POLITICA
La fiscalía busca determinar si las claves secretas de Adorni prueban que las criptomonedas le pertenecían en 2014
El fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga al exjefe de gabinete Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, pidió a la Policía Federal 29 medidas de prueba para que le diga si es posible establecer que las 8 billeteras virtuales que dice que albergaban 600.000 dólares, la fuente de su fortuna, ya las tenía desde 2014, cuando dijo que empezó a operar con esos activos.
Asimismo, en una prueba realizada ayer en la fiscalía, en el quinto piso de Comodoro Py 2002, con la presencia de la defensa, Pollicita estableció que Adorni tiene las claves secretas para administrar esas direcciones electrónicas que albergaban el dinero.
Sin embargo, la prueba no permite establecer desde cuándo ni quién usó esas billeteras entre 2014 y 2018.
Para ahondar en este punto es que el fiscal Pollicita le encargó al Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal un informe de 29 puntos sobre las ocho direcciones con las que el exjefe de Gabinete justificó la tenencia de 591.544 dólares, para establecer si él, que tiene hoy las claves, es quien las operó entre 2014 y 2018.
El fiscal quiere saber si las ocho direcciones de bitcoin que presentó Adorni alcanzan para explicar el origen de su patrimonio.
Le hizo a los expertos 29 preguntas, pero todas dirigidas a responder el mismo interrogante: si Adorni pudo haber gestionado ese activo hace 12 años, cuando dijo que realizó inversiones que le hicieron incrementar su patrimonio en más de medio millón de dólares.
Estas medidas se complementan con otras que ordenó la semana pasada para averiguar si Adorni y su esposa Bettina Angeletti, desde que empezaron su vida laboral, pudieron haber tenido ingresos que les permitieran ahorrar para comenzar sus inversiones en monedas virtuales.
Con reserva, ayer se realizó en la fiscalía un procedimiento del que participó el abogado de Adorni. Lo que se hizo fue “firmar mensajes de verificación” con las claves privadas de cada dirección.
Con esas tenencias, Adorni explicó los casi 600.000 dólares que declaró como “venta de activos”. Según su presentación, vendió los bitcoins en ocho operaciones cara a cara desde 2014 y recibió los dólares en la mano.
El procedimiento sirvió para comprobar que la defensa tiene las claves de las ocho direcciones, sin que nadie las viera. El método funciona de manera que quien tiene la clave privada de una dirección puede “firmar” un texto, y cualquiera puede comprobar después que esa firma solo pudo salir de esa clave.
Personal de la fiscalía redactó un “mensaje de desafío”, que es un texto nuevo que nadie podía conocer de antemano. Los abogados de Adorni llegaron con un sobre cerrado donde estaban las claves, que el exfuncionario habría entregado antes a un escribano.
Desde una computadora propia, ingresaron a cada dirección y firmaron ese mensaje. Ninguno de los presentes vio las claves y no se filmaron para no exponer el acceso a los fondos.
Luego, técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal cargaron en una computadora de la fiscalía cada dirección, el mensaje y la firma obtenida. En los ocho casos, los datos coincidieron. Como el mensaje lo eligió la fiscalía en el momento, la firma no pudo prepararse antes, de modo que se comprobó que quien firmó tiene ahora las claves.
De todo el procedimiento quedó constancia en un acta y se lo filmó. El perito calculó códigos hash de cada paso, una especie de huella digital que permite detectar cualquier alteración posterior, y los guardó en pendrives dentro de un sobre lacrado y firmado por las partes. El sobre con las claves, sin abrir a la vista de los presentes, quedó dentro de otro sobre también lacrado.
Según fuentes judiciales, la medida estableció que la defensa tiene las claves para administrar esas direcciones, pero no se sabe desde cuándo ni quién las usó entre 2014 y 2018.
Para averiguarlo, el fiscal Pollicita pidió a la Policía Federal datos sobre los 41 movimientos registrados en la cadena de bloques de bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018, cuando se hicieron las operaciones.
Las direcciones quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y 2018, con lo que hoy esas billeteras estarán vacías.
El fiscal preguntó a los expertos de la Policía Federal qué reglas había para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018 y si había obligación de conservar registros. Quiere saber si eran direcciones de custodia, es decir, administradas por una plataforma que identifica al cliente, o de autocustodia, controladas solamente por quien tiene la clave.
Pollicita necesita determinar si se puede saber cuándo y quién generó las claves y si podían guardarse en un papel sin dejar rastro digital. Además, quiere saber si los 41 movimientos pudieron ser hechos por una sola persona y si puede descartarse que haya intervenido un intermediario.
La idea es rastrear esas operaciones; por eso quiere saber el fiscal si hay hoy algún registro de las conexiones desde las que se enviaron esas transacciones y cómo se identificaban en las plataformas los particulares.
La fiscalía necesita conocer si hay forma de identificar quién depositó dinero en 2014 en cinco de las ocho direcciones, que no muestran contacto con ninguna plataforma y si es técnicamente compatible que Adorni haya controlado las direcciones mientras funcionaron. También quiere saber si se puede afirmar que otra persona lo hizo.
enriquecimiento ilícito,,Hernán Cappiello,Manuel Adorni,Conforme a
POLITICA
Guillermo Montenegro volverá a la intendencia de Mar del Plata debido a la creciente inseguridad en la ciudad
Guillemo Montenegro tiene todo preparado para volver a la intendencia de General Pueyrredón, cuya principal ciudad es Mar del Plata, actualmente gobernada por Agustín Neme, quien asumió en diciembre de 2025 cuando Montenegro se tomó licencia para ir al Senado bonaerense, banca que ganó en las elecciones provinciales, que fueron desdobladas de las nacionales y tuvo muchos nombres de peso en la contienda.
Según pudo saber Infobae, el dirigente iniciará el trámite el lunes para que sea tratado en la sesión del próximo martes. Allí, como ocurrió en tantas otras oportunidades, el senador pedirá que se apruebe su licencia, algo que descuenta. Luego de eso, deberá realizarse el mismo proceso en el Concejo Deliberante de Mar del Plata para que le acepten retornar. Por el armado político que construyó, Montenegro no tendrá problemas en lograrlo.
Los motivos detrás de la decisión están claros. El primero es la creciente inseguridad que afecta a toda la provincia de Buenos Aires, pero que en el último tiempo golpeó a Mar del Plata, algo que le valió ser noticia en varios medios locales y nacionales. Las preocupaciones por lo que ocurre en todo el territorio bonaerense llegaron hasta el gobierno nacional, que en la última reunión de mesa política incluyó a la ministra Alejandra Monteoliva y dijo que había una “escalada en inseguridad”.
Guillermo Montenegro fue ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri y sonó fuertemente para asumir en la cartera nacional cuando Patricia Bullrich se fue al Senado. Sin embargo, esa negociación no prosperó. Pero el dirigente tiene experiencia en la materia y reconoce que es él quien debe asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo, sobre todo por su espalda para coordinar tareas con las fuerzas federales.
En el último tiempo, Mar del Plata registró una seguidilla de hechos delictivos que incluyó entraderas, casos de robos de infraestructura urbana y episodios de violencia. Estos, ocurridos en distintos barrios y bajo distintas modalidades, volvieron a encender el reclamo por la seguridad en la ciudad.
Uno de los hechos más recientes fue una entradera en el barrio Divino Rostro. Cinco hombres con el rostro cubierto irrumpieron en una vivienda de la calle Matheu al 1600, redujeron a la familia y escaparon con cerca de $20 millones, además de una suma en dólares.
También se investiga a una banda acusada de robar cables subterráneos en distintos puntos de Mar del Plata. La Justicia Federal acumuló más de diez denuncias sobre una organización que llegaba desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), actuaba de madrugada con vehículos de carga, generadores y ropa similar a la de una empresa de telefonía, y se retiraba de la ciudad a las pocas horas.
El otro motivo es político, aunque todo está conectado. El ex fiscal cree que si la situación de la inseguridad sigue escalando, el riesgo de perder la intendencia frente al kirchnerismo crecerá a la par. Cerca suyo repiten que hay que defender el modelo de ciudad creado todos estos años y que la mejor manera es con Montenegro en el territorio.
El recorrido
En noviembre de 2025, el entonces intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, solicitó una licencia con vigencia desde el 10 de diciembre para asumir la banca de senador bonaerense que obtuvo en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.
La conducción municipal quedó de forma interina en manos del concejal Agustín Neme, dirigente de su confianza. Desde el entorno del jefe comunal habían señalado que la gestión mantendría su orientación y que no se trataba de una transición definitiva.
La decisión de pedir licencia, en lugar de presentar una renuncia, dejó abierta la posibilidad de que Montenegro retomara la intendencia de Mar del Plata, algo que finalmente ocurrirá ahora. El dirigente había llegado al Senado provincial tras participar de la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza.
Ni la primera reforma laboral de la gestión de Javier Milei, incluida en 16 apartados de la ley Bases de julio de 2024, ni los 218 artículos de la denominada ley de modernización laboral, de marzo de 2026, resultaron ser por ahora suficiente atractivo para los creadores de empleo. Las estadísticas oficiales así lo reflejan.
Desde la entrada en vigencia de la ley Bases, se destruyeron 106.927 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que administra los fondos de los aportes jubilatorios de los trabajadores. En el mismo período, la tasa de asalariados pasó del 36,4% al 37,9% (alrededor de 100.000 asalariados no registrados más), un dato que fue celebrado por el Presidente a pesar de que se trata de trabajadores sin derechos ni aportes a la seguridad social, y con salarios muchas veces más bajos que los establecidos por convenio.
Detrás de la euforia de Milei, que habló de medio millón de nuevos trabajadores, surge un dato alarmante: se disparó la tasa de informalidad, que incluye al total de ocupados. Entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2026 pasó del 41,4% al 45%. Solo en los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que mide el Indec, representa unos 574.000 ocupados informales más en tan solo dos años. La mayoría de ellos son cuentapropistas.
Por su parte, desde la entrada en vigencia de la denominada ley de modernización laboral, se destruyeron 36.531 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del SIPA. Los asalariados no registrados se mantuvieron relativamente sin variaciones, pero la informalidad sobre el total de ocupados pasó del 44,2% al 45%. A estas cifras, habría que añadirles otros números oficiales: desde el inicio de la gestión libertaria bajaron sus persianas 31.342 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas (pymes), y hasta julio de este año se activaron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), apenas uno menos de los registrados en todo 2025. Los PPC facilitan las suspensiones y abren la posibilidad de rebajar salarios e indemnizar a menor costo. En la Justicia avanzan a paso lento dos causas en las que se investigan firmas adulteradas en los procesos de PPC. Se trata de casos denunciados por los sindicatos de Comercio y Seguridad Privada y de los que se sospecha de una maniobra que incluiría a funcionarios, empresarios y gremialistas.
El panorama se vuelve aún más sombrío en las puertas de una recesión económica, con salarios contenidos e inflación en alza.
En diciembre de 2023, la tasa de desocupación era del 5,7% y hoy está en 7,9%, según los datos del segundo trimestre de 2026 relevados por el Indec. Milei relativizó la medición en LN+. “Subió la desocupación: 7,9 o 7,8. Bueno, no son números sustancialmente distintos a los que teníamos en 2023. Si se toma el promedio histórico, la desocupación argentina es de 9,8%, con lo cual tampoco tenemos un problema”, dijo. El “promedio histórico” al que hizo referencia incluye el período de hiperinflación de Raúl Alfonsín y la crisis de 2001-2002, cuando la desocupación superó el 20%.
De la guadaña no se salvaron ni siquiera la minería y los hidrocarburos, sectores estrella del modelo libertario, que perdieron 7613 puestos de trabajo de acuerdo con un informe publicado hace dos semanas en Clarín.
Polémica con el fondo para las indemnizaciones
Si bien el Presidente minimiza las cifras de empleo, en el horizonte no muy lejano podrían empeorar. A partir de noviembre se pone en marcha el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la nueva ley laboral para financiar los despidos del sector privado a costa de los aportes del sistema previsional. El fondo se nutrirá del aporte mensual del 1% de la masa salarial en el caso de las grandes compañías y del 2,5% para palas pequeñas y medianas (pymes). Ese dinero estará bajo la administración de un banco o sociedad de bolsa, según elija cada empleador, y solo podrá utilizarse para pagar indemnizaciones. Al dinero para afrontar los eventuales despidos se podrá acceder recién después de los primeros seis meses de aportes. Es decir, se apuesta a tener un monto importante acumulado en base a los aportes y a los intereses que generen en el sistema financiero. La fecha para las primeras desvinculaciones financiadas por el FAL coincidirá inevitablemente con la campaña electoral.
Se estima que el FAL recaudará entre US$3000 y US$5000 millones anuales. Será administrado por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores bajo la tutela de los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Ambos funcionarios fueron los que le abrieron las puertas para que las jubilaciones, becas y asignaciones familiares que paga la Anses puedan cobrarse por billeteras virtuales, terreno fértil para que sus beneficiarios caigan en préstamos que después se hacen imposibles de afrontar. Así lo reflejan los relevamientos sobre los índices de morosidad.
La oposición advirtió que el FAL desfinanciará al sistema de seguridad social. De acuerdo al proyecto de Presupuesto Nacional 2027, su implementación reduciría un 7% los recursos del SIPA, con una caída de $ 4.363.550.000.000, equivalente a 2833 millones de dólares al tipo de cambio actual. Un grupo de 12 diputados del PJ presentó ayer un proyecto de ley para intentar su derogación. “La mal llamada Ley de Modernización Laboral repite, con otro nombre, la lógica de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de los años noventa. El FAL constituye un sistema perverso: con los recursos de la seguridad social se pretende financiar las indemnizaciones por despido en el sector privado. Los únicos perjudicados son los trabajadores y jubilados en beneficio del sector financiero identificado con las políticas del actual gobierno libertario”, argumenta la iniciativa opositora.
Hay preocupación entre gobernadores de provincias cuyas cajas jubilatorias no fueron transferidas a la Nación y, por lo tanto, dependen de los giros que les realice la Anses, a cargo hoy de Guillermo Arancibia, quien ingresó a la gestión libertaria de la mano de Osvaldo Giordano, actualmente asesor en las sombras de Pettovello a pesar de haber sido uno de los primeros funcionarios en ser eyectado por Milei, en febrero de 2024.
Patricia Bullrich, la defensora de la reforma laboral en el Senado, se refirió el jueves ante empresarios al nuevo fondo para las indemnizaciones. “FAL, un nombre un poquito violento”, rompió el hielo, provocando carcajadas en el auditorio. Según expuso la jefa del bloque libertario, la Argentina conserva un régimen pensado para un mundo laboral que ya no existe. Dijo que hay seis millones de trabajadores formales, cuatro millones de monotributistas y entre 40% y 45% de informalidad. “El sistema no va más”, lanzó. Transcurrió poco tiempo desde el último verano, cuando fue ella la principal impulsora de la ley de modernización laboral, que tiene 218 artículos, entre ellos algunos dedicados a los trabajadores de plataforma. Para la normativa, ese universo de personas, que ya supera el millón, no son considerados trabajadores. “No hay vínculo laboral”, dijo seco y tajante Julio Cordero, secretario de Trabajo, cuando explicó este punto. Otro punto gris de la reforma.
El estancamiento del empleo registrado acumula 15 años de parálisis y la crisis amenaza con ser estructural. Abre un inmenso interrogante el impacto que podría ocasionar la inteligencia artificial en el corto plazo. Ante el desafío y las potenciales amenazas existenciales que plantean los avances tecnológicos, Milei promocionó estos días por el mundo a la Argentina como un refugio sin reglas para la IA. Hasta habilitó un proyecto de ley para crear “empresas no humanas”.
Esta crisis en el empleo impactó también de lleno en los gremios. El encogimiento del poder sindical no solo encuentra hoy razones en la caída del empleo registrado (la torta de potenciales afiliados es cada vez más chica), sino que también en su dificultad para articular una estrategia común frente al desafío que plantean la tecnología y un gobierno que los amenazó con quitarles sus cajas y privilegios.
Tal vez el reflejo de esa desorientación haya sido el que mostró Luis Barrionuevo, un histórico en el ajedrez sindical. El jefe gastronómico, de 84 años, se autofinanció un documental que es una suerte de biografía y que tuvo recientemente su avant-première en un cine de Palermo. En casi 90 minutos, hizo un repaso selectivo de su trayectoria política-sindical con omisiones sorprendentes (desde evitar la corrupción menemista a no mostrar nunca a Hugo Moyano ni a Graciela Camaño, su exesposa). Barrionuevo, que está enfrentado hoy en la Justicia con el gobierno al cual apoyó en las elecciones, se animó al menos a improvisar en la industria audiovisual ante la necesidad de dejar una huella que trascienda a su paso por Gastronómicos. Narcisismo, un poder oxidado y nostalgia de un tiempo que ya no es. Metáfora de un sindicalismo que asiste azorado al deterioro del mercado laboral.
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Juicio por la causa Cuadernos: mostraron fotos de las cajas fuertes de Cristina Kirchner en su casa de El Calafate
En el juicio por la causa Cuadernos, mostraron fotos de las cajas fuertes de la expresidenta Cristina Kirchner en su casa de El Calafate, Santa Cruz. Las imágenes se exhibieron por pedido de la fiscal, Fabiana León. Son del allanamiento a la finca de la expresidenta, que se hizo en 2018.
Se trata de imágenes presentadas por el Ministerio Público Fiscal por la declaración testimonial del excomisario de la Policía Federal Argentina, Adrián Lotocki, que estuvo a cargo de esos operativos.
Los procedimientos se hicieron el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal, Claudio Bonadio (que murió en 2020) y del fiscal, Carlos Stornelli, por la causa Cuadernos.
En la audiencia se mostraron fotos de dos cajas fuertes abiertas, una en un estante arriba de un perchero con ropa, que estaba vacía, y otra en un estante a la altura de piso, con libros y cuadernos dentro.
Las fotos se exhibieron con la declaración de Lotocki, que en ese entonces era jefe de la delegación Río Gallegos de la PFA. El excomisario dijo que por pedido de Bonadio tenía la orden de “revisar todo el lugar”, que tiene tres plantas, un subsuelo y varios ambientes.
Lotocki declaró: “Había un ambiente antes de subir al primer piso que nos llamó la atención que era una puerta pequeña que tenía como un contramarco”. Se trata de la puerta de una bóveda que se ubicaba en la planta baja, cerca de la escalera que iba al primer piso.
Dijo que la puerta “era muy gruesa” y que de allí “se secuestraron elementos de interés para la causa. La puerta se abrió por orden del juzgado y había mucha documentación y cosas de valor”, declaró. Consultado sobre si en ese lugar había una puerta blindada, el excomisario dijo que “aparentemente sí”.
Mencionó que Gendarmería usó “herramientas especiales” para abrirla y que adentro encontraron varios elementos de valor como biblioratos con documentación, bastones presidenciales y una carta que San Martín escribió a Bernardo O’Higgins, y que todo “se secuestró todo por orden del juzgado”.
Además, según el acta del operativo, detectaron que en un ambiente del subsuelo, en un lugar que funciona como “pequeño depósito que guarda objetos personales, regalos institucionales, algunos objetos de valor y documentación varia”, pudo haber tenido “un uso distinto al actual”.
El acta indicó que el ambiente habría tenido cambios “en su marco y puerta de acceso, tanto sea en dimensiones como en materiales, siendo los actuales madera aglomerada y puerta de madera tipo placa con apertura hacia el exterior del pasillo”. Gendarmería rompió un revestimiento que cubría el marco de una puerta diferente a la que cerraba el lugar.
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