El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, donde Cristina y Máximo Kirchner están acusados por asociación ilícita y lavado de dinero, se encamina a su reunificación, aunque hay dudas si hay tiempo para que comience en la fecha prevista del 23 de octubre, en tres semanas.

Es que hay una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco.

Los jueces del tribunal oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, además del resto de los 15 acusados.

Los jueces decidieron de manera unánime que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Los Sauces, y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027. Lo partieron en dos, a pesar de que gira en torno a la misma maniobra de lavado.

Pero el fiscal Velasco se opuso, porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar una condena. Teme que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos.

Por eso es que el fiscal impugnó en un escrito esa medida y planteó un recurso para llegar a la Cámara Federal de Casación y que sea ese tribunal el que resuelva.

El TOF 5 decidió el viernes a última hora conceder el recurso del fiscal para que sea la Cámara Federal de Casación la que decida. Todo se encamina a la reunificación, que se discutirá en 15 días.

Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero donde Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles y por el alquiler de sus propiedades, en compensación por los negocios que tenían en el Estado.

El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial.

El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.

La principal objeción de fiscal Velasco es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.

Si se dividen los juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, sostuvo el fiscal, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.

Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señaló Velasco.

En este caso no es nuevo que desaparezcan las acusaciones. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.

La Cámara de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, dio vuelta ese fallo y la Corte Suprema de Justicia exhortó en 2024 a hacer el juicio lo antes posible.

Ahora nuevamente Petrone y Barroetaveña pueden ser quienes destraben el asunto. Ambos convocaron a una audiencia para el 15 de octubre próximo.

Esta audiencia ya estaba agendada antes de la decisión de partir el juicio en dos. La habían dispuesto los camaristas a pedido del fiscal Velasco para exhortar al tribunal a que pusieran fecha de inicio al juicio oral.

El mismo día en que se conocía esta audiencia, los jueces del tribunal oral federal difundieron la decisión sobre la que venían trabajando de comenzar el juicio el 23 de octubre, pero partido en dos procesos.

El fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar avisó entonces que la audiencia del 15 de octubre debía mantenerse en pie porque estaba indefinida aún la fecha de inicio de juicio por el desdoblamiento en dos partes del proceso.

Los jueces de la Casación le dieron la razón al fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar no emitió opinión propia porque sus colegas ya votaron. Acudió a la fórmula “a tenor del temperamento concordante de los distinguidos colegas, cabe estar a lo dispuesto por el art. 30 bis”, que es la manera ritual de decir que sus colegas ya decidieron, por lo que no hace falta su voto.

Por la mayoría votaron Petrone y Barroetaveña, que entendieron que deben tratarse en esa audiencia si mantienen o revocan el desdoblamiento.

“No ha desaparecido el interés que sustenta la intervención de esta instancia. Por el contrario, la cuestión conserva actualidad”, dijo Petrone, y agregó que el desdoblamiento de la causa en las fechas diferenciadas para la realización de los dos juicios “no permite considerar agotada la controversia”.

“Permanece vigente el interés en obtener una respuesta jurisdiccional sobre el agravio oportunamente planteado”, sostuvo.

Su colega Barroetaveña señaló que “el asunto conserva actualidad” y consideró que “corresponde continuar el trámite casatorio de este legajo y, atendiendo la proximidad de las fechas de debate ya señaladas, resulta prudente estar a la audiencia asignada oportunamente” el 15 de octubre.

Allí se debatirá todo: la reunificación del juicio y la fecha de inicio. El fiscal Velasco no quiere posponer el juicio, sino que comience en la fecha fijada, para no demorar más el caso. Pero defiende que comiencen los dos procesos juntos, según dijeron a fuentes judiciales.

Los jueces de la Casación, con la misma mayoría que en la decisión de la semana pasada, se inclinarían por unificar las causas nuevamente, con la idea de que el juicio conjunto de Hotesur y Los Sauces comience el 23 de octubre.

El problema es que “Hotesur y Los Sauces son formalmente sociedades diferentes, pero a su vez no lo son, porque todo se juntaba en los plazos fijos de las cuentas de Néstor y Cristina Kirchner”, planteó el fiscal.

Además, los fondos secuestrados en la causa provienen de una cuenta de los Kirchner, no de Los Sauces S.A., la misma cuenta a la que iba el canon locativo de Hotesur. Para los acusadores, eso demuestra que los dos circuitos de dinero confluyen en un solo patrimonio, por lo que es imposible partir los dos juicios.

Por ejemplo, las transferencias de Austral Construcciones, la ruta del dinero y las pericias contables confluyen. Y, al separar los dos juicios, una pericia producida en Hotesur no podría hacerse valer como prueba en el juicio de Los Sauces.

Uno de los ejes del juicio que se viene es una prueba que la fiscalía considera el eslabón entre los dos expedientes: el peritaje contable que reconstruyó el recorrido del dinero desde el Estado hasta las cuentas de la familia Kirchner.

Ese peritaje contable, en parte exhibido por la fiscalía en 2021, determinó que, el mismo día, en 21 oportunidades, los fondos que Lázaro Báez cobró por obra pública con sobreprecios de Vialidad terminaron en las cuentas de los Kirchner después de pasar por Valle Mitre, la sociedad que gerenciaba los hoteles presidenciales.

No se trata de dos movimientos independientes, sino de un pago del Estado y una transferencia al patrimonio familiar que ocurren en la misma jornada y por montos equivalentes.

Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.

También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.

El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.