A pesar de los gestos de acercamiento entre Javier Milei y José Antonio Kast, Argentina y Chile arrastran una historia de recelos y desconfianza mutua que ningún apretón de manos logró aún cerrar del todo. El último encuentro entre ambos fue en septiembre de este año, en el Palacio de La Moneda. El presidente argentino regresó a Buenos Aires con un respaldo de Chile a su reclamo de soberanía por Malvinas. Ese mismo día, el alcalde de Punta Arenas anunciaba la reapertura de una nueva ruta comercial marítima hacia las Islas. Antes y después, una serie de declaraciones cruzadas escalaron la tensión entre ambos países, mientras la Argentina intensifica la presión contra el Reino Unido por el petróleo y el proyecto Sea Lion.

La primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, está prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino. Según informó la empresa, navegará por el Estrecho de Magallanes y no por el Mar de Drake, es estricto cumplimiento del derecho internacional.

Fuentes de inteligencia chilenas consultadas por BioBioChile calificaron como un posible “evento crítico” la eventual “interceptación” del Danstar por fuerzas argentinas una vez que el buque abandone el Estrecho de Magallanes. No existe, hasta el momento, un anuncio oficial de Buenos Aires sobre una medida de ese tipo.

El marco legal que daría sustento a una eventual acción argentina es el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa a todo buque que se proponga navegar entre puertos continentales y las islas, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino. La norma sigue vigente. El canciller Pablo Quirno la invocó implícitamente al referirse a “tratados vigentes” y anunciar que la Argentina “monitorea la situación” tras una misión comercial con empresarios británicos en Punta Arenas.

El temor, por lo bajo, es un eventual apoyo logístico a Navitas y Rockhopper, las empresas que buscan extraer petróleo en Malvinas dentro del desarrollo Sea Lion.

El problema jurídico es de fondo. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a Argentina a garantizar “en cualquier tiempo y circunstancias” el derecho de libre navegación de buques de todas las banderas en sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes. El Tratado de Límites de 1881 entregó a Chile la soberanía plena sobre ese paso y consagró la libre navegación.

Especialistas en derecho marítimo, consultados por Infobae, fueron categóricos: una interceptación carece de sustento jurídico. El derecho del mar reconoce cuatro regímenes de navegación —libre navegación en alta mar y en la zona económica exclusiva, paso inocente en el mar territorial y paso en tránsito en estrechos internacionales— y ninguno de ellos habilita a un Estado ribereño a detener un mercante que únicamente navega. El único instrumento disponible sería el derecho de visita —una inspección a bordo—, pero su ejercicio requiere sospechas fundadas: tráfico de personas, narcóticos u otras causas específicas. Un derecho de visita abusivo también tiene consecuencias, advierten, y no solamente en la relación bilateral con Chile.

Los mismos especialistas interpretan el posicionamiento argentino actual en clave estrictamente diplomática: no apuntan a la interrupción física de la navegación, sino a hacer valer acuerdos y declaraciones que apoyan el reclamo argentino en Malvinas. Según este visión, Argentina puede formular protestas y adoptar actitudes razonables, pero existe un límite práctico difícil de ignorar: los habitantes de las islas dependen de conexiones externas para cubrir necesidades básicas, incluida atención médica de alta complejidad. El aislamiento total, señalan, no es una opción real.

Fuentes del gobierno argentino consultadas por este medio descartaron que exista un conflicto en ciernes. “No hay nada; ellos están obsesionados”, señalaron en relación a las preocupaciones desde Chile. Desde Santiago, el ministro de Defensa de Kast, Fernando Barros, también descomprimió el escenario esta semana y, consultado por La Tercera, fue directo: “Todo barco que sale del Estrecho Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”.

Barros reconoció que los convenios internacionales habilitan la inspección de un buque si hay indicios de que transporta elementos o personas prohibidas, pero encuadró esa posibilidad en el marco del derecho y no en consideraciones políticas.

Sobre la posibilidad de que Chile escoltara al Danstar, respondió que “no hay ningún antecedente que lo justifique”. “Yo asumo que en el momento que salga un barco chileno con productos legales que va a las Islas Malvinas o a cualquier otro lugar, va a poder navegar conforme a la protección al paso inocente y a todos los principios y normas que regula la navegación”, sostuvo.

El único antecedente reciente de una interceptación real data de abril de 2024, cuando la Prefectura Naval Argentina detuvo al remolcador chileno Beagle, de la empresa Ultramar, mientras prestaba asistencia a un pesquero taiwanés que había zarpado de las islas. El episodio no tuvo mayores consecuencias diplomáticas, pero fijó un precedente.

Pedido de la oposición argentina

En paralelo a la tensión por el Danstar, un grupo de legisladores argentinos envió el 29 de septiembre (aunque los detalles se conocieron este viernes) una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar que sus gobiernos impidan que puertos, aeropuertos e infraestructura de sus territorios sean utilizados para abastecer o facilitar las actividades de empresas que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y el Sándwich del Sur.

La misiva, firmada por más de una docena de senadores y diputados —entre ellos Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta y Eduardo “Wado” de Pedro—, invoca la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de modificaciones unilaterales mientras el proceso recomendado por la ONU esté en curso.

El documento sostiene que “ningún país latinoamericano debería convertirse, aún involuntariamente, en plataforma logística de actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial” en la región. Los legisladores señalan que Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay poseen, por su ubicación geográfica y su infraestructura portuaria y aeroportuaria, una capacidad estratégica para privar a las empresas involucradas del apoyo necesario para operar.

El decreto que Milei prometió derogar

Detrás de la disputa por el Danstar hay una tensión más profunda y más antigua que aún no encontró resolución. En 2021, el entonces presidente Alberto Fernández firmó la Directiva de Política de Defensa Nacional, plasmada en el Decreto 457/2021, que definía al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces como espacios donde Argentina debía fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto”. La formulación contradecía los tratados de 1881 y 1984, que establecen la soberanía chilena sin ambigüedades, y provocó una protesta formal de Santiago.

Esta promesa incumplida fue uno de los temas de aquella cumbre Milei-Kast en Santiago de Chile. Como contraprestación del apoyo al reclamo de soberanía sobre Malvinas, hubo una declaración conjunta que reafirmó la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho. Sin embargo, la situación se complejizó días después, cuando la senadora Patricia Bullrich incluyó “el control del Estrecho de Magallanes” entre los objetivos estratégicos de Argentina. Santiago lo interpretó como una nueva provocación.

Más allá de esta discusión, desde el lado de Chile, los diputados republicanos Alejandro Riquelme, representante de Magallanes y la Antártica Chilena, y Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, salieron a defender el derecho de Chile a mantener vínculos comerciales con Malvinas.

Riquelme acusó en declaraciones a CNN Chile que existe “un intento sistemático del Gobierno del Presidente Javier Milei de impedir el libre comercio entre Chile y las Islas Malvinas” y sostuvo que el conflicto lo genera Buenos Aires al no respetar los tratados de 1881 y 1984. Carter fue más directo sobre las consecuencias: “Chile no puede permitirse entrar en un bloqueo económico con alguien que ha sido aliado nuestro durante 50 años, que son los ingleses”.

El senador Juan Luis Castro fue más categórico. “La situación con Argentina no ha cambiado un milímetro”, escribió en su cuenta de X, donde calificó el apretón de manos entre Kast y Milei como algo que quedó en el olvido y advirtió que las pretensiones argentinas “siguen vivitas y coleando”. “Nuestra soberanía en el extremo sur exige firmeza, no gestos de buena crianza”, añadió.

El clima bilateral acumula episodios desde agosto. El 23 de ese mes, el brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, afirmó en un podcast que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” de Argentina. La Cancillería chilena envió una nota de protesta. El gobierno argentino, incluido el jefe de la Armada, reconoció que el Estrecho es chileno.

Hay más. El pasado lunes, Quirno fue el orador principal en la cena por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y, ante la mirada del embajador británico David Cairns y del propio embajador chileno Gonzalo Uriarte Herrera, señaló que la “conducta de cada país frente a esta causa definirá la profundidad del vínculo bilateral”, sostuvo en alusión directa a los países vecinos y el reclamo argentino sobre Malvinas.

Y fue más lejos: “Quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país, agregó. Tras sus palabras, ambos diplomáticos se retiraron del evento.

El próximo lunes vence el plazo dispuesto por el gobierno argentino para que Reino Unido “adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburiferos en la Plataforma Continental Argentina”, y avanzará con el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Lejos de profundizar los resquemores, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare, brindó una exposición este miércoles ante el Rotary Club de Buenos Aires en la que destacó las “excelentes relaciones” con Chile, en especial en el sur, donde ambas armadas coordinan el seguimiento de la flota pesquera extranjera y realizan la Patrulla Antártica Naval Combinada. Subrayó, al mismo tiempo, que Argentina “nunca” abandona la idea de que tiene una porción de su territorio ocupado y en disputa de soberanía: las Islas Malvinas.

Pablo Quirno,CARI,diplomacia,discurso

Desde 2015, Sudamérica acumuló una regularidad electoral que atravesó gobiernos de izquierda, de derecha y de centro. Si se toma el resultado de la primera vuelta de este domingo en Brasil, con el balotaje todavía pendiente, de las 25 elecciones presidenciales válidas celebradas en nueve países —sin contar Venezuela ni los comicios anulados de Bolivia de 2019—, los oficialismos ganaron apenas cuatro, el 16%, y perdieron 21, el 84%, según los datos procesados por TN.

La tendencia es todavía más marcada cuando se observa país por país. En siete de los nueve casos analizados, ningún oficialismo consiguió retener la presidencia. Ocurrió en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Las únicas excepciones fueron Paraguay y Ecuador.

El fenómeno tampoco responde a un único giro ideológico. En la Argentina perdieron tres oficialismos consecutivos desde 2015. Chile encadenó cinco derrotas de gobiernos de distinto signo desde 2009. Uruguay pasó de una derrota de la izquierda en 2019 a otra de la centroderecha en 2024. Brasil alternó derrotas oficialistas en 2018, 2022 y, por ahora, en la primera vuelta de 2026. La secuencia se repite aun cuando cambia el color político de las fuerzas que detentan el poder.

Una región que castiga a sus gobiernos

Para Mario Riorda, académico y politólogo, el trasfondo excede incluso a Suramérica. “Hay un marcado pesimismo ideológico. Mucha oferta política trabaja desde el escepticismo social y el desencanto. Es la era de la protesta perpetua”, planteó.

Riorda vinculó ese clima con el deterioro de instituciones que antes tenían mayor capacidad para responder a las demandas sociales. “El Estado enfrenta una pérdida de eficacia al mismo tiempo que aumenta la presión sobre sus funciones”, explicó. A eso sumó una representación partidaria debilitada y una política cada vez más personalizada en liderazgos capaces de generar expectativas rápidamente, pero también de perder apoyo con la misma velocidad.

Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba y Asociados, ubicó un punto de quiebre en la pandemia. Según su análisis, desde entonces aumentó “la expectativa de la sociedad de la capacidad de los gobiernos de resolver los problemas, todos los problemas, en simultáneo”, mientras los Estados perdieron recursos y capacidad de respuesta.

Ese desajuste deja a los gobiernos expuestos a un desgaste acelerado. “Tenemos configurado un escenario en el cual la sociedad latinoamericana pospandemia es una sociedad altamente demandante de resultados y con una correlación inversamente proporcional a la paciencia”, afirmó Córdoba.

Facundo Cruz, politólogo y coordinador de Pulsar UBA, describió el mismo proceso como un ciclo de alternancia recurrente. Los gobiernos pueden incluso mostrar resultados favorables en algunas áreas y aun así perder las elecciones si esos avances no llegan con la velocidad que espera el electorado.

“Las causas suelen ser nacionales antes que regionales, pero tienen un hilo común, la ansiedad por los resultados”, explicó. Para Cruz, la demora entre una decisión de gobierno y sus efectos concretos se convirtió en un problema electoral en sociedades que demandan respuestas rápidas.

Economía, seguridad y problemas cotidianos

La economía atraviesa buena parte de ese malestar, aunque no alcanza por sí sola para explicar las derrotas. Cruz señaló que las economías suramericanas quedaron particularmente expuestas a un escenario internacional menos favorable después de la pandemia, con dificultades para conseguir divisas y garantizar bienes y servicios públicos de calidad. En algunos países, además, el deterioro de la seguridad agregó una presión adicional.

Así, la combinación entre problemas económicos, servicios insuficientes y aumento del crimen alimentó una demanda de resultados inmediatos que terminó favoreciendo la alternancia.

Claudio Montiel, director de Zentrix, puso el foco en la distancia entre la agenda política y las preocupaciones cotidianas. “Hace rato que los distintos gobiernos vienen embarcados quizás en discursos más de la batalla cultural ‘nosotros venimos a cambiar’ o ‘nosotros somos los buenos, los demás son los malos’”, explicó.

Según sus mediciones, aparecen reclamos bien concretos: “Necesito tener seguridad en mi laburo, necesito poder estudiar tranquilo, necesito salir y que no me maten o que no me roben”, sintetizó sobre las demandas que recoge entre los encuestados.

Para Montiel, esa desconexión ayuda a explicar por qué el castigo no distingue demasiado entre izquierda y derecha. Y el hecho de que “los oficialismos no reeligen” lo atribuyó como parte del fenómeno a gobiernos que pierden contacto con “lo que le pasa al tipo común de la calle”.

Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de QSocial Big Data, encontró otra expresión del mismo deterioro en la evaluación de las instituciones. Según los datos que relevó, durante la última década cayó alrededor de 10 puntos la satisfacción con la educación pública, los hospitales, el sistema judicial y la policía en América Latina, mientras aumentó, en una proporción similar, la percepción de que el Estado hizo poco o nada por las familias.

“Esa combinación genera un estado de desafección, de enojo o de desilusión con los oficialismos y habilita movimientos electorales entre opciones ideológicas diferentes. Un votante puede acompañar a un espacio en una elección y desplazarse hacia otro en la siguiente si considera que sus problemas siguen sin resolverse”, explicó.

La reelección cambia el escenario

Los datos históricos de Sudamérica muestran, sin embargo, que no todos los oficialismos enfrentan las mismas condiciones. La posibilidad de que el presidente vuelva a competir modifica fuertemente las chances de continuidad.

En Brasil, el oficialismo retuvo cinco de las últimas nueve elecciones presidenciales y tres de esas victorias llegaron con el mandatario en ejercicio como candidato. La única derrota de un presidente que buscó continuar fue la de Jair Bolsonaro en 2022. En 2026, Luiz Inácio Lula da Silva llegó como presidente y quedó segundo en la primera vuelta.

En Bolivia ocurrió algo similar. Las continuidades se produjeron con Evo Morales en la boleta en 2009 y 2014, mientras que sin el entonces presidente como candidato, el oficialismo perdió. En Ecuador, Rafael Correa consiguió retener el poder durante su ciclo y Daniel Noboa lo hizo como candidato en 2025.

La situación es diferente en Chile, Uruguay y Paraguay, donde la reelección presidencial inmediata está prohibida. Allí la continuidad depende necesariamente de que el oficialismo consiga transferir apoyo a un sucesor. Chile no lo logra desde 2005 y perdió cinco elecciones consecutivas desde 2009, mientras Uruguay vio caer a dos gobiernos de signos diferentes en 2019 y 2024.

Paraguay es la gran excepción regional. El Partido Colorado consiguió conservar el poder en ocho de las últimas diez elecciones y, desde 2015, es, junto con Ecuador, uno de los únicos dos casos suramericanos en los que un oficialismo logró ganar una presidencial.

La alternancia antes que el color político

La secuencia de la última década complica cualquier explicación basada únicamente en una ola de izquierda o de derecha. Cruz consideró que la dinámica actual está marcada menos por esos movimientos ideológicos que por la dificultad de los gobiernos para conservar apoyo.

Esa lectura aparece con especial claridad en Chile, Uruguay y la Argentina, donde fueron derrotados oficialismos de distinto signo, pero también en Colombia, que pasó de una larga etapa de mayor continuidad a tres derrotas consecutivas desde 2018. En Perú, la alternancia es todavía más estructural. Desde 2001, ningún presidente saliente consiguió dejar un sucesor competitivo y el oficialismo ni siquiera llegó al balotaje.

Riorda agregó que el debilitamiento de los partidos favoreció electorados más vinculados con liderazgos que con identidades partidarias estables. Ese “voto movimientístico”, según su definición, puede construirse con rapidez alrededor de demandas materiales, simbólicas o ideológicas y desarmarse con la misma velocidad cuando las expectativas no se cumplen.

Los números de Sudamérica muestran que ese desgaste dejó de ser una excepción. Cuatro victorias oficialistas contra 21 opositoras en poco más de una década convierten a la alternancia en el dato dominante de la región. Para la Argentina de 2027, el antecedente no determina un resultado, pero coloca al gobierno de Javier Milei dentro de una secuencia que, hasta ahora, castigó mucho más a quienes buscaban conservar el poder que a una orientación ideológica en particular.

Elecciones

El Gobierno evalúa prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso durante diciembre ante el retraso que acumuló la agenda legislativa y la demora en la negociación del Presupuesto 2027. La Casa Rosada había proyectado inicialmente votar la ley de gastos durante la primera semana de noviembre, pero ahora trabaja con un tratamiento en Diputados para mediados o la tercera semana de ese mes.

La decisión todavía no está formalizada, pero en el Ejecutivo consideran que el calendario hace difícil terminar la agenda antes del 30 de noviembre, cuando concluye constitucionalmente el período ordinario. La intención es extenderlo mediante un decreto presidencial y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias.

El cambio comenzó con el desplazamiento de otros proyectos que el oficialismo tenía previsto resolver a comienzos de octubre. Discapacidad y Morosidad quedaron para una sesión que La Libertad Avanza prepara para el 21 de octubre, junto con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas y, eventualmente, Inviolabilidad de la Propiedad Privada si avanza antes en comisión.

Ese corrimiento impactó directamente sobre el Presupuesto. La planificación original del oficialismo apuntaba a llevarlo al recinto durante la primera semana de noviembre. Ahora, en Balcarce 50 calculan que la votación se realizará después de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y ubican la ventana entre mediados y la tercera semana del mes.

En el Congreso comenzó a circular el 17 de noviembre como una fecha tentativa, aunque en el Gobierno no la dan por cerrada. La negociación todavía atraviesa una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones reclamadas por los bloques que necesita para aprobar la iniciativa.

Entre los principales puntos pendientes aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obras y recursos que acercaron los gobernadores. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya recibió planteos de representantes del PRO, la UCR y bloques provinciales, que condicionan parte de su respaldo a cambios en esos capítulos.

La Casa Rosada considera que el Presupuesto tiene altas posibilidades de avanzar, pero reconoce que el texto todavía no está suficientemente acordado como para acelerar la votación. En el Gobierno le asignan además un valor político y financiero: entienden que conseguir una ley de gastos aprobada funciona como una señal de gobernabilidad ante los mercados y los organismos internacionales.