La jueza federal Jennifer Rochon rechazó la demanda colectiva presentada por inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA y dispuso el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Nueva York, según surge de la resolución de 81 carillas cuya copia obtuvo .

Rocho admitió así los pedidos de desestimación formulados por Hayden Mark Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.

Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.

En ese sentido, la jueza Rochon mencionó 18 veces a Javier Milei en su resolución y consignó que Hayden Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe del Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.

Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.

La decisión, cabe aclarar, no determina que los hechos denunciados por los inversores hayan ocurrido o no. En su resolución, Rochon sólo analizó si las acusaciones formuladas en la demanda cumplían los estándares legales necesarios para avanzar con el litigio y si el tribunal tenía jurisdicción sobre los demandados. Al resolver las mociones de los demandados, la jueza tomó como ciertos, a efectos de ese análisis, los hechos alegados en la demanda para evaluar si permitían configurar jurídicamente los reclamos invocados.

El principal argumento de Davis y Kelsier para intentar desactivar la demanda colectiva coincidió con el punto que finalmente adoptó la magistrada: los demandantes habían descripto un supuesto esquema que, según su propia presentación, se desarrolló durante un período demasiado breve para satisfacer el requisito de continuidad.

La demanda sostenía que la estructura había comenzado a operar al menos en octubre de 2024 y continuado hasta la presentación inicial del expediente, el 17 de marzo de 2025. Rochon consideró que esos aproximadamente seis meses no constituían un “período sustancial” para demostrar una continuidad cerrada de actividad delictiva.

Los demandantes habían intentado sostener, en cambio, que existía una continuidad abierta; es decir, que Davis, Chow y otros acusados habrían desarrollado un modelo repetible para lanzar distintos criptoactivos y que, de no haber sido expuestos, los supuestos fraudes habrían continuado. Pero Rochon tampoco aceptó ese argumento.

La magistrada también señaló que la denuncia no aportaba elementos suficientes para demostrar una amenaza concreta de continuidad del supuesto delito. En particular, consideró insuficientes las referencias generales a otros proyectos y a una supuesta “pipeline” de futuros lanzamientos.

En el caso de Davis y Kelsier, sin embargo, el fallo no terminó allí. Una vez descartada la demanda federal bajo RICO, Rochon analizó si los tribunales de Nueva York tenían jurisdicción personal sobre los demandados para resolver las restantes acusaciones, basadas en la legislación estadual. Concluyó que no.

Los demandantes habían argumentado que Kelsier había dirigido sus actividades hacia Nueva York y Estados Unidos mediante su asociación con Chow, el uso de redes sociales y exchanges estadounidenses, transacciones procesadas por validadores e infraestructura ubicados en Estados Unidos y materiales promocionales destinados a atraer inversores minoristas. Pero Rochon consideró que esas circunstancias no demostraban una actividad específicamente dirigida hacia Nueva York.

La jueza sostuvo que el uso de redes sociales estadounidenses, de infraestructura blockchain de alcance nacional y de exchanges o validadores distribuidos por Estados Unidos no bastaba para establecer que los demandados hubieran desarrollado actividades comerciales deliberadamente orientadas hacia Nueva York. También descartó que la promoción destinada a inversores estadounidenses, por sí sola, permitiera establecer esa jurisdicción.

La situación de Chow fue analizada de manera diferente. Rochon desestimó todas las acusaciones contra el ex CEO de Meteora porque, según concluyó, los demandantes no habían aportado hechos suficientes para establecer que hubiera actuado con intención fraudulenta.

En cuanto específicamente a $LIBRA, Rochon examinó también la respuesta de Chow al mensaje publicado por el presidente Javier Milei en X, en el que había escrito: “Lo que cambiar al mundo significa”. La jueza consideró que los demandantes no habían explicado por qué esa expresión constituía una afirmación falsa o materialmente engañosa. Tampoco encontró suficientes elementos para sostener que Chow hubiera realizado, en relación con $LIBRA, las afirmaciones engañosas que le atribuían los demandantes.

La resolución pone así fin, en primera instancia, al litigio colectivo que los inversores habían iniciado en Nueva York a partir del colapso de $LIBRA. El fallo se refiere a la suficiencia jurídica de las acusaciones y a la jurisdicción del tribunal, y no constituye una determinación judicial sobre si las maniobras denunciadas por los inversores ocurrieron efectivamente en los términos descriptos por los abogados demandantes, que ahora deben evaluar si apelan.

La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, emitió un comunicado este jueves por la mañana luego de que el Reino Unido rechazara el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas, en lo que se conoce como Proyecto Sea Lion.

“La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) como un intento de ‘socavar’ los derechos de alguien [’la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno’, según Londres]. Nada más alejado de la realidad”, se introdujo en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Horas antes, el Reino Unido calificó el pedido de arbitraje como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”. “El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.

Fue en ese contexto que el gobierno de Javier Milei emitió una respuesta, en medio de una escalada diplomática entre ambos países desde el avance del Proyecto Sea Lion, una iniciativa de la compañía británica Rockhopper y la empresa israelí Navitas Petroleum para extraer petróleo a 200 kilómetros del archipiélago reclamado por la Argentina y controlado/administrado por el Reino Unido.

En el comunicado argentino, se agregó: “Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. El recurso argentino al arbitraje no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”.

En otro tramo del texto, insistió en la legalidad del procedimiento de arbitraje, se refirió a las declaraciones de Kumaran y se señaló: “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”.

“La República Argentina rechaza la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las Islas. Asimismo, lamentamos la insinuación de que el recurso de la Argentina a un procedimiento legítimo pone en tela de juicio su confiabilidad como socio”.

El comunicado completo

“La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) como un intento de “socavar” los derechos de alguien. Nada más alejado de la realidad. Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. Así es como los Estados comprometidos con el estado de derecho resuelven sus diferencias: no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente.

El Reino Unido y la Argentina son Estados Partes en la CONVEMAR. Al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias previstos en su Parte XV como parte integrante de la Convención. Se trata de una obligación convencional. Una vez más, el recurso argentino al arbitraje no busca “socavar” los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales. Un Estado que pretende hacer suyos los derechos que le confiere la Convención, pero trata sus disposiciones sobre solución de controversias como una afrenta, no está honrando la Convención: está intentando imponer su interpretación —en este caso, infundada— a los demás como una verdad absoluta.

La declaración de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirma que las actividades hidrocarburíferas unilaterales británicas en el área en disputa se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR”. Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal. La Argentina ha puesto su caso en manos de árbitros independientes, tal como la Convención la faculta a hacerlo. El Reino Unido, obligado por la misma Convención, tendrá plena oportunidad de demostrar sus afirmaciones ante ellos. La Argentina deposita su plena confianza en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que resolverá el caso con independencia. Serán ellos quienes se pronuncien sobre el fondo de la posición de cada una de las Partes.

La comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa. La Resolución 31/49 instó a las dos partes a que se abstuvieran de adoptar decisiones que entrañaran la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras dicho proceso siguiera abierto. La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo. La Argentina ha planteado esta cuestión de manera constante por los canales diplomáticos y, ante la persistente negativa británica a negociar, ahora lo hace por las vías jurídicas que la propia Convención prevé.

La República Argentina rechaza la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las Islas. El compromiso argentino con el respeto de su modo de vida, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, no está en discusión.

Asimismo, lamentamos la insinuación de que el recurso de la Argentina a un procedimiento legítimo pone en tela de juicio su confiabilidad como socio. La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos. La Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son Partes y con el principio fundamental de solución pacífica de controversias.

Cabe preguntarse qué conducta refleja mejor un compromiso internacional responsable: recurrir a un tribunal internacional o desacreditar un mecanismo al que ambos Estados están obligados.

La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas. Mientras tanto, continuaremos defendiendo nuestros derechos por los únicos medios dignos de una nación comprometida con la paz: el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional».

El proyecto de explotación petrolífera en Malvinas

Sea Lion es un proyecto de explotación offshore de un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas que en los últimos meses avanzó pese al conflicto de soberanía. Navitas es la operadora del proyecto y tiene una participación del 65%, mientras que Rockhopper conserva el 35%. Ambas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) por US$1800 millones para desarrollar la primera fase. La producción inicial está prevista para el primer trimestre de 2028.

Rockhopper y Navitas ya habían emitido una primera reacción luego del discurso del Presidente a comienzos de septiembre, cuando además de aumentar las sanciones anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

“La sociedad opera en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las islas, un territorio británico de ultramar autónomo, y con el pleno y continuo apoyo del gobierno del Reino Unido”, indicaron en el texto oficial.

Tras ello, remarcaron que ambas firmas consideran que “los recientes acontecimientos” —en referencia a las palabras del libertario en Naciones Unidas— no tendrán “un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto, incluido el calendario para su finalización”.

Nuevamente, el miércoles, Rockhopper indicó que las sanciones que la Argentina impuso a las compañías que exploten petróleo en las islas Malvinas son “ilegítimas” y que avanzará con el proyecto Sea Lion junto con Navitas Petroleum.

En su informe semestral, la empresa exprresó que “no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo”.