La decisión sobre si se mantiene la medida cautelar que deja en vigor la ley de tierras y suspende el DNU de Javier Milei que la derogaba está en manos de un flamante juez federal que juró hace dos meses y llegó al cargo tras ser secretario letrado del Consejo de la Magistratura e integrante de la oficialista Lista Bordó de la Asociación de Magistrados.

Se trata de Leandro Gómez Constenla, que no es outsider en el mundo judicial, sino que hizo su carrera en la Justicia Federal y es conocido de los consejeros que lo colocaron en la terna que le permitió acceder al Juzgado Federal de Bariloche que estaba vacante desde hace casi siete años.

Fue designado por el decreto 520/2026 y juró el 7 de agosto pasado ante el presidente de la Cámara Federal de General Roca, Richard Gallego. Asistieron a la jura la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, y el presidente de Casación, Diego Barroetaveña, el mismo que integró como conjuez la mayoría de la Corte que le devolvió el amparo.

Gómez Constenla ya tuvo que responder sobre la ley de Tierras cuando su pliego para ser juez fue tratado por el Senado y tuvo que enfrentar las preguntas de los senadores en la entrevista personal.

Allí evitó una definición. El 14 de mayo, en la audiencia ante la Comisión de Acuerdos, el senador kirchnerista Martín Soria le preguntó si consideraba que la extranjerización de tierras era una cuestión meramente patrimonial o si también involucraba la seguridad nacional, los recursos naturales y la soberanía.

Le recordó el caso del expolista Hugo Barabucci, que admitió haber comprado 14.600 hectáreas en la Patagonia con una donación del gobierno de Emiratos Árabes Unidos. También le pidió opinión sobre el proyecto oficial de inviolabilidad de la propiedad privada.

Gómez Constenla no respondió sobre el fondo. “Hace unos minutos, otros de los concursantes hicieron algunas referencias a la justicia mediática. Yo lo que puedo decir es que mi rol como juez es analizar hechos y pruebas dentro de un proceso penal. No hacer comentarios sobre lo que expresan periodistas en su legítimo derecho y función”, argumentó el aspirante.

“La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de extrema importancia y yo lo tomo como tal. Con lo cual no voy a adelantar una opinión sobre lo que dice el diario o sobre una ley que todavía ni está sancionada”, explicó, al referirse a una reforma de la norma que se debatía en el Congreso en ese momento.

El entonces candidato dijo que declarar inconstitucional una norma es un acto de extrema gravedad y que no iba a adelantar opinión sobre una ley que todavía no estaba sancionada. “Si a mí me toca intervenir, yo lo voy a hacer con independencia”, prometió Gómez Constenla.

Ahora le tocará decidir. Lo que no está claro es cuándo tendrá que hacerlo. La Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar “interina” que suspende el DNU 70/23 de Milei y le devolvió el amparo de la ONG Árbol de Pie al juzgado federal de Bariloche, donde tramita el caso.

Ahora Gómez Constenla deberá darle un traslado de tres días al Estado Nacional para que exponga su punto de vista ante la demanda de Árbol de Pie y luego resolver si mantiene o no la medida cautelar que suspende el DNU que ya dictó la Corte.

El juzgado ordena “désele traslado” y es la parte, en este caso Árbol de Pie, la que debe concretarlo. Tienen seis meses para hacerlo, hasta que se decrete la caducidad de la instancia.

Es decir que hoy por hoy, con la cautelar interina de la Corte en pie, la ley está en vigencia y el DNU suspendido, por lo que los ambientalistas vienen ganando y no tienen apuro; nada preanuncia que el caso llegue en breve a una instancia de resolución.

Y por otro lado, incide la historia particular de este caso. Aquí la Corte Suprema de Justicia primero rechazó una cautelar de un centro de excombatientes de Malvinas por falta de legitimación y permitió la vigencia del DNU y el freno a la ley de tierras.

Pero a la semana, ante el pedido de aclaratoria de la ONG Árbol de Pie, la admitió y aceptó dictar una cautelar interina que suspende el DNU 70/23 y le volvió a dar vida a la ley.

Este fallo de la Corte, si bien fue en contra del Gobierno, permitió frenar la embestida opositora que pretende convocar esta semana a una sesión especial de la Cámara de Diputados para derogar el DNU fundacional del Gobierno. Difícil que consigan quórum, tras el fallo de la Corte.

Y más difícil aún es que en un caso de tan alto perfil, con estas consecuencias políticas, un juez federal debutante dicte en breve una medida cautelar que vaya en sentido contrario a lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia en el expediente más sensible del país.

Leandro Agustín Gómez Constenla deberá decidir si la Asociación Civil Árbol de Pie y los demás demandantes pueden litigar contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales y, si eso ocurre, si corresponde dictar una medida cautelar que frene el artículo 154 del DNU 70/2023 con el que el presidente Javier Milei eliminó los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.

Mientras tanto, la ley sigue vigente. El viernes 9, la Corte Suprema suspendió de manera provisoria los efectos de esa derogación hasta que el juez de Bariloche se pronuncie.

La mayoría la formaron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, que fueron convocados porque Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

El tribunal aclaró que la decisión no modifica lo que había resuelto el 29 de septiembre en la causa del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). En ese caso revocó la inconstitucionalidad que había declarado la Cámara Federal de La Plata porque consideró que la entidad no tenía legitimación para plantearla. Árbol de Pie, en cambio, invocó otros derechos, entre ellos la protección del ambiente.

Rosenkrantz coincidió en devolver el expediente a Bariloche, pero sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar una cautelar que ninguna instancia inferior había analizado.

La demanda se presentó a fines de diciembre de 2023 ante el mismo juzgado de Bariloche que ahora la recibió de regreso. Árbol de Pie es presidida por la exsenadora y actual legisladora rionegrina Magdalena Odarda y presentó la demanda junto con referentes de las comunidades Lafkenche y Lof Fvta Anecon.

El perfil

El juez Gómez Constenla nació en Bariloche, tiene 45 años y es padre de tres hijos. Hizo toda su carrera dentro del Poder Judicial.

Entró a los 18 años como meritorio en el Juzgado Federal 3 de Morón. Después pasó por juzgados de instrucción federal y nacional, una Cámara Federal de Apelaciones y la Secretaría de Ejecución Penal. Durante la última década fue secretario en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En el concurso 436 sacó el mejor puntaje entre unos 40 abogados que rindieron el examen en 2021. El gobierno de Milei envió su pliego al Senado junto con otros 77.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó cerrar por el paso del tiempo una causa en la que se investiga una de las mayores denuncias de lavado de dinero del sistema financiero en la Argentina que involucra al BNP Paribas. El tribunal también actualizó los embargos de los ejecutivos acusados hasta la suma de casi 200 millones de dólares.

El caso, que tiene más de 25 años, está en el Tribunal Oral Federal 6 elevado a juicio oral y público, donde 14 imputados esperan para ser juzgados.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmaron el aumento de embargos por un monto total de 303.000 millones de pesos.

​​La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas y confirmó la actualización de los embargos dispuesta en la causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado.

Los montos ascienden a aproximadamente $31.233 millones para Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon; $24.987 millones para Christian Marie François Giraudon y Michel Michael Basciano; y $18.740 millones para el grupo de imputados integrado, entre otros, por Osvaldo Rodríguez, Elba Guibernau, Daniel Omar Mónaco, Fernando Gabriel Celaya y Luis Pablo Cremona.

​​El tribunal de Casación consideró que la actualización de los montos responde a la depreciación monetaria producida desde la fijación de los embargos en noviembre de 2019 y no implica una modificación de cálculo establecidos anteriormente.

Asimismo, rechazó los planteos de las defensas relativos a la cosa juzgada, la proporcionalidad de las medidas cautelares, la presunción de inocencia y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

​​La causa investiga presuntas maniobras de lavado de activos agravado y asociación ilícita vinculadas con el BNP Paribas.

Entre 2000 y 2008, a través de una oficina de banca privada en Buenos Aires que operaba al margen de los organismos de control, se habrían captado y administrado fondos no declarados mediante sociedades constituidas en el exterior y cuentas en distintos centros financieros internacionales, con mecanismos destinados a ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los activos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación convalidó por unanimidad lo que había resuelto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 el 29 de mayo pasado, cuando a pedido de la fiscalía, el Banco Central y la UIF, actualizó por inflación los montos fijados en 2019.

Las defensas sostenían que el tribunal oral no podía tocar montos que habían quedado firmes, que la actualización convertía el embargo en una “pena anticipada” y que se violaba la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

La defensa de Rodríguez, Guibernau y Mónaco invocó la edad y la salud de sus clientes. También recordó que pasaron diecinueve años desde el allanamiento que dio origen a la causa. Además, afirmó que 21 de los 23 hechos imputados ya habían sido archivados o desestimados en otros juzgados.

Pero la Casación rechazó sus pretensiones. Borinsky, en un primer voto, distinguió entre modificar el método de cálculo y actualizar un monto ya fijado. Citó como antecedente la actualización por índice de precios al consumidor del decomiso en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, que la Corte dejó firme en julio pasado.

Sobre el plazo razonable, el juez sostuvo que las defensas cuentan el tiempo desde 2009, cuando los embargos se dictaron recién en 2016 con los procesamientos.

También señaló que omiten la complejidad del caso, sus 14 imputados y que el expediente ya está en etapa de juicio.

Para Hornos “no se ha alterado el método; se ha preservado el valor”. Con la inflación, agregó, negar la actualización implicaría consentir la licuación de la garantía judicial por el mero paso del tiempo.

El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, había pedido además que se le encomiende al tribunal oral la pronta realización del juicio, que todavía no tiene fecha.

El caso nació en 2008. Al rastrear fondos de un fraude contra la administración pública, los investigadores llegaron al piso 25 del edificio del banco en Alem 855, donde funcionaba un servicio de banca privada internacional que no había sido informado al Banco Central. La causa formal se abrió en 2009 por una denuncia del propio BCRA.

Según la acusación, los imputados integraron entre 2000 y 2008 una asociación ilícita destinada al lavado de activos y a infringir el régimen penal cambiario en 23 oportunidades. Los fiscales estimaron que por esa estructura se lavaron unos mil millones de dólares.

En el expediente judicial, la base de cálculo quedó en US$33,3 millones, la suma de las operaciones concretas imputadas.

En 2016, la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de 14 ejecutivos del banco. Entre ellos está Joannier, director general de la sucursal argentina hasta mayo de 2006; Giraudon, su sucesor hasta fines de 2008; Abeillon, director administrativo hasta 2006, y Basciano, su reemplazante.

Los planteos para cerrar la causa por el paso del tiempo se acumularon a lo largo de los años. La Cámara Federal rechazó la prescripción, y la Corte Suprema desestimó otro planteo de prescripción de uno de los procesados.

Queda un frente abierto. En 2023, el Tribunal Oral Federal 6 homologó un acuerdo de reparación integral del perjuicio que habría cerrado el caso sin juicio.

Pero la Cámara Federal de Casación lo revocó, aunque concedió los recursos extraordinarios de las defensas. Desde entonces, el expediente espera una definición de la Corte Suprema.