defensa para abordar distintas iniciativas vinculadas con la soberanía nacional. Sin embargo, el encuentro quedó atravesado por una serie de discusiones y agravios que terminaron desplazando el tratamiento de los proyectos previstos.
“Primero creo que esto no nos hace bien en ningún tipo de discusión y menos una discusión de este tipo parlamentaria”, planteó Almirón. Según relató, el episodio se produjo hacia el final del encuentro, luego de que se resolviera levantar la reunión, y derivó en un intercambio verbal que involucró a distintos legisladores y dirigentes.
Para el diputado correntino, la tensión terminó opacando una jornada que debía estar centrada en cuestiones institucionales y de defensa. “Nos terminamos perdiendo la oportunidad de debatir cosas importantes como es este proyecto de soberanía nacional”, señaló.
Almirón también expresó su solidaridad con quienes fueron objeto de agravios durante la reunión y consideró que ese tipo de situaciones no contribuyen al funcionamiento parlamentario. En su análisis, el conflicto excedió la discusión puntual y terminó adquiriendo una dimensión política.
En particular, interpretó que Grabois consiguió convertir el episodio en una instancia de exposición pública. “Él sabe lo costoso que es tener una repercusión en todos los medios simultáneamente. Lo consiguió”, afirmó.
El legislador vinculó esa estrategia con las aspiraciones políticas del dirigente social. “Tiene aspiraciones y lo demuestra permanentemente”, sostuvo, aunque aclaró que serán los ciudadanos quienes evalúen ese posicionamiento.
La defensa del cambio en la Ley de Tierras
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la Ley de Tierras y el futuro de los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que esa normativa establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Almirón defendió la decisión del Gobierno y planteó que el debate debe contemplar las particularidades de las provincias fronterizas. “Me toca vivir en una de las provincias que linda con tres países”, explicó al referirse a Corrientes.

Desde esa perspectiva, sostuvo que el régimen anterior podía condicionar inversiones y proyectos de infraestructura. “Para nosotros la Ley de Tierras es significativamente importante por el desarrollo de los puertos, por la capacidad operativa que puede tener una inversión”, afirmó.
El diputado cuestionó además el alcance de las restricciones que establecía la legislación anterior. “Hay una ley que no solamente limita, sino también de alguna manera restringe”, sostuvo, al defender un esquema que, según su postura, otorgue mayores posibilidades de inversión y desarrollo.
Consultado sobre la estrategia que podría adoptar el oficialismo frente a los bloques que buscan revertir los cambios del DNU, Almirón puso el foco en el proceso legislativo y en la necesidad de construir acuerdos.
“Estamos sujetos en el tratamiento de la ley en cuatro estadios y te diría hasta el cinco”, explicó. En ese recorrido incluyó el debate en las comisiones, el tratamiento en el recinto, la revisión del Senado y las facultades posteriores del Poder Ejecutivo.

En ese punto, destacó la importancia de la negociación parlamentaria y aseguró que el oficialismo mantiene conversaciones con distintos sectores. “Permanente”, respondió al ser consultado sobre el diálogo político dentro del Congreso.
También marcó diferencias con la posibilidad de esperar una definición de la Corte Suprema antes de avanzar con determinadas iniciativas. “Yo no lo veo de la misma manera. Podría compartirla, ella tiene por ahí más información, pero veo primero que yo soy abogado, creo en la división de poderes”, explicó.
Según Almirón, los tiempos judiciales no necesariamente deben coincidir con los del Poder Legislativo y el Ejecutivo. “Los tiempos de la Corte no son los tiempos de la política, ni del Congreso, ninguna de las cámaras y mucho menos de los tiempos políticos del Ejecutivo”, afirmó.
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Mahiques invitó a París a tres jueces que influyen en causas sensibles

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sumó a tres camaristas federales a la comitiva oficial con la que el presidente Javier Milei llegó a París para la realización de la Argentina Week, una serie de conferencias y charlas para promover inversiones extranjeras en el país.
Uno de los invitados es el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Sergio Fernández, que además es vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El viaje ocurre mientras las causas penales contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente, pasan de un tribunal a otro sin quedar en manos de un juez definitivo.
Otro camarista que acompaña la comitiva oficial es Eduardo Farah, de la Cámara Federal, que revisa las causas de corrupción de Comodoro Py. También integra la comitiva oficial Richar Fernando Gallego, de la Cámara Federal de General Roca y el magistrado con autoridad competente en los conflictos legales que pueden haber en Vaca Muerta.
Mahiques integra la delegación oficial con Karina Milei, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y el canciller Pablo Quirno, en un evento organizado por la embajada en Francia.
El programa incluye la reunión reservada con Emmanuel Macron en el Elíseo y la entrega del Premio del Foro Económico de París a Milei.
Fernández y Farah están unidos por la misma persona. Sergio Fernández es hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación y durante años uno de los principales operadores judiciales cercanos al peronismo en los tribunales. Farah es además amigo de la infancia de Javier Fernández.
Sergio Fernández tiene peso en el fuero contencioso y comparte el tribunal de la AFA. Otros jueces renunciaron a ser integrantes de ese tribunal, pues probablemente tuvieran que intervenir en casos que involucren a la organización.
Pero Sergio Fernández no renunció a ese lugar. El camarista, que es una especie de líder entre sus colegas del fuero, comparte el Tribunal de Disciplina con el escribano Fernando Mitjans, y su hijo Manuel es vicepresidente del Tribunal de Ética de la entidad.
En ese mismo Tribunal de Disciplina figuró Esteban Mahiques, funcionario de la cancillería, hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques y hermano del ministro. informó que el camarista Carlos Mahiques festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar que la Justicia atribuye al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, pero el juez lo niega.
Las causas de la AFA llevaron a varios jueces a dejar sus cargos en los tribunales de la entidad, como Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Fernández, en cambio, se quedó. Ese tribunal deportivo fue el que sancionó a Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por no hacer el pasillo a Rosario Central con motivo del campeonato logrado.
Farah es un veterano integrante de la Cámara Federal. Tras dejar ese tribunal por una sentencia que generó controversia durante el macrismo, regresó en 2021 por un decreto de Alberto Fernández.
Farah había dejado la Cámara Federal durante el macrismo por el fallo que liberó al empresario Cristóbal López. Desde allí mantiene un perfil bajo y mira cada caso con cautela. Hoy ocupa la vicepresidencia de la Cámara Federal, donde llegó el recién designado camarista Pablo Yadarola, amigo del ministro Mahiques, y renovó su acuerdo el camarista Pablo Bertuzzi.
Richar Fernando Gallego fue designado en la Cámara Federal de General en 2012. Antes estuvo 20 años en la justicia rionegrina. La Cámara de Roca es la que revisa las decisiones de los juzgados de General Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén y Zapala.
Con el nuevo sistema acusatorio, Gallego y el juez Mariano Lozano pasaron a ser los jueces de revisión del distrito. Intervino en el pasado en la causa que condenó a penas de prisión efectiva a los prefectos del grupo Albatros que mataron al militante Rafael Nahuel. Fue apartado luego por la Cámara Federal de Casación de ese caso.
Intervino además rechazando la apelación del Estado contra la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche.
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Cruces, insultos y un final abrupto: la trastienda del plenario en Diputados sobre la Ley de Defensa de la Soberanía

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en un clima de tensión y fuertes cruces entre legisladores. El debate estuvo atravesado además por el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras.
El diputado Carlos Zapata logró encauzar la discusión durante las primeras horas, luego de las exposiciones de legisladores de distintas bancadas, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
La tensión aumentó después de un fuerte cruce entre Juan Grabois y los oficialistas Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, quienes se insultaron cara a cara. Zapata advirtió entonces que levantaría la sesión si continuaban los agravios e incluso le pidió a Germán Martínez: “Germán, controlá a los tuyos”.
Luego llegó la segunda tanda de exposiciones y fue el turno del tucumano Federico Pelli, de La Libertad Avanza. El diputado, exintegrante de las Fuerzas Armadas, cuestionó a las administraciones del Ministerio de Defensa durante el kirchnerismo. Frente a él se encontraban los exfuncionarios Jorge Taiana y Agustín Rossi.
El intercambio entre Pelli y Rossi también generó tensión y Zapata volvió a intervenir para intentar calmar los ánimos.
El momento que precipitó el final de la reunión llegó cuando tomó la palabra Grabois. El dirigente del Frente Patria Grande cuestionó al oficialismo y, tras una interrupción de Juliana Santillán, le dijo “cállate tontita”.
Poco después, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien había ordenado cortar su micrófono. En ese momento, el presidente del plenario dio por terminada la reunión.
Mientras se retiraban los legisladores, se escuchó a Grabois decir: “No te vayas Doctor Chapatín, que ahora viene una presidenta en serio”, en referencia a la diputada Agustina Propato, quien intentó asumir la conducción del plenario. Para entonces, los micrófonos del salón se habían apagado y la mayoría de los diputados se había retirado.

El puntano Carlos Almena (LLA) fue uno de los que permaneció en el lugar para responderle a Grabois.
Más tarde, el dirigente opositor publicó en sus redes sociales: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”.
Cómo continuará el debate
La Libertad Avanza definirá la continuidad del plenario para la próxima semana. La intención es realizar nuevas reuniones el martes y miércoles y mantener abierto el tratamiento de la iniciativa, que podría llegar al recinto el próximo 21 de octubre.
“Vamos a seguir tratando este tema que tenemos que priorizar todos los argentinos. Sin politizarlo, Malvinas nos tiene que unir en la defensa de su soberanía”, le dijo a TN Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
El inicio del plenario
El debate fue organizado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, conducidas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
El jefe de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, fue el encargado de abrir la discusión. “Venimos en un contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de quitarle legitimidad al CECIM La Plata”, señaló.
Antes del plenario, el bloque opositor se había reunido con representantes del CECIM La Plata en sus oficinas. Allí, según explicó Martínez, se comprometió a pedir junto con otras fuerzas una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/2023.
Por parte del oficialismo fueron convocados funcionarios del Gobierno nacional: Paula Tadei, de la Secretaría de Legal y Técnica, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Desde UxP reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente.
Los cuestionamientos de la oposición
Durante el tratamiento, la diputada Agustina Propato (UxP) cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Señaló que el proyecto aumenta las multas para las empresas petroleras que exploten en la cuenca Malvinas, pero que al mismo tiempo incorpora un capítulo de regularización con quita de multas, sanciones administrativas y sanciones penales.
“Dan una vuelta con el pago insignificante para una petrolera y vienen a explotar en la Argentina continental. Esto es lo contrario a lo que anunció por cadena nacional”, afirmó Propato.

La diputada también cuestionó el alcance de la iniciativa sobre otras normas y advirtió sobre sus efectos en materia de libertad de expresión.
“Es una ley ómnibus que modifica la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior, varios artículos del Código Penal, trae un aspecto muy preocupante para la libertad de prensa en la República Argentina que es lo que llama en este texto “campañas de desinformación masivas”, y por tal motivo hemos recibido desde ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una preocupación en relación a la modificación del artículo 225 del Código Penal, que pueden significar un atraso realmente inconcebible para la República Argentina en materia de libertad de expresión y de democracia”, sostuvo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente frente a actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
La propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que alcanza no solo a los hidrocarburos sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

















