POLITICA
Dos triunfos provisorios claves para el Gobierno

El 15-O se presentaba como un desafío significativo para el Gobierno, pero, al final, con mucho esfuerzo, varias concesiones de último momento y algunos aportes exógenos clave, se llevó dos imágenes triunfales. Adentro y afuera del Congreso.
Bajo la superficie, no obstante, quedan abiertas demandas insatisfechas, logros costosos para el oficialismo y varios interrogantes sin respuestas. Pero eso quedará para más adelante y es parte del tacticismo extremo al que ha apelado últimamente la Casa Rosada para sortear complicaciones. Por eso, ayer funcionarios y propagandistas libertarios festejaron en las redes sociales y medios de comunicación lo sucedido.
En el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición, debilitada por gobernadores amigables con el Gobierno, que hicieron ausentar a los legisladores que les responden, se quedó con el sabor amargo de una derrota, previsible, pero que hasta último momento se ilusionó con revertir. El Gobierno había dispuesto de varios recursos para neutralizar el embate.
La confluencia de los diputados opositores, pertenecientes al peronismo, al radicalismo, a la Coalición Cívica y a la izquierda, no logró alcanzar el quorum, a falta de solo ocho diputados, para tratar la derogación del megadecreto 70/2023, que abrió paso a las principales reformas y desregulaciones en el primer año de gestión. Las ausencias también impidieron debatir los proyectos opositores sobre discapacidad y sobre endeudamiento familiar.
De haber prosperado esas tres iniciativas, habrían impactado seriamente sobre el Gobierno, especialmente en lo político, pero también con importantes efectos económicos, justo en un momento en el que entre inversores internos y externos asoman dudas sobre su fortaleza política y aptitud electoral, en razón del impacto social que tiene la compleja marcha de la economía, con la dominancia de varios indicadores negativos.
Después de ese circunstancial alivio, afuera del recinto legislativo se llevaron toda la atención los violentos incidentes, protagonizados por militantes de izquierda y, sobre todo, por encapuchados sin adscripción visible a ningún espacio, que arrojaron piedras y objetos metálicos, y fueron reprimidos duramente por agentes de las fuerzas federales de seguridad, con balas de goma, chorros de agua desde carros hidrantes y gases lacrimógenos, que se esparcieron por toda la zona. Otra vez, además, agentes federales hirieron a reporteros que estaban cubriendo los incidentes.
Los hechos de violencia terminaron por desplazar, así, a un plano secundario otra masiva manifestación en demanda de recursos para la educación pública y en protesta por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Poder Ejecutivo.
Fue un auténtico regalo el que le hizo al Gobierno ese grupo de violentos no identificados (como ya ocurrió en protestas anteriores durante esta administración) al desnaturalizar y desviar la atención respecto de un reclamo que cuenta con una amplia y transversal aceptación social, en todo el país, como se vio en esta ocasión y en las cuatro manifestaciones anteriores, y reflejan las encuestas de opinión pública.
Según una encuesta de la consultora Management & Fit, el 54,7% de las personas consultadas se manifestó en contra del incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Y las universidades públicas se encuentran entre las instituciones con mayor nivel de confianza de la sociedad argentina, con más del 60% de aprobación.
La demanda por mayores fondos a las universidades, cuyos docentes y no docentes denuncian haber perdido un tercio del poder adquisitivo de sus salarios en los últimos tres años, es una verdadera piedra en el zapato para el Gobierno, que no logra quitársela y sobre la que insiste en no ceder, con argumentos de naturaleza presupuestaria y razones de índole política.
Por eso, a la gestión mileísta no le podrían haber resultado más oportunas esas impactantes imágenes con las que concluyó la protesta, completadas con las de un grupo de militantes de izquierda que en una demostración de inaceptable intolerancia agredieron física y verbalmente al equipo de LN+, encabezado por la rigurosa cronista Carla Ricciotti, quien afrontó la situación con su habitual compromiso profesional y notable entereza personal.
Como parte de un notable trastrocamiento de roles, la rigurosa periodista fue defendida por el titular de la bancada de diputados peronistas, Germán Martínez, y el dirigente trotkista Eduardo Bellliboni, que participaban de la protesta, ante la absoluta ausencia policial en la zona donde ocurrieron estos incidentes.
Ahora, el Gobierno y, especialmente, la Justicia deberán despejar las dudas que dejó la (oportuna) irrupción de los violentos, que para los organizadores y la mayoría de los asistentes a la manifestación eran infiltrados.
El comportamiento de las fuerzas de seguridad en episodios similares anteriores, con arrestos al boleo muy poco sostenibles y la falta de esclarecimiento posterior alimenta todas las suspicacias y reinstala un clima de crispación y desconfianza poco saludable para el comienzo de la temporada electoral.
Causas y efectos
Es un hecho que el fracaso de la sesión de Diputados impulsada por la oposición, así como los hechos de violencia que desvirtuaron el reclamo de fondos para las universidades, tuvieron un mismo resultado finalmente favorable para el Gobierno. Aunque detrás de ese desenlace hay situaciones muy diferentes y ricas en contenido y protagonismos que merecen desglosarse.
En el caso universitario, los incidentes desplazaron la atención, pero no terminaron con la crisis abierta por este tema. Aunque la determinación (u obstinación) del Gobierno para no cumplir con la ley de financiamiento educativo, a pesar de los reiterados emplazamientos judiciales, también está haciendo mella en la capacidad de movilización de quienes reclaman.
“Hay una sensación de impotencia y de desazón muy fuerte”, dijo a una docente de la UBA y de una universidad del conurbano que no faltó a ninguna de las cinco protestas y no se resigna, pero ya le quedan pocas esperanzas de que la movilización pueda cambiar el curso de las cosas y mejore la situación presupuestaria de la educación superior. Expresiones muy similares se pudieron escuchar de bocas de muchos otros asistentes, a los que, además, indignaba tanto la violencia de los ignotos encapuchados como la dureza de la represión policial.
La derrota oficialista en la Cámara baja, en cambio, encierra una combinación de circunstancias que le dio (temporariamente) una cuota de oxígeno al Gobierno, pero no lo sacó definitivamente de un pantano que le está insumiendo ingentes recursos y esfuerzos, tanto como impactando sobre su capital simbólico y la ya muy dañada credibilidad del Poder Judicial, especialmente de la Corte Suprema.
La próxima semana, el oficialismo deberá mantener la heterogénea mayoría que logró reunir ayer e hizo abortar la sesión, para que se aprueben sus propios proyectos sobre ley de tierras, discapacidad y endeudamiento con los que buscará blindarse y evitar un nuevo embate sobre temas demasiado sensibles, que sí penetran en el poco permeable interés social.
Para eso ya debió hacer concesiones sustantivas, que contradicen algunos de sus dogmas, como es la eliminación o la baja de las restricciones para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. Tal fue el giro que en una nueva iniciativa repuso la vigencia de la restrictiva ley de tierras kirchnerista, sancionada en pleno auge del cristinismo, en 2011. Todo vale para salvar el proyecto.
Por otra parte, deberá lidiar con los efectos no deseados del salvador fallo de la Corte Suprema, contradictorio en sus efectos con otro de apenas una semana antes sobre el mismo tema, al hacer lugar a recursos interpuestos y disponer una medida cautelar con efectos suspensivos del decreto 70 en materia de propiedad de la tierra.
Ese fallo fue la válvula de escape que le ofrendó al Gobierno el máximo tribunal, con los votos de los ministros titulares Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, ambos cercanos al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y con estrechos vínculos con la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia. La resolución permitió, buscó o intentó bajar la creciente presión social sobre el tema, alimentada por una oalista a la que Milei se subió tardíamente.
Ese fallo, fundado en vagas amenazas al medio ambiente, que requería supuestamente de urgente protección, podría, sin embargo, afectar objetivos nodales del gobierno mileísta.
Lo que el juez Carlos Rosenkrantz calificó en su voto en disidencia como “la coartada ambientalista” podría abrir demandas contra la explotación minera en zonas lindantes con ventisqueros, que fue habilitada con la reforma de la ley de glaciares que impulsó el oficialismo y tuvo el apoyo crucial de los legisladores de las provincias con recursos minerales extraíbles.
El novedoso fervor ecológico de Rosatti, cuyo entorno cultiva un estrechamiento sostenido de las relaciones con el mileísmo, compite ahora con la ya conocida y muy promocionada adscripción ambientalista de Lorenzetti, su antiguo rival y ahora circunstancial aliado en la Corte. Milagros libertarios, de derivaciones imprevisibles.
Ese fallo, al igual que el posterior cambio en el proyecto de ley de tierras, resultó un buen argumento (o atajo) para varios diputados que no adherían a la desregulación total en esa materia que proponía el mileísmo, pero que pertenecen a provincias con gobernadores amigables con el oficialismo, que, además, si algo intentan evitar es quedar pegados a los proyectos y objetivos del kirchnerismo.
Peronistas cordobeses, tucumanos y catamarqueños, excambiemitas de Chubut y Santa Fe y radicales chaqueños y jujeños aportaron ayer su ausencia para que no prosperara la sesión. No tanto para favorecer al Gobierno como para evitarle problemas a sus gobernadores. No es momento para dar ciertas discusiones.
Sobre ellos también influyó la renovación del vínculo de los respectivos mandatarios provinciales amigables con el gobierno nacional que se produjo durante el viaje a Francia hace apenas una semana. La bien dispuesta cena con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y las atenciones que Milei les dedicó, a diferencia de lo ocurrido en el anterior viaje a Nueva York, resultaron efectividades conducentes. París bien vale una misa. Y algo más.
De todas maneras, son logros circunstanciales. Todo es fruto de un tacticismo, político, económico y judicial, que tanto la Casa Rosada como los mandamases provinciales ejercen a ultranza por estos días. Quedan todavía demasiadas incógnitas por despejar y asuntos por negociar. El calendario electoral está en marcha, sobran las incertidumbres y no todos los intereses convergen. Paso a paso.
Por ahora, el Gobierno encuentra motivos para festejar dos triunfos provisionales clave.
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Senado: el oficialismo logró el apoyo de aliados para avanzar con el tratado de patentes

El controvertido Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuyo tratamiento lleva casi 30 años demorado en el Congreso y su aprobación es reclamada por los Estados Unidos, quedó esta tarde a un paso de ser ratificado por el Congreso al recibir dictamen luego de ser discutido en una reunión plenaria de dos comisiones del Senado.
Tras el encuentro, en el que expusieron representantes de cámaras empresarias y de fundaciones que se oponen a su aprobación, el oficialismo logró reunir el apoyo de los bloques dialoguistas necesarios para darle dictamen en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio.
De esta manera, el texto quedó en condiciones de convertirse en uno de los platos fuertes de la próxima sesión del Senado, que el oficialismo pretendería convocar para el jueves venidero.
El acuerdo, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, permite presentar una única solicitud internacional de patente con efectos iniciales en los países adheridos.
El mecanismo no crea una “patente mundial” ni reemplaza la decisión de las autoridades nacionales, pero unifica la etapa inicial y facilita la búsqueda, la publicación y la evaluación preliminar de las invenciones.
Entre sus principales herramientas, el tratado contempla una búsqueda internacional de antecedentes técnicos y, a pedido del solicitante, un examen preliminar no vinculante sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de la creación. Esa información permite evaluar con mayor anticipación las posibilidades de obtener protección antes de ingresar en las etapas nacionales.
Una vez cumplida la fase internacional, el interesado debe continuar el trámite en cada jurisdicción elegida, presentar las traducciones requeridas, abonar las tasas correspondientes y cumplir con la legislación local. Cada oficina conserva la potestad de conceder o rechazar la patente.
El expediente llegó al Senado después de haber sido aprobado por Diputados el 27 de agosto pasado, cámara en la que permaneció congelado por 28 años luego de que el Senado lo aprobara en 1998. El tratado que había sido rubricado por la Argentina en 1970.
Sin embargo, como Diputados introdujo una modificación al texto, la iniciativa regresó a la Cámara alta en segunda revisión. Ese cambio fue aceptado esta tarde por los senadores.
El cambio consiste en una reserva sobre el Capítulo II del PCT, que regula el procedimiento de examen preliminar internacional, una instancia técnica optativa para evaluar anticipadamente las posibilidades de patentar una invención.
Con esa reserva, la Argentina no aplicaría ese examen preliminar internacional, mientras que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mantendrá íntegramente el análisis de fondo en el país.
La discusión en el plenario de comisiones del Senado expuso posiciones enfrentadas entre quienes defienden la adhesión al tratado como una puerta para la exportación de desarrollos argentinos. Además, sostienen que reducirá las gestiones iniciales para científicos, pymes, universidades y centros de investigación.
Los sectores críticos, en cambio, plantearon reparos por su posible efecto sobre los precios de los medicamentos cuyas patentes quedarían en condiciones de monopolio y reclamaron preservar la capacidad nacional de examinar las solicitudes. Una preocupación similar manifiestan en la producción de semillas.
En términos prácticos, el PCT funciona como una puerta de entrada común para comenzar el trámite en los Estados adheridos, pero no altera los requisitos para patentar previstos por la legislación argentina.
Tampoco extiende automáticamente al país derechos concedidos en el exterior: la autoridad local seguirá evaluando cada solicitud y tendrá la última palabra sobre su otorgamiento.
La adhesión apunta a reducir duplicaciones administrativas, ordenar los procedimientos y ampliar el plazo disponible para que inventores, empresas y centros de investigación definan en qué mercados procurarán proteger sus desarrollos.
Con el dictamen de comisión, el proyecto supera una instancia central del debate legislativo y aguarda su tratamiento en el recinto.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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Martín Menem defendió el DNU 70 tras la sesión fallida en Diputados: “La Argentina no retrocede”

Martín Menem defendió la vigencia del DNU 70/23 después de que la oposición no consiguiera el quórum para debatir su derogación en la Cámara de Diputados. El presidente del cuerpo cuestionó la iniciativa opositora, reivindicó las desregulaciones impulsadas por Javier Milei y reconoció que el oficialismo estudia trasladar parte de las reformas a proyectos de ley.
“Lo importante es que la Argentina no retrocede”, sostuvo en Infobae al Regreso, en la que también defendió el rumbo económico del Gobierno y se refirió a las dificultades para reunir mayorías parlamentarias.
La oposición reunió 121 diputados, pero no alcanzó el número necesario para abrir la sesión. Las ausencias de legisladores vinculados con gobernadores que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada fueron determinantes para frustrar el intento.
Al justificar la continuidad del decreto, Menem cuestionó los argumentos de quienes buscan derogarlo. “¿Cuál era el beneficio para la sociedad de tirar abajo el DNU 70? No pude escuchar en estos 15 días cuál era el beneficio de voltear el DNU 70. Ninguno”, afirmó.
El titular de Diputados sostuvo que la norma permitió eliminar restricciones administrativas que obstaculizaban distintas actividades económicas. Frente a los cuestionamientos sobre su constitucionalidad, señaló que esa discusión corresponde a la Justicia. “El DNU 70 destrabó un montón de situaciones que estaban totalmente trabadas en la burocracia estatal”, expresó.
La estrategia del Gobierno para convertir el DNU en leyes
Durante la entrevista, Martín Tetaz planteó la posibilidad de transformar las disposiciones del decreto en leyes para evitar que su continuidad dependa de las mayorías circunstanciales del Congreso. Menem confirmó que el oficialismo analiza esa alternativa.
“Estamos trabajando esto en nuestra mesa parlamentaria, puertas adentro, en ver cómo podemos plasmar legislativamente el DNU, pero en términos de ley”, explicó.
El presidente de la Cámara baja también describió las dificultades que enfrenta La Libertad Avanza para reunir apoyos propios. “Cada vez que convocamos una sesión seguimos siendo 94 o 95. Estamos a 34 del quórum”, detalló.
Como ejemplo de los efectos que atribuye a las desregulaciones, Menem mencionó la conectividad satelital. Según afirmó, alrededor de tres millones de personas utilizan ese tipo de conexión y una empresa del sector donó 6.000 antenas para escuelas rurales, con un alcance potencial de unos 250.000 estudiantes.
Ante la observación de que esas medidas podrían protegerse mediante normas específicas, el legislador admitió que la sesión frustrada también deja una enseñanza para el oficialismo. “Es un llamado de atención para que podamos tal vez intentar avanzar en legislar”, reconoció.

Discapacidad, morosidad y financiamiento
Menem confirmó una convocatoria para el miércoles 21 con iniciativas vinculadas con discapacidad y morosidad, además de otros asuntos parlamentarios. Cuestionó que la oposición hubiera incorporado esos temas en el pedido de sesión para ampliar el respaldo a la discusión sobre el DNU y la Ley de Tierras.
Respecto de discapacidad, aseguró que el oficialismo trabaja en un texto alternativo que contemple distintas situaciones y establezca mecanismos de control. “Estamos tratando de ordenar dictámenes que contemplen todas las situaciones en el tema de discapacidad, particularmente evitar la discriminación y evitar los abusos”, explicó.
El dirigente planteó que la intención es establecer una política permanente, en lugar de recurrir a declaraciones de emergencia que deben renovarse periódicamente. “Que no sea más una emergencia, sino que sea una política permanente”, señaló.
También puso el financiamiento en el centro de la discusión. Tras recordar que el Congreso aprobó una emergencia que luego fue vetada e insistida, cuestionó que la normativa no tuviera recursos suficientes garantizados. “Las leyes tienen que tener financiamiento. Si tu hijo te pide algo, vos tenés que poder pagar lo que te pide. No es así nomás”, sostuvo.

La Ley de Tierras y las reformas económicas de Milei
El presidente de Diputados también se refirió a la discusión sobre la Ley de Tierras y reconoció dificultades para comunicar la posición oficialista. “Yo creo que ahí se perdió una batalla en la comunicación. Pero bueno, ya está. Damos vuelta a la página”, admitió.
Menem defendió los cambios propuestos y cuestionó las restricciones vigentes a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. “La Ley de Tierras que tiene la Argentina es la más restrictiva de toda América”, afirmó.
La conversación también abarcó la derogación de la Ley de Alquileres, las prepagas, los colegios privados y las tarjetas de crédito. Menem rechazó los controles de precios y sostuvo que esas intervenciones generan distorsiones en los mercados.
Al referirse al mercado inmobiliario, aseguró que la eliminación de la normativa anterior multiplicó la oferta de propiedades y contribuyó a reducir los valores de los alquileres. En particular, mencionó una caída real promedio del 38% en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que atribuyó a los cambios regulatorios.
Empleo, inversión y recuperación económica
La defensa de las reformas también incluyó la situación laboral. Consultado por la evolución del empleo registrado, Menem aseguró que la reforma laboral permitirá ampliar la contratación formal, aunque reconoció que los resultados requieren tiempo.
“Esta ley te garantizo que va a generar empleo formal”, afirmó. Según su planteo, la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad son condiciones necesarias para que las empresas amplíen sus plantillas e inviertan.

El legislador rechazó que el desempleo implique una falla del programa económico. “Este es el modelo: estabilidad, previsibilidad, seguridad jurídica, crédito, inversión”, enumeró.
También descartó que la recuperación del poder adquisitivo deba apoyarse en medidas que impliquen una expansión del gasto sin financiamiento. “El populismo no se combate con más populismo. Se combate con esfuerzo, con sacrificio, con estudio, con educación, con mérito”, sostuvo.
Ante la pregunta sobre las dificultades de los hogares para llegar a fin de mes, reconoció que la recuperación demanda tiempo y defendió el rumbo de la administración de Milei. “No hay magia, que lleva tiempo, que estuvimos durante muchísimos años haciendo todo lo contrario”, respondió.
Por último, se refirió al financiamiento universitario y reclamó mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. “Estamos a favor de la universidad pública, que esté en el presupuesto y que sepamos qué pasa con los recursos”, indicó.
Menem concluyó que la incertidumbre política y la posibilidad de que futuras mayorías reviertan las reformas pueden demorar decisiones de inversión. Por eso, insistió en la necesidad de consolidar el rumbo económico y garantizar reglas estables. “Estamos generando condiciones para que sea más fácil contratar”, afirmó.
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Nutrida presencia de partidos opositores en una marcha universitaria interrumpida por los gases y la lluvia

Cuando la Quinta Marcha Federal Universitaria comenzaba a tomar color, pasado el mediodía, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se anticipó a la mayoría de los dirigentes políticos y llegó a la zona del Congreso para apoyar el reclamo presupuestario de la educación superior contra el gobierno de Javier Milei. Cuando se retiró, tras saludar y fotografiarse con sus simpatizantes, en el recinto de la Cámara de Diputados aún la oposición no había fracasado en su intento de conseguir quorum para intentar derogar el decreto 70/23 del Presidente; la llovizna apenas se dejaba ver por instantes y la ráfaga de gases lacrimógenos que se apropiaría de la plaza y de parte del anexo de la Cámara baja no se hacía previsible en una concurrencia que se mostraba en calma.
Unas horas después de la recorrida de Kicillof, que incluyó una entrevista en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, los chaparrones se multiplicarían, haciendo mermar la convocatoria de la protesta, y el accionar de las fuerzas de seguridad dejaría la Plaza del Congreso desierta luego de un apurado cierre del acto central de las universidades. Los gases lacrimógenos afectaban a todo quien quisiera acercarse al vallado ubicado por detrás del escenario y también a empleados y legisladores nacionales. Mientras la protesta universitaria pudo desarrollarse con cierta normalidad, las columnas de espacios políticos del peronismo, el radicalismo y la izquierda marcaron una nutrida presencia.
Después del mediodía, Kicillof se acercó a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ubicada frente a la Plaza del Congreso, sobre la calle Yrigoyen. Brindó una entrevista en el estudio montado en el interior de la sede. Lo acompañaron intendentes alineados con él en la interna peronista, como Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada) y Andrés Watson (Florencio Varela) y miembros de su gabinete, como Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de asesores de la Gobernación) o Walter Correa (ministro de Trabajo).
“En un mundo en el que las principales potencias están cambiando las reglas y recuperando políticas proteccionistas e industriales, el DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano de esa tendencia: ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación”, afirmó Kicillof.
Alrededor de las 13:40, Kicillof se retiró de la sede de Madres de Plaza de Mayo y se dirigió hacia la plaza para saludar a su militancia y tomarse fotos. En esa breve recorrida, lo rodearon sus funcionarios y dirigentes aliados. Le armaron un pasillo militantes con pecheras fosforescentes que rezaban “Organización”.
Kicillof se fue rápidamente, prometiéndoles a sus militantes regresar más tarde a la marcha. Abordó un auto Volkswagen azul junto a Bianco y se retiró.
Las Madres de Plaza de Mayo se retiraron del lugar casi a las 15, a bordo de una combi. La jornada coincidía con la ronda alrededor de la Pirámide de Mayo que realizan cada día jueves.
El Movimiento Derecho al Futuro, espacio interno de Kicillof en el Partido Justicialista, ubicó sus banderas sobre la Plaza del Congreso, junto con militantes de Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario.
Durante la tarde, antes de que se desatara la intervención de los uniformados contra la concurrencia, se fueron acercando a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo otros dirigentes alineados con Kicillof, como el intendente de Morón, Lucas Ghi, o la jefa comunal de Avellaneda, Magdalena Sierra. El exministro de Trabajo Carlos Tomada fue otro de los presentes antes de que la marcha finalizara en medio de un chaparrón y detonaciones de las fuerzas de seguridad.
Frente a la sede de Madres de Plaza de Mayo también estuvo el fotógrafo Pablo Grillo, que fue herido por un gendarme que disparó una cápsula de gas lacrimógeno cuando participaba de una marcha de jubilados, en marzo de 2025. Muchos manifestantes le pidieron sacarse una foto con él y lo aplaudieron.
Más lejos de la columna kicillofista se posicionó la de La Cámpora (cerca del vallado principal del Congreso). El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro pasó por la columna de la organización, se tomó fotos con los militantes y grabó un video con trabajadores de la salud enrolados en la agrupación. El Partido Justicialista de Lomas de Zamora estuvo junto a la columna camporista. En esa zona se vio, entre otros, al exjugador de fútbol y exsecretario de Deportes Claudio Morresi.
También cerca del vallado del Congreso se ubicó la militancia de Libres del Sur, con consignas contra el endeudamiento familiar y mensajes contra las empresas Mercado Libre y Tarjeta Naranja.
Con sus banderas y militantes, también sobre el cerco de seguridad del Congreso, estaban varoios de los partidos que conforman el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad.
El radicalismo llevó su propia columna encabezada por su presidente, Leonel Chiarella, y dirigentes como Federico Storani y Pedro Calvo, ambos exdiputados nacionales.
El partido Nuevo Encuentro, partido que lidera el extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Martín Sabbatella ubicó su columna cerca de La Cámpora. En esa zona también estaba el sindicato de Obras Sanitarias. Sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) mostraron su peso en la marcha, con militancia, bombos y trompetas. También se vieron sindicatos y ramas gremiales de izquierda; entre ellos, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que reclamó por los trabajadores de Fate, y la rama de la Unión Ferroviaria que lidera el dirigente de Izquierda Socialista Rubén “Pollo” Sobrero.
La presencia opositora también tuvo su lugar en el escenario principal, donde uno de los oradores fue Alejandro Gramajo, dirigente del Movimiento Evita que es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Abogó por “la agenda de tierra, techo y trabajo” y llamó a “derrotar a Milei”. Desde el escenario, se agradeció la presencia en la marcha de diputados, senadores y dirigentes gremiales.
Un fuerte chaparrón se hizo sentir en la plaza cuando la dirigencia del Frente Renovador se reunía frente al monumento a Mariano Moreno, casi en el final de la plaza. Allí se veían algunos dirigentes bonaerenses del partido de Sergio Massa, los diputados provinciales bonaerenses Alexis Guerrera y Rubén Eslaiman, o el exintendente de General Las Heras Javier Osuna (actual miembro del directorio del Banco Provincia).
La tormenta obligó a la concurrencia massista a buscar refugio y, luego, a retirarse al igual que la mayoría de las columnas. La lluvia fue breve pero lo suficientemente contundente como para desanimar a mucha militancia. En la otra punta de la plaza, las fuerzas de seguridad comenzaban su andanada de gases lacrimógenos, que dejaron afectados también a empleados del Congreso que estaban en el anexo de la Cámara de Diputados y a legisladores como Agustina Propato o Cecilia Moreau, entre otros. En el escenario, se apuraba el cierre, en medio de las detonaciones.
Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .
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