POLITICA
Una de las mayores empresas globales de servicios petroleros ratificó que no operará en Malvinas ni en Sea Lion

La empresaa Halliburton, una de las principales firmas que provee la tecnología, los equipos y el personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes, según informó Reuters.
La ratificación no es un gesto espontáneo: responde a un requerimiento directo del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática que la Cancillería desplegó durante septiembre contra las empresas vinculadas al yacimiento.
Según se informó, el proveedor de servicios petroleros se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta en relación con las actividades en el territorio en disputa.
La declaración se conoce despues de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificó la reivindicación del país sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.
Tras la cadena nacional, y la amenaza a las empresas que provean de lógisticas a las petroleras que operan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había notificado el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.
En el marco de la escalada de tensión política y diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía en Malvinas y el control del petroleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.

Esa advertencia ya había tenido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes hicieron públicos comunicados en igual sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.
La presión sobre Sea Lion no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum —entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas— por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley argentina prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza en total a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.
El paso más audaz llegó el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.
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POLITICA
El Congreso define ocho lugares para el Consejo de la Magistratura en medio de las peleas en LLA y el PJ

El Congreso define los nombres de sus representantes para ocupar las ocho sillas en el Consejo de la Magistratura durante los próximos cuatro años. Las designaciones estuvieron atravesadas por las pulseadas entre La Libertad Avanza y el justicialismo en el Senado, y por la disputa entre Patricia Bullrich y Karina Milei por los futuros consejeros.
El acuerdo político entre la expresidenta Cristina Kirchner y el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, consagró al massista Guillermo Michel para ocupar una de las cuatro sillas que le corresponden a la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Su suplente será la militante camporista Lucía Cámpora.
De esa manera, empezaron a definirse los representantes del Parlamento, que, en teoría, jurarán ante el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, la semana próxima. La Libertad Avanza se quedará con dos sillas de la Cámara baja. Una sería para el cordobés Gonzalo Roca, mientras que el segundo lugar se definió en favor de Giselle Castelnuovo.
La plaza restante está en disputa. La bancada de Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia, es la tercera minoría, con 18 integrantes, y postuló a Juan Brügge como consejero titular y a Pablo Farías como suplente.
POLITICA
El caso de la quinta de Pilar: la Corte resolvió que la causa por presunto lavado de dinero en la AFA pase al juzgado de Rafecas

La Corte Suprema resolvió hoy que sea el juzgado federal de Daniel Rafecas el que investigue la causa en disputa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que incluye el caso de la quinta de Villa Rosa, en Pilar, sospechada de pertenecer en las sombras a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
La Corte dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había resuelto que, como pretendían las defensas, la investigación la llevara adelante el juzgado federal de Campana, cuyo titular es Adrián González Charvay.
Los tres jueces de la Corte –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– sostuvieron que ese fallo de la Casación afectó de “modo severo e inequívoco” la garantía de juez natural; que cometió una “grosera” violación a las reglas de la competencia y que incurrió en un evidente apartamiento de las constancias de la causa y de las normas aplicables.
La Corte afirmó que la sentencia, firmada por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, “omitió deliberadamente” analizar los argumentos planteados por la fiscalía, que había sostenido que le correspondía intervenir a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires.
“No se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa -dijo la Corte-, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales”. La Corte destacó que “a medida que avanzó la pesquisa, el objeto procesal fue ampliándose mediante sucesivos requerimientos de instrucción fiscal, a partir de nuevas denuncias y de los elementos que fueron incorporándose al expediente”.
Rafecas, que ahora reasumirá el expediente, podría dejar su juzgado en cualquier momento porque está a un paso de ser nombrado juez de la Cámara Nacional de Casación Penal (la casación ordinaria, no federal). Cuando eso ocurra, dejará Comodoro Py y alguno de sus actuales colegas asumirá como subrogante en su juzgado y, por ende, en esta causa.
La historia del caso
La causa se inició por una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, que figuran como quienes adquirieron, a través de la firma Real Central SRL, la quinta de Villa Rosa, en Pilar. La sospecha es que son testaferros porque de las pruebas reunidas surge que no tendrían la capacidad económica suficiente para justificar esa operación. Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de más de 2.000.000 de pesos. Conte, su madre, es jubilada y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.
La causa le tocó a Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py, pero este juez se declaró incompetente y envió el expediente al fuero penal económico, que tampoco asuimó el caso. Quedó así configurada la primera pelea de competencia.
La causa volvió entonces a Comodoro Py y la Cámara Federal dijo que le correspondía intervenir al fuero penal económico.
Pero la defensa se presentó entonces en el juzgado federal de Campana. Sostuvo que era el tribunal territorialmente competente para tomar el caso porque la quinta está dentro de su jurisdicción.
El juzgado federal de Campana hizo lugar a ese planteo y le reclamó el expediente al juzgado en lo penal económico, que se negó a enviárselo. Argumentó que la investigación no se centraba en el inmueble de Pilar, sino en supuestas maniobras de administración fraudulenta de los directivos de la AFA, cuyo domicilio estaba en la ciudad de Buenos Aires.
Esta disputa por la competencia fue resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en favor del juzgado federal de Campana, pero la historia no había terminado.
La fiscalía apeló y el caso llegó así a la Cámara Federal de Casación que, por mayoría, dispuso mandarlo a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que resolviera la contienda. Ese tribunal dijo que debía intervenir el juzgado en lo penal económico N° 10.
Pero la defensa presentó un nuevo recurso de casación. En esta segunda intervención, la Sala I del máximo tribunal penal hizo lugar al planteo de la defensa y declaró competente al juzgado federal de Campana.
Pero el Ministerio Público Fiscal, en desacuerdo, llevó el caso hasta la Corte, que hoy resolvió finalmente la cuestión.
Críticas a la Casación
El argumento central de la Corte para enviar el caso al juzgado de Rafecas fue que lo que se investiga excede las sospechas sobre la propiedad de la quinta de Villa Rosa.
“El Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación -dijo la Corte-. La vinculación de esa jurisdicción con el caso deriva únicamente de la ubicación de un inmueble, el cual estaría inscripto a nombre de personas que se sospechan testaferros de los verdaderos autores del delito, pero no sirve para dirimir la competencia territorial cuando la hipótesis delictiva consiste en la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero”.
Los jueces de la Corte fueron duros con los camaristas de Casación que enviaron el caso a Pilar. “El juez Barroetaveña ignoró lo planteado por el fiscal Villar en torno a la competencia territorial, mientras que el juez Borinsky, tras aludir a ‘las alegaciones efectuadas por el Fiscal General (…) afirmó que ‘de su lectura se advierte que el propio Fiscal admite que las supuestas circunstancias allí alegadas ‘…no se circunscriben al recurso aquí presentado por la defensa de Pantano y Conte’, motivo por el cual, en tanto excede el objeto de la presente incidencia de competencia, no corresponde efectuar consideraciones al respecto”. Según la Corte, “la Cámara de Casación, al reseñar el recurso del fiscal general Villar, reconoció que el Ministerio Público había planteado la existencia de elementos objetivos que, a juicio del órgano fiscal, eran suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que debía investigarse en el fuero de excepción de esta jurisdicción, pero omitió deliberadamente analizar sus argumentos”.
Borinsky y Barroetaveña dictaron aquel fallo con la disidencia de Alejandro Slokar, el otro integrante del tribunal.
El juez Rafecas
Rafecas, que reasumirá ahora la investigación de esta causa, fue quien le dio su primer impulso cuando ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino, como un bolso y una placa homenaje que tenían su nombre.
Aunque ahora recibirá el caso, no está claro durante cuánto tiempo Rafecas lo tendrá a su cargo. Hace años que este juez aspira a ser nombrado camarista de la Casación Nacional y el mes pasado, el presidente Javier Milei envió finalmente su pliego al Senado para ese cargo.
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POLITICA
Al igual que Bullrich, Villarruel cuestionó el rumbo económico: “Sin industria no hay trabajo”

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó este jueves la política económica de Javier Milei luego de confirmarse el cierre definitivo de la fábrica de La Campagnola en Mar del Plata.Mar del Plata.
A través de su cuenta en X, la mandataria sentenció: “Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia”.
La firma perteneciente al Grupo Arcor explicó que la falta de insumos pesqueros y el alto stock provocaron “un esquema productivo insostenible”. Asimismo, la compañía informó que ofrecerá reubicación interna en otros establecimientos productivos del país a las 75 personas afectadas por la medida.
Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina. Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción.
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 19, 2026
Este pronunciamiento profundiza las diferencias con la Casa Rosada, sumándose al decreto firmado el 30 de octubre que creó un Programa de Alivio Financiero en el Senado.
Para justificar los adelantos salariales, la funcionaria citó registros del Banco Central sobre irregularidades crediticias familiares del 12,8% en junio de 2026.
Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich realizó planteos similares durante un encuentro de Somos Pymes realizado en La Rural. Aunque ratificó ser “socia” del proyecto gobernante, reclamó medidas fiscales urgentes al advertir: “A las pymes todavía les ha llegado muy poco”.
La legisladora también solicitó “humildad” electoral tras los pronósticos reeleccionistas del jefe de Estado para los comicios de 2027. Entretanto, el titular del Ejecutivo ratificó la continuidad estricta de su plan fiscal para evitar emisión monetaria, endeudamiento o incrementos tributarios.
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